El presidente del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), Francisco Ruíz Díaz, destacó que gracias a la oportuna intervención de un grupo mediador extra institucional, logró destrabar un conflicto por la tenencia de la tierra, que afectaba al asentamiento de unas 500 familias de la comunidad de Santa Teresa del Manduará. Esto está ubicado en el distrito de Abaí, departamento de Caazapá, cuyas tierras, que no están tituladas, habían sido redireccionadas en parte para un grupo de “sin tierras” agremiados en el Movimiento Campesino Paraguayo.

En conversación con La Nación/Nación Media, explicó que se estableció un grupo mediador encabezado por el sacerdote de origen africano, el Pa’i Pascual Kinoti, que fue el líder espiritual del proceso de titulación de Marina Cué, y los dirigentes campesinos de Marina Cué, Darío Acosta, Martina Paredes y Rolando Antúnez.

Este grupo mediador se sentó a escuchar los reclamos que hacía el Movimiento Campesino Paraguayo, que llevaba meses montando una carpa de resistencia frente al Indert acá en Asunción, reclamando por estas tierras.

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Igualmente, llegó hasta la comunidad en Aba’i, para escuchar al presidente de la comisión y conocer a los pobladores de asentamiento Santa Teresa del Manduará, indagar sobre los antecedentes de cómo se formó esta comunidad en los años 1970 y quiénes son los actuales ocupantes.

Igualmente, revisó los informes documentados que contaba el Indert y, conforme a esto, se elaboró un informe final, en el cual, en primer término, se constató que el asentamiento está ocupado por unas 500 familias, todos paraguayos nacidos en el país, descendientes de inmigrantes europeos y de América Latina, que llegaron al país en la década de 1970 y se dedicaron al obraje en aquel entonces.

Al respecto, Ruíz Díaz, precisó que esta comunidad “Santa Teresa del Manduará” está conformada por los descendientes de inmigrantes, pero todos ya paraguayos; están asentados en una propiedad de 2.000 hectáreas aproximadamente. Señaló que se constituye en la década de los 90.

Indicó que todo marchaba bien con esta población, hasta que se generó el conflicto en el año 2015, cuando el Indert estaba presidido por el entonces titular Justo Cárdenas.

“Lo que hizo fue introducir a unas 60 familias, que estaban ocupando otra propiedad privada en la zona cercana. Como solución, los introduce en esta comunidad, restando la cantidad de hectáreas a las familias que ya estaban asentadas en el lugar", comentó.

Explicó que esto generó un fuerte conflicto por la tenencia de la tierra, al punto que casi llega a un estallido social, como el caso de Marina Cue, que llevó a un enfrentamiento armado dejando incluso víctimas fatales.

Pero resaltó que, en este caso, gracias a la oportuna decisión de la actual administración del Indert, se evitó el enfrentamiento social; ya que se constató que, de las 500 familias que actualmente viven en el lugar, son paraguayos hijos y nietos de los pioneros extranjeros que llegaron en la década del 70.

Ruíz Díaz mencionó de ese grupo de 60 familias, que el extitular del Indert Justo Cárdenas introdujo a la comunidad; solamente ya quedan unas 10 familias en el lugar y que el resto se retiró o negoció el lote urbano y vivienda que había recibido, al no cumplirse el compromiso que había hecho en su momento Cárdenas.

“El informe del grupo de mediación no fue el informe institucional, no fue el informe de los campesinos, fue el informe de estas 4 personas de Marina Cue, liderado por el padre Kinoti; resalta que el 100% de la ocupación, era correcta. Son familias paraguayas, descendientes de los migrantes que vinieron en la década de los 70. Y estaban ocupando pacíficamente los lotes desde hacía décadas. Y lo que querían era la titulación de sus tierras", precisó Ruíz Díaz.

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Ciudad del Este. Agencia Regional.

La Cámara de Apelaciones confirmó una condena de 16 años de cárcel para un hombre de 51 años, hallado culpable por el abuso sexual de su hijastro de 12 años. La fiscal Julia González, de la Unidad Especializada en Hechos Punibles contra Niños y Adolescentes de Ciudad del Este, es quien hizo la acusación y pidió la ratificación de la condena dictada en primera instancia.

El Tribunal de Apelación Penal, 3.a Sala, integrado por los magistrados María de Fátima Burró, Nilda Estela Cáceres y Raúl Insaurralde, dictó el Acuerdo y Sentencia n.o 5. Ratificó en todas sus partes la Sentencia Definitiva n.o 171 del 26 de noviembre de 2025, tras rechazar el recurso de apelación presentado por la defensa del condenado.

El juicio para la resolución de primera instancia estuvo a cargo del Tribunal de Sentencia integrado por los jueces Herminio Montiel, Zunilda Martínez y Jorgelina Melgarejo. El conjunto de pruebas incluyó inspecciones médicas forenses y evaluaciones psicológicas en el Centro de Atención a Víctimas, las cuales confirmaron el daño sistemático causado al menor.

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De acuerdo con los antecedentes, los abusos se iniciaron en enero de 2022 en una vivienda ubicada en el km 8 Monday de Ciudad del Este. El agresor se aprovechaba de los momentos en que quedaba a solas con el niño para someterlo a manoseos y actos de sexo oral bajo amenazas.

