La jueza Norma Salomón Marín, del Juzgado Penal de Control y Garantías No. 1 de Capiatá, dispuso ayer la prisión preventiva de Jorge Nahuel Ortiz Riquelme (22), imputado por homicidio culposo tras protagonizar un accidente de tránsito estando ebrio, donde falleció un guardia de seguridad mientras esperaba en una parada de buses camino a su trabajo.

El joven guardará reclusión en la Comisaría 8va Central de Capiatá por el plazo de diez días. Posteriormente, será remitido al Centro Nacional de Prevenidos (ex Tacumbú), según señala la resolución judicial.

“Pedimos su prisión preventiva porque el muchacho estaba libre. La Fiscalía le dejó en libertad desde un principio, pero el Juzgado decretó ayer su prisión preventiva”, explicó este viernes la abogada de la familia, Hilse Villalba Barriocanal, en diálogo con LN.

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La víctima, Arsenio Vera Zárate (63), falleció el pasado 20 de septiembre luego de ocho días de agonía a raíz de las graves lesiones que sufrió. El jueves 1 de octubre se realizó la audiencia de imposición de medidas en el Juzgado en coincidencia con el cumpleaños del trabajador, quien debía cumplir 64 años.

Además, la defensa solicita el cambio de la carátula de homicidio culposo a homicidio doloso, atendiendo que el conductor manejaba estando alcoholizado a sabiendas de que podía ocasionar un accidente.

“En este caso, el accidente produjo el desenlace fatal del señor Arsenio Vera. Entonces, para nosotros configura una actitud dolosa. Queremos que se cambie la carátula a homicidio doloso con el grado de dolo eventual”, precisó Villalba.

Asimismo, cuestionó la posición de la fiscala Carolina Martínez, que señala que el imputado estaba en “aparente” estado etílico, cuando la prueba de alcotest dio positivo, arrojando 0.670 mg/l de resultado.

“La Fiscalía dice que él estaba en aparente estado de ebriedad. No es aparente estado de ebriedad. Estaba borracho y además había botellitas de cerveza en su auto. También la velocidad con la que iba era terrible, era como para matar a alguien”, expresó la abogada.

En ese sentido, recordó que el domingo 13 de setiembre, a tempranas horas de la mañana, el muchacho perdió el control debido a la alta velocidad sumada al estado etílico y chocó primeramente contra el vehículo de una de las sobrinas del fallecido y posteriormente, arrolló a don Arsenio.

Familiares y amigos se manifestaron frente al Juzgado pidiendo justicia. “Un joven irresponsable truncó la vida de un hombre de familia, sano, trabajador, que estaba a un año de jubilarse. Por lo tanto, esperamos que la justicia obre en consecuencia y se haga justicia”, concluyó.

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Vecinos de los barrios Lérida y Reducto de San Lorenzo se manifestaron este miércoles de mañana exigiendo la reubicación del campamento de una empresa adjudicada con la ampliación de la Ruta D027, que une las ciudades de San Lorenzo, Capiatá y J. Augusto Saldívar.

Lugareños piden que se reubique el campamento debido a las complicaciones que afectan a los vecinos. Son aproximadamente 200 personas afectadas en su salud por la contaminación y en su tranquilidad por el ruido generado por la circulación constante de vehículos pesados.

“Desde comienzos de año se instaló esta empresa del Consorcio Victoria que fue adjudicada para la obra. Primero fue con la prefabricación de tubos para desagüe que necesita mucha maquinaria. Entonces, hay muchos camiones pesados, cisternas que entran y salen”, explicó Catalina Insfrán en diálogo con el programa Dos en la ciudad de canal GEN y Universo 970AM.

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Añadió que a mediados de año instalaron su planta asfáltica. “Eso fue lo peor por la emisión de gases tóxicos, hollín, polvo que es imposible convivir en nuestra propia casa”, lamentó.

En julio, la planta asfáltica comenzó a operar sin permiso de la Municipalidad, por lo que la comuna les impidió realizar sus actividades momentáneamente. Pero los afectados solicitan que sea reubicada en un lugar aislado.

“Pedimos al gobierno central, a través del MOPC, que reubique en un lugar descampado. Esta planta estaba en medio de un vecindario”, manifestó la vecina.

Las actividades están pausadas parcialmente. Pero, la gente no se va a quedar contenta si no se reubica porque puede estar dentro de los barrios muy poblados, aclaró la vocera.

“No vamos a cansarnos, vamos a seguir con la lucha”, advirtió Insfrán.

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Eduardo Metzker iba en su motocicleta por Rio de Janeiro cuando se vio rodeado por otras dos. Uno de los motociclistas le apuntó con una pistola a la cabeza y le exigió su teléfono y la contraseña. En las horas siguientes, este programador de 29 años observó impotente cómo los ladrones retiraban 80.000 reales (unos 15.000 dólares), en su mayoría a crédito, desde sus aplicaciones bancarias, antes de que él lograra bloquear sus cuentas.

“Uno trabaja casi todos los días para juntar un dinero. Luego alguien te apunta un arma a la cara y se lleva todo”, dijo Metzker a la AFP. “Ni tenía ese dinero. Arruinaron mi historial crediticio”, lamenta. El robo de celulares, que puede involucrar violencia, fraude financiero e incluso asesinato, se ha convertido en un símbolo de la crisis de seguridad que azota ciudades brasileñas como Rio de Janeiro antes de las elecciones del 4 de octubre.

Este delito “parece encapsular un pánico creciente relacionado con la violencia urbana”, señaló el Foro Brasileño de Seguridad Pública (FBSP), en su informe anual. Una encuesta de esa entidad publicada en mayo estimó que alrededor de 14 millones de personas habían sido víctimas de este delito en los 12 meses anteriores en Brasil.

