Un total de siete diputados presentaron un proyecto de ley denominado “Ley de Educación Cívica”, que busca establecer un marco jurídico para la implementación obligatoria en todo el sistema educativo del país. El objetivo es formar ciudadanos responsables y comprometidos con conocimiento profundo de sus derechos, deberes y obligaciones establecido en la Constitución Nacional.
Los proyectistas son el legislador independiente Jatar Fernández, junto con sus pares colorados Raúl Latorre presidente de la Cámara Baja; Saúl González; Santiago Benítez; José Domingo Adorno; Yamil Esgaib; y María Ida Cattebeke.
De acuerdo a la exposición de motivos, la propuesta resalta que la educación cívica no se limita a la transmisión de conocimientos, sino que se centra en inculcar valores aceptados socialmente y desarrollar competencias para la participación activa en espacios públicos y políticos.
Señalan que esta formación debe comenzar desde la primaria y extenderse hasta el final de la escolarización obligatoria, promoviendo discusiones sobre temas públicos y políticos relevantes para la realidad social del país.
“La educación cívica busca que el ciudadano no solo sea capaz y útil para sí mismo, sino también para la sociedad donde nace, se desarrolla y muere”, destacan los legisladores en el documento.
Además, se enfatiza que la Constitución de 1992 establece como deber del Estado garantizar la formación intelectual, moral y cívica de sus ciudadanos, lo que convierte a este proyecto en una herramienta clave para cumplir con ese mandato.
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El proyecto también resalta la oportunidad de liderar un cambio de paradigma en Paraguay, fomentando una ciudadanía informada que participe, activamente, en la gestión del poder público y el bien común.
“Es necesario que las futuras generaciones comprendan que de ellas depende generar los espacios de poder y gestionarlos en beneficio de la comunidad”, señala la exposición de motivos.
Objeto: Complementar la Ley General de Educación, asegurando que los estudiantes adquieran conocimientos sobre la Constitución Nacional, los derechos y garantías que ofrece, las obligaciones ciudadanas y los límites al poder del Estado en el marco de un Estado social de derecho.
Obligatoriedad: La educación cívica será de carácter obligatorio en todas las instituciones educativas, ya sean públicas, subvencionadas o privadas. Desde la primaria, se incluirá el estudio de la Constitución, mientras que en la secundaria se incorporarán contenidos de derecho civil, penal y laboral.
Finalidad: Garantizar que los ciudadanos estén informados sobre sus derechos y obligaciones, promoviendo una participación informada en el poder público, como lo establece la Constitución.
Ejecución: El Ministerio de Educación y Ciencias será el encargado de implementar la ley, proporcionando los recursos técnicos y pedagógicos necesarios. La puesta en marcha deberá completarse en un plazo máximo de dos años desde la entrada en vigencia de la ley.
Los legisladores proponentes consideran que la iniciativa busca no solo incluir la educación cívica como una asignatura más, sino integrarla de manera transversal en el currículo escolar, fomentando el debate y la reflexión sobre la realidad social y política.
“Con esta propuesta, buscamos formar ciudadanos que no solo dominen conocimientos técnicos o humanísticos, sino que también estén comprometidos con el ejercicio de la soberanía popular y la construcción de una sociedad más justa y participativa”, detallan los proponentes en el documento que justifica la presentación del proyecto.
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