Un hombre fue detenido ayer domingo luego de que agredió brutalmente a su pareja y a un agente de la Policía Nacional en el distrito de Cambyretá en el departamento de Itapúa. Sin embargo, hoy lunes esta persona considerada de alta peligrosidad fue liberada por la fiscal Liliana Herenia Galeano.
Según consta en la denuncia policial, se trata de Carlos Benítez, alias Caloro, que fue detenido por violencia familiar luego de que golpeara brutalmente a María López, quien fue corriendo hasta la comisaría de Arroyo Porã en Cambyretá para pedir auxilio. En el lugar fue recibido por los agentes que la resguardaron, pero fue seguida por el hombre.
Caloro apareció en la comisaría e intentó golpear nuevamente a la mujer, pero intervino el suboficial Aldo Vera que estaba de turno y terminó siendo agredido a puñetazos por este hombre e incluso intentó quitarle el arma. Finalmente, el agente logró pedir ayuda a sus camaradas y en ese momento el agresor decidió huir del lugar.
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Antes de huir, esta persona destruyó el equipo informático de la comisaría y desde ese momento el hombre fue buscado por la Policía Nacional y horas más tardes lograron su detención con la intención de que no vuelva a agredir a la mujer. Pero hoy lunes, la fiscal Liliana Galeano decidió ordenar su liberación.
“Disponer el levantamiento de la detención del ciudadano Carlos Javier Brítez Barrios, alias Caloro”, expresa el documento que fue firmado por la fiscal Liliana Herenia Galeano. Esta orden fue remitida al comandante de la Policía Nacional y al jefe de la comisaría 115 del barrio Arroyo Porã del distrito de Cambyretá, para que hagan cumplimiento del mismo.
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Itá: desmantelan “La cueva de Ivancito” con más de 1.000 dosis de crack
Tras constantes denuncias de vecinos cansados de la inseguridad, agentes especiales de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) y la Fiscalía allanaron una vivienda en la ciudad de Itá conocida como “La cueva de Ivancito” donde comercializaban sustancias ilegales. En el lugar detuvieron a una persona y se incautaron de más de 1.000 dosis de crack.
Según el reporte de los intervinientes, el procedimiento se desarrolló en una casa ubicada en el barrio Virgen de los Remedios de la citada ciudad.
En el sitio se desarticuló un importante punto de microtráfico denominado como “La cueva de Ivancito”, que fue denunciada en varias oportunidades por los vecinos.
En el lugar fue capturado un joven identificado como César Iván Cabrera, de 23 años, quien cuenta con antecedentes por hurto y es señalado como el presunto distribuidor de las sustancias ilegales en la zona. El procedimiento estuvo encabezado por el fiscal César Sosa, quien ordenó que esta persona permanezca detenido.
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El procedimiento tuvo como resultado la incautación de: 145 gramos de crack, cuyo equivalentes es más de 1.000 dosis y nueve porciones de cocaína. Esto indicaron que sorprendieron al sujeto mientras estaba fraccionando piedras de crack para preparar nuevas dosis.
El fiscal confirmó que el sitio funcionaba como punto de venta y también de consumo. Aseguró que al momento de la intervención encontraron a varias personas consumiendo estupefacientes en el sitio y algunas manifestaron tener vínculos con el Clan Rotela. En el lugar también incautaron armas blancas, elementos utilizados para el pesaje y fraccionamiento de la droga.
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Violencia familiar, lesiones y amenazas, entre las principales denuncias que involucra a pueblos originarios
Entre 2023 y 2026 se analizaron más de 3,100 hechos punibles relacionados con personas indígenas. El estudio abarcó 2,746 causas penales y permitió identificar las principales denuncias, su distribución territorial y las situaciones que involucran a la población nativa como presuntas víctimas o presuntos responsables.
