Ciudad del Este. Agencia Regional.
Se sigue dilatando la culminación del juicio oral a Rafael “Mbururu” Esquivel por coacción grave y robo. Tras la audiencia de ayer, no culminó la lectura de pruebas presentadas y siguen faltando expedientes que deberán ser leídos igualmente, hasta llegar a los alegatos finales. Además, surgieron nuevos pedidos de inclusión de pruebas.
Víctor Enriquez Núñez, abogado querellante en representación de Perla Montalbetti, pidió en el juicio la inclusión probatoria de examen psicológico y psiquiátrico de Rafael Esquivel. “Se trata de mostrar que Mbururu se pasó maltratando a las mujeres querellantes y a las abogadas durante el desarrollo del juicio y en ningún momento mostró arrepentimiento por sus actos”, dijo Enriquez.
Agregó que el procesado “demostró perturbación y esa calificación será importante a la hora de la medición de la pena, tal como lo establece el artículo 65 del Código Penal y el juzgado le puede dar una pena mayor”. Enriquez Núñez manifestó que también falta el expediente de una causa por desacato en contra de Mbururu Esquivel que debe ser leído en el juicio. La siguiente audiencia será el 9 de agosto.
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Con la jornada de ayer fueron nueve jornadas de juicio oral y público a Rafael Esquivel, hasta ahora, en el hecho por coacción grave y robo. Todo indica que el proceso tendrá otras dos audiencias antes de llegar a los alegatos finales y la sentencia del tribunal integrado por Serafín González, Fabio Aguilar y Vitalia Duarte (presidente).
Por su parte, el abogado Eduardo Lezcano, defensor de Rafael Esquivel, dijo que no puede entender que se haya pedido incluir el expediente de una causa donde en primera instancia fue condenado Rafael Esquivel y finalmente fue sobreseído.
Consultado sobre el pedido de evaluación psiquiátrica, el abogado Lezcano dijo “entiendo que quieren demostrar agresividad de Rafael Esquivel y ellos no toman en cuenta la agresión de la que fue objeto él, todo el tiempo”. Mencionó que es irrelevante lo que planteó la querella.
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“Prieto introdujo en la municipalidad una gavilla para saquear”, dice abogado esteño
“Nosotros descubrimos que Prieto introdujo en la municipalidad una gavilla para saquear“, dijo el abogado Víctor Enríquez, quien integra la Contraloría Ciudadana de Ciudad del Este, organización sin fines de lucro que impulsó 15 de las 49 denuncias por corrupción que pesan contra el intendente Miguel Prieto, quien insiste en obstaculizar la labor del interventor Ramón Ramírez y ayer le envió una escribana pública para amedrentarlo.
“Él nos engañó a todos con shows mediáticos, ya que es un corrupto, un egocéntrico que necesita salir en los medios de prensa, ya sea bien o mal”, sostuvo Enríquez, este viernes, en el programa “Arriba hoy” emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
Las afirmaciones del abogado, quien fue apoderado de Prieto en su primera elección para completar el mandato de Sandra McLeod en 2019, surgen tras el desesperado intento del líder del movimiento Yo Creo en interferir en la intervención instalada el 23 de junio pasado, que denunció la dificultad de acceder a documentos públicos debido a maniobras de los directores prietistas de las dependencias municipales.
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Confianza en el interventor
“Los integrantes de la Contraloría Ciudadana le llenamos la canasta de denuncias. Si él se sintió ofendido (por las denuncias de Ramírez), ¿por qué no se anima a establecer una querella en nuestra contra? Seguro porque no tendrá el mediatismo que tiene el hecho de ir a patotear al interventor de la municipalidad”, comentó Enríquez.
Prieto envió ayer jueves a la escribana pública Marina Beatriz Cáceres Aguayo, del distrito de Naranjal, hasta la sede la municipalidad para que Ramírez se ratifique o rectifique sobre sus afirmaciones en una conferencia de prensa del 15 de julio, acerca de la existencia de irregularidades en la gestión del intendente. “El interventor es una persona muy segura, que llegó para hacer un trabajo técnico, no es mediático”, indicó el integrante de la Contraloría Ciudadana de CDE.
“Es un simple farsante mediático”
“Las denuncias que presentamos contra Prieto no son chismes, son investigaciones claras, fehacientes de todos los actos de corrupción de Prieto. Es un simple farsante mediático. Cómo creer a un tipo que tiene como asesor en la municipalidad a un exdiputado (Carlos Portillo) que perdió su investidura por corrupto, por ser grabado extorsionando en casos judiciales; y después Prieto quiere hablar de honestidad y honorabilidad", refirió.