Pero solo unos 830.000 celulares fueron reportados robados en 2025, según el informe anual del Foro, basado en datos oficiales.

En Rio, una ciudad donde la violencia y los asaltos son muy comunes, “vivimos completamente atemorizados, en alerta constante”, dice Caroline Lo Bianco.

A esta dentista de 36 años le arrancaron el teléfono de las manos por la ventana de un Uber cuando estaba embarazada de siete meses.

Antes de las presidenciales, cuya primera vuelta se celebra este domingo, tanto el presidente de izquierda, Luiz Inácio Lula da Silva, como su rival de derecha, Flávio Bolsonaro, han prometido tomar medidas drásticas.

Bolsonaro promete cuadruplicar las penas de cárcel para este crimen, mientras que Lula ha dicho que su meta es “cero robos de celulares”.

Las encuestas muestran que la seguridad es la principal preocupación de los brasileños en estas elecciones, pero para Metzker ningún candidato puede ayudar.

“Pueden decir lo que quieran, ya no creo en ellos”, explica.

Desde que fue atracado, tiene un celular para salir a la calle, y otro que deja en casa con sus aplicaciones bancarias.

El primer aparato es conocido como “el teléfono del ladrón”, una estrategia adoptada por el 30 % de los brasileños -unos 65 millones de personas-, según el FBSP.

“El interés de las bandas ha dejado de ser el propio teléfono para concentrarse en los datos contenidos en los dispositivos”, dice a la AFP Leonardo Silva, coordinador de crimen organizado del Foro.

Después de ser asaltada, Lo Bianco bloqueó sus tarjetas bancarias, pero los ladrones lograron transferir casi 700 dólares desde una cuenta de un banco digital. También pidieron en línea una consola de videojuegos de 1.000 dólares, compra que ella consiguió bloquear antes de la entrega.

Los ladrones incluso enviaron cerveza, carne y McDonald’s a distintas direcciones en Rio de Janeiro.

Luiz Fernando Bugiga, fiscal del Grupo de Acción Especial para el Combate al Crimen Organizado, dice que una operación reciente en Sao Paulo reveló un esquema detrás del robo de celulares, con cuatro células criminales.

Quienes roban los teléfonos se los entregan a un grupo especialista en “transferencias bancarias y robo de datos”.

Un tercer grupo realiza modificaciones técnicas para que el aparato vuelva al mercado. El último se encarga de vender las piezas y los dispositivos. Hay “múltiples formas de pérdida para la víctima y múltiples fuentes de lucro para el criminal”, afirma.

Para muchos, solo reemplazar el teléfono ya es difícil. Joel da Silva, de 42 años, trabaja como portero en el barrio carioca de Ipanema y fue asaltado con una pistola. Pasó “un mes sin teléfono” antes de poder comprar otro, en cuatro cuotas.

Contó a la AFP que ha presenciado cuatro robos de teléfonos desde el edificio donde trabaja hace siete meses. Lo Bianco, que hace unos años ya sufrió un robo de auto a mano armada, sueña con irse de la ciudad. “Le digo a mi marido que, si me pidiera mudarnos a la Amazonía, al día siguiente tendría las maletas listas”.

Fuente: AFP.

Vecinos de los barrios Virgen de Fátima y Tablada Nueva de Asunción presentaron una acción de amparo constitucional ante el Poder Judicial, contra frigoríficos de la zona, por el faenamiento de ganado bovino y operaciones conexas, alegando contaminación ambiental y riesgos a la salud. Se sumaron al pedido, algunas empresas.

Según explicación de los afectados, el amparo busca proteger los derechos constitucionales a un ambiente sano, a la salud, a la calidad de vida y a la integridad de las personas que viven, trabajan o estudian en estos barrios densamente poblados.

Los vecinos aseguran sufrir, desde hace años, olores nauseabundos, contaminación de arroyos, especialmente el Mburicao. Asimismo, la invasión de moscas y otros insectos, generando malestares como dolores de cabeza, náuseas, irritación de ojos y problemas respiratorios.

Aseguran que estos problemas están vinculados al faenamiento de ganado y a las actividades relacionadas con procesamiento de vísceras, graserías, curtiembres y quema de huesos, que se realizan en plena zona residencial, cerca de viviendas, escuelas y centros de salud.

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“La acción está basada en que estas actividades generan un daño ambiental continuo, acumulativo y de difícil reparación, que afecta a miles de personas y resulta incompatible con el carácter residencial de la zona y con los derechos constitucionales vigentes”, señala el documento. A esto se suma el peligro de incendios y fugas de gases tóxicos, como los ocurridos en 2021 y 2023.

A pesar de la prohibición vigente de circulación de camiones de ganado en pie en la zona (Ordenanza N° 197/25), las actividades continúan. Según el amparo, esto ocurre en un área donde el Estado está invirtiendo en proyectos de “corredor verde” y mejoras urbanas.

Los vecinos y organizaciones presentaron reiteradas denuncias y reclamos ante la Municipalidad de Asunción, el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades) y el Ministerio Público. También se realizaron audiencias públicas en el Congreso Nacional (Cámara de Diputados) y en la Municipalidad de Asunción. Sin embargo, hasta la fecha no se logró una solución efectiva ni un control técnico integral, continuo e independiente que detenga la contaminación y proteja a la población. Por eso recurrieron a la vía judicial.

Ante dicha situación, piden el cese de la faena de ganado y de todas las actividades conexas de los frigoríficos demandados. Suspender la circulación de camiones de transporte de ganado en pie por la zona. La mudanza definitiva de las instalaciones, con un plazo máximo de seis meses y el cierre de los establecimientos conexos que procesan subproductos animales (vísceras, huesos, grasas, etc.).

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