El presidente del Centro de Empresarios del Transporte del Área Metropolitana (Cetrapam), César Ruiz Díaz, calificó como un “atraso incomprensible” en el pago del subsidio correspondiente al mes de junio, cuya deuda asciende a USD 3,9 millones. Según recordó, el 18 de julio se firmó un compromiso con el Viceministerio de Transporte que fijaba como fecha límite el 31 de julio para el desembolso, pero hasta la fecha no se ha concretado.

Ruiz Díaz señaló que la falta de cumplimiento obliga al gremio a reunirse y evaluar posibles medidas, aunque aclaró que por el momento no está en consideración la posibilidad de un paro. “Hay un acuerdo firmado, no es necesario volver a recordarlo; lo que hacemos con el comunicado es señalar que no cumplieron”, expresó.

En contacto con “Tarde de perros”, emitido por Universo 970 AM/Nación Media, indicó que la próxima semana se realizará una reunión del gremio para definir el curso de acción y sugirió que, ante la falta de resultados, el diálogo debería darse directamente con el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), como autoridad superior del Viceministerio.

En cuanto al pago de julio, explicó que aún se encuentra en proceso de análisis y que, al tratarse de un abono a mes vencido, el vencimiento recién es a finales de agosto. Cabe mencionar que con la firma del mencionado acuerdo, se logró destrabar un paro que había sido anunciado por Cetrapam y al que se había adherido la Unión de Empresarios del Transporte del Área Metropolitana (Ucetrama).

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Por otro lado, el titular de Cetrapam se refirió a la reforma del transporte público, valorando ciertos aspectos, pero advirtiendo sobre “grises” que deben ser aclarados. Mencionó que el nuevo esquema libera a los empresarios de las inversiones en compra de buses y construcción de paradas, costos que consideró elevados.

No obstante, advirtió que la incorporación de 1.000 buses 0 km generará un proceso de depreciación que impactará en las tarifas. “El pasajero podría seguir pagando lo mismo, pero el subsidio no se va a poder contener”, sostuvo.

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El viceministro de Transporte, Emiliano Fernández, explicó que se busca un servicio con eficiencia y regularidad, al acudir este jueves a la audiencia pública en la Cámara de Diputados sobre el “plan de reforma del transporte público de pasajeros”, en torno al proyecto de ley presentado por el Poder Ejecutivo, que ya se encuentra en la Cámara Alta para su estudio.

“Esta es una reformas estructural, es un proyecto de ley que da habilidades jurídicas al Estado para hacer lo que debe hacer obligatoriamente, que es garantizar la movilidad de la gente, la gente tiene derecho a movilizarse, por lo tanto, el Estado tiene que tener instrumentos jurídicos que habiliten a abordar todas las situaciones”, expresó Fernández en conversación con los medios de comunicación, antes del inicio del encuentro.

Expresó que, actualmente, la mayor deficiencia en el sistema de transporte es el tiempo de espera y la incertidumbre de la frecuencia de los mismos, señalando que para paliar esta situación se prevé la incursión de más buses, aumentando así la frecuencia en los itinerarios.

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“La peor cosa es esperar mucho y no saber si viene o no viene, esa es la peor cosa que sucede, y eso se aborda en el proyecto de ley de dos maneras, una que es bien visible que es: necesitamos más buses, y necesitamos buses nuevos; lo segundo, la tecnología, con que nosotros damos al ciudadano el servicio de transporte público, esa tecnología de tener claro a qué hora viene el bus, así como se usan en las plataformas privados”, explicó.

Con relación a la tarifa final para el usuario, indicó que en ningún momento se analizó o se discutió sobre el aumento del precio del pasaje. “Nosotros no estamos hablando, en ninguna mesa, ni con el presidente (Peña), ni con la ministra (Claudio Centurión), ni con nadie de cambios en el pasaje al usuario. La ley prevé que el precio del pasaje debe ser accesible para todos, tiene que haber un precio que dé oportunidad de movilidad de la mayor parte de la población, hoy no hablamos del cambio del pasaje”, refirió.

El viceministro indicó que determinados factores estarían siendo abordados más adelante. “Estas cosas, evidentemente, a medida que afinemos el proyecto vamos a abordar, pero no hablamos de cambio del pasaje bajo ningún aspecto, lo que hablamos de hacer más eficiente el sistema, y si hacemos más eficiente, incluso podemos mejorar las finanzas del sistema”, sentenció.

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El próximo martes 12 de agosto se llevará a cabo una Audiencia Pública, donde se podrá analizar el proyecto de ley de Reforma del Sistema de Transporte Público. Así anunció el presidente de la Cámara de Senadores, Basilio Núñez.

Confirmó que la convocatoria incluirá a representantes de la sociedad civil, empresarios del sector, autoridades del Poder Ejecutivo y referentes del área de transporte.

Núñez habló con la presa al término de la sesión ordinaria de este miércoles y abordó varios temas, entre ellos, la preocupación de la ciudadanía por contar con un sistema de transporte público decente. Por ello, tomó el desafío de convocar a los distintos sectores para comenzar el estudio de la propuesta legislativa.

