Ciudad del Este. Agencia Regional.

Como parte del monitoreo a las penitenciarías del país, el defensor del Pueblo, Rafael Ávila, visitó el recinto penal de Ciudad del Este durante el fin de semana, para la verificación y hacer un relevamiento de datos sobre la situación carcelaria, como se acostumbra cada tanto, sin avances. Aseguró que pedirá que se agilice la apertura de las nuevas cárceles ya construidas porque las de Tacumbú y Ciudad del Este deben ser clausuradas, como se viene planteando.

Esta es la primera vez que estuvo el Defensor del Pueblo en el Penal Regional del Este después de asumir. Tras completar su inspección, en diálogo con La Nación/Nación Media, el defensor Rafael Ávila dijo que, en la medida en que recorre las penitenciarías encuentra más de lo mismo: condiciones insalubres, falta de atención médica, hacinamiento, floja seguridad, deficiente alimentación, entre otros.

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Mencionó que una vez terminado el recorrido por todos los recintos penales, la Defensoría del Pueblo elevará un informe con las recomendaciones, pero tiene claro que tanto los recintos penales de Tacumbú como el de Ciudad del Este deben ser clausurados “porque ya no dan más y eso se sabe desde hace mucho tiempo”.

Asimismo, dijo que se debe agilizar la habilitación de las nuevas penitenciarías construidas en el país y que hace mucho tiempo se anunció, pero que hasta ahora no fue así. Son tres cárceles las que fueron construidas; una en Minga Guazú, Alto Paraná y dos en Emboscada, Cordillera. En el caso de Ciudad del Este, una comisión vecinal del barrio Boquerón, lugar donde está asentada la penitenciaría, realizó varios reclamos para el traslado del penal a su nueva infraestructura construida en Minga Guazú.

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Penal Regional de Ciudad del Este

En la visita a la cárcel de Ciudad del Este, el Defensor del Pueblo, al verificar la celda de aislamiento decidió recomendar su clausura en carácter de urgencia. Otro aspecto inspeccionado fue la comida y se concluyó que es de pésima calidad, además de no alcanzar a todos los internos los alimentos proveídos por la institución penal, según el informe de la Defensoría del Pueblo.

Floja seguridad con 27 personales de guardia, para un recinto penitenciario con hacinamiento y población muy superior a la recomendada, sistema de monitoreo con apenas 12 cámaras de seguridad, lo que es insuficiente a simple vista. Es otra evaluación del abogado Rafael Ávila. Se remarca que no existe el debido control en lugares críticos dentro del penal, agravado por el hacinamiento.

En lo referente a servicios médicos, la asistencia es mínima tanto en lo que se refiere al trabajo de profesionales como en la provisión de fármacos, teniendo en cuenta que disponen de lo básico solamente, según la Defensoría del Pueblo. Fuera del servicio penitenciario, también son permanentes las quejas de los internos ante la falta de información con respecto a la marcha de sus procesos. En tal sentido, prometieron revisar si tienen defensa pública o de abogados en particular.

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