El Ministerio de Justicia, en conjunto con el Departamento Antisecuestro de la Policía Nacional, presentó este jueves los resultados de la investigación. Foto: Cristóbal Núñez
Operativo Cascabel: reos utilizaban figura de influencer para sextorsión
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Un nuevo modus operandi de extorsión en la Penitenciaría Nacional de Tacumbú, donde operaba un “call center”, fue expuesto este jueves a través de una conferencia de prensa a cargo del ministro de Justicia, Daniel Benítez, y autoridades del Departamento Antisecuestro de la Policía Nacional, para informar sobre los resultados del Operativo Cascabel.
Según explicaron las autoridades, el método de captación de víctimas consistía en contactarse con hombres a través de redes sociales, como Facebook e Instagram, y posteriormente por WhatsApp, a través de perfiles falsos en donde entablaban conversaciones e interactuaban por medio de contenidos de carácter sexual bastante comprometedores.
Esta información luego era utilizada por los reos para contactarse con las víctimas desde otro número, haciéndose pasar esta vez como una persona a quien se le vendió dichos contenidos eróticos para ser publicados en redes sociales, haciéndose pasar por un conocido influencer. En el contacto aclaraban que esperarían la respuesta de la persona involucrada para llegar a un acuerdo y no filtrar las imágenes, ya que esto terminaría involucrando a la Policía Nacional y al Ministerio Público por tratarse de un supuesto abuso sexual en menores.
Los identificados como parte de este esquema son Ricardo Javier Almada Estigarribia, de 22 años de edad, quien sería el cabecilla: Hernán Daniel Espínola Benítez, de 22 años, y Marcos Ariel Candia López, de 20 años. Los tres involucrados cuentan con condenas por robo agravado.
En este caso se investigaron cinco denuncias, la primera data de noviembre de 2022, las dos siguientes del mes de abril y dos más del mes de mayo de este año. Los montos enviados por las víctimas en los diferentes casos variaban desde 500.000 guaraníes hasta 11.500.000 guaraníes.
El interno cayó de una altura aproximada de 7 metros, resultando con heridas en el cuerpo, por lo que fue trasladado a un centro asistencial para recibir atención médica. Foto: Ilustrativa/Archivo
Recluso resultó herido tras caer del techo al intentar escapar de la cárcel de Pedro Juan
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Un interno de la Penitenciaría Regional de Pedro Juan Caballero quiso escapar en la madrugada de este martes, pero en el intento cayó del techo tras disparos intimidatorios realizados por el personal de guardia que se percató de la situación.
La persona privada de libertad fue identificada como Hugo Alejandro Galeano, de 48 años. El hombre cayó de una altura aproximada de 7 metros, resultando con heridas en el cuerpo, por lo que fue trasladado a un centro asistencial para recibir atención médica.
Así lo informó el subcomisario Jorge Insfrán, subjefe de la Comisaría 3ª de la capital del departamento de Amambay, en reporte de la 1020 AM. El hombre “fue sorprendido por el guardia de seguridad, quien realizó disparos, según tengo entendido, y cayó de la altura más o menos de 7 metros de la zona de pabellón A”, mencionó.
Según el reporte policial, el interno cuenta con antecedentes por hecho punible contra la propiedad (1999), lesión grave (2008), compurgamiento por hurto agravado (2026) y prisión preventiva por hurto agravado (2026). Galeano se encuentra desde hace unos meses guarda prisión en el penal de Pedro Juan Caballero.
“Ahora estamos empezando las averiguaciones”, dijo el subcomisario al añadir que recabarán más información para esclarecer las circunstancias en las que se dio el hecho.
El interno sufrió golpes en la cabeza y una aparente fractura de brazo tras sufrir una caída desde la altura registrada al intentar escapar de la cárcel. Medios de comunicación de la zona reportaron que tras el incidente, el personal de guardia realiza el conteo general y control total de la población de reclusos ante la posibilidad de otros involucrados.
Nuestro país y Brasil agilizan traslado de personas condenadas
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La cooperación judicial entre Paraguay y Brasil dio un nuevo paso con el objetivo de reducir los tiempos que demandan los procedimientos para el traslado de personas condenadas entre ambos países. Representantes de la Corte Suprema de Justicia y del Ministerio de Justicia analizaron medidas para optimizar la tramitación de estos casos, priorizando la actualización de los acuerdos bilaterales y la incorporación de herramientas tecnológicas que permitan una gestión más eficiente, informaron este jueves desde el Poder Judicial.