El Ministerio Público, a través de la Dirección de Planificación y su Departamento de Estadística, procesó información correspondiente a 3.119 hechos punibles denunciados en 2.746 causas penales, cuyos relatos iniciales mencionan situaciones vinculadas a personas o comunidades indígenas. El estudio comprende el periodo de enero de 2023 a agosto de 2026. A partir de estos registros, la Dirección de Comunicación y Prensa realizó un análisis periodístico e institucional para identificar los principales hallazgos y contribuir a su comprensión desde una perspectiva informativa y de derechos.
De los hechos examinados, 2.415 registraron al menos una presunta víctima indígena, mientras que en 2.076 se identificó al menos una persona indígena como presunta responsable. Ambas categorías pueden coincidir en un mismo hecho, por lo que no deben sumarse.
Principales denuncias
Entre los hechos que involucran a presuntas víctimas indígenas:
- la violencia familiar registró 246 casos
- 199 lesiones
- 169 amenazas
- 152 registros de homicidio doloso
- y 118 de abuso sexual en niños
Estos resultados permiten observar la diversidad de situaciones denunciadas que afectan a integrantes de pueblos indígenas, incluidos hechos relacionados con la integridad física, la seguridad y la protección de niños, niñas y adolescentes.
Registro aumenta entre 2023 y 2025
El análisis muestra que los hechos punibles registrados pasaron de 665 en 2023 a 768 en 2024, y a 1.010 en 2025, lo que representa un incremento del 51,9 % entre el primero y el último de esos años.
Entre enero y agosto de 2026 se contabilizaron 676 hechos, cifra correspondiente a un periodo parcial. Cabe destacar que el aumento de los registros no implica necesariamente un incremento equivalente en la ocurrencia real de los delitos, ya que los datos corresponden a denuncias y no permiten determinar las causas exactas de esa variación.
Canindeyú, Caaguazú y Amambay
En la distribución territorial, Canindeyú encabezó los registros con 781 hechos punibles, seguido de Caaguazú con 539 y Amambay con 476. Estos tres departamentos concentraron el 57,6 % del total de los casos analizados. Estas cantidades reflejan los registros del Ministerio Público y no constituyen tasas de criminalidad, ni permiten establecer qué departamentos presentan un mayor riesgo para la población indígena.
Derechos y acceso a la Justicia
El análisis aporta información clave sobre las denuncias que involucran a personas indígenas y contribuye a conocer las situaciones que llegan al sistema penal.
La Constitución Nacional reconoce la identidad étnica, las formas de organización y los derechos de los pueblos indígenas. En este contexto, el acceso a la Justicia requiere considerar las particularidades culturales y lingüísticas de las personas involucradas, con pleno respeto a sus garantías y derechos.
Los resultados corresponden estrictamente a la información registrada al momento de la denuncia; por lo tanto, no representan hechos judicialmente comprobados ni permiten determinar responsabilidades penales de forma anticipada.
Con este estudio, el Ministerio Público pone a disposición información estadística que contribuye a visibilizar las situaciones denunciadas y a profundizar el conocimiento sobre los derechos y el acceso a la Justicia de los pueblos indígenas.
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Fiscalía de Bolivia investiga a expresidente Morales por asesinato en operación policial de 2009
La Fiscalía de Bolivia anunció el lunes el inicio de una nueva investigación contra el expresidente izquierdista Evo Morales por los presuntos delitos de asesinato y tortura relacionados con un operativo policial que dejó tres europeos muertos en 2009.
Hace 17 años, un comando policial intervino un hotel en la ciudad de Santa Cruz (este) y abatió a tiros al boliviano-croata Eduardo Rózsa Flores, al irlandés Michael Dwyer y al húngaro-rumano Arpad Magyarosi.
Salieron con vida Mario Tadic (boliviano-croata) y Elöd Tóásó (húngaro), que denunciaron torturas tras ser detenidos.
El gobierno de Morales sostuvo entonces que un grupo liderado por Rózsa Flores buscaba impulsar un movimiento separatista, con el financiamiento de la elite económica de derecha de Santa Cruz.
