Este viernes, desde el Ministerio Público decidieron imputar a familiares de Ramón González Daher por lavado dinero proveniente de la usura, entre ellos, su esposa, hijo y nuera. Los fiscales que llevan el caso solicitaron el embargo preventivo por valor de más de G. 1 billón y casi de USD 298 millones, así como todo el dinero o títulos de crédito que poseen en entidades financieras.
Los fiscales Alma Zayas y Néstor Coronel de la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción imputaron a Delcia Karjallo (esposa), Fernando González Karjallo (hijo) y Carolina González Aguilera (nuera) por presunto lavado de dinero proveniente de la usura. Al mismo tiempo, pidieron medidas sustitutivas a la prisión de las mujeres. En tanto que, para Fernando González Karjallo, solicitaron que siga guardando reclusión.
Puede interesarle: Salud pública requiere 30.000 enfermeros para optimizarse, dice gremio
Antecedentes
El 16 de junio pasado, el juez penal de garantías, Gustavo Amarilla, admitió la imputación y procesó penal por el delito de hurto agravado a Ramón González Daher, por el caso de los 471 cheques que fueron hurtados de un juzgado. De esta forma el Ministerio Público realizó una ampliación del acta de imputación que ya se tenía anteriormente en el caso de Ramón González Daher.
Es de destacar que Ramón González Daher cuenta con una condena firme de 15 años de cárcel como también su hijo Fernando González Karjallo con 5 años de prisión. Asimismo se dispuso en su momento el comiso de 47 millones de dólares. Padre e hijo siguen cumpliendo sus condenas en la cárcel de Tacumbú.
Puede interesarle: Raquel Miranda: tribunal anuló sobreseimiento de dos médicas y habrá nuevo juicio
Dejanos tu comentario
Fiscalía imputó a un abogado por coacción y usurpación de funciones
El fiscal de Luque, Augusto Ledesma Blasser, presentó una imputación contra el abogado Fernando René Marecos Gamarra por los supuestos hechos punibles de coacción y usurpación de funciones públicas. Ahora un juzgado deberá estudiar la admisión del acta de imputación.
De acuerdo con el Ministerio Público, los hechos se registraron el pasado 16 de septiembre en las instalaciones de la empresa Cargo Line Paraguay S.A., durante la ejecución de una resolución judicial que disponía un cambio temporal en la administración de la firma. La imputación refiere que el abogado Marecos Gamarra habría asumido atribuciones que no le correspondían en el momento de realizarse el procedimiento, en el cual incluso estuvo presente la jueza en lo Civil y Comercial de Asunción, Mafalda Camerón.
El suceso involucra directamente al entonces gerente general de Cargo Line Paraguay S.A., Gustavo Martínez Venialgo. El relato del escrito fiscal sostiene que el abogado imputado exigió a Martínez Venialgo abandonar la sala y, cuando este intentó atender una llamada telefónica, le sujetó la mano para impedírselo. Posteriormente, luego de que se retiraran la jueza y la Policía Nacional, Marecos Gamarra le habría comunicado su desvinculación inmediata y ordenado la entrega de su teléfono, computadora, documentos y demás bienes de la empresa.
Te puede interesar: Imputan a dueño de un perro tras el ataque que dejó herido a un niño
Asimismo, se le atribuye haber impedido el ingreso de una escribana pública al recinto y haber tenido una actuación similar respecto a otro trabajador de la firma.
Ante estos indicios, el fiscal Ledesma Blasser solicitó al Juzgado Penal de Garantías la admisión de la imputación y un plazo legal de seis meses para presentar el requerimiento conclusivo (el cual podrá ser una acusación formal o el sobreseimiento del procesado). Cabe recordar que la imputación representa el inicio formal del proceso penal basado en sospechas fundadas.
Abogado critica imputación
El abogado Fernando René Marecos Gamarra aseveró categóricamente que la imputación carece por completo de fundamentos jurídicos y subrayó que el relato del denunciante falta gravemente a la verdad de lo acontecido. Según manifestó Marecos Gamarra, el escrito de denuncia promovido ante la Fiscalía se encuentra plagado de profundas incongruencias y afirmó contar con abundante documentación fehaciente para respaldar su postura. La manifestación la hizo al sitio web Cuarto Poder Py.
