El ministro del Interior, Enrique Riera, recordó que hace 11 años el senador Rafael Filizzola, está chicaneando ante la Jusicia y a la fecha, “nunca se sentó frente a un juez”, en el marco del procesado por supuesta lesión de confianza durante su gestión al frente del Ministerio del Interior por la compra de helicopteros para la Policía Nacional.

Filizzola estuvo procesado por la compra de cuatro helicópteros Robinson R44 usados para la Policía Nacional, en 2010, operación cuestionada por presuntas irregularidades administrativas y un supuesto perjuicio patrimonial al Estado. Dos de esas aeronaves fueron denunciadas posteriormente como inservibles.

Al respecto, el ministro Riera, en comunicación con el Programa “Arriba Hoy” que se emite por canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media, recordó que su colega, senador Filizzola, de quien señaló que se había molestado cuando le dijo en su momento que sus helicopteros no volaban porque no servía. Pero, por esta causa ya lleva 11 años chicaneando.

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“Hace 11 años que chicanea y hasta ahora no se pudo hacer la audiencia preliminar. Es decir, que nunca, hasta hoy en día se sentó ante un juez. Lleva 11 años chicaneando en una causa que ya está ante la Corte”, precisó.

El ministro Riera señaló además que el primer caso vinculado a los helicopteros de la Policia Nacional ya prescribió, mientras que el segundo caso está a poco tiempo de prescribir. “Pero hasta ahora él nunca se presentó ante la Justicia”, remarcó.

Cabe señalar que el Ministerio Público había imputado al exministro del Interior, Rafael Filizzola, por supuesta lesión de confianza. La Fiscalía argumentó en su momento que la adquisición, realizada a la empresa Proibérica, se hizo de forma irregular y causó un perjuicio patrimonial estimado al Estado de 50.000 millones de guaraníes.

A la fecha, esta causa penal prácticamente está cerrada, luego de que en marzo del año pasado, Filizzola lograra obtener una resolución a medida, atendiendo a que la jueza Penal de Garantía, Alicia Pedrozo, dio lugar al pedido del fiscal Francisco Cabrera y ordenó el sobreseimiento definitivo del exministro, lo que en el ámbito político se calificó como un “blanqueamiento” por plazos vencidos.

La salida procesal no se dio porque Filizzola demostró su inocencia en un juicio, sino debido a un fallo previo de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia que anuló la acusación de la Fiscalía de aquel entonces por vicios procesales y plazos vencidos. Al quedarse sin acusación válida por el paso del tiempo, el fiscal anticorrupción Francisco Cabrera no tuvo otra opción técnica que solicitar el sobreseimiento definitivo.

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Se advirtió que el monto podría incrementarse durante el juicio oral y público si se detectan ganancias mayores derivadas de las operaciones investigadas.

El juez penal de Garan­tías, especializado en Deli­tos Económicos, Humberto Otazú, dispuso la apertura de una cuenta judicial en el Banco Nacional de Fomento (BNF) con el objetivo de eje­cutar un embargo preventivo sobre fondos de banco Atlas, en el marco de la investiga­ción de la causa n.º 06/2021 Miguel Ángel Zaldívar y otros por presunto lavado de dinero ligado al caso Conmebol.

La disposición judicial sur­gió días después de que el banco Atlas anunciara públicamente la solicitud de la apertura de una cuenta judicial con el depósito de USD 718.570, monto que el Ministerio Público reclama en decomiso dentro del pro­ceso abierto por presunto lavado de dinero vinculado a recursos ilícitos manejados durante la gestión del falle­cido dirigente deportivo Nicolás Leoz; quien a su vez estuvo involucrado en inves­tigaciones internacionales por corrupción en el fútbol sudamericano.

De acuerdo a la investiga­ción realizada por el Minis­terio Público, el monto inicial superaría los USD 718.000 y corresponde, según la acusa­ción, a beneficios obtenidos por el banco Atlas mediante operaciones relacionadas con lavado de activos. Lovera sos­tuvo que la Fiscalía considera esas ganancias como ilícitas y, por tanto, sujetas a privación conforme a las disposiciones del Código Penal.

El abogado querellante de la Conmebol, Claudio Lovera, advirtió que el monto podría incrementarse durante el jui­cio oral y público si se detec­tan ganancias mayores deri­vadas de las operaciones investigadas. “Un tribunal de sentencia perfectamente podría ampliar el comiso por montos superiores”, afirmó.

