• Dr. José Duarte Penayo
• Filósofo. Presidente de la Aneaes

Pocas discusiones condensan hoy el problema del desarrollo como la relación entre inteligencia artificial y educación. Allí convergen la disputa por el capital humano del futuro, la capacidad de los Estados para gobernar la aceleración tecnológica, la defensa de la soberanía cultural y la posibilidad de que nuestros sistemas educativos dejen de correr detrás de los cambios vertiginosos de la época.

Para países como el nuestro, esta cuestión es un tema que exige un debate nacional de forma urgente, porque de la forma en que ingresemos en esta transformación dependerá la calidad de nuestra formación, así como el tipo de inserción productiva y cultural que el país logre construir.

Como señalan Reimers, Azim, Palomo y Thony en su libro Artificial Intelligence and Education in the Global South: A Systems Perspective, publicado por Springer Nature en 2026, la inteligencia artificial puede ampliar capacidades pedagógicas, aliviar cargas docentes, producir materiales contextualizados, personalizar apoyos y hacer más eficiente la gestión del sistema en el denominado “Sur Global”.

Sin embargo, sus potencialidades positivas se pueden materializar si y solo si su adopción se articula con estrategias públicas de conducción, formación docente, evaluación y adaptación a contextos concretos.

Por citar algunos ejemplos del trabajo mencionado, en el Uruguay, el centro de innovación educativa con tecnología Ceibal contribuyó a ordenar la discusión regional con marcos para enseñar inteligencia artificial y para enseñar con inteligencia artificial, subrayando que el punto no es el dispositivo aislado, sino su integración pedagógica y ética.

En Brasil, Nova Escola desarrolló una herramienta accesible por WhatsApp que permitió a más de 15.000 docentes generar más de 63.000 planificaciones, reduciendo tiempos de preparación y ampliando apoyos para la práctica docente.

En Mali, la iniciativa RobotsMali utilizó IA para producir más de 180 libros infantiles en lengua bambara en menos de un año, mostrando que la innovación también puede servir para fortalecer lenguas y contextos locales, no solo para importar contenidos ajenos.

A las experiencias anteriores debemos sumar un aporte fundamental para nuestra realidad. Se han documentado casos en los que la baja conectividad y otras carencias de infraestructura tecnológica no bloquean la posibilidad de innovar.

Iniciativas como Kolibri, que utiliza un modelo diseñado para funcionar sin internet, junto con Artificial Intelligence in Education Unplugged en Brasil, han logrado resultados comparables en escuelas rurales y urbanas. Estos ejemplos demuestran que los contextos de conectividad restringida ofrecen vías legítimas para integrar estas herramientas con un criterio de inteligencia y equidad.

Los autores sostienen que la integración de estas estrategias debe estar anclada en los contextos locales. En el caso del Paraguay, el desafío trasciende la mera adaptación a las tendencias globales. Nuestra realidad nacional exige una incorporación soberana de la inteligencia artificial fundamentada en el criterio propio y en el resguardo de la identidad cultural.

Resulta indispensable atender a los sesgos algorítmicos y promover la alfabetización digital para asegurar que el proceso responda a las necesidades del entorno. Estas condiciones evitarán que la adopción de soluciones externas imponga modelos extraños a nuestras lenguas y a nuestro proyecto de país.

Abordar con seriedad la inteligencia artificial en el ámbito educativo requiere distanciarse tanto de las posturas apocalípticas como de los entusiasmos eufóricos. No alcanza con repetir advertencias terminales sobre el dominio tecnológico, como plantea Éric Sadin en L’intelligence artificielle ou l’enjeu du siècle, donde observa en la IA una forma de desplazamiento progresivo de lo humano por la racionalidad técnico-industrial.

Asimismo, conviene evitar la celebración acrítica de cada innovación como una promesa automática de emancipación, como ocurre en el Techno-Optimist Manifesto de Marc Andreessen, que presenta el avance tecnológico como fuente casi intrínseca de crecimiento, bienestar y expansión de la vida.

Entre la desconfianza absoluta y la fe ciega en la tecnología, hay un espacio más difícil, pero fecundo. Se trata del lugar de la conducción pública, del discernimiento pedagógico y de la deliberación nacional sobre qué usos deben promoverse, cuáles deben regularse y qué límites son necesarios para alcanzar un objetivo de bien común.

