El presidente de la República, Santiago Peña reafirmó su respaldo al sector productivo y aseguró que el Gobierno protegerá a quienes producen, al tiempo de promover el acceso a la tierra para más paraguayos.

Durante su discurso en la apertura oficial de la IV edición “Siembra de Soja Paraguay 2026-2027″, en el distrito de Dr. Juan Eulogio Estigarribia, departamento de Caaguazú, Peña se refirió a la protección de la propiedad privada y advirtió que las políticas destinadas a atender las demandas sociales no deben terminar debilitando al sector productivo. Remarcó que cuando el campo está bien y se convive en paz y armonía, el Paraguay está bien, y puede progresar.

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“Dejamos en claro que vamos a defender la propiedad privada. Vamos a defender con todas las fuerzas de la ley aquel legítimo tenedor de la propiedad privada. Nadie puede estar pensando en los precios internacionales o en los costos de los fertilizantes o de los insumos, si tiene dudas, o le preocupa si alguien va a invadir su tierra, o si le van a quemar su tractor. Mi compromiso y nuestro compromiso es defender la propiedad privada”, enfatizó.

A la par, destacó el crecimiento del interior y el fortalecimiento del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), con miras a ampliar el acceso a la tierra para pequeños productores y campesinos. Sostuvo que así como defenderán a los grandes productores, también su gobierno ha venido luchando por todos los paraguayos, los pequeños productores, para que alcancen el anhelado sueño de tener su tierra propia.

En ese sentido, dejó en claro que esta lucha, no se ha logrado sacando tierra a los que tienen para darselo a quienes no tienen. Recordó que el Estado paraguayo es el mayor terrateniente. En ese sentido mencionó que a través del Indert se está promoviendo en el Congreso, un proyecto de Ley que busca dar mayore beneficios a los que son sujetos de la reforma agraria.

“El Indert en estos 3 años ha entregado más títulos que los 10 años anteriores. Y recientemente presentamos un proyecto de ley al Congreso, al Senado de la Nación, que ya tuvo una audiencia púbica el pasado viernes. Probablemente va a ser una de las transformaciones más grandes desde el inicio de la reforma agraria hace más de 100 años en el Paraguay para poderle dar acceso a la tierra, a los pequeños productores, a los pequeños campesinos. Porque eso es lo que va a mantener la paz en el campo”, remarcó.

Explicó que con esta legislación de ser sancionada dará al campesinado la seguridad para trabajar la tierra. Enfatizó que el Paraguay tiene un potencial productivo gigantesco, en lo que hace a la producción agrícola, ganadera.

“El Paraguay crece en el interior del país. El mayor desarrollo del Paraguay que estamos viendo en estos 3 años y meses de gobierno se está dando en el interior del Paraguay. Se está dando en el desarrollo productivo en la cultura, en la ganadería, en la industria, en el comercio, en el servicio. Y este trabajo yo no lo puedo hacer, sino lo trabajo de manera coordinada con los gobernadores de cada departamento” acotó.

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Representantes de la Federación Nacional Campesina, la Multisectorial, la Coordinadora por la Reforma Agraria y comisiones vecinales apoyaron la propuesta del Ejecutivo para eliminar el pago previo del 3 % y ampliar los plazos de pago de los lotes.

El proyecto del Ejecutivo plantea flexibilizar las condiciones para acceder a la titulación, eliminando la barrera económica que implica el pago inicial del 3 % y estableciendo un régimen de pago diferido. La iniciativa recibió respaldo de representantes campesinos durante una audiencia pública que se llevó a cabo este viernes en el Congreso Nacional.

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El titular de la Cámara de Senadores, y presidente del Congreso, Basilio Núñez, convocó una audiencia pública para analizar el proyecto de ley que modifica disposiciones del Estatuto Agrario y la normativa del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), con el objetivo de facilitar el acceso a la titulación de tierras para las familias campesinas. El debate estuvo acompañado del presidente del ente agrario, Francisco Ruiz Díaz.

Durante las deliberaciones los representantes del sector campesino, autoridades y legisladores, señalaron que están a favor de las modificaciones propuestas por el Poder Ejecutivo. El objetivo del diálogo fue recoger las inquietudes y promover el tratamiento del proyecto de ley el próximo 16 de septiembre.

El titular del Indert presentó el proyecto con los puntos específicos que se plantea modificar. Brindó una amplia explicación a los participantes sobre la propuesta del gobierno. Explicó que el proyecto plantea eliminar el pago previo del 3 % del valor de la tierra como requisito para acceder al título de propiedad y establecer un régimen de pago diferido.

Señaló que de aprobarse, los beneficiarios podrían recibir primero la titulación y posteriormente abonar el valor de la tierra mediante cuotas anuales, con el inicio de los pagos 12 meses después de la entrega del título. El plazo previsto sería de hasta 30 años para las mujeres y 20 años para los hombres.

La audiencia se realizó en la sala de sesiones del Congreso Nacional y contó con la presencia de los senadores Natalicio Chase, Líder Amarilla, Óscar Salomón, Enrique Salyn Buzarquis, Arnaldo Samaniego, Patrick Kemper e Ignacio Iramain. El proyecto de modificación contó con un fuerte respaldo de los representantes campesinos, así como también de los parlamentarios.

Al inicio del encuentro, el presidente del Senadores, Basilio Núñez, destacó la importancia de escuchar a los distintos sectores involucrados, a fin de que el proyecto responda a las necesidades del campesinado. “Necesitamos conocer sus opiniones para establecer una respuesta que se traduzca en este proyecto de ley, que verdaderamente beneficie principalmente al campesinado”, expresó.

Marcial Gómez, dirigente de la Federación Nacional Campesina, confirmó el apoyo de la FNC a la eliminación de las barreras económicas que impiden al campesinado acceder al título de propiedad.

En ese sentido, dijo que están de acuerdo en eliminar el pago previo del 3 % y la ampliación de plazos. De igual forma, la Multisectorial, la Coordinadora por la Reforma Agraria, así como las comisiones vecinales de diferentes departamentos, brindaron su apoyo a la iniciativa de cambios en el Estatuto Agrario.

Pulciano Sánchez sostuvo que la iniciativa representa a un sector importante del país que merece ser escuchado y que las decisiones adoptadas deben contemplar las necesidades reales de las familias campesinas.

El monseñor Mario Melanio Medina, representante de la Delegación del Comité de Iglesias, resaltó la importancia de abordar el problema de fondo y encontrar una respuesta que favorezca efectivamente a las familias campesinas.

En la misma línea, Alejandro Colmán, beneficiario de San Pedro y representante de la Comisión de Fomento y Desarrollo Yvype, sostuvo que la regularización de las tierras constituye una responsabilidad del Estado y remarcó la importancia de garantizar soluciones que permitan a las familias campesinas consolidar su propiedad y mejorar sus condiciones de vida.

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El Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), junto con el Ministerio de Industria y Comercio (MIC) coordinan acciones para que la nueva ruralidad incluya la transformación industrial en las colonias. Uno de los primeros abordajes para la transformación industrial en las colonias del ente rural se está dando para potenciar caleras de San Lázaro, en el departamento de Concepción.

La población que lleva 102 años esperando la titulación y regularización de las tierras de San Lázaro y Vallemi, ahora avanza hacia la seguridad jurídica de los inmuebles, informó el presidente del Indert, Francisco Ruiz Díaz.

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“Acordamos un trabajo interinstitucional entre el MIC, parlamentarios y autoridades concepcioneras para concretar la seguridad jurídica de las 22 industrias caleras que se encuentran en tierras del Indert”