La exguerrillera Nidia Arcila firmó la paz sin imaginar que diez años después las montañas donde combatió estarían bajo el fuego de nuevos rebeldes y narcos. La pregunta sobre cómo enfrentar el conflicto armado divide a Colombia antes de las elecciones presidenciales. Entre verdes montañas, los pobladores del municipio de Algeciras en el departamento del Huila (suroeste) sufren la violencia de tres disidencias de las FARC que se apartaron del histórico acuerdo de paz de 2016 y hoy están enfrentadas entre sí por las rentas del narcotráfico.

La AFP visitó este poblado en plena campaña para las elecciones del 31 de mayo, donde los defensores de derechos humanos y excombatientes son constantemente hostigados. “La paz no nos puede seguir costando la vida”, escribe en una cartelera Arcila, de 41 años, durante un evento en el estadio del pueblo.

Desde la firma del pacto, 492 exguerrilleros han sido asesinados, según el jefe de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, Miroslav Jenča. Entre ellos la pareja de Arcila, Ronald Rojas. Ambos se conocieron a inicios de los 2000 en las filas de las FARC. “Él dice que tomó agua del (río) Putumayo y por eso fue que se enamoró de una india”, recuerda sonriente la excombatiente amazónica reclutada desde niña.

Cuatro años después de adherirse al tratado, como lo hicieron otros 13.000 exguerrilleros, la pareja escuchó disparos mientras conversaba en su casa en una zona rural del Huila. Tres proyectiles impactaron en el pecho de Rojas, que murió poco después en una clínica.

La justicia no ha dado con los responsables, pero esta madre de dos hijos sospecha que pudo deberse a que Rojas “estuvo muy comprometido con la implementación del acuerdo”. “Me siento como más débil. Me siento sola”, relata a la AFP desde Neiva, capital del departamento. Allí administra una tienda, decorada por coloridos murales, donde vende café y otros productos elaborados por excombatientes y víctimas del conflicto.

Colombia vive la peor ola de violencia en la última década y esa es una de las principales preocupaciones en la campaña electoral. La pregunta sobre cómo enfrentar a los grupos armados divide al país en dos visiones irreconciliables. El líder de las encuestas, el senador izquierdista Iván Cepeda, apuesta por continuar la estrategia de negociaciones de paz con las organizaciones ilegales, en línea con el presidente Gustavo Petro.

De segundo en los sondeos figura el abogado derechista Abelardo de la Espriella, quien propone una guerra frontal. La violencia contra quienes creyeron en la paz fractura aún más la discusión. En Algeciras 12 personas entre excombatientes y familiares directos han sido asesinados. En el último ataque armado, en enero, un antiguo guerrillero quedó gravemente herido y su esposa murió.

Funcionarios, la iglesia católica y la Misión de Verificación de la ONU, que examina las garantías de seguridad del tratado, llegaron al poblado de 22.000 habitantes para escuchar el clamor de las víctimas. La violencia es “el principal obstáculo para consolidar el proceso de reincorporación” de quienes firmaron la paz, dice Jenča.

Johnesmith Rincón, excombatiente de 39 años que hoy dirige una fundación juvenil en el municipio, se moviliza acompañado por un escolta estatal tras recibir amenazas, según él, relacionadas con actividades vinculadas al acuerdo. “El camino es la reconciliación”, dice, y guarda la esperanza de que algún día “Algeciras pueda vivir en paz”.

Colombia ha visto un “crecimiento de la presencia de grupos armados”, motivado por el “fracaso de la paz total”, dice Alejandro Chala, investigador del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz. A menos de tres meses de dejar el poder, Petro no logra desactivar el conflicto con ninguna de las organizaciones con las que intentó negociar.

De su lado la derecha aboga por una “ofensiva total del Estado”, dice Chala, y apela a la nostalgia del gobierno de Álvaro Uribe (2002-2010), que acorraló a las guerrillas, pero también acumuló miles de denuncias por crímenes de las fuerzas de seguridad en alianza con paramilitares. Mientras tanto los grupos criminales buscan reclutar a los excombatientes por su experiencia, “los presionan a ingresar o morir”, dice Chala.

“Ellos dicen que yo sé manejar los números (...) y que necesitan trabajar conmigo”, asegura un antiguo miliciano logístico en las FARC que pide anonimato por las amenazas que recibe ante su negativa de retomar las armas. En el poblado donde vive, nadie conoce su pasado. “Mis mejores años se los dediqué a la guerrilla y no quiero volver a ponerme esas botas”.

Fuente: AFP.

El principal sospechoso del feminicidio de María Fernanda Benítez, ocurrido en la ciudad de Coronel Oviedo, podría recuperar su libertad antes de que se inicie el juicio oral y público en su contra. El Tribunal de Sentencia a cargo del proceso penal aún no fijó una fecha para el inicio de la audiencia.

