Pedro Juan Caballero (Emerson Dutra, corresponsal)

Ocho personas a bordo de dos vehículos, portando armas de guerra y haciéndose pasar por agentes de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) ingresaron a un depósito ubicado sobre la calle colectora “Campeones del 65” del barrio San Blas de Pedro Juan Caballero simulando un allanamiento.

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Según testigos presenciales, al descender de los rodados, empezaron a efectuar disparos con sus potentes armas. En el interior del local se encontraba el brasileño Wilson Fernández Goncalvez, más conocido como “Cheiro”, presunto “objetivo” de los matones a sueldo.

Lejos de ser intimidada, la víctima y otras personas que se encontraban en el sitio, y que también portaban armas de fuego, respondieron en el mismo tono, desencadenándose una violenta balacera en el lugar.

En el intercambio de disparos, fue herido en la pierna Jaime Verón Florentín, sindicado como parte del grupo de sicarios.

En un video, que rápidamente se hizo viral, se puede observar a dos hombres –uno de ellos con un fusil de guerra calibre 5.56 y con un chaleco con la inscripción de la Senad, es reducido por dos civiles, uno de ellos portando también un arma de guerra.

Según la hipótesis que maneja la Policía Nacional, los desconocidos tenían intención de asesinar a “Cheiro”, pero no esperaban que la víctima reaccionara junto con sus escoltas, quienes, a tiros, hicieron huir a los delincuentes del lugar.

“Huyeron del lugar a pie, abandonando los vehículos”, refirió el comisario Rubén Galeano.

De inmediato, agentes policiales acudieron al lugar. Un fuerte dispositivo realizó rastrillaje por la zona con la finalidad de detener a los demás miembros de la banda delictiva, pero sin resultado positivo.

“Durante su huida, se deshicieron de sus vestimentas que tenían la insignia de la Senad”, sostuvo el comisario Galeano.

Bajo fuerte custodia policial, el presunto sicario Jaime Verón Florentín fue trasladado hasta el Hospital Regional para la atención médica correspondiente.

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Por la violenta forma en que intentaron ejecutar a “Cheiro”, la Policía presume que se trataría de un ajuste de cuentas, común en esta zona del país.

El presidente del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), Francisco Ruiz Díaz, puntualizó que se está honrando un acuerdo internacional firmado con la República de Italia con el inicio de la titulación masiva de la emblemática colonia Andrés Barbero (San Pedro), brindando una solución tras 70 años de espera.

Este lunes, el presidente de la República, Santiago Peña, tiene previsto llevar adelante su jornada de Gobierno en el departamento de San Pedro, específicamente en la colonia “Sucesión” (ex Andrés Barbero) o más conocido como Barbero Cué; donde se hará la primera entrega masiva de títulos de propiedad a campesinos beneficiarios.

En comunicación con La Nación/Nación Media, Ruiz Díaz refirió que son los primeros 66 beneficiarios que recibirán los documentos que los acreditan como propietarios legítimos de sus tierras.

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Comentó que la importancia de esta primera entrega de títulos a los colonos de Andrés Barbero se debe, por un lado, por los antecedentes como asentamiento, que datan de 1951, es decir que llevan 74 años peleando por lograr la titulación de sus inmuebles.

“Estamos hablando de cuatro generaciones, por lo menos, que han pasado por el Gobierno ya 11 presidentes de la República. Es una colonia que se destinó para asentamiento humano en el año 1951. Así lo decidió el científico Andrés Barbero. Desde ese entonces, que se tiene ocupación, pero nunca se había podido entregarle títulos de propiedad a las personas, debido a problemas judiciales”, precisó.

Además, Ruiz Díaz manifestó que con esta entrega se da cumplimiento al tratado internacional entre Paraguay e Italia, que había sido propietaria de estas 17.000 hectáreas y que fueron donadas al Estado paraguayo para la entrega a sus habitantes.

“La colonia Andrés Barbero es un tema internacional. Se trata de la donación del Gobierno de Italia que condicionaba la regularización de la tierra en favor de los ocupantes. Entonces, hoy nosotros, con la titulación, estamos honrando este acuerdo internacional, entregando sus títulos a los ocupantes, una tierra ya regularizada con toda la garantía y la seguridad jurídica que ello implica”, puntualizó.