Ese punto obliga, además, a romper con cierto “pedagogismo dominante” que durante años degradó la discusión educativa, sustituyendo contenidos por consignas metodológicas vacías.

La inteligencia artificial puede ayudar a personalizar la enseñanza, pero no puede convertirse en un nuevo pretexto para licuar la exigencia intelectual. El Paraguay requiere una modernización ambiciosa que sea fuerte en ciencias, historia, lengua y formación del juicio crítico.

La inteligencia artificial abre la posibilidad de superar la estructura lancasteriana de la enseñanza, en la que una misma secuencia, el mismo ritmo y la misma explicación se implementan para grupos heterogéneos. Es posible trascender esa uniformidad sin renunciar a la escuela como institución pública fundamental. Las nuevas herramientas favorecen la existencia de apoyos diferenciados, materiales con distintos niveles de complejidad, retroalimentación más frecuente y un seguimiento más fino de trayectorias.

Además, pueden reposicionar la autoridad del docente y redefinir su centralidad, ya que el educador deja de ser un mero facilitador de contenidos homogéneos, para convertirse en un mediador intelectual, curador de materiales, intérprete del contexto, corrector de errores y orientador cívico del aprendizaje.

La incorporación de la inteligencia artificial a la educación paraguaya ya es un hecho, su uso ha sido introducido de la mano de estudiantes y docentes, pero sin mayores guías ni reflexiones institucionales sobre su implementación. Por ello, es urgente establecer un criterio nacional que permita fortalecer la alfabetización crítica y la revisión de los perfiles curriculares en función de un proyecto de desarrollo del país. La cuestión de fondo ya no es si Paraguay debe o no ingresar a esta agenda; el dilema central radica en la forma en que se integrará a ella. El país debe decidir entre actuar como un consumidor de soluciones ajenas o consolidarse como una nación capaz de conducir la tecnología según sus propias necesidades históricas, fortaleciendo con ello su identidad, su democracia y su proyecto común de desarrollo.

Las autoridades de la Dirección Nacional de Migraciones y de la Embajada de la República de China (Taiwán) revisaron la cooperación en materia migratoria desde 2016 y abordaron nuevas líneas de trabajo orientadas a la modernización de la gestión migratoria, el fortalecimiento de los sistemas de control e información y el intercambio de experiencias sobre protección internacional y seguridad fronteriza.

Fue durante la III Reunión Bilateral sobre Asuntos Migratorios, realizada en Asunción, con participación del titular de la Dirección Nacional de Migraciones, Jorge Kronawetter, y director general de la Agencia Nacional de Inmigración (NIA), Jorge Horng-En Lin, y el ministro de la Embajada de la República de China (Taiwán), Tomás Guo Bingchong.

Posteriormente, la agenda oficial bilateral de las máximas autoridades visitó la sede del Ministerio del Interior, donde mantuvieron una reunión con el viceministro de Seguridad Interna, Óscar Pereira, y autoridades de la Policía Nacional del Paraguay, en que se conversó sobre varios temas de interés común orientados a incrementar la cooperación en materia de seguridad, promoviendo la consolidación de la colaboración bilateral y la articulación efectiva entre instituciones.

Se destacó la importancia de avanzar en el intercambio de experiencias, conocimientos e información como herramientas fundamentales para el desarrollo de las capacidades institucionales de ambos países en el ámbito migratorio y de seguridad.

El presidente del Congreso Nacional, Basilio “Bachi” Núñez, salió al paso de las publicaciones periodísticas realizadas por el diario ABC Color, donde se alega que ocultó datos sobre cinco llamados a licitaciones por USD 3 millones, recursos provenientes de los USD 8 millones donados por la República de China (Taiwán) al Poder Legislativo.

“Ante publicaciones periodísticas que generan cuestionamientos sobre los procesos vinculados a la cooperación, el Congreso Nacional considera oportuno aclarar que los mismos se ajustan plenamente al marco jurídico vigente y a los mecanismos institucionales de control. Las afirmaciones relativas a supuesta opacidad, direccionamiento o irregularidades carecen de respaldo técnico y omiten considerar tanto el marco normativo aplicable como los mecanismos de control implementados“, afirma el comunicado emitido por Núñez.

Señala también que “El Congreso Nacional reitera su compromiso con la transparencia, la legalidad y la plena colaboración con las instituciones de control, manteniendo a disposición toda la información necesaria para su verificación”.

