Este viernes, desde el Ministerio Público decidieron imputar a familiares de Ramón González Daher por lavado dinero proveniente de la usura, entre ellos, su esposa, hijo y nuera. Los fiscales que llevan el caso solicitaron el embargo preventivo por valor de más de G. 1 billón y casi de USD 298 millones, así como todo el dinero o títulos de crédito que poseen en entidades financieras.
Los fiscales Alma Zayas y Néstor Coronel de la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción imputaron a Delcia Karjallo (esposa), Fernando González Karjallo (hijo) y Carolina González Aguilera (nuera) por presunto lavado de dinero proveniente de la usura. Al mismo tiempo, pidieron medidas sustitutivas a la prisión de las mujeres. En tanto que, para Fernando González Karjallo, solicitaron que siga guardando reclusión.
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Antecedentes
El 16 de junio pasado, el juez penal de garantías, Gustavo Amarilla, admitió la imputación y procesó penal por el delito de hurto agravado a Ramón González Daher, por el caso de los 471 cheques que fueron hurtados de un juzgado. De esta forma el Ministerio Público realizó una ampliación del acta de imputación que ya se tenía anteriormente en el caso de Ramón González Daher.
Es de destacar que Ramón González Daher cuenta con una condena firme de 15 años de cárcel como también su hijo Fernando González Karjallo con 5 años de prisión. Asimismo se dispuso en su momento el comiso de 47 millones de dólares. Padre e hijo siguen cumpliendo sus condenas en la cárcel de Tacumbú.
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Ueno Bank: imputan al superintendente de Bancos por lesión de confianza y piden su prisión preventiva
Los fiscales Christian Benítez Cáceres, Silvia González Vester, Elena Fiore Franco, Ruth Benítez, Laura Giacummo y Verónica Valdez Rivas formularon imputación contra el superintendente de Bancos del Banco Central del Paraguay (BCP), Holger Insfrán, por el supuesto hecho punible de lesión de confianza, en calidad de autor. Esto se da en el marco de la causa penal que investiga presuntas irregularidades relacionadas con las operaciones de Ueno Bank S.A. y el ejercicio de las funciones de supervisión del sistema financiero.
Asimismo, los fiscales pidieron al Juzgado de Garantías la prisión preventiva del imputado. Ante este pedido, el juez Humberto Otazú ya admitió la imputación y fijó para este viernes, a las 08:45, la audiencia de imposición de medidas cautelares, donde se definirá si Insfrán va a prisión o recibe medidas alternativas.
En la presente causa penal también están imputados el expresidente de la República Santiago Peña, así como el extitular del Banco Central del Paraguay (BCP), Carlos Carvallo. En el caso del exjefe de Estado, el mismo se encuentra privado de libertad en el Regimiento Escolta Presidencial, mientras que Carvallo está recluido en la Agrupación Especializada de la Policía Nacional.
Según el acta de imputación, el superintendente habría tomado conocimiento formal, el 29 de abril de 2026, de excesos en los límites de crédito otorgados a empresas vinculadas a Ueno Bank, entre ellas Mowi S.A., Grupo Hendy S.A. y Grupo M S.A. Las obligaciones conjuntas de estas firmas habrían alcanzado aproximadamente G. 743.784 millones, equivalentes al 31,9 % del patrimonio efectivo de la entidad bancaria, por encima del límite regulatorio del 20 %.
La representación fiscal sostiene que, pese a las advertencias técnicas y al tiempo transcurrido desde la detección de las presuntas irregularidades, el imputado no habría exigido la presentación del plan de regularización previsto en la legislación bancaria.
Asimismo, la investigación señala que el 16 de junio de 2026 se habría considerado regularizada la situación de Ueno Bank tras una operación de venta de cartera crediticia a Vinanzas S.A. por aproximadamente USD 74,4 millones. Sin embargo, de acuerdo con la hipótesis fiscal, dicha operación habría sido financiada indirectamente con recursos del propio banco, mediante préstamos y operaciones con sociedades relacionadas.
Otro de los hechos atribuidos se refiere al tratamiento de un informe técnico remitido el 10 de julio de 2026 por un exgerente de Supervisión, que advertía sobre posibles irregularidades en la operación de transferencia de cartera. Según el acta de imputación, el documento habría sido comunicado al entonces presidente del BCP recién el 24 de julio, sin haber sido elevado formalmente al Directorio de la institución. La Fiscalía también atribuye al imputado la presunta falta de impulso de medidas correctivas y el no haber comunicado oportunamente al Directorio del BCP la necesidad de adoptar disposiciones ante las observaciones detectadas, mientras la entidad bancaria continuaba desarrollando operaciones financieras.
