El viernes 14 de julio pasado, Aldo Darío Alfonso Marecos, de 24 años de edad, salió de su domicilio, ubicado en el barrio Laurelty de la ciudad de San Lorenzo para ir a la casa de un amigo, y desde ese día sus familiares no han vuelto a saber nada de él.
“Mi hermano llamó una moto Bolt y se fue a la casa de su amigo que queda de acá a cinco, diez minutos, más o menos, pero su amigo dice que nunca llegó ahí y que tampoco habló con él”, dijo Sani Alfonso, en comunicación con La Nación/Nación Media.
La misma explicó que Aldo había salido a las 11:40, aproximadamente de su casa y como no regresaba, en horas de la tarde, su padre intentó comunicarse con él, pero su teléfono ya estaba apagado; por lo que decidieron radicar la denuncia ante el Puesto Policial n.º 002, Villa 24 de Junio de San Lorenzo, y posteriormente ante el Ministerio Público.
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“Mi mamá y mi papá están sentados frente a la casa, él se despidió de ellos y se fue. Estaba superbién. Después, a eso de las 15:00, mi papá me avisó y desde esa hora le llamo, llamo… y apagadísimo ya estaba su celular. Todavía no pudimos acceder a la identidad del moto Bolt que le llevó de casa”, indicó, agregando que el joven estaba con un cuadro depresivo, medicado, pero estable.
Piden ayuda de la ciudadanía
Sani dijo que se encuentran desesperados y pide a la ciudadanía que ante cualquier información sobre el paradero de su hermano, se comunique al sistema 911 de la Policía Nacional o a la comisaría más cercana. “Ya son 8 días, no sabemos qué pasó de él, es demasiado preocupante y desesperante esta situación”, expresó la hermana.
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Proponen ley para implementar educación cívica obligatoria en todas las escuelas
Un total de siete diputados presentaron un proyecto de ley denominado “Ley de Educación Cívica”, que busca establecer un marco jurídico para la implementación obligatoria en todo el sistema educativo del país. El objetivo es formar ciudadanos responsables y comprometidos con conocimiento profundo de sus derechos, deberes y obligaciones establecido en la Constitución Nacional.
Los proyectistas son el legislador independiente Jatar Fernández, junto con sus pares colorados Raúl Latorre presidente de la Cámara Baja; Saúl González; Santiago Benítez; José Domingo Adorno; Yamil Esgaib; y María Ida Cattebeke.
De acuerdo a la exposición de motivos, la propuesta resalta que la educación cívica no se limita a la transmisión de conocimientos, sino que se centra en inculcar valores aceptados socialmente y desarrollar competencias para la participación activa en espacios públicos y políticos.
Señalan que esta formación debe comenzar desde la primaria y extenderse hasta el final de la escolarización obligatoria, promoviendo discusiones sobre temas públicos y políticos relevantes para la realidad social del país.
“La educación cívica busca que el ciudadano no solo sea capaz y útil para sí mismo, sino también para la sociedad donde nace, se desarrolla y muere”, destacan los legisladores en el documento.
Además, se enfatiza que la Constitución de 1992 establece como deber del Estado garantizar la formación intelectual, moral y cívica de sus ciudadanos, lo que convierte a este proyecto en una herramienta clave para cumplir con ese mandato.
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Liderazgos positivos
El proyecto también resalta la oportunidad de liderar un cambio de paradigma en Paraguay, fomentando una ciudadanía informada que participe, activamente, en la gestión del poder público y el bien común.
“Es necesario que las futuras generaciones comprendan que de ellas depende generar los espacios de poder y gestionarlos en beneficio de la comunidad”, señala la exposición de motivos.
El proyecto de ley está estructurado de la siguiente manera:
Objeto: Complementar la Ley General de Educación, asegurando que los estudiantes adquieran conocimientos sobre la Constitución Nacional, los derechos y garantías que ofrece, las obligaciones ciudadanas y los límites al poder del Estado en el marco de un Estado social de derecho.
Obligatoriedad: La educación cívica será de carácter obligatorio en todas las instituciones educativas, ya sean públicas, subvencionadas o privadas. Desde la primaria, se incluirá el estudio de la Constitución, mientras que en la secundaria se incorporarán contenidos de derecho civil, penal y laboral.
Finalidad: Garantizar que los ciudadanos estén informados sobre sus derechos y obligaciones, promoviendo una participación informada en el poder público, como lo establece la Constitución.
Ejecución: El Ministerio de Educación y Ciencias será el encargado de implementar la ley, proporcionando los recursos técnicos y pedagógicos necesarios. La puesta en marcha deberá completarse en un plazo máximo de dos años desde la entrada en vigencia de la ley.
Los legisladores proponentes consideran que la iniciativa busca no solo incluir la educación cívica como una asignatura más, sino integrarla de manera transversal en el currículo escolar, fomentando el debate y la reflexión sobre la realidad social y política.
“Con esta propuesta, buscamos formar ciudadanos que no solo dominen conocimientos técnicos o humanísticos, sino que también estén comprometidos con el ejercicio de la soberanía popular y la construcción de una sociedad más justa y participativa”, detallan los proponentes en el documento que justifica la presentación del proyecto.
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Desarticulan red de distribución de drogas que vendía a niños y adolescentes
En la mañana de este jueves, un equipo de agentes de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), con el acompañamiento de una comitiva fiscal, llevó a cabo la operación Tridente, donde, a través de incursiones simultáneas en el barrio Anahí de la ciudad de San Lorenzo, se logró desarticular una red de microtráfico que operaba en la zona.