La publicación de ABC color refiere que durante las convocatorias, los procesos se realizaron eludiendo la Ley de Contrataciones Públicas, ocultando los contratos y negando solicitudes de acceso a la información.

El medio de comunicación alega que los contratos, destinados a modernizar la infraestructuras del Congreso Nacional, salieron a luz recién en febrero y que fueron tramitados “con una reglamentación oculta hasta la fecha”. A la vez expresa que estuvo marcado por plazos cortos y la cancelación de los llamados originales por falta de oferentes.

Ante dichas acusaciones, Núñez argumentó que “la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas ha determinado de manera expresa que los procedimientos vinculados a este proyecto se encuentran excluidos del ámbito de aplicación de la Ley 7021/2022, conforme a lo dispuesto en su artículo 3°, inciso k), en razón de tratarse de una cooperación internacional en la cual no existe erogación de fondos públicos ni administración financiera por parte del Congreso“.

Agrega que “en ese sentido, no corresponde sostener que se ha eludido la ley, cuando es el propio órgano rector en materia de contrataciones públicas el que ha establecido su inaplicabilidad en este caso concreto. No obstante dicha exclusión, el Congreso Nacional ha adoptado estándares reforzados de transparencia en la ejecución del proyecto, orientado a la modernización y mejoramiento de la infraestructura del Poder Legislativo, mediante recursos de cooperación internacional".

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La presidencia de Núñez detalla que, durante el proceso de licitación, se dictó un Reglamento Interno de Contrataciones que reproduce sustancialmente los principios, etapas y garantías procedimentales previstos en la Ley Nº 7021/2022, adecuándolos a la naturaleza del proyecto y su fuente de financiamiento.

Añade que los llamados fueron publicados en la plataforma de la DNCP, posibilitando la participación de oferentes, aun cuando no existía obligación legal de canalizarlos a través de dicho sistema.

Sostiene que se conformaron instancias técnicas especializadas, como la Unidad Ejecutora del Proyecto y el Comité de Evaluación, que garantizan la trazabilidad, el análisis técnico y el control en cada etapa del proceso.

“Cabe señalar, además que, en septiembre de 2025, la Presidencia del Congreso Nacional solicitó formalmente a la Contraloría General de la República la verificación de los procesos de contratación vinculados a este proyecto, en el marco de los principios de transparencia y probidad, poniendo a disposición toda la documentación correspondiente”, manifiesta la nota.

Menciona además que "este antecedente demuestra que no solo no existió ocultamiento alguno, sino que se promovió activamente el control institucional desde el inicio del proceso. Actualmente, los procesos se encuentran sometidos a la verificación del órgano constitucional competente, lo cual refuerza las garantías de control y fiscalización".

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En el marco del programa educativo “Fiscalía en escuelas y colegios”, el Ministerio Público desarrolló una charla de dos horas dirigida a 55 alumnos de la Educación Media de la Escuela Agrícola de Belén, en el departamento de Concepción. La abogada Auxiliadora Bidondo abordó temas vinculados a la seguridad en redes sociales, el ciberacoso y el microtráfico.

Por otra parte, en el colegio República Dominicana de la ciudad de Fernando de la Mora, los facilitadores Joel Estigarribia, Andrea Duarte y Aracelly Rojas llevaron adelante una serie de charlas dirigidas a estudiantes del 5.° al 9.° grado, en los turnos mañana y tarde, alcanzando a aproximadamente 400 alumnos. Las exposiciones se centraron en delitos informáticos, seguridad en redes sociales y ciberbullying, con un enfoque preventivo y orientado a la realidad cotidiana de los jóvenes.

Durante la jornada, se brindaron herramientas para la identificación de conductas de riesgo y se promovió el uso responsable de las plataformas digitales. Estas jornadas de concienciación están dirigidas a estudiantes de distintos puntos del país, con el objetivo de promover el conocimiento sobre temáticas de alto impacto social y fortalecer la prevención desde el ámbito educativo.

Estas actividades se enmarcan en la política de comunicación institucional del Ministerio Público, específicamente en el eje estratégico de transparencia y participación ciudadana, consolidando espacios de diálogo directo con la comunidad educativa. A través de estas iniciativas, la institución reafirma su compromiso con la formación de ciudadanos informados y conscientes, promoviendo la denuncia responsable y el acceso efectivo a la justicia.