Una comitiva fiscal policial se constituyó en una vivienda donde habría niños viviendo en condiciones precarias, el último jueves, en la ciudad de Itá, departamento Central, luego de recibir una denuncia por parte de allegados sobre un caso de violación del deber de cuidado de los familiares de los pequeños.
La fiscal Daisy Sánchez encabezó una constitución llevada a cabo en la habitación de la vivienda, donde se encontraban los menores de edad en estado de abandono, sin alimentos ni cuidados básicos. Además, los padres habrían sometido a castigos físicos a los niños y en ese momento ni siquiera se encontraban en la casa.
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El procedimiento fue llevado a cabo en la zona de Arrua’i, en el domicilio de una pareja, con 6 hijos, algunos de ellos adolescentes y otros aún pequeños, donde presuntamente los menores están expuestos al peligro de ser considerablemente perjudicados en su desarrollo físico o síquico; o a llevar una vida en la cual los hechos punibles sean habituales.
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La representante del Ministerio Público realiza varias diligencias a fin de descartar otros hechos punibles, además está trabajando en coordinación permanente con el Ministerio de la Niñez y Adolescencia, en relación a la causa que involucra a dos adultos cuyas identidades se resguardan amparados en el Código de la Niñez.
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Ciberestafas: delincuentes usan promos de gancho y se valen de códigos de seguridad para acceder a cuentas
El comisario Diosnel Alarcón, jefe del Departamento contra el Cibercrimen, compartió hoy una guía para no caer en estafas y explicó en qué consiste la “ingeniería social”.
“Ingeniería social es cuando el delincuente tiene un cúmulo de información acabada de la persona para poder atacar”, detalló este martes en el programa “Arriba hoy” de canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
En ese sentido, mencionó que el estafador sabe tu nombre y apellido, número de teléfono, tiene tu fotografía, conoce lugar de trabajo, quienes son tus compañeros de trabajo, incluso a qué colegio van tus hijos o donde trabaja su señora o tu esposo. “Tiene información privilegiada”, indicó.
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Incluso sabe qué telefonía usás. “Por eso cuando llama, le llama por su nombre y se presenta como funcionario de dicha telefonía y ofrece un gancho apetecible como saldo ilimitado, internet con alta velocidad, no pagar por tres meses, bajar la promoción”, señaló.
El segundo paso consiste en hacer confirmar el código de seguridad. Te dice que para acceder a la promoción vas a recibir un código por mensaje.
“Es para que la persona pueda recibir un código de seguridad que luego utilizan ellos para quedarse con el WthasApp la cuenta bancaria u otro servicio que envía un token al usuario para activarse posteriormente”, precisó el experto.
El código se recibe en el correo electrónico o en el WhatsApp y ese código es lo que el ciberdelincuente necesita para “secuestrar” el WhasApp, añadió.
De manera a no caer en engaños, recordó que están las llamadas gratuitas de las telefonías con las cuales se pueden llamar a confirmar si existe dicha promoción. Pero nadie llama a confirmar la veracidad del ofrecimiento.
“Yo tengo que cortar toda llamada en ese momento, porque nadie garantiza que sea de la telefonía o la entidad o de la empresa que te están llamando”, apuntó el especialista.
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Lambaré: turba de vecinos y familiares de aprehendidos en barrio Pantanal atacó a policías
Agentes de la Comisaría 17.ª Central fueron víctimas de un violento incidente en el barrio San Isidro, conocido como Pantanal, de Lambaré, cuando vecinos y familiares de tres aprehendidos intentaron impedir que la patrullera se llevara a los sospechosos hasta la comisaría.
Fueron atacados por una turba durante un procedimiento realizado alrededor de las 18:00 del domingo por un presunto hurto de una motocicleta en inmediaciones de las calles San Ignacio y Saraví. Un hombre que sufrió el robo de su motocicleta siguió a los supuestos delincuentes hasta la entrada del barrio Pantanal y ahí dio aviso a la policía.
Cuando llegaron los agentes, pidieron refuerzos e ingresaron al sitio y visualizaron a algunas personas transportando dos biciclos de dudosa procedencia. Uno de los ocupantes, que estaba remolcando la moto, cuando los agentes se acercaron, abandona la motocicleta aparentemente hurtada.
A partir de eso, los intervinientes ingresan a la zona y logran la aprehensión de tres sospechosos: Cristofer Garcete Delvalle (19), Cristian Nahuel Reyes (23) y Hernán Salvador Benítez (19).
El problema se originó cuando la policía intentó sacar a los aprehendidos del barrio; tanto los familiares como los vecinos se opusieron al procedimiento e intentaron evitar que los agentes se lleven a dichas personas.
Golpearon el móvil de la policía, pusieron una motocicleta como obstáculo, arrojaban piedras y se colgaban de la patrullera que sufrió daño en una de sus puertas. Los agresores también intentaron romper el parabrisas.
Debido a la presión de la turba, los policías optaron por retirarse y levantar las evidencias. Además, trasladaron a los aprehendidos a la sede de la Comisaría. Pero por seguridad, luego fueron derivados a la Comisaría 1.ª. de San Lorenzo.
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La motocicleta denunciada como hurtada es una Leopard HB 110 Buzz, de color gris, año 2021, matrícula 272AAKE, que fue recuperada durante el procedimiento. También fue incautada una motocicleta Kenton GL 150, modelo 2019, de color rojo, con matrícula 723HEF.