Esta red de distribución y venta de drogas se extendía hasta tres viviendas en donde se distribuían drogas a niños, adolescentes y jóvenes en situación de vulnerabilidad, constituyendo una amenaza directa para la seguridad barrial y el entorno social.
Según los datos investigativos, en estos lugares se reunían los jóvenes adictos de la zona que se dedicarían a perpetrar asaltos y robos de vivienda, generando gran temor en los vecinos, ya que la delincuencia aumentaba de manera exponencial.
De estas viviendas se pudieron incautar 36 gramos de crack, equivalentes a unas 250 dosis, 135 gramos de cocaína, aproximadamente 300 dosis, 1 arma de fuego y una importante cantidad de dinero en billetes de baja denominación.
Así también, fueron detenidas cuatro personas que formarían parte de este esquema de venta y distribución; las mismas fueron identificadas como Rocío Fretes, de 39 años; Carlos Santos Acuña, de 42 años; Ramona Dominga Rojas, de 61 años, y Pablo Sebastián Jara, de 20 años. Todos fueron puestos a disposición del Ministerio Público.
Desde la Senad destacaron el uso de tecnología por parte de estas estructuras, ya que, si bien las viviendas allanadas eran precarias, contaban con sistema de monitoreo en el barrio para controlar los movimientos de la zona y poder mantenerse alerta.
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Autoridades del Poder Ejecutivo y Judicial analizan fortalecer uso de tobilleras electrónicas
El fiscal general del Estado, Emiliano Rolón Fernández, encabezó la reunión interinstitucional del Poder Ejecutivo con el propósito de articular acciones vinculadas al fortalecimiento del uso de tobilleras electrónicas como alternativa para personas con medidas de prisión preventiva, en coordinación con el Ministerio Público y el Poder Judicial.
Durante el encuentro se coordinaron acciones de manera conjunta en temas contemplados en la agenda, los cuales atañen al mejoramiento del sistema penitenciario y en la instalación de manera más efectiva del uso de la tecnología y de las tobilleras electrónicas, dada la aplicación del sistema de monitoreo por dispositivos electrónicos de control (SIMDEC), y en atención a las medidas alternativas otorgadas y de protección en las causas penales.
De acuerdo al informe oficial, participaron el ministro del Interior, Enrique Riera Escudero, el titular del Ministerio de Justicia, Rodrigo Nicora; de la Mujer, Cynthia Figueredo y de la Niñez y Adolescencia, Walter Gutiérrez, en la sede del Ministerio Público.
El encuentro tuvo como eje central el fortalecimiento del uso de tobilleras electrónicas como alternativa para personas con medidas de prisión preventiva, en coordinación con el Ministerio Público y el Poder Judicial, con el fin de prevalecer la protección de la sociedad, enfocados en los casos contra la mujer, niños y adolescentes, incorporando herramientas que fortalezcan la seguridad y la eficacia de las causas.
Durante la jornada se enfatizó la necesidad de articular esfuerzos entre los ministerios competentes para ampliar el uso de dispositivos electrónicos de control, como medida cautelar efectiva y humanitaria, al tiempo de permitir a la Fiscalía avanzar en los procesos penales con mayor eficiencia.
Desde el Gobierno remarcaron el compromiso claro de impulsar soluciones integrales que garanticen seguridad, justicia y respeto a los derechos, trabajando de manera conjunta con todas las instituciones involucradas.
Igualmente, se puso a conocimiento del Ministerio Público la instalación de la Mesa de Justicia dirigida por el Ministerio del Interior, dentro del marco del “Plan SUMAR en tu Barrio”, que busca en su segunda etapa, combatir y erradicar al microtráfico.
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Investigan a dos funcionarios por robo de 18 computadoras del Hospital de Calle´í
Dos funcionarios del Hospital de Calle´í San Lorenzo están siendo investigados por la Policía Nacional como sospechosos de la desaparición de 18 computadoras donadas por el gobierno de Taiwán a dicho centro asistencial.
“El día de ayer conforme a la publicación que se estaba realizando en los medios televisivos, personal de esta comisaría conjuntamente con el personal de Investigación de Hechos Punibles y de Criminalística acudieron hasta el Hospital General donde se dialogó con la directora”, relató el oficial Claudio Leiva de la Comisaría Primera de San Lorenzo a la 780 AM.
Según información proveída por la misma directora a los intervinientes, 14 de los 18 equipos informáticos corresponden a la administración anterior. Imágenes del circuito cerrado mostraron las evidencias del momento del retiro de los equipos informáticos de las instalaciones del hospital.
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Según el policía, la directora mencionó que notó el faltante de los primeros equipos informáticos el 14 de julio y formuló la denuncia y el caso ya está también a instancias del Ministerio Público.
“Así también mencionó que en fecha 22 de julio notaron nuevamente el faltante de otro equipo informático que sería del consultorio número dos. Y posterior en fecha de ayer cuando estaban trasladando equipos informáticos de una oficina que funciona para la atención de personas en salud mental, ellos notaron que en una caja faltaba un monitor”, detalló.
Sobre estos últimos hurtos no se radicó aún una denuncia en la comisaría y recién ahora se agregó a la investigación.
“La directora accedió a las imágenes del circuito cerrado donde sistemáticamente estarían sacando los equipos informáticos. Dentro de esta línea investigativa se manejan nombres de funcionarios que estarían designados en esa área. Con el personal de Investigación se está analizando exhaustivamente esas imágenes”, puntualizó.
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