Un funcionario de la Facultad de Arte, Diseño y Arquitectura (Fada) de la Universidad Nacional de Asunción (UNA) presentó una denuncia ante la Fiscalía de San Lorenzo contra el director general de Administración y Finanzas, Luis David Giménez Prieto. Esto por el hecho punible de coacción a raíz de supuestas amenazas sufridas por el trabajador para que desista de la denuncia por malversación de fondos y corrupción en la que se halla involucrado el directivo de la citada casa de estudios.
Richard Sánchez relató que se vio obligado a la presentación del escrito ante el Ministerio Público, luego de que Giménez lo amenazara con dejarle sin trabajo si no desiste de sus acusaciones en su contra. Reveló incluso que un hermano suyo figura en la nómina de funcionarios de la Fada con un salario de G. 8.700.000, sin embargo nunca cobró nada.
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“Yo hice la denuncia porque mi hermano figuraba como empleado de la facultad. Y me fui a reclamarle al director administrativo el por qué le tiene a mi hermano hace ocho meses y nunca le hizo trabajar en la facultad”, señaló Sánchez a la 680 AM.
Irregularidad
El denunciante aseguró que porque le cuestionó al administrador el motivo por el cual le tiene en la nómina a un familiar suyo con sueldo, pero sin darle funciones, Giménez le advirtió que si llegara a comentar esa situación le iba a echar de su trabajo. “Me dijo que yo no soy nadie para revisar siquiera la nómina de funcionarios de la facultad”, indicó.
Afirmó que la irregularidad fue puesta a conocimiento del propio decano de la Fada, hecho que enfureció aún más al administrador. “Cuando yo le comenté que le conté por mensaje al decano, el administrador se fue a mi casa y me dijo quién soy yo para mensajearle al decano y contarle lo que está pasando. Y que no soy nadie para divulgar lo que sucede en la facultad y que me va a echar de la facultad si sigo hablando de lo que está sucediendo ahí”, expresó. El trabajador dijo que teme perder su puesto laboral, a raíz de sus diferencias con el administrador de la Fada.
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Piden celeridad a Contraloría para dictamen sobre obras inconclusas en San Antonio
Los concejales Tomás González, Aldo Maciel y Emilio Espinoza piden celeridad a la Contraloría General de la República para emitir el dictamen sobre la verificación que se realizó al Centro de Salud de San Antonio, en el departamento Central, en el que, según manifestaron los ediles, aún está pendiente de finalización de las obras de adecuación, incumpliendo así con un convenio firmado con el Ministerio de Salud.
Según explicó el concejal González a La Nación/Nación Media, se presentó una denuncia ante la Contraloría el pasado 9 de julio adjuntando documentaciones respecto a las irregularidades cometidas por el intendente liberal, Santiago Aguilera, y como consecuencia, hubo una verificación in situ por parte del equipo del ente contralor, pero hasta la fecha, no hay un informe final sobre el trabajo realizado.
La administración del jefe comunal firmó un convenio en 2022 con el Ministerio de Salud mediante el cual se comprometía a ejecutar obras en el Centro de Salud, de modo que la cartera sanitaria pueda elevarlo a Hospital Materno Infantil y dotarlo del equipamiento y personal necesario.
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Sin embargo, las obras no han culminado y las refacciones realizadas son de mala calidad, según detalló el edil, quien recordó que para esta obra el municipio invirtió más de G. 2.500 millones, no obstante, existen irregularidades cometidas por la gestión de Aguilera que parten desde la adjudicación.
“Instamos a la Contraloría General República a corroborar las irregularidades en esta licitación, pues con una simple revisión in situ se observa la mala calidad y falta de cumplimiento del pliego y base de condiciones de dicha licitación”, expresó el concejal.
Las irregularidades
De acuerdo a la denuncia presentada por los tres concejales, existe un sinfín de irregularidades en esta obra, por ejemplo, el aumento por más de G. 419 millones del costo de la obra posterior a su adjudicación, por lo que se sospecha que esta pudo haber sido una maniobra para direccionar la licitación a la empresa adjudicada fijando previamente una oferta más competitiva.
También se habla de retrasos en la entrega de una parte de la obra, la falta de exigencia a la firma para ejecutar la multa por su incumplimiento. En el documento se menciona que la obra no cumple con las especificaciones técnicas, por lo que el centro de salud habría sido “objeto de un supuesto daño patrimonial o estafa”, advirtieron.
Las obras entregadas a la fecha fueron realizadas por una empresa distinta a la que firmó inicialmente el contrato, sostiene la denuncia, y alegan que la subcontratación no era una herramienta que podía aplicarse a este llamado.