Señaló que, como organización, ya mantuvieron un encuentro con Ramírez para presentarle las investigaciones y denuncias sobre irregularidades que detectaron en la gestión del opositor. “Está todo en sus manos y tenemos la plena certeza que está haciendo bien su trabajo”, dijo.
El abogado denunció que los concejales aliados a Prieto pretenden obstaculizar el trabajo de intervención. “Ellos no quieren que se investigue. En todas las denuncias que redacté para la Contraloría Ciudadana se tipifica lesión de confianza, asociación criminal, se tiene una organización jerárquicamente organizada para provocar hechos punibles. Acá hay una organización criminal, Prieto y sus concejales armaron una gavilla para saquear“, sentenció Víctor Enríquez a Nación Media.
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Prieto es “un corrupto mediático” que arma show para hacerse del perseguido político, aseguran
El abogado Víctor Enríquez, de la Contraloría Ciudadana de Ciudad del Este, sostuvo que la cuestión de la intimación que hizo el intendente Miguel Prieto al interventor municipal Ramón Ramírez, es un acto más de brutalidad al cual está acostumbrado al solo efecto de hacer show mediático.
Indicó que Prieto tiene por costumbre exponerse como figura política mediante el show mediático. Recordó que lo mismo había hecho, siendo aun concejal municipal, cuando atropellaba cualquier cosa, derrumbaba casillas, que después él mismo participaba de la venta de esas casillas.
“Todo es show mediático. Al asumir la Intendencia municipal, hizo lo mismo cuando atropelló la terminal de ómnibus de Ciudad del Este sin orden judicial, tomó la administración y hasta se apoderó de la caja fuerte de la empresa Itaparaná. Después de un largo trajinar judicial perdió el juicio. Denuncias por actos de corrupción ante las cámaras, pero nunca presentó ninguna denuncia ante el Ministerio Público”, explicó.
Mencionó además que Prieto nombró a su sobrina o prima como directora de impuesto inmobiliario porque supuestamente se habían desviado más de 30 mil millones de guaraníes en la recaudación del impuesto inmobiliario.
Señaló que supuestamente al ingresar su prima se aumentó en 30 mil millones de guaraníes más la recaudación. “Ese desvío o robo de la recaudación de impuesto inmobiliario nunca fue presentado o ninguna denuncia en el Ministerio Público”, comentó.
Con estos antecedentes, el abogado Enríquez marcó que la intimación de la fecha al interventor es un show mediocre más, simplemente para las redes sociales.
“Él sabía perfectamente que el interventor Ramírez se iba a ratificar en todos los términos. ¿Pero qué hizo él? Él está en este momento explotando en las redes sociales, bien o mal, haciéndose del perseguido político. Intimidando al interventor para que cambie el sentido de sus declaraciones“, explicó.
Asimismo, cuestionó por qué nunca Prieto intimó a algún miembro de la Contraloría Ciudadana que han firmado sendos documentos de denuncias ante el Ministerio Público diciendo públicamente que Miguel Prieto saqueó la municipalidad y que sigue saqueando todavía.
“Sabe que todos esos documentos están acompañados de instrumentos públicos que hemos obtenido por vía del acceso a la información pública. Miguel Prieto es un corrupto mediático. Lo que hizo hoy nada más es un acto mediático para estar en la prensa y hacerse el perseguido político”, remarcó.
El abogado Enríquez enfatizó que la Municipalidad de Ciudad del Este desde el año 2021 está en quiebra. “Está absolutamente quebrada, totalmente endeudada. Lo que viene a hacer el interventor, simplemente es corroborar las denuncias que nosotros hemos hecho. El de hoy nada más fue un show mediático para que Miguel Prieto salga en la prensa porque se siente acorralado, se siente disminuido”, concluyó.
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Exaliados de Prieto tumban falacia de perseguido político: “Es un ladrón”
“Miguel Prieto es un ladrón, desvió fondos para su provecho”, afirmó el abogado Víctor Enríquez, quien echó por tierra la imagen de perseguido político que busca instalar el intendente de Ciudad del Este y líder del movimiento Yo Creo, Miguel Prieto, ante la ciudadanía en el marco de su campaña prematura para la presidencia de la República.
Enríquez quien se encuentra a cargo de la asesoría jurídica de la Contraloría Ciudadana sostuvo que las acusaciones por corrupción contra el dirigente opositor parten principalmente de sus exaliados políticos quienes contribuyeron para la destitución de la exjefa comunal Sandra McLeod y su posterior victoria en los comicios municipales del año 2019.