Según el reporte policial, los agentes acudieron tras una alerta del Sistema 911 y, con información proporcionada por la víctima, localizaron a los sospechosos cuando circulaban por la zona. Uno de ellos abandonó la motocicleta hurtada y huyó hacia un pasillo, ingresando posteriormente a una vivienda.
Los intervinientes lograron aprehenderlo luego de una persecución, aunque durante el procedimiento se produjo la resistencia de varias personas del lugar, quienes intentaron impedir el traslado del sospechoso. Posteriormente, rodearon la patrullera policial, lanzando objetos contra el móvil y colocando una motocicleta detrás para bloquear su salida.
Finalmente, los agentes lograron salir del lugar y aprehendieron a los otros dos sospechosos, trasladando a los tres hasta la sede policial junto con las evidencias. El procedimiento fue comunicado a la agente fiscal de la Unidad Penal n.º 01 de Lambaré, Nora Cubilla.
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Fiscalía pide 10, 4 y 3 años a acusados en caso María Fernanda
Se dictaron las penas para personas involucradas directamente al crimen de la joven.
En una decisiva jornada judicial dentro del juicio oral y público que se realiza por el feminicidio de la joven María Fernanda Benítez Martínez, el fiscal de la causa, Fermín Segovia, presentó de manera formal los alegatos finales de la representación fiscal. Durante su exposición, el agente del Ministerio Público solicitó una pena privativa de libertad de 10 años para Mikhaela Chiara Yasy Rolón Melgarejo, a quien sindica como una pieza clave en la ejecución del crimen ocurrido en la ciudad de Coronel Oviedo.
De acuerdo con los argumentos esgrimidos por el fiscal Segovia, el rol de Rolón Melgarejo no fue secundario, sino que tuvo una participación fundamental en calidad de instigadora. Las investigaciones y los elementos probatorios producidos en el debate oral indicarían que la acusada ejerció una fuerte y directa influencia psicológica sobre el adolescente de iniciales B. S., determinándolo y alentándolo a avanzar con las acciones materiales que finalmente terminaron de forma violenta con la vida de María Fernanda.
Por otra parte, la Fiscalía extendió el pedido de reprochabilidad hacia los demás procesados en la causa, quienes habrían colaborado activamente en la impunidad del hecho. En ese sentido, se requirió la pena de 4 años de cárcel para Franco Antonio Acosta, bajo los cargos de frustración de la persecución penal y ocultamiento de evidencias.
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Manifestantes chocan con policía en Argentina por proyecto de ley a favor de propiedad privada
Miles de personas marcharon este jueves en Buenos Aires contra un proyecto de ley a favor de la propiedad privada impulsado por el presidente Javier Milei, en una protesta que derivó en choques con la policía.
La fuerza pública se dispersó con balas de goma, gases lacrimógenos y chorros de agua a los manifestantes que arrojaron piedras a los uniformados en medio de corridas frente a la sede del Congreso, según periodistas de la AFP.
Previamente, el gobierno debía retirar de la iniciativa un punto polémico que liberaba la venta de tierras a extranjeros, el cambio más rechazado.
Aun así, los manifestantes se movilizaron. “Yo quiero que caiga la ley completa”, dijo a la AFP Roxana Parapugna, una socióloga de 51 años frente a la sede del legislativo.
Para Carlos Miño, un jubilado de 67 años, “casi todo el proyecto está en la misma dirección: entregar de una u otra forma nuestros bienes, nuestras cosas”.
“La patria no se vende”
La iniciativa que comenzó a debatirse este jueves en el Senado busca dificultar expropiaciones del Estado, facilitar desalojos ‘express’ y destrabar el cambio de uso y venta de tierras rurales afectadas por incendios.
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Convocada por sindicatos, partidos de izquierda y movimientos sociales, la protesta más importante se registró frente al Congreso, en el centro de una Ciudad de Buenos Aires pese al día de intensas lluvias.
“La patria no se vende” fue la principal consigna de los manifestantes que se multiplicó en cánticos y banderas.
El denominado proyecto de “Ley de inviolabilidad de la propiedad privada” llevaba semanas sin poder tratarse por el apartado que flexibilizaba la Ley de Tierras Rurales para extranjeros.
El Gobierno de Milei sostiene que las restricciones de la ley actual, vigente desde 2011, desalienta inversiones. La norma limita al 15 % la proporción de tierras que pueden venderse a extranjeros, porcentaje que se aplica a cada provincia y cada municipio individualmente.
El gobierno quería liberarlo, luego propuso ampliarlo a 25% y sobre el total de cada provincia. Pero resolvió quitarlo del proyecto por falta de apoyos.
Según datos de un estudio de la Universidad de Buenos Aires y del Conicet, el organismo estatal de investigación científica de Argentina, más de 13 millones de hectáreas del país (superficie similar a Inglaterra), pertenecen a extranjeros.
Aunque en ninguna de las 23 provincias argentinas se supera el 15% de la ley, según el Registro de Tierras Rurales 31 departamentos ya pasan ese límite, en algunos municipios de Misiones (noreste) llega al 80%.
Tras el rechazo social generalizado, gobernadores aliados habitualmente al gobierno sumaron su rechazo y el oficialismo suprimió el cambio. La ley aún debe debatirse en la Cámara de diputados. El resto del proyecto también genera críticas.
Otros capítulos buscan reforzar las barreras para la expropiación de tierras o inmuebles o acelerar los desalojos por impagos de alquiler. También propone eliminar o flexibilizar la Ley de Manejo del Fuego, que restringe la venta de tierras incendiadas.
- Fuente: AFP
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