Miembros de la Cámara de Diputados expresaron su repudio ante el silencio cómplice de ciertos sectores políticos y mediáticos que permanecen callados o minimizan la grave tragedia ocurrida en Encarnación y que afectó a una familia de Capitán Miranda. Las víctimas pasaron la noche en un edificio en construcción en la capital del departamento de Itapúa, que se desplomó en plena madrugada quedando las dos mujeres atrapadas entre los escombros.

Los legisladores criticaron que el edificio en construcción no haya tenido el debido control municipal, lo que ocasionó la muerte de dos mujeres. Ante esta situación, los parlamentarios exigen la intervención de todos los organismos de control e investigación y solicitan que la Fiscalía llegue hasta los responsables.

Durante la etapa de oradores, varios legisladores, en su mayoría colorados, cuestionaron el silencio cómplice sobre lo ocurrido, y pidieron a la Fiscalía no temer para hacer las acusaciones contra todos los responsables. Varios legisladores coincidieron en que si era un colorado el intendente de Encarnación, a estas alturas ya se hubiera dado una movilización para pedir su destitución.

Lo llamativo de la sesión fue que durante el debate de este punto, algunos diputados de la oposición hicieron uso de la palabra para abiertamente referirse a otros temas de su propio interés, haciendo oídos sordos al reclamo de sus propios colegas.

La líder de la bancada oficialista en la Cámara de Diputados, Rocío Abed, señaló que el responsable más visible de esta tragedia es el intendente Luis Yd, por permitir que solo se cobre una multa para construir y elevar más pisos de lo previsto inicialmente. Sostuvo que dentro de la desgracia, que ocurrió de noche, las víctimas no fueron más, ya que si el derrumbe se daba de día se hubiera registrado decenas de víctimas, y si se llegaba a inaugurar, hubiera sido centenares.

“Qué desgracia y de qué magnitud hubiera ocurrido si este edificio llegaba a ser un hotel. Ese señor (por Luis Yd) ya debía estar preso, quiero ver si era un colorado. Quiero justicia para esa adolescente y su abuela”, cuestionó. Asimismo, el diputado Alejandro Aguilera señaló que si esta desgracia ocurría en Asunción, ya iba a estar formando fila para prenderle fuego en la plaza pública al intendente colorado Óscar Rodríguez.

“Los que no son intendentes colorados tienen cobertura mediática y política, prácticamente se mueven dentro de la impunidad. Por el solo hecho de no ser un intendente colorado, prácticamente este intendente no es señalado”, cuestionó.

A su turno, el diputado Sebastián Remesowski, representante del departamento de Itapúa, indicó que de esos escombros del edificio siniestrado no le gustaría tirar contra nadie, pero se sabe bien quiénes son los responsables.

“Si era alguien del equipo de este gobierno el intendente, quién sabe dónde hubiera estado ahora. En nombre de las víctimas pido justicia, y pido que la Justicia busque a los responsables, que las autoridades municipales salgan a decir qué fue lo que ocurrió con este edificio y la falta de criterios para su aprobación”, expresó.

Igualmente, su colega representante de Itapúa, César Cerini, expresó su preocupación ante la tragedia que vivió Encarnación. Señaló su preocupación ante la debilidad de las instituciones encargadas de llevar adelante los controles de las obras en construcción, no solo de Encarnación sino de todo el país.

“Instamos a las instituciones que corresponda realmente hacer las investigaciones, a la Contraloría de la República, a la Fiscalía, y sobre todo pedir el fortalecimiento del área de obras de cada municipio. Si no está en condiciones, entonces que se tercerice, lo que es la parte de la institución porque no podemos seguir con esta debilidad”, acotó.

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La Policía Nacional denunció a opositores ante el Ministerio Público por los hechos punibles de perturbación de la paz pública y resistencia. Esto, tras los disturbios ocasionados el pasado 31 de marzo frente al Poder Judicial. El grupo de dirigentes políticos pretendía acceder al Museo de la Justicia, violando los protocolos establecidos para el ingreso.

Fueron acusados el senador del Partido Democrático Progresista (PDP) Rafael Filizzola, su esposa la exsenadora Desirée Masi y los liberales, el exsenador Luis Alberto Wagner, Marlene Orué, Agustín Saguier y Efraín Alegre (hijo).

La denuncia ante la Fiscalía fue presentada por el comisario Mario Ovelar. Los incidentes se registraron en coincidencia con el octavo aniversario del fallecimiento del joven dirigente liberal Rodrigo Quintana.

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Los dirigentes opositores pretendían realizar una representación teatral y entregar al Museo de la Justicia el expediente judicial del caso Quintana. “Ellos no pidieron autorización para ingresar al museo. No se puede recibir donaciones sin autorización de la Corte Suprema de Justicia. Todas las causas deben estar finalizadas, con sus últimas sentencias”, había indicado la coordinadora del Museo de la Justicia, Rosa Palau.

