Los agentes fiscales Julio Ortiz, Gerardo Mosqueira y Andrés Arriola formularon acusación contra Óscar Ariel Caballero Shalmann, de 30 años de edad, quien sería el supuesto responsable del crimen del exfiscal antisecuestro Javier Ibarra, y piden que la causa sea elevada a juicio oral y público.
Los mismos afirman que el Ministerio Público colectó suficientes elementos de pericias, testimoniales y documentales que sostienen la acusación contra Caballero Shalmann, y que por lo tanto, este sería responsable de la comisión de hechos punibles de homicidio doloso, hurto agravado y robo con resultado de muerte.
Según la acusación, el 24 de noviembre de 2022, en el domicilio de la víctima, situado en el barrio Santa Ana de la ciudad de San Lorenzo, Caballero Shalmann y el exfiscal tuvieron una discusión, que derivó en que el acusado ejecutara dos disparos en la cabeza de la víctima, provocando su deceso. El victimario presuntamente reclamaba una deuda salarial.
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Es de señalar que Ibarra también llegó a desempeñarse como viceministro de Seguridad Interna, dependiente del Ministerio del Interior. Su cuerpo había sido encontrado en su residencia por su empleada y su casero, quien acudió hasta la vivienda de Ibarra tras la petición de su exesposa, ya que no lograba comunicarse con él.
Tras el crimen de Javier Ibarra, el Ministerio Público había formulado imputación contra Óscar Caballero Sahlmann por los supuestos hechos punibles de homicidio doloso, hurto especialmente grave y robo con resultado de muerte.
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JEM admite acusación por mal desempeño contra jueces de Central
El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) deberá estudiar si corresponde iniciar un enjuiciamiento por presunto mal desempeño en sus funciones contra los jueces de Sentencia de Central, Dina Marchuk, Julio Granada y Letizia de Gásperi. La acusación fue presentada por Graciela Beatriz Pintos Orué y Óscar López, padres de Axel Fabián López Orué, un joven que había sido condenado a 12 años de cárcel en un caso de supuesta coacción sexual y otros delitos, cuya sentencia fue posteriormente anulada por un Tribunal de Apelación.
La acusación, que ya fue admitida por el órgano juzgador de magistrados, refiere que los citados magistrados desconocieron la ley y demostraron una clara ignorancia en la aplicación de la Constitución Nacional. Según los denunciantes, esto quedó en evidencia durante el juicio oral, en el que se dictó la condena de 12 años sin contar con elementos de prueba suficientes, incurriendo en una abierta violación de las garantías constitucionales y procesales que tutelan el debido proceso.
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Del mismo modo, la acusación señala que los jueces admitieron de forma irregular pruebas que ya habían sido rechazadas previamente, vulnerando el desarrollo legal del juicio. Ahora, los integrantes del JEM deberán evaluar si corresponde iniciar el enjuiciamiento formal contra los tres magistrados. De ser así, también tendrán que definir si el proceso se realizará con la suspensión de sus funciones o si, por el contrario, se rechaza la acusación presentada.
Igualmente otro hecho irregular que habría cometido el Tribunal de Sentencia es que el joven Axel López estuvo con arresto domiciliario 8 años 4 meses y fue privado de libertad 4 meses 11 días a hasta que se anuló la condena y volvió a recuperar su libertad.
Juicio suspendido
Por pedido de la abogada Noelia Núñez, querellante en el presente proceso penal, se pospuso el nuevo juicio oral y público que debe enfrentar el joven Axel López. La citada profesional del derecho presentó un certificado médico justificando su pedido de posponer la audiencia oral.
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Fiscalía acusa formalmente y pide juicio contra Prieto en el caso Consejo de Salud
Acusan por tercera vez y piden juicio oral contra Miguel Prieto por lesión de confianza, que se investiga un perjuicio de G. 757 millones por el pago del Consejo de salud de la Intendencia de Ciudad del Este por obras inexistentes. La acusación formal fue presentada por los fiscales Silvio Corbeta, Yeimy Adle Monges, María Verónica Valdéz ante el Juzgado Penal de Garantías de Delitos Económicos 1° turno.
Los fiscales del caso acusaron a Miguel Prieto “por su participación en la comisión del hecho punible de ‘lesión de confianza´, tipificado en el Art. 192 inc. 1º del Código Penal, en concordancia con el artículo 29, inc. 1º del mismo cuerpo legal antes citado, en calidad de autor”.
También fueron acusados, Sebastián Martínez Insfrán “por su participación en la comisión del hecho punible de ‘lesión de confianza’, tipificado en el Art. 192 inc. 1 del Código Penal, en concordancia con el artículo 31 inc. 1º del Código Penal, en calidad de cómplice”; y Valeria Romero “por su participación en la comisión del hecho punible de ‘lesión de confianza’, tipificado en el Art. 192 inc. 1 del Código Penal, en concordancia con el artículo 31 inc. 1º del Código Penal en calidad de cómplice”.
La acusación revela que Prieto ordenó transferencias a favor del Consejo Local de Salud del Hospital Regional de Ciudad del Este. Una parte importante de estos recursos se habría destinado supuestamente a la inversión física y edilicia dentro del mencionado centro médico. Estas transferencias fueron ordenadas por la Intendencia Municipal mediante resoluciones emitidas por el entonces jefe comunal.