El fiscal general interino, José Armando Urioste, anunció esta nueva investigación preliminar contra el exgobernante indígena, una semana después de haber sido nombrado por el Congreso tras el arresto de su antecesor, Roger Mariaca, acusado de narcotráfico y lavado de activos.
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En un oficio dirigido al Tribunal Supremo de Justicia, Urioste notifica “el inicio de la fase de acumulación de antecedentes” contra Morales y su exvicepresidente Alvaro García Linera “por la presunta comisión de los delitos de asesinato, vejaciones y torturas y privación de libertad”.
La medida responde a una denuncia interpuesta por los congresistas derechistas Tomasa Yarhui y Rodrigo Antonio. El legislador confirmó a la AFP que se trata del caso denominado “Hotel Las Américas”.
Familiares y víctimas llevaron el caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que en 2021 concluyó que el Estado boliviano había cometido violaciones a los derechos humanos y lo remitió a la Corte Interamericana.
El parlamentario Antonio señaló que “no hubo un enfrentamiento entre las fuerzas del orden con estas personas”, sino que “fueron ejecutados extrajudicialmente”.
Ese día, durante una visita oficial a Venezuela, Morales dijo a la prensa haber ordenado el operativo para detener a los extranjeros, a quienes acusó de “mercenarios”, una declaración que para Antonio significa que el exmandatario “había dejado instrucciones precisas para que esto sea ejecutado”.
Ni Morales ni su exvicepresidente se han pronunicado de momento.
Refugiado en su feudo cocalero del Chapare (centro), Morales ya tiene dos órdenes de captura activas por investigaciones sobre su rol en las protestas que este año paralizaron al país por 53 días y por una acusación de presunta trata de una menor con la que el expresidente habría tenido una hija. Él niega los cargos.
- Fuente: AFP
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Procedimiento policial en Sajonia: hallan armas, drogas, menores y un joven con arresto domiciliario
La Policía Nacional reportó la aprehensión de cuatro personas, la detención de un hombre beneficiado con arresto domiciliario y la incautación de un arma de fuego, armas blancas y drogas en el barrio Sajonia de Asunción, en un procedimiento llevado a cabo anoche.
El operativo policial se realizó alrededor de las 21:30, durante una patrulla preventiva de agentes de la Comisaría 2da. de Asunción, en las calles Andrés Gill y Ursicino Velazco de nuestra capital.
Entre los involucrados se encuentran dos menores de 17 años, un joven de 18 años identificado como Maximiliano Emmanuel Chamorro Ortiz, Richard Martínez López de 29 años, y Nery Luis González González de 20 años, quien fue hallado incumpliendo su arresto domiciliario por una causa de supuesto hurto.
El informe policial señala que los intervinientes observaron a los cinco hombres en una zona oscura y en actitud sospechosa. Al realizar la verificación correspondiente y un cateo corporal encontraron varias evidencias.
Entre los objetos incautados se encuentran un revólver calibre .38, seis cartuchos sin percutir, dos cuchillos, además de sustancias que dieron positivo a las pruebas de campo: 6,8 gramos de cocaína, 0,8 gramos de cocaína tipo crack y 8 gramos de marihuana, además de cuatro celulares.
Asimismo, levantaron una balanza de precisión, un triturador de hierbas, envoltorios de plástico, papeles para fumar, cigarrillos, un rollo de cobre y otros objetos.
El caso fue comunicado al fiscal Cristian Ortiz, de la Unidad N.º 13, especializada en la lucha contra el narcotráfico, el crimen organizado y delitos conexos.
El representante del Ministerio Público dispuso la libertad de Maximiliano Emmanuel Chamorro Ortiz, la entrega de los dos adolescentes a sus familiares y la permanencia de Richar Martínez López en la sede policial.
En relación con la presunta transgresión de la Ley N.º 7411 de Armas de Fuego y sus Componentes, el procedimiento fue comunicado a la agente fiscal Soledad González, de la Unidad Penal N.º 1 de la Fiscalía Barrial N.º 3, quien dispuso que Nery Luis González González permanezca en la dependencia policial a disposición del Ministerio Público.
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