El acusado es B.S., quien actualmente tiene 18 años de edad. El próximo mes de julio cumplirá seis meses en prisión preventiva, por lo que podría ser excarcelado. El fiscal Fermín Segovia explicó al canal C9N que, en el caso de los adolescentes, se establece una revisión de la prisión preventiva a los seis meses para cualquier tipo de hecho punible. “La defensa podría solicitar medidas menos gravosas”, indicó.

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Ante este escenario, el joven podría abandonar la cárcel antes del arranque del juicio, el cual se postergó para inicios del mes de junio, según la información que maneja el Ministerio Público. Segovia recordó que la Fiscalía formuló la acusación contra el adolescente el pasado mes de noviembre. Desde ese momento se aguarda el debate público, trámite que sigue pendiente.

Independientemente de la gravedad del crimen, B.S. no podrá ser condenado a más de ocho años de prisión. El agente fiscal reiteró que el procesado será juzgado bajo la responsabilidad penal de la adolescencia, debido a que era menor al momento del hecho.

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La campaña para las elecciones presidenciales del 31 de mayo en Colombia cerró ayer domingo con la izquierda amenazada de perder el poder frente a la derecha conservadora en medio de una grave crisis de violencia. El senador izquierdista Iván Cepeda, puntero en las encuestas, realizó un acto multitudinario en Barranquilla (norte), donde prometió ampliar la inversión en asuntos sociales “para poner el Estado al servicio” de los “excluidos”.

Por primera vez en el gobierno, la izquierda propone profundizar los programas de asistencia estatal impulsados por el presidente Gustavo Petro, quien está impedido por ley de buscar la reelección. Miles se congregaron en la ciudad caribeña para aplaudir a Cepeda, un filósofo y defensor de derechos humanos de 63 años.

Las encuestas prevén un balotaje el 21 de junio entre Cepeda y Abelardo de la Espriella, un abogado millonario de derecha cuya principal bandera es la mano dura contra los grupos armados ilegales. En una plaza de toros llena en Medellín (noroeste), el opositor enarboló las banderas contra el crimen financiado por el narcotráfico.

Colombia atraviesa por el peor pico de inseguridad en una década al término del gobierno de Petro, que intentó negociar la paz con organizaciones guerrilleras, paramilitares y narcos que se fortalecieron tras el pacto de paz que desarmó a las FARC, entonces la mayor guerrilla del continente.

La campaña estuvo marcada por la muerte en agosto pasado tras un atentado a bala del senador de derecha Miguel Uribe, que aspiraba a ser candidato presidencial. “A la gente como ustedes, protección, y a los bandidos, muerte o cárcel”, clamó de la Espriella, de 47 años, dentro de una urna de cristal antibalas desde la que da sus discursos.

“Vamos a derrotar el comunismo”, “vamos a hacer grande a esta nación”, aseguró el candidato, un profeso admirador de Donald Trump y del mandatario salvadoreño Nayib Bukele. La senadora opositora Paloma Valencia, que aparece en un tercer escalón en las encuestas, realizó su acto en un coliseo de Bogotá.

Cercana al influyente expresidente Álvaro Uribe (2002-2010), la dirigente de 50 años planteó dos caminos para Colombia: “Entregarnos a los violentos con la continuidad de la paz total”, la política de Petro de negociar con las organizaciones armadas, o “la autoridad y el orden”. “¡Sí se puede!”, gritaban los seguidores de la que podría ser la primera presidenta de la historia del país.

Fuente: AFP.

Directores de instituciones educativas públicas promueven campaña preventiva contra las drogas, a través de un programa que contempla charlas con los padres de familia y estudiantes sobre violencia juvenil, consumo de estupefacientes y sus consecuencias sociales y legales.

“El objetivo es fortalecer el vínculo familiar y generar un mayor acompañamiento a los jóvenes en cuanto a esta etapa de curiosidad y experimentación”, puntualizó el profesor Miguel Marecos, presidente del Sindicato Nacional de Directores (Sinadi), en diálogo con la 680. Asimismo, mencionó la importancia del deporte y las actividades formativas como herramientas de prevención.

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“Mantener ocupados a los jóvenes con prácticas deportivas, formación profesional y actividades de contención ayuda a alejarlos de las adicciones y otros factores de riesgo”, sentenció.

Por su parte, el ministro de Educación, Luis Ramírez, destacó la importancia del trabajo conjunto con el Sindicato Nacional de Directores en el marco del Plan Sumar, enfocado en la prevención.

“Los directores son claves para el éxito de estas acciones, ya que muchas veces el entorno escolar se convierte en el principal lugar de apoyo para estudiantes que atraviesan situaciones difíciles”, apuntó el titular del MEC.

El Plan Sumar es una estrategia impulsada por el Gobierno para abordar el consumo problemático de sustancias, centrándose no solo en la desintoxicación sino también en la reinserción social y el aumento de la autoestima de los jóvenes, fundamentales para prevenir la reincidencia

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