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“El ciudadano ahora ya casi no se traslada más en buses, sino que utiliza las plataformas móviles antes que usar el transporte público. A esto viene aparejado la cantidad de accidentes de tránsito que se está registrando actualmente”, acotó.

Asimismo, el legislador colorado recordó que en la sesión pasada el plenario aprobó para que este proyecto de ley, que fue presentado por el Ejecutivo, tenga tratamiento de Código, lo establece el plazo de un mes.

“Todas las sugerencias que tengamos de la sociedad civil organizada, de las distintas organizaciones, de los colegas senadores, de los transportistas; las comisiones van a tener en cuenta en su estudio”, precisó.

Mencionó que como titular del Senado ha tomado este desafío de convocar a todas esas organizaciones, y ha solicitado a los presidentes de las distintas comisiones asesoras como Obras Públicas, Legislación, Hacienda entre otros que estén presentes durante la audiencia pública. Independientemente a que estas mesas asesoras puedan volver a convocar a otras audiencias públicas dentro del plazo establecido.

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• Por Lourdes Torres
• lourdes.torres@nacionmedia.com

El senador colorado Derlis Maidana se refirió al proyecto de ley que plantea la Reforma del Sistema de Transporte Público, destacando que es una transformación general, no es solo una mejora técnica. Resaltó que es una apuesta decidida por el bienestar del pueblo trabajador.

En comunicación con La Nación/Nación Media, el legislador, que actualmente preside la Comisión de Legis­lación, señaló que el proyecto de ley que ha presentado el Gobierno nacional busca una verdadera transforma­ción del transporte público metropolitano.

Resaltó que el proyecto de ley constituye una respuesta estructural, moderna y pro­fundamente necesaria ante uno de los reclamos históri­cos de la ciudadanía. “Esta transformación no es solo una mejora técnica; es una apuesta decidida por el bienes­tar del pueblo trabajador, por la movilidad sostenible, por un Estado presente y planifica­dor, por un transporte digno, moderno y justo”, resaltó.

Destacó que este plan se sus­tenta en principios de eficien­cia, dignidad y justicia social, con la mirada puesta en un servicio público que verda­deramente esté al servicio de la gente.

“Contempla la renovación total de la flota, con buses modernos, eléctricos y accesibles, adquiridos por el Estado y asignados mediante licitaciones públicas trans­parentes, dejando atrás el esquema precario de las reguladas”, precisó.

El senador Maidana resaltó que por primera vez se esta­blecerán contratos claros y con trazabilidad, que remu­neran a los operadores en función de kilómetros reco­rridos y pasajeros transpor­tados, generando un incen­tivo directo a la calidad del servicio.

“El nuevo modelo tam­bién prevé concesiones por tiempo limitado, sin renova­ciones automáticas, abriendo la puerta a una competen­cia sana y controlada por el Estado”, indicó.

Otro de los aspectos que con­templa la propuesta es que el sistema contará con un fideicomiso de administra­ción que centraliza todos los ingresos del sistema (incluido el billetaje elec­trónico), brindando transpa­rencia y previsibilidad en el uso de los recursos públicos, así como retribuciones pun­tuales y auditables a todos los prestadores del servicio.

Indicó que este fideicomiso será administrado por la Agencia Financiera de Desa­rrollo, con supervisión estatal.

Mencionó además que a nivel institucional se reafirma la rectoría del Ministerio de Obras Públicas y Comunica­ciones (MOPC) sobre todo el sistema de transporte terres­tre, y se impulsa la creación de un Comité Estratégico de Movilidad Sostenible que coordine políticas de largo plazo junto con otras institu­ciones clave del Estado.

Asimismo, el senador Mai­dana señaló como innova­ción destacada que se incluye la posibilidad de segmentar las licitaciones en componen­tes específicos del servicio (flota, operación, infraestruc­tura, servicios técnicos), lo que permite reducir riesgos, fortalecer la planificación estatal y garantizar soberanía sobre los activos estratégicos.

“A su vez, se crea un Con­sejo Asesor Multisectorial del Transporte Público, con participación de usuarios, trabajadores, universidades, operadores e instituciones públicas, que brindará reco­mendaciones sobre la estruc­tura tarifaria y los mecanis­mos de revisión, favoreciendo la participación ciudadana”, destacó.

El legislador resaltó además que este cambio no signifi­cará un aumento en las tari­fas. Muy por el contrario, “se garantiza la asequibilidad, con criterios de equilibrio y sostenibilidad y con benefi­cios especiales para grupos sociales establecidos en la ley”, acotó.

Finalmente, sostuvo que la reforma reconoce al trans­porte público como un ser­vicio esencial, de carácter imprescindible y continuo, y establece que, cuando el interés público lo exija, podrá ser incluso prestado directa­mente por el Estado.

“Porque el transporte público no es un privilegio, es un dere­cho consagrado en nuestra Constitución. Y garantizarlo con planificación, transpa­rencia y visión de futuro es un deber ineludible del Estado”, concluyó.