Según la Fiscalía, los desembolsos se realizaron sin designar a un fiscalizador de obras, sin contar con los dictámenes pertinentes que certificaran la ejecución efectiva de los trabajos, sin planificación previa y sin adecuarse a los mecanismos legales previstos. En la acusación fiscal, que tiene más de 100 páginas, se detallan punto por punto las irregularidades cometidas por Prieto, así como por los demás acusados por lesión de confianza: Sebastián Martínez Insfrán y Valeria Fabiana Romero Escobar.
Ahora se deberá fijar la fecha para el desarrollo de la audiencia preliminar, en la que se definirá si Prieto enfrentará su tercer juicio oral y público, atendiendo a que el primer juicio ya se inició, el segundo debe comenzar en los próximos meses y, en la tercera causa, ya se acusó y se pidió que el proceso se eleve a juicio.
Siete imputados admitieron el hecho
En este tercer proceso penal, siete de los once imputados ya admitieron los hechos de corrupción presuntamente cometidos por Prieto y su entorno. Esto robustece la teoría del Ministerio Público en la causa contra el exintendente. El perjuicio patrimonial estimado es de G. 757 millones por obras que no se realizaron correctamente entre diciembre de 2019 y agosto de 2022.
Juicio oral
Por otra parte, el lunes pasado inició el primer juicio oral contra Miguel Prieto por el caso conocido como “Tía Chela”, en el cual está acusado de lesión de confianza por la compra irregular de kits de alimentos para familias vulnerables durante la pandemia del covid-19. En esta causa, la Fiscalía estima un perjuicio de G. 2.130 millones.
Asimismo, Prieto deberá afrontar un segundo juicio oral por lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal en el denominado “Caso Tajy”, donde se investiga un daño patrimonial superior a los G. 300 millones. La elevación de esta causa fue resuelta por el juez Penal de Garantías Humberto Otazú.
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Presentaron acusación contra joven que alcoholizado protagonizó fatal accidente
Ciudad del Este. Agencia Regional.
La fiscal Cinthia Leiva Cardozo, de la Unidad Penal N.º 2 de Ciudad del Este, presentó acusación contra un joven por los hechos punibles de exposición al peligro en el tránsito terrestre y homicidio culposo. Se trata de Bernardo Acosta Rodríguez (22), quien conducía en estado de ebriedad, llevó por delante dos rodados y uno de ellos volcó causando la muerte del conductor, según la acusación.
La agente solicitó la apertura de un juicio oral y público. El requerimiento conclusivo fue presentado ante el juzgado penal de Garantía N.º 8, a cargo de la magistrada Paola Nagele. El hecho por el cual se pide un juicio ocurrió el 4 de febrero del 2025, alrededor de las 23:40, sobre la Ruta PY02, en el km 7 de Ciudad del Este. El encausado circulaba al mando de un Toyota Allion, color bordó, con matrícula UAG-716 Py, cuando perdió el control e impactó contra la la estructura del viaducto.
Luego, el rodado chocó contra un Kia Soluto, color blanco, y posteriormente, contra un Chevrolet Onix, color gris, conducido por un joven de 22 años. Como consecuencia del último impacto, el vehículo Chevrolet volcó y su conductor, Lucas Nohan González Soto (22), falleció a causa de un traumatismo encefálico severo, conforme al informe forense.
Tras el percance, el responsable de la colisión fue sometido a la prueba de alcotest, que dio resultado positivo con una graduación de 0,450 mg/l de alcohol. La Fiscalía sustenta la acusación en informes policiales, actas de procedimiento, documentos médicos, declaraciones testimoniales y el informe pericial accidentológico.
La pericia atribuyó el siniestro al factor humano y señaló como causa fundamental la negligencia del conductor, relacionada con la pérdida de control del vehículo y la presunta infracción de las normas de tránsito al conducir alcoholizado. A partir de estos elementos, la fiscal Cinthia Leiva requirió la apertura de un juicio oral y público.
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Santa Ana: caen presuntos implicados en crimen e incautan armas y drogas
La Policía Nacional capturó a dos sujetos que eran buscados por el crimen de un hombre de 30 años, que habría ocurrido el pasado junio por una presunta disputa por territorio de drogas y venganza en la ciudad de Asunción. En poder de estas personas se encontró un arma de fuego, drogas, dinero y otras evidencias.
Según el reporte policial, el crimen se reportó el 22 de junio de este año, tiempo en que estas personas se encontraban prófugas de la Justicia y hace poco recibieron información de que volvieron a instalarse en el barrio Santa Ana. Ante esta situación, se realizó un allanamiento logrando la captura de los principales sospechosos.
En el procedimiento desarrollado en el populosos barrio fueron detenidos Alexis Ramón Saldívar Ríos, quien sería el supuesto autor material del hecho, y Eduardo Javier Saldívar Ríos, su cómplice, acusados de asesinar a puñaladas a Ángel Adrián Sánchez Quintana, de 30 años.
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“Según las averiguaciones hechas, entre Alexis y la víctima fatal ya había un problema anterior por microtráfico de drogas, por el cual Alexis fue a la cárcel por cinco años por tentativa de homicidio. Esta situación habría desatado el crimen el junio pasado”, detalló el comisario Abel Cantero, jefe de Investigación de Homicidios, a los medios de comunicación.
Durante el procedimiento fueron incautadas un arma de fuego, calibre 32, con cartuchos, 61 dosis y piezas de supuesta cocaína tipo crack, dos balanzas de precisión, un machete y otros indicios. Todo lo actuado fue puesto a disposición de las autoridades competentes para continuar con las investigaciones.