Como tercer aspecto, indicó que la concreción de todo este trabajo se da gracias un esfuerzo público y privado, entre Indert y la Unión de Gremios de la Producción (UGP), que han trabajado juntos para salvar los problemas que se estuvieron arrastrando por años y llegar a hoy a la entrega de los títulos.

El titular del Indert detalló que esta colonia Andrés Barbero es una comunidad muy grande con cerca de 2.000 beneficiarios, que habitan las 17.000 hectáreas que conforman esta propiedad y durante años ha atravesado muchos problemas. La comunidad instaló la cooperativa “Koga Poty”, que describió como un ensayo experimental muy interesante, apoyado y tutelado por la UGP.

“Son pequeños productores que decidieron unir su esfuerzo, así como unir sus inmuebles para tener escalas con eso, y demostrar que los pequeños productores también pueden ingresar a la agricultura de alta productividad o a la agricultura mecanizada. Y ellos hoy están produciendo productos que son exportados en el ámbito del comercio internacional. Son pequeñas parcelas, y que la clave siempre va a ser la asociatividad o la organización a través de las cooperativas”, dijo el titular del Indert.

“Identificamos esa tranca y, bueno, a partir de ahí trabajamos en eso y logramos destrabar, principalmente con el apoyo de la Corte Suprema de Justicia, la Dirección General de los Registros Públicos y la Dirección de Catastro, logramos destrabar el problema y con eso estamos llegando”, expresó.

Explicó que el principal problema era que ya en el pasado se realizaron tres mensuras, las cuales decía que esta colonia tenía solamente 14.000 hectáreas, y esto no era aceptado por los colonos que exigían 17.000 hectáreas. Finalmente, se llegó a un acuerdo, de avanzar en todos aquellos lotes que no tienen problemas judiciales por superposición de loteamientos, pero respetando la totalidad de las 17.000 hectáreas, esperando que la justicia resuelva finalmente lo que falta.

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El interventor asignado en la Munici­palidad de Ciudad del Este terminó confirmando documentalmente lo que ya sabía todo el pueblo y que ya fuera anticipado en un informe previo de la Contraloría General de la República (CGR). La administración de Miguel Prieto consolidó una estructura para desviar fondos públicos a tra­vés de licitaciones y comisiones vecinales utili­zadas como simples intermediarias para cobro de jugosos cheques.

Para muchos, principalmente por el blindaje mediático con el que goza el cuestionado inten­dente esteño, resultó una sorpresa, un balde de agua fría la información detallada y documen­tada que brindó el interventor para graficar el modus operandi de una rosca dedicada a violen­tar leyes mediante un sistema cuidadosamente planificado para embolsillarse recursos del Estado y de los contribuyentes del municipio de Ciudad del Este. Sin embargo, para ciudadanos organizados que tienen la lupa puesta en la ges­tión de Prieto como una parte muy pequeña de la prensa simplemente esperaron estas conclu­siones y que las mismas realmente sirvan para que la Justicia caiga con todo el peso de la ley sobre quienes bastardearon la comuna.

Contundente. Las evidencias colectadas demuestran que la administración de Prieto operó un esquema que, burlando normativas, se enfocó en el despojo del dinero público. Pagos adelantados por la totalidad de la adjudicación de obras que todavía no tenían actas de recep­ción, firmas creadas sin mayores infraestructu­ras para acopiar contratos directos y mediante comisiones vecinales por parte de parientes de la exnovia del intendente de nombre Vanessa Florentín, muy conocida como Vanemi, la misma que está procesada por estar involu­crada en la facilitación de facturas en compras simuladas de mercaderías como es el caso Tía Chela, forman parte del rosario de maniobras en la ejecución de recursos.

La esencia y el fin de la institución se prosti­tuyeron. Organizaciones de vecinos, espe­ranzados en contribuir con las labores de la municipalidad, fueron usadas como simples intermediarios para endosar cheques para la tajada del mismo grupo cerrado, parientes de la exnovia de Prieto y algunos amigos opera­dores de su campaña. Mientras el jefe comu­nal intenta justificar con errores administra­tivos estos procesos simulados, amañados, privaron a la institución de contratos en con­diciones más competitivas, principalmente en calidad y precios.