“Todos los integrantes de la Contraloría Ciudadana constituyen un equipo que trabajó en el proceso de la intervención de la municipalidad de Ciudad del Este. Trabajamos por la candidatura de Miguel, varios de ellos fuimos sus apoderados, eramos de su entorno”, dijo en una entrevista con el programa “Arriba hoy” emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
Asimismo comentó que la Contraloría Ciudadana quedó desintegrada cuando se produjo la separación de la dirigente del Partido Colorado Sandra McLeod de la intendencia esteña. Agregó que nuevamente el equipo entró en funcionamiento cuando algunos de sus exmiembros comenzaron a recibir informes “sobre cosas extrañas” dentro de la municipalidad ya en plena administración de Prieto.
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Señaló que las irregularidades iniciaron en el año 2019, pero fueron profundizándose durante la crisis sanitaria generada por la pandemia del Covid-19. Agregó incluso que fueron los propios operadores de Prieto quienes felicitaron a la Contraloría Ciudadana documentaciones con el fin de someter a Prieto a investigaciones.
“La gente de su entorno indicaban que este tipo al final de cuentas es peor que los otros. Yo le desafíe públicamente y en varios lugares que me querelle porque le trato de ladrón”, comentó. Agregó que las denuncias realizadas también se encuentran fundadas mediante informaciones obtenidas por la norma de acceso a la información pública.
Las afirmaciones de Enríquez surgen tras concretarse este último miércoles una serie de allanamientos fiscales en el marco de la denuncia número 39 contra Prieto. El caso guarda relación con supuestos negociados en aportes de dinero a subcomisiones de apoyo para entrega de alimentos para ollas populares, denuncia que fue impulsada por la Contraloría Ciudadana. Los cargos incluyen lesión de confianza, asociación criminal y producción de documentos no auténticos.
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Denuncia número 41 contra Miguel Prieto, esta vez por licitación para mensura de exfinca 66
Miembros de la Contraloría Ciudadana de Ciudad del Este presentaron la décima denuncia por lesión de confianza y asociación criminal contra el intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto Vallejos. Es por la Licitación Pública Nacional para la contratación de una empresa consultora que se encargue de la mensura de la exfinca 66.
“Hemos detectado graves irregularidades cometidas por el intendente de Ciudad del Este, en la contratación de la firma Geocad Consultoría, Topografía y Ambiental, de Jorge Daniel Quintana López, conforme contrato de servicio de fecha 19 de mayo de 2021, por la suma de casi 2.700 millones (G. 2.673.000.000)”, dice parte del escrito de denuncia.
“De acuerdo a nuestro análisis, el intendente municipal abonó al margen de la ley, sumas siderales de dinero, al solo efecto de desviar recursos financieros de la municipalidad, causando un grave perjuicio patrimonial”, refiere la Contraloría Ciudadana.
Una de las pruebas presentadas es la lista de servicios y costos que contiene el contrato, en el que todos los trabajos tienen exactamente los mismos montos cada uno. Según la denuncia, cada uno de los trabajos tiene el mismo costo de 267 millones de guaraníes, totalizando los 2.673 millones de guaraníes.
Estudios de antecedentes de título, relevamientos y amojonamiento de los inmuebles, publicación de la mensura judicial, constitución de un juez para el inicio de la mensura y, acompañamiento del MOPC y del Servicio Nacional de Catastro, son los cincos trabajos que figuran en el contrato, con los costos iguales.
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“La licitación para instaurar la acción de mensura judicial era absolutamente innecesaria porque la institución municipal tiene una dirección jurídica, unos 40 asesores jurídicos y, todos los otros casos fueron hechos por misma dirección sin contratación externa”, refirió a La Nación/Nación Media, el abogado Víctor Enriquez, abogado y miembro de Contraloría Ciudadana.
Igualmente, señalan que la comuna cuenta en su plantel con cuatro profesionales topógrafos que podían haber sido parte de un equipo de trabajo municipal, sin necesidad de contratar a una consultoría y, sobre todo, por el monto millonario que supuestamente se usó para eso, según el abogado Enriquez.
“Como se puede observar, todos los rubros citados, llamativamente tuvieron el mismo costo. Esto demuestra que, debido a la poca importancia que le dan al manejo de la cosa pública y lo importante es apropiarse de los fondos de la municipalidad, ni siquiera se preocuparon en diferenciar los costos de cada servicio”, dice la denuncia.
En la denuncia sostienen que algunos de los ítems por los cuales fueron pagados, en realidad tienen costo cero y en otros se pagaron sumas mucho más grandes que los costos reales de esos servicios. Como sustento de la denuncia, también relataron sobre cada uno de los servicios que contempla el contrato y el costo que en realidad debería haber tenido.
La denuncia presentada contra el intendente Miguel Prieto, es la número 41, de las cuales, diez fueron presentadas por la Contraloría Ciudadana, incluyendo la de ayer.