Podes leer: Condenan a docente por abuso sexual y le prohíben ejercer la profesión por cinco años
Dejanos tu comentario
Defensa de Marset asume narcotráfico, pero alega que no operó en EE.UU.
La defensa del uruguayo Sebastián Marset asumió ante el juez Rossie D. Alston Jr., de la Corte Federal del Distrito Este de Virginia, que es un narcotraficante, sin embargo, negó que el mismo haya participado en cualquier tipo de actividad criminal en territorio estadounidense.
Los abogados alegaron que Marset operaba en países sudamericanos, pero no en los Estados Unidos, por lo que Washington no tiene jurisdicción para juzgar al uruguayo.
El cuestionamiento planteado por la defensa de Marset se da en torno a la jurisdicción para juzgarlo por los hechos, principalmente narcotráfico, bajo la argumentación que todas sus operaciones se dieron fuera del de territorio de los Estados Unidos.
Bajo esta argumentación, el juez federal de Virginia deberá definir si el alcance de la jurisdicción de los Estados Unidos sobre Marset.
En este sentido, el juez estableció un plazo hasta el 12 de octubre presente sus argumentos y el pronunciamiento del magistrado se dará antes del 6 de noviembre, mientras que el inicio del juzgamiento está previsto para inicios del 2027.
Sebastián Marset es acusado por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos por delitos vinculados con el lavado de dinero y tráfico de drogas, luego fue incorporado la acusación de cargos relacionados al narcoterrorismo.
Los abogados de defensa apuntan a la desestimación de estos cargos, cuestionando las pruebas que fueron obtenidas luego de la captura del uruguayo en Bolivia, y posteriormente trasladado a los EE. UU.
De acuerdo con el reporte de medios internacionales, el abogado Robert Feitel, uno de los que conforma la parte defensora, señaló durante esta última audiencia que su cliente no niega haber realizado estos hechos ilícitos que se los atribuye, pero que los mismos no se dieron en la jurisdicción norteamericana, sino en los países sudamericanos, como Bolivia.
La defensa argumentó que Marset “evitó cuidadosamente” realizar sus operaciones de tráfico de drogas que involucren directamente a los Estados Unidos y el Gobierno.
Argumentos de la defensa
Por otra parte, también el abogado Feitel prestó su cuestionamiento sobre las conexiones de Marset con las organizaciones declarada como grupos terroristas por el Gobierno estadounidense, como el Clan del Golfo de Colombia y el Primer Comando de Capital (PCC) de Brasil, ya que estas declaraciones se dieron después de los hechos investigados.
En cuanto al movimiento bancario, el cual se incluye en la acusación de lavado de dinero, la defensa señala que “una transferencia bancaria utilizada como base de la acusación sea suficiente para establecer jurisdicción estadounidense”, esto de acuerdo a las publicaciones de medios internacionales. Como respaldo de este argumento, se presentó como testigo a un exfuncionario del Departamento del Tesoro especializado en inteligencia financiera.
Dejanos tu comentario
Alex Saab, aliado de Maduro, admite culpa por lavado de dinero en EE. UU.
El exministro de Industria venezolano y aliado del expresidente Nicolás Maduro, Alex Saab, se declaró el martes culpable de lavado de dinero tras un acuerdo con la Fiscalía estadounidense, informó un tribunal de Miami. Extraditado en mayo de este año, Saab se había declarado inicialmente “no culpable” ante el juez el pasado 24 de julio, pero ahora modificó a “culpable” a cambio de cooperar para reducir su condena, según un auto judicial.
“El acusado acepta declararse culpable del único cargo de la acusación, que imputa al acusado el delito de Conspiración para Blanquear Instrumentos Monetarios”, explica el auto de la corte del Distrito Sur de Florida. El acuerdo establece un monto de confiscación de 195 millones de dólares, valor que la Fiscalía vincula a una presunta trama de corrupción y desvío de dinero durante años del programa de ayuda alimentaria CLAP en Venezuela.
Saab podría ser condenado a unos 20 años de cárcel por ese cargo de lavado de dinero, pero tanto el monto de confiscación como la condena firme dependen del grado de colaboración con las autoridades. Su caso está estrechamente ligado al del expresidente Maduro y su esposa Cilia Flores, que se litiga ante una corte en Nueva York, tras su captura en Caracas el 3 de enero por fuerzas armadas estadounidenses.