Como parte de las diligencias investigativas, los agentes fiscales Christian Benítez Cáceres y Elena Fiore Franco encabezaron un allanamiento en la vivienda del superintendente, donde se ejecutó una orden de detención previamente dispuesta por el Ministerio Público. Durante el procedimiento fueron incautados documentos relacionados con sus funciones, computadoras, un teléfono celular y otros dispositivos electrónicos.
Asimismo, se inspeccionaron dos vehículos. En uno de ellos fueron halladas maletas vacías, mientras que en el otro se localizaron documentos y una computadora de trabajo, que también fueron incautados. Los elementos recolectados serán sometidos a los análisis y pericias correspondientes para determinar su eventual relevancia para la investigación.
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Caso ueno bank: Fiscalía pidió a Seprelad informes financieros y societarios de 27 imputados y 20 empresas
En el marco de la investigación relacionada con presuntas irregularidades financieras en ueno bank S.A., la agente fiscal Yeimy Adle, integrante del equipo de trabajo conformado para la causa, solicitó a la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), información financiera y societaria correspondiente a 27 personas físicas imputadas y 20 personas jurídicas.
La solicitud fue hecha este jueves, mediante una nota fiscal dirigida a la ministra secretaria ejecutiva de la Seprelad, Liliana Alcaraz, en el marco de la causa n.º 89/2026, por presuntos hechos punibles de lesión de confianza y otros.
El pedido comprende información relacionada con personas vinculadas a la administración de la entidad bancaria y a distintas sociedades mencionadas en la investigación, entre ellas: Mowi S.A., Grupo Hendy S.A., Grupo M S.A., Tuiu S.A., Franede S.A., Aime S.A. Corredores de Seguros, Vinanzas S.A., ITTI S.A.E.C.A. y otras empresas.
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La diligencia forma parte de las actuaciones impulsadas por el equipo fiscal integrado por Jorge Arce, Silvio Corbetta, Yeimy Adle y Francisco Cabrera, designado mediante la Resolución FGE n.º 4393, del 3 de noviembre de 2026. En el documento, la representación fiscal requirió que los informes sean remitidos en formato digital dentro del plazo de cinco días hábiles, contados a partir de la recepción de la nota.
El pedido de información se realiza en el marco de las diligencias investigativas destinadas a reunir antecedentes financieros y societarios relacionados con los hechos objeto de la causa.
En el presente caso están imputadas 27 personas, entre ellas los principales directivos de la firma ueno bank, Miguel Vázquez, Juan Manuel Gustale, Julio Daniel Rey Fernández, Mariana Torres Rubiani, Alejandro Gómez Abente, Diego Fernando Duarte Schussmuller, Diana Leticia Mongelos González y Miguel Ángel Almada.
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Fiscalía urge a la Corte destrabar causa penal por lavado de dinero contra Miguel Ángel Zaldívar
El Ministerio Público presentó su segundo urgimiento ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para destrabar la causa penal caratulada como “Miguel Zaldívar y otros s/ lavado de dinero” (N.º 6/2021). El fiscal Jorge Arce fue quien solicitó a los ministros de la máxima instancia judicial, Manuel Ramírez Candia, César Diesel y Víctor Ríos, que destraben el mencionado proceso.
El expediente judicial se encuentra en poder del ministro Víctor Ríos desde el mes de agosto, y solo falta la firma del duplicado en limpio de dicho alto magistrado para que el proceso penal se destrabe y pueda avanzar.
La Fiscalía argumenta que es urgente resolver el caso para brindar certeza procesal, evitar dilaciones indebidas y cumplir con los principios de celeridad, economía procesal y plazo razonable. Los integrantes de la Sala Penal deben resolver la recusación presentada por el acusado Celio Tunholi, quien recusó a los camaristas Silvana Raquel Luraghi Sarubbi, Mario Camilo Torres y Paublino Escobar Garay.
Del mismo modo, en septiembre pasado, el abogado Claudio Lovera, en representación de la Conmebol como querellante adhesiva, ya había presentado un urgimiento exigiendo destrabar el proceso. La recusación contra los camaristas fue planteada el 10 de abril de 2026; es decir, hace ya más de seis meses.
La Conmebol apunta a recuperar al menos USD 15 millones que el empresario y dirigente deportivo Nicolás Leoz (fallecido en agosto de 2019) desvió del ente rector del fútbol sudamericano hacia el Banco Atlas, institución financiera de la familia Zuccolillo.