Además de la agresión sexual, el hombre ejercía maltrato físico y psicológico constante contra la víctima.

Tras mucha agresión, el niño confesó finalmente los hechos a su hermano mayor, quien presentó inmediatamente la denuncia ante el Ministerio Público y comenzó el proceso que derivó en la condena.

Tras la confirmación de la Cámara de Apelaciones, el sentenciado deberá cumplir la totalidad de su pena en la Penitenciaría Regional de Ciudad del Este.

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El Ministerio Público informó que durante los días santos aumentan los casos de violencia familiar, los robos y accidentes. La mayor cantidad de denuncias se da por hechos de violencia en el seno de la familia, robo, exposición al tránsito terrestre y abuso sexual en niños.

Los datos proporcionados por la Fiscalía muestran que en el 2024 se reportaron un total de 3.849 delitos, cifra que aumentó en el 2025, en el que se llegó a 4.243 hechos punibles.

Durante esos dos periodos se reportaron 1.281 casos de violencia familiar, 958 hurtos, 909 denuncias por hurto agravado, 311 exposiciones al tránsito terrestre, 76 abusos sexuales en niños, entre otros.

“Siguen manteniéndose los casos de violencia familiar y esa es una contradicción porque es una semana de la familia. Son datos que nos preocupan de sobremanera y por sobre todo se da una situación especial, que la mayoría de instituciones está de vacaciones en ese periodo”, manifestó el fiscal Mario Bareiro, encargado del Observatorio de Planificación, en entrevista con canal Trece.

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Expresó que este tipo de hechos se da en condiciones en la que vulnerar los derechos de las víctimas es más fácil. “Es una fragilidad dentro de los planes preventivos en este periodo. Desde el Ministerio Público estamos de guardia las 24 horas, pero somos una entidad reactiva cuando los mecanismos de prevención dejan de funcionar”, apuntó.

La mayor cantidad de casos se da entre el martes al domingo de Pascua, siendo el viernes el único día en que no hay reportes.

• Martes Santo: hurto, estafa, robo agravado, lesión culposa, robo, abigeato, abuso sexual en niños, violación del deber del cuidado, incumplimiento alimentario.
• Miercoles Santo: hurto, estafa, exposición a peligro en transito, robo agravado, lesión culposa, robo, abigeato, abuso sexual en niños.
• Jueves Santo: violencia familiar, hurto agravado, exposición a peligro en tránsito, abuso sexual en niños, violación del deber del cuidado.
• Sábado Santo: violencia familiar, hurto agravado, estatal, exposición a peligro en tránsito, lesión culposa y abigeato.

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A seis años del brutal asesinato de Fernando Báez Sosa en Villa Gesell, Argentina, uno de los condenados por los hechos volvió a generar conmoción con su declaración. Lucas Pertossi, sentenciado a 15 años de prisión, aseguró que su condena es “injusta”, criticó su defensa y reiteró que no considera que lo ocurrido haya sido un asesinato, pese a que su víctima murió a golpes frente a un grupo de agresores.

En la entrevista publicada por Resumidoinfo, Pertossi relató que su rol durante la madrugada del 18 de enero de 2020 fue grabar parte de lo ocurrido: “Tuvimos involucrados en algunas peleas. Yo no me peleaba. ¿Qué hacía? Lamentablemente, cosa que también me arrepiento, grababa”, dijo.

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Cuando el periodista le preguntó por qué le cuesta nombrar a Fernando, respondió: “Porque me hace mal. Un chico de nuestra edad, donde por circunstancias que se fueron de las manos, terminó muerto”. Además, insistió en que “ninguno tuvo intención de matarlo” y calificó el hecho como una tragedia derivada de una pelea que se descontroló.

Pertossi también cuestionó la estrategia de defensa aplicada en el juicio. “Me siento muy mal defendido. La estrategia fue todo juntos en bloque y no todos hicimos lo mismo ni tuvimos la misma participación. Yo nunca lo toqué, pero nadie lo dijo. Nadie salió a defenderme”, aseguró, intentando diferenciar su responsabilidad de la de los demás condenados.

El testimonio provocó una nueva ola de indignación, dado que ni reconoce la magnitud del hecho ni nombra a la víctima, lo que reaviva el dolor de la familia y de la sociedad que siguió el caso.

Fernando Báez Sosa, asesinado a la salida de una discoteca, tenía apenas 18 años cuando fue atacado por un grupo de jóvenes. Su muerte generó conmoción en Argentina y en Paraguay, de donde sus padres son oriundos. El juicio de 2023 concluyó con penas de prisión perpetua para cinco de los agresores y 15 años para Pertossi y otros dos acusados por participación secundaria.

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La defensa de Pertossi ya presentó ante la Corte Suprema de Justicia un pedido de nulidad de la sentencia, argumentando que la estrategia de defensa conjunta no reflejó las diferencias en la participación de cada acusado. Sin embargo, la declaración del condenado evidencia la dificultad de asumir plenamente la gravedad de su acto y subraya la persistente indignación social frente a un crimen que marcó un antes y un después en la opinión pública.