Supuesto testaferro
Nacido en Colombia, este exempresario fue una figura muy activa de la política venezolana durante los últimos años de la presidencia de Hugo Chávez (1999-2013). Fue supuestamente gracias a sus actividades de testaferro de Maduro y lavador de dinero que recibió la ciudadanía venezolana y un pasaporte diplomático.
“El acusado acuerda que cooperará plenamente con esta Oficina”, explica el documento firmado por Saab y los fiscales encargados de su caso. “Además, el acusado acepta que no protegerá a ninguna persona o entidad mediante información falsa u omisión, y que no implicará falsamente a ninguna persona o entidad”, añadió el texto.
Tras ser objeto por primera vez de sanciones estadounidenses en 2019, Saab fue arrestado en Cabo Verde en 2020 y extraditado a Estados Unidos al año siguiente.
Fue liberado luego en 2023 por el gobierno de Joe Biden como parte de un canje de prisioneros negociado con Venezuela.
Maduro nombró a Saab ministro de Industria tras su regreso a Caracas, en 2024.
Poco después de que fuerzas estadounidenses capturaran en enero pasado a Maduro en Caracas, la presidenta interina Delcy Rodríguez destituyó a Saab de todos sus cargos, y fue extraditado el 16 de mayo.
Tras el terremoto político que supuso la salida del país de Maduro y el nombramiento de Rodríguez, Washington y Caracas han emprendido una singular colaboración económica y política que ha generado sorpresa dentro y fuera de Venezuela.
Delcy Rodríguez, que era también una estrecha colaboradora de Maduro, salió el 1 de abril de la lista de responsables políticos extranjeros sancionados por el gobierno estadounidense, y ha sido elogiada repetidamente por el presidente Donald Trump.
Venezuela ha accedido a cambiar profundamente el marco legislativo de la explotación de hidrocarburos para abrir el mercado a las multinacionales extranjeras.
Esa apertura culminó en un acuerdo por el que Washington controlará parte de la producción de crudo, a través de una empresa concesionaria, North American Blue Partners.
Fuente: AFP.
Dejanos tu comentario
Cabeza Branca: imputan a juez por ordenar subasta de inmuebles con medidas cautelares vigentes
Los fiscales Verónica Valdez y Christian Benítez imputaron al juez de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de Capitán Bado, Cristhian Ariel Sánchez Zaracho, por el supuesto hecho de lavado de activos en la modalidad de frustración de comiso.
De acuerdo con el acta de imputación, el magistrado habría ordenado la subasta pública de dos inmuebles que contaban con medidas cautelares vigentes y expectativa de comiso, en el marco de la causa vinculada al narcotraficante brasileño Luiz Carlos Da Rocha, alias “Cabeza Branca”.
Los fiscales solicitaron al Juzgado Penal de Garantías que comunique el pedido de desafuero del juez imputado a fin de que pueda ser sometido al proceso penal. Además, requirieron un plazo de seis meses para presentar el requerimiento conclusivo de la investigación.
Te puede interesar: Detienen a una joven de 18 años por presunto proxenetismo en la Chacarita
Según el escrito fiscal, en agosto de 2023 la Senabico informó al juez que los inmuebles tenían medidas cautelares vigentes dictadas en el marco de dicha causa. Pese a ello, el magistrado habría dispuesto la subasta de ambas propiedades. Posteriormente, informes de la Dirección General de los Registros Públicos emitidos en octubre y noviembre de 2023 —a pedido del propio juez— confirmaron la vigencia de una prohibición de innovar dictada por la jueza penal de Garantías, Lici Sánchez.
A pesar de estos informes, la subasta se realizó el 8 de noviembre de 2023 y los inmuebles fueron adjudicados a la firma Grupo Paraná S.A. El 28 de noviembre, el juez habría aprobado la subasta y ordenado la inscripción preventiva de los bienes a favor de la empresa adjudicada. Finalmente, la Dirección General de los Registros Públicos emitió una nota negativa y rechazó la inscripción debido a que se encontraban vigentes las medidas cautelares dictadas en el proceso penal relacionado con el caso “Cabeza Branca”.