Funcionarios de la Dirección de Cooperación y Asistencia Judicial Internacional de la Corte Suprema de Justicia se reunieron con representantes del Ministerio de Justicia. Durante el encuentro se revisaron los procedimientos vigentes para fortalecer la coordinación institucional y garantizar una aplicación más ágil de los compromisos asumidos por el Estado paraguayo en materia de cooperación judicial internacional.
Representantes de la Corte Suprema de Justicia y del Ministerio de Justicia analizaron medidas para optimizar la tramitación de estos casos. Foto: Gentileza
Cumplir las resoluciones
Las autoridades recordaron que el Ministerio de Justicia cumple el rol de autoridad central en los procesos de traslado de personas condenadas, mientras que la Corte Suprema de Justicia, a través de los juzgados de ejecución, tiene la responsabilidad de hacer efectivas las resoluciones y asegurar el cumplimiento de los instrumentos internacionales suscritos por el país.
La directora de Cooperación y Asistencia Judicial Internacional, Mónica Paredes, explicó que uno de los principales desafíos detectados es el tiempo que demanda la traducción oficial de la documentación al portugués, requisito indispensable para la tramitación de los expedientes con Brasil. Ese proceso ha sido identificado como uno de los factores que más inciden en la demora de los traslados.
Como parte de las soluciones planteadas, ambas instituciones acordaron avanzar en la utilización del Expediente Judicial Electrónico para el intercambio de documentos y actuaciones. La implementación de esta plataforma permitirá agilizar la circulación de la información entre los organismos involucrados, reducir los tiempos administrativos y fortalecer la respuesta del sistema judicial en los procedimientos de cooperación internacional.
Condenan a concejal de Villa Elisa por exigir USD 15.000 para frenar denuncia
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Jeremías Sansón Villalba Alves, concejal municipal de Villa Elisa y candidato a la intendencia por el Partido Yo Creo, fue sentenciado a un año y seis meses de pena privativa de libertad por intentar extorsionar a un ciudadano paraguayo naturalizado.
El Tribunal de Sentencia estuvo integrado por los magistrados Natalia Cacavelos, Fabián Escobar y Juan Fretes. Según el fallo, el hoy condenado exigió USD 15.000 a la víctima a cambio de evitar que prosperara una denuncia por un supuesto caso de violencia contra la mujer.
La decisión se dio a conocer luego del juicio oral y público desarrollado en el Palacio de Justicia. El representante del Ministerio Público logró probar la responsabilidad del acusado mediante los distintos medios probatorios expuestos durante el debate. Conforme a los antecedentes de la causa, los hechos ocurrieron el 17 de marzo de 2023 en la ciudad de Asunción.
Ahora, la defensa tendrá la posibilidad de apelar el fallo judicial si lo considera pertinente. Si se presenta este escenario, un tribunal de apelación deberá definir si corresponde confirmar la sentencia condenatoria de primera instancia.
Fiscalía pide 3 años de cárcel y la querella solicita 6 para la exjueza Tania Irún por prevaricato
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Los fiscales Silvia González y Christian Benítez solicitaron una condena de 3 años de cárcel para la exjueza en lo Civil y Comercial Tania Irún, acusada del supuesto hecho punible de prevaricato. Se la señala por entregar 310.000 hectáreas de tierra, ubicadas en la franja de seguridad fronteriza en Alto Paraguay, a presuntas empresas de maletín. Por su parte, la querella adhesiva, representada por el abogado Francisco de Vargas, solicitó una pena de 6 años de prisión.
En los alegatos finales, el Ministerio Público sostuvo que la exmagistrada utilizó su cargo para dictar una resolución arbitraria y contraria a derecho. Esto tuvo el objetivo de beneficiar a una de las partes en perjuicio de la Asociación del Espíritu Santo para la Unificación del Cristianismo Mundial. Los fiscales afirmaron que Irún dictó la sentencia sin contar con los documentos indispensables para resolver el caso.
Asimismo, el fiscal Christian Benítez manifestó que la actuación de la acusada no puede considerarse un simple error de interpretación. Recordó que, en un fallo de 2015, la propia exjueza reconoció que no disponía de toda la información necesaria sobre las empresas beneficiadas. Indicó además que, durante el proceso, fue advertida sobre la aplicación de la Ley de Seguridad Fronteriza y que contaba con informes que acreditaban que las tierras estaban en dicha zona restringida.
El representante del Ministerio Público también cuestionó la decisión de Tania Irún de interrumpir su reposo por maternidad para dictar la sentencia. Sostuvo que, durante el juicio oral, se comprobó que los estatutos de las empresas permitían transferir acciones por simple endoso, situación que vulneraba abiertamente la normativa vigente. Finalmente, afirmó que la resolución judicial favoreció indebidamente a una de las partes y provocó el despojo de 310.000 hectáreas de tierras soberanas.