La Policía Municipal de Tránsito (PMT) divisó un vehículo que circulaba de contramano por la calle Palma durante un recorrido realizado en la madrugada de este sábado por la transitada arteria céntrica de Asunción. El conductor, un suboficial militar, intentó escapar de los inspectores, pero luego fue atrapado, constatándose que estaba alcoholizado, por lo que fue puesto a disposición del Ministerio Público.

Se trata de Francisco Sanabria, personal militar que presta servicios en el Comando de Ingeniería, quien junto a su vehículo fue llevado al corralón municipal, cerca de las 3:00. Allí fue sometido a la prueba de alcoholemia y se lo encontró con 1,79 de alcohol en la sangre.

El director de la PMT, Juan Villalba, relató a La Nación cómo se dio el procedimiento y aclaró que el funcionario militar no opuso resistencia al momento de ser sometido al alcotest. “Nosotros estábamos haciendo un operativo de recorrido de despeje de la calle Palma porque ya era un desastre a esa hora. Palma por naturaleza es una calle -con o sin bicisenda- en la que está prohibido estacionar. Y encontramos muchísimos vehículos estacionados sobre esa calle y entonces procedimos a sancionar”, comentó.

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Se coloraron cepos a los vehículos, otros fueron remolcados hasta el corralón municipal, donde los propietarios recuperaron sus rodados tras abonar las multas pertinentes. En el caso del militar la sanción fue doble, una por la infracción cometida y otra por conducir en estado de ebriedad. “La sanción administrativa que es la que nos corresponde a nosotros como PMT: el dar positivo a la alcoholemia es 20 jornales y el entrar en contramano es de 11 jonales. En total 31 jornales es la multa aplicable, serían 3.100.000 guaraníes, aproximadamente”, detalló.

Las multas aplicadas por la PMT se dan independientemente al proceso penal que el empleado militar tendrá que afrontar, tras ser imputado por la Fiscalía. “Es carcelable porque dio positivo con ese grado de alcohol. Una cosa es el proceso administrativo que corresponde a la PMT y otra es el proceso penal que va a llevar a cabo el fiscal”, remarcó Villalba al mencionar que la ley prevé una expectativa de pena de hasta dos años o multa.

“Generalmente si la persona no tiene antecedentes y es colaborativa en el procedimiento, se suele dar una salida de criterio de oportunidad. Entonces, se hace una reparación al daño social haciendo alguna donación a instituciones de beneficencia o lo que disponga el juez en su caso”, puntualizó.

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