“El Ministerio de Salud y la verificación in situ señalaron casos muy peligrosos con respecto a las faltas de pilares importantes para la seguridad de las obras”, sostiene la denuncia que fue remitida a Contraloría.
“Exigimos al intendente que en la brevedad posible cumpla con el convenio en cuanto a la transferencia del título de propiedad a nombre del Ministerio de Salud y la refacción de los 650 m2 del edificio viejo que falta, que justamente el secretario general de la intendencia había confirmado que aún falta esa parte de modo que posteriormente el ministerio pueda cumplir con su parte de equipar y elevar de categoría”, cerró diciendo el concejal.
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Medidas adoptadas contra las irregularidades refuerzan confianza e imagen del país
La suspensión temporal de una conocida cadena de minimercados que abre las 24 horas debido a irregularidades encontradas ha suscitado reacciones de diversa índole. Muchos consumidores expresaron su complacencia porque la medida se adoptó para proteger a los clientes, en tanto que otros, con intereses políticos, la criticaron porque va contra los intereses de los dueños del diario Abc Color, que son propietarios del comercio. Ese diario, que nació con la bendición del dictador Alfredo Stroessner y fue clausurado por el mismo por fallar a sus intereses, reaccionó en forma airada contra las autoridades acusándolas de persecución e intensificó la campaña política contra el presidente Santiago Peña, lejos de mostrar interés en la protección de los consumidores que están peligrando su salud por las anormalidades sanitarias encontradas en los comercios aludidos.
Luego de detectar la venta de productos alimenticios ya vencidos, en mal estado y que ponen en riesgo la salud en muchos locales comerciales, además de encontrar en varias farmacias medicamentos con alerta sanitaria cuya venta está prohibida, se tomaron drásticas medidas. Las irregularidades se encontraron también en las sucursales del minimercado, donde había mayonesas, quesos, yogures, embutidos, panificados vencidos, carnes envasadas al vacío con etiquetas irregulares y con aspecto de descomposición.
Una de las autoridades de la Secretaría de Defensa del Consumidor (Sedeco) manifestó que lo encontrado representa un riesgo para la salud y la vida de los consumidores. “Por eso retiramos de inmediato los productos y suspendimos temporalmente las actividades de los locales afectados, hasta que regularicen su inventario y eliminen cualquier artículo en mal estado”, explicó Sara Irún, titular de Sedeco.
La alerta sanitaria es un aviso público sobre un riesgo potencial para la salud o un hecho adverso que exige acciones urgentes para proteger a la gente.
La protección de los consumidores adoptando las medidas requeridas son fundamentales, y no admiten discusión de ninguna laya. Es como vacunar a los niños en forma urgente o llevar a cabo medidas de protección en pandemia para que no se expanda una enfermedad determinada y sus efectos nocivos. La Unión Industrial Paraguaya (UIP) salió a apoyar la medida adoptada por los organismos estatales, resaltando que la protección de los derechos del consumidor y el cumplimiento de las normas son esenciales para un mercado formal, transparente y competitivo. Apuntó que los controles y fiscalizaciones contribuyen a garantizar la calidad de los productos y servicios, fortalecer la confianza y promover la competencia. Resaltó que las medidas que se tomen se tienen que hacer con criterios de proporcionalidad, difusión adecuada y enfoque correctivo. Y que se deben evitar impactos irreversibles en las cadenas de valor, el empleo y las inversiones
Por su lado, la Cámara Paraguaya de Supermercados (Capasu) indicó en un comunicado que “aunque los incumplimientos deben ser sancionados con firmeza, las medidas deben ser transparentes y cautelosas para no comprometer la estabilidad comercial ni generar temor a la arbitrariedad, lo que podría desincentivar inversiones”.
Los centros comerciales tienen la obligación de dar cumplimiento a las normas, además de cuidar la salud de su clientela, de acuerdo con las normas existentes. Por ello cualquier reacción contraria a una medida de corrección no condice con la protección adecuada que deben ejercer. El hecho de que el Estado tome medidas correctivas contra los comercios que cometen irregularidades, antes que asustar a posibles inversionistas, es una garantía de la seriedad de las instituciones y de las autoridades del país.
Es un indicio claro de que se procura el cumplimiento de las leyes y señal de que el bien común está por encima de las simpatías políticas o de cualquier índole. Si los sancionados reaccionan negativamente y recurren a los ataques lo único que se puede pensar es que no les importa la suerte de las personas, sino solo sus intereses económicos, lejos de aceptar las normas vigentes y el cuidadoso respeto de su clientela. Con ese tipo de actitudes contrarias al interés de la ciudadanía no inspiran la confianza que requiere cualquier tipo de comercio de parte de los consumidores.