Fuertes indicios de pedidos de coimas para obras adjudicadas con precios que están por las nubes, jugosos anticipos y ofertas que adivina­ron para ajustar presupuestos a los disponibles por la municipalidad. Pero estas amañadas eje­cuciones no solo se reducen al favoritismo del bolsillo de los amigos y la ex con sus parientes, sino que sacrificaban intereses ciudadanos ya que, contratos que apuraron por vía de la excep­ción basados en urgencia impostergable en la mayoría de los casos no fueron al ritmo de los contratos y mientras fortalecen el negocio de los amigos, los vecinos esperan por obras que empresas sin capacidad financiera ni estructu­ral no pueden honrar como corresponde.

El informe preliminar graficó y describió de manera clara el modus operandi de la maquinaria para delinquir, tal como calificó el interventor. No puede ocultarse el sol con un dedo, los sucesos en Ciudad del Este que no son aislados, subestiman a las institucio­nes de control y de justicia como si estuvieran exentos del cumplimiento de la ley.

Planillerismo, nepotismo, reparto indiscri­minado de contratos, despilfarro en la eje­cución de gastos, empresas de maletín sin la mínima infraestructura adjudicadas con grandes obras imposibles para sus capaci­dades, construcciones atrasadas, no pueden catalogarse como simples errores. Por casos como estos, varios políticos conocieron la cárcel. ¿Por qué en el caso de Prieto tendrían que minimizarse hechos que atentan contra el bien público?

La ciudadanía esteña merece un administra­dor municipal eficiente, piadoso del bolsillo de la gente y abocado al cuidado del patri­monio de su ciudad. Evidentemente, Miguel Prieto defraudó esa confianza y hoy su pre­sencia es más perjudicial que beneficiosa para la institución.

Pero, además, ningún servidor público sos­pechoso y que carga sobre sus espaldas fuer­tes indicios de corrupción en su gestión debe estar a cargo de la administración del dinero público. Prieto, como otros con dudoso des­empeño, tiene la obligación de afrontar la Justicia, rendir cuentas de sus actos. Atorni­llarse al cargo en medio de una desconfianza generalizada no es saludable para ninguna institución.

Corresponde que la Justicia actúe y los que tienen cuentas pendientes asuman las res­ponsabilidades de sus actos.

El presidente Santiago Peña expresó su predisposición a acompañar un eventual proyecto para endurecer las penas contra quienes cometan delitos contra menores, tras el asesinato de Melania, la niña de 11 años en el departamento de Caazapá. Aseguró que, si el caso evidencia vacíos en la legislación vigente, no dudará en impulsar los cambios necesarios.

“Si la legislación no está acorde a lo que necesitamos, no tengan la menor duda de que voy a tener la certeza de pedir el aumento de las penas”, afirmó el mandatario, al referirse al crimen que conmocionó al país. Peña subrayó que ya en ocasiones anteriores su gobierno ha promovido iniciativas para sancionar con mayor dureza este tipo de delitos, y sostuvo que volverá a hacerlo si corresponde.

El presidente también ordenó una revisión del proceso judicial que rodeó el caso de Melania, a través de su representante en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, Alicia Pucheta. Indicó que han mantenido conversaciones con el titular de la Corte Suprema de Justicia para esclarecer lo ocurrido y determinar si hubo fallas institucionales.

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“No queremos adelantar si hubo errores en tal o cual lugar, pero lo que no podemos negar es que el sistema le falló a una niña que hoy ya no está con nosotros”, señaló. Peña contó además que solicitó al ministro de la Niñez y la Adolescencia, Walter Gutiérrez, que visite a la madre de la víctima y brinde apoyo institucional.

“No hay posibilidad de contención total para una madre que ha perdido a una hija de la forma más cruel, pero estamos haciendo todo lo que esté a nuestro alcance”, manifestó. Con tono firme, el mandatario cerró su mensaje asegurando que dará seguimiento cercano al caso y reiteró su compromiso de actuar si se comprueba que el marco normativo actual resulta insuficiente para proteger a los niños.

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