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Gobierno de Bolivia investiga por narcotráfico y lavado al fiscal general tras su captura
Las autoridades de Bolivia investigan al fiscal general Roger Mariaca por lavado de dinero y narcotráfico, anunció este jueves el gobierno tras su detención dos días después de que Estados Unidos cancelara su visa por supuestos vínculos con organizaciones criminales. Mariaca fue arrestado por policías la noche del miércoles en la ciudad de Santa Cruz (este). También fue detenido Alberto Zeballos, fiscal de esa jurisdicción, otro funcionario boliviano sancionado por Washington.
“Se ha desmontado una organización criminal enquistada en la justicia”, dijo Marco Antonio Oviedo, ministro de Gobierno (Interior). La Fiscalía General boliviana, “encabezada por Roger Mariaca, se volvió la organización criminal destinada a proteger incentivar y proteger el narcoterrorismo”, agregó. Según las autoridades, se le atribuyen los delitos de organización criminal, lavado de activos y narcotráfico.
Estados Unidos canceló el lunes las visas del fiscal general boliviano, jueces, altos funcionarios y empresarios de ese país, así como de Colombia, Ecuador y Perú, a los que acusa de corrupción, vínculos con el narco o de conspirar contra sus respectivos gobiernos. El gobierno del presidente boliviano Rodrigo Paz busca estrechar lazos con Estados Unidos. En marzo se sumó al Escudo de las Américas, la alianza de gobiernos de derecha para combatir el crimen organizado transnacional liderada por la administración de Donald Trump.
Dinero en una ambulancia
El ministro Oviedo denunció que durante la madrugada cuatro personas intentaron retirar dinero en efectivo de la casa de Mariaca a bordo de una ambulancia, aunque no reveló la cantidad. Los policías retiraron fajos escondidos entre los compartimientos del vehículo médico, según un video difundido por el ministerio.
En total fueron detenidos cuatro fiscales, seis empleados del Ministerio Público y las cuatro personas encontradas en la ambulancia. Los fiscales están detenidos en la policía y serán remitidos a la justicia ordinaria local, dijo Oviedo.
La Fiscalía General señaló en un comunicado que ante la “ausencia definitiva” de Mariaca, asumió el cargo de forma interina Luis Montaño Morales, “el fiscal superior con mayor antigüedad” dentro de la institución.
Mariaca fue designado fiscal por el Congreso en octubre de 2024 y es este poder del Estado el que debe votar por una nueva autoridad. Romel Ipamo, abogado de Mariaca, declaró a medios locales que “se va a colaborar con todo”. “Lo único que se pide, (es) que se resguarde el debido proceso”, afirmó.
Cooperación estadounidense
Según dijo el gobierno estadounidense esta semana, Mariaca recibió “sobornos para facilitar el narcotráfico y ayudar a delincuentes violentos a evadir la justicia”.
El fiscal general negó el lunes las acusaciones y aseguró en una declaración a la prensa que la decisión de retirarle la visa es un acto de “injerencia” y “presión política” a raíz de sus investigaciones.
El ministro Oviedo dijo el jueves que el operativo para su captura fue realizado por la policía boliviana, pero con la “cooperación del gobierno americano por intermedio de sus agencias” que colaboran “en la lucha contra el terrorismo”.
Durante la gestión de Mariaca, la policía de Bolivia capturó en marzo al narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, que posteriormente fue expulsado con apoyo de la DEA a Estados Unidos.
Medios locales difundieron el miércoles un video en el que se ve a Marset el día de su arresto, junto a policías de élite en su domicilio, asegurando supuestamente: “Mariaca es mi amigo”. La AFP no ha podido verificar la autenticidad de este video.
Allanamientos en Fiscalía
La policía allanó también el miércoles las oficinas de la sede central de la Fiscalía en Sucre, en el sur del país, según se vio en una transmisión en vivo en las redes sociales de la fuerza.
“Denunciamos ante toda la población boliviana esta intervención que se está haciendo de manera ilegal”, dijo Claudia Pardo, jefa de comunicaciones de la Fiscalía, mientras ella y varios de sus colegas estaban rodeados de policías encapuchados, según muestra el video.
“Estoy arrestada”, dijo más tarde a la AFP Pardo, aún con su celular, desde una dependencia policial en Sucre. “Pretendíamos brindar una conferencia de prensa (...), pero entraron los policías de manera informal sin orden de allanamiento, nos aprehendieron a todos”, afirmó. La policía también realizó operativos en las fiscalías de Santa Cruz y La Paz, según imágenes de medios locales.
Fuente: AFP.