El mencionado diario, que por muchos años fue amigo de la dictadura –solo hay que mirar sus ediciones de los primeros años–, en lugar de protestar porque se le exige proteger a los compradores de sus supermercados, debería ocuparse de amparar los derechos de la gente.
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Guerin: “Lo que reveló la intervención no me sorprende, lo denuncié por años”
El interventor de la Municipalidad de Ciudad del Este, el economista Ramón Ramírez, entregó el informe sobre los hallazgos en la comuna, que terminaron dando la razón a los señalamientos de la Contraloría y además incluyen otros hechos como la existencia de una caja paralela; sobre esto, el concejal Ernesto Guerin dio su parecer.
“Lo que reveló la intervención no me sorprende, yo vengo denunciando desde hace años todos estos puntos y sobre la existencia de un esquema de corrupción. Siempre sostuve que Miguel Prieto era un ladrón que debía ser desenmascarado, él es muy hábil en redes sociales y los medios de prensa para hablar de transparencia, pero él no es transparente”, expresó.
En conversación con La Nación/Nación Media, el edil manifestó que estarán a la espera de lo que resuelva de la Cámara de Diputados, es decir, si deciden destituir o no a Prieto y que aguarda que esto no demore demasiado puesto que la Municipalidad necesita urgentemente la conducción de un intendente y que por sobre todo, lo haga con transparencia.
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“Toda su administración y todo su equipo conforman una gavilla de delincuentes que están en la municipalidad, incluyendo sus concejales que son cómplices de estas irregularidades, era hora de que saliera la verdad. Por eso valoro mucho el trabajo del interventor, porque hizo un trabajo excelente que está sustentado con documentaciones”, añadió.
Los hallazgos del interventor como la existencia de una caja paralela, transferencias irregulares, contrataciones sospechosas, entre otros, terminaron por demostrar que la situación municipal era mucho más grave de lo que había denunciado la Contraloría cuando solicitó la intervención de la comuna.
“No hay que olvidar que él dijo que con su prima se terminaron los hechos de corrupción en la municipalidad, pero el interventor denunció que en ese esquema de corrupción estaba involucrada su prima, o sea, además de cometer un acto de nepotismo, también está involucrada en la caja paralela”, precisó.
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Vuelven a encontrar productos vencidos en sucursales del minimercado suspendido
El director de la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (Dinavisa), Dr. Jorge Illou, confirmó que luego de hacer varias reinspecciones en locales del minimercado suspendido, volvieron a encontrar productos vencidos en las góndolas, además de promociones en 2x1 (de productos vencidos).
“En la reinspección volvimos a encontrar irregularidades en varios locales. Aunque no tenemos un informe definitivo, porque los controles siguen realizándose, todos los documentos que tenemos está evidenciado y rubricado por el responsable técnico del sector”, explicó el director de Dinavisa a la 1020 AM.
Sobre lo último, volvió a reiterar que la suspensión de algunas sucursales de la cadena de minimercados fue porque se constató en una intervención, que contaban con un único proveedor que abastece todos esos productos reetiquetados a todos los locales. Además, el Dr. Illou confirmó que la empresa se expone a un cierre y multa pecuniaria por 1.000 jornales.
Ayer en horas de la tarde, Giuliano Caligaris, directivo de la firma, habló con medios locales y asumió el error que se cometió luego de la sanción que recibió por parte de Dinavisa y la Secretaría de Defensa al Consumidor (Sedeco).
“Asumimos los errores involuntarios que se detectaron, pero el cierre de toda la cadena es una medida totalmente desproporcional. Lo que puede pasar es que un colaborador, al recibir el nuevo precio, pese de nuevo el producto, imprima la nueva etiqueta y la coloque encima de la anterior. Eso es un error humano, un error indeseado, que evitamos a toda costa, pero sí se dieron casos detectados”, manifestó.
Indicó además que la compañía no impulsa ni aprueba esa forma de trabajo, y que se trata de fallas operativas aisladas. El directivo insistió en que la empresa está reforzando sus protocolos internos para prevenir que estos hechos se repitan, al tiempo que colabora con las autoridades para subsanar cualquier irregularidad.
Otras empresas también fueron intervenidas por la Dinavisa, tales como plantas envasadoras de agua para consumo humano, donde se detectaron incumplimientos de buenas prácticas de higiene y desvíos en las especificaciones físico-químicas, y se confirmó tras los análisis microbiológicos realizados, que el producto no era apto para el consumo.