En la acusación se relata que los uniformados comunicaron sobre la necesidad de contar con una autorización oficial, conforme a la acordada n.° 254, inciso 4 de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Agrega que esta situación terminó enfureciendo a los dirigentes políticos, motivo por el cual se decidió la conformación de un cordón de seguridad perimetral con personal de prevención y seguridad en dos líneas (femenino y masculino).

Señalan que fueron agredidos verbal y físicamente por los opositores resultando heridos, Ovelar, los suboficiales ayudantes Jesús Martínez, Pablo Cabrera, Miguel Vergara, Diego Zaracho y Fernando Fernández.

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La coordinadora del Museo de la Justicia, Rosa Palau, aclaró que el grupo de dirigentes opositores que ocasionó disturbios frente al Poder Judicial, con la finalidad de acceder a la explanada y al Museo de Justicia, no siguió el protocolo establecido para el ingreso, por ende, no contaba con una autorización oficial.

“Ellos no pidieron autorización para ingresar al museo. Habían presentado un nota el pasado 20 de marzo, indicando que querían reunirse y conversar para la entrega del expediente de la causa judicial Rodrigo Quintana y de esa manera dejarlo para su preservación en el museo”, indicó al programa “Arriba hoy” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

Palau señaló que incluso solicitaron a una de las firmantes, de nombre Marlene Orué, acudir previamente hasta el museo con el fin de exponer sus pretensiones y coordinar acciones. “Nosotros no podemos recibir donaciones sin autorización de la Corte Suprema de Justicia. Todo el fondo documental del museo está declarado como patrimonio intangible de la humanidad”, explicó.

Asimismo acotó: “Esto no quita que no queramos en estos 35 años de democracia incorporar otras causas, pero las mismas deben estar finalizadas con sus últimas sentencias, tanto a nivel nacional como a nivel de Corte Interamericana. Pueden ser causas emblemáticas y ser materiales de consultas para los investigadores que visitan el museo. Nosotros no somos archivo”.

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Palau detalló que tras el encuentro con la dirigente opositora se le solicitó remitir una nota al presidente de la Corte Suprema de Justicia, César Diesel, argumentando las razones sobre sus pretensiones de querer incorporar el expediente de la causa judicial de Quintana al Museo de Justicia.

Agregó que ayer 31 de marzo, fecha en que acontecieron los incidentes, se marcó un encuentro entre el director del museo, José Agustín Fernández, los padres de Quintana y la dirigente Marlene Orué para las 10:00.

“Llegó la hora y ellos no se presentaron. No estábamos enterados que se armó una manifestación al frente. Dijeron que autoricé el ingreso, pero yo no puedo hacerlo. El mecanismo para el ingreso al museo es mediante un agendamiento, se llama por teléfono, se da una dirección electrónica y los visitantes remiten la lista de personas, el horario, fecha y hora”, contó.

Palau siguió argumentando que “esto se hace con el fin de brindar a los visitantes toda la seguridad y comodidad para realizar el recorrido. No estaba agendada la visita para el número de personas (dirigentes opositores), sí para los padres de Rodrigo y de la señorita Marlene”, dijo.

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La directora del Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN), la ingeniera Lira Giménez, exteriorizó su indignación por el fallo judicial que revocó la orden de detención del abogado Walter Acosta, quien abofeteó a una funcionaria de este organismo de control durante una inspección a una estación de servicio en Alto Paraná. Calificó de “grave” la decisión al considerar que con este precedente la justicia le da vía libre para cometer otro hecho de agresión.

“Me dijeron que tiene cinco abogados que negociaron esto. Nosotros estamos muy enojados porque este señor llegó al lugar con la intención de agredir. O sea nunca tuvo la intención ni de discutir ni nada sino de agredir porque llegó amenazando”, señaló Giménez, este miércoles, al canal GEN y Universo 970AM/Nación Media, a través del programa “Así son las cosas”.

La profesional mencionó que, en un audio que se viralizó, el abogado ya adelantaba el favoritismo de la justicia. “Y esto que pasó es como que se hace ver otra vez va a pasar a la impunidad esto. Y fue un hecho grave, todos coincidimos. Nadie tiene el derecho en un lugar público de darte una trompada”, afirmó la titular del INTN, mientras sus funcionarios salieron a manifestarse en apoyo a sus compañeros agredidos y para repudiar el beneficio judicial otorgado al agresor prófugo.

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La víctima, identificada como Lourdes Sosa ,se encontraba realizando una verificación en una estación de servicios de la firma Tres Fronteras cuando repentinamente Walter Acosta le propinó una bofetada, según quedó registrado en las cámaras de seguridad del local, así como en un video que se viralizó.

“Es totalmente inadmisible y ahora sucede esto que parecería que estamos otra vez aliviándole el peso a este individuo de lo que hizo. Y agradecemos a la prensa que nos da la garantía de que esto no va a quedar en el oparei”, expresó.

El Ministerio Público abrió una causa por coacción, coacción grave y resistencia, se imputó y se libró orden de captura contra el agresor. Pero, en tiempo récord, la Cámara de Apelaciones de Ciudad del Este, integrada por los camaristas Raúl Insaurralde, Efrén Giménez y Marta Acosta, revocó la orden firmada por el juez de garantías Bernardo Silva.

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