Lovera explicó que la apertura de la cuenta judicial consti­tuye un paso previo necesario para concretar el embargo de los recursos reclamados por la Fiscalía.“Cuando se trata de embargo de fondos, esos recursos deben ser adminis­trados en cuentas judiciales para garantizar su disponi­bilidad dentro del sistema”, señaló el representante legal de la Conmebol.

El abogado querellante señaló que el ofrecimiento reali­zado días atrás por el banco Atlas de depositar volunta­riamente el dinero reclamado en una cuenta propia demues­tra que la entidad reconoce que el objeto del proceso está relacionado con opera­ciones desarrolladas dentro del banco.

“Aquí no existe otro tipo de persecución que no sean acti­vidades relacionadas con el interior del banco. Esta pre­sentación significa que el banco tiene presente que se trata de un caso de lavado de activos a partir de operacio­nes realizadas por la entidad”, manifestó. Para la Fiscalía considera que el banco habría obtenido ganancias derivadas de operaciones realizadas con fondos de origen ilícito.

Por ello se presentó la acu­sación el pasado 30 de abril, a cargo de los fiscales Jorge Arce Rolandi, Francisco Cabrera Sanabria y Verónica Valdez Rivas. Los fiscales de la causa consideran que exis­ten suficientes evidencias de que los acusados cometieron el hecho punible de “lavado de dinero” con los recursos ilíci­tos de Nicolás Leoz.

Es por eso que, además de la acusación, solicitaron ele­var el proceso a juicio oral y público y aplicar medidas para los acusados como la prohibición de salida del país además del pago de fianzas como medidas alternativas a la prisión.

El juez penal de Garantías, especializado en Delitos Económicos, Humberto Otazú, dispuso la apertura de una cuenta judicial en el Banco Nacional de Fomento (BNF) con el objetivo de ejecutar un embargo preventivo sobre fondos de Banco Atlas, en el marco de la investigación de la causa Nº 06/2021 “Miguel Ángel Zaldívar y otros por presunto lavado de dinero ligado al caso Conmebol.

La disposición judicial surgió días después de que el banco Atlas anunciara públicamente la solicitud de la apertura de una cuenta judicial con el depósito de USD 718.570, monto que el Ministerio Público reclama en decomiso dentro del proceso abierto por presunto lavado de dinero vinculado a recursos ilícitos manejados durante la gestión del fallecido dirigente deportivo Nicolás Leoz; quien a su vez estuvo involucrado en investigaciones internacionales por corrupción en el fútbol sudamericano.

De acuerdo a la investigación realizada por el Ministerio Público, el monto inicial superaría los USD 718.000 y corresponde, según la acusación, a beneficios obtenidos por el banco Atlas mediante operaciones relacionadas con lavado de activos. Lovera sostuvo que la Fiscalía considera esas ganancias como ilícitas y, por tanto, sujetas a privación conforme a las disposiciones del Código Penal.

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El abogado querellante de la Conmebol, Claudio Lovera advirtió que el monto podría incrementarse durante el juicio oral y público si se detectan ganancias mayores derivadas de las operaciones investigadas. “Un tribunal de sentencia perfectamente podría ampliar el comiso por montos superiores”, afirmó.

Lovera, explicó que la apertura de la cuenta judicial constituye un paso previo necesario para concretar el embargo de los recursos reclamados por la Fiscalía.“Cuando se trata de embargo de fondos, esos recursos deben ser administrados en cuentas judiciales para garantizar su disponibilidad dentro del sistema”, señaló el representante legal de la Conmebol.

El abogado querellante señaló que el ofrecimiento realizado días atrás por el banco Atlas de depositar voluntariamente el dinero reclamado en una cuenta propia demuestra que la entidad reconoce que el objeto del proceso está relacionado con operaciones desarrolladas dentro del banco.

“Aquí no existe otro tipo de persecución que no sean actividades relacionadas con el interior del banco. Esta presentación significa que el banco tiene presente que se trata de un caso de lavado de activos a partir de operaciones realizadas por la entidad”, manifestó.

Para la Fiscalía considera que el banco habría obtenido ganancias derivadas de operaciones realizadas con fondos de origen ilícito. Por ello se presentó la acusación el pasado 30 de abril, a cargo de los fiscales Jorge Arce Rolandi, Francisco Cabrera Sanabria y Verónica Valdez Rivas.

Los fiscales de la causa consideran que existen suficientes evidencias de que los acusados cometieron el hecho punible de “lavado de dinero” con los recursos ilícitos de Nicolás Leoz. Es por eso que, además de la acusación, solicitaron elevar el proceso a juicio oral y público y aplicar medidas para los acusados como la prohibición de salida del país además del pago de fianzas como medidas alternativas a la prisión.

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La estrella colombiana Shakira, que en el pasado se enfrentó con Hacienda en España, obtuvo un triunfo luego de que la Justicia española anulara una sanción fiscal y ordenara que se le devuelvan más de 64 millones de dólares.

La Audiencia Nacional, una jurisdicción en Madrid especializada en asuntos financieros complejos, dispuso a mediados de abril “la anulación de la liquidación practicada y la consiguiente devolución de las cantidades ingresadas (...) más los intereses legales” del ejercicio fiscal de 2011, según un documento al que tuvo acceso la AFP este lunes.

La suma total que habrá que reembolsar a la estrella mundial superará los 55 millones de euros (más de 64 millones de dólares), según el documento.

Shakira, que llegó a comparar a la Agencia Tributaria española con la Inquisición, celebró la decisión, que a su juicio “ha puesto las cosas en su sitio”.

“Nunca hubo fraude, y la propia Administración nunca pudo demostrar lo contrario, sencillamente, porque no era cierto”, escribió en un comunicado la artista de 49 años.

“Se me ha tratado como culpable, se ha filtrado, distorsionado y amplificado cada paso del proceso, y se ha utilizado mi nombre y mi figura pública para enviar un mensaje amenazante al resto de contribuyentes”, señaló la cantante.

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Shakira dijo esperar que el fallo cree “precedente” para “miles de ciudadanos anónimos” que son “aplastados por un sistema que presume su culpabilidad”.

El núcleo de los conflictos de Shakira con Hacienda en España tuvieron que ver principalmente con la residencia fiscal de la artista, que en 2011 inició una relación con el entonces jugador del FC Barcelona Gerard Piqué.

Pero en aquella época, la intérprete de éxitos mundiales como “Hips dont’ lie”, “Waka, Waka” y “Dai Dai”, esta última la canción oficial del Mundial de Norteamérica 2026, no dejaba de desplazarse por todo el mundo debido a su carrera.

Shakira siempre ha afirmado que se estableció de manera permanente en Barcelona a finales de 2014, antes de trasladar en 2015 su residencia fiscal de Bahamas a España, justo antes del nacimiento de su segundo hijo.

Pero el fisco español no lo veía de la misma manera y la acusaba de no haber pagado sus impuestos en España en 2012, 2013 y 2014, pese a haber residido esos años más de 183 días al año en el país, umbral a partir del cual una persona es considerada residente fiscal.

La cantante llegó en 2023 a un acuerdo de última hora con la fiscalía, y evitó así un juicio por los presuntos delitos fiscales en esos años que prometía exponer su vida privada.

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Según el fallo conocido este lunes, “la Administración no ha demostrado que la demandante hubiera permanecido en España” en 2011 “más de 183 días”.

“Da igual que Bahamas fuera o no un paraíso fiscal en 2011”, agrega.

La cantidad que se le debe reintegrar engloba el impuesto sobre la renta (que suma más de 24 millones de euros), la multa impuesta en su momento por infracción “muy grave” (casi 25 millones de euros), el impuesto sobre el patrimonio de 2011 (2,6 millones) y la multa correspondiente a este último (2,7 millones). A esta suma deberán añadirse los intereses.

Hacienda también había iniciado un procedimiento por el año 2018, y la artista tuvo que abonar 6,6 millones de euros de regularización por “irregularidades” en su declaración de la renta de 2018.

Este caso, lleno de giros, inspiró una serie titulada “Celeste”, protagonizada por una inspectora de Hacienda española que investiga la posible evasión fiscal de una estrella internacional de la música latina.

Shakira actuará en concierto en España por primera vez desde 2018, con doce fechas previstas en Madrid, entre el 18 de septiembre y el 11 de octubre.

Además de Shakira, varias personalidades han tenido problemas con la Hacienda española, como los futbolistas Cristiano Ronaldo y Lionel Messi, también condenados a multas de varios millones de euros.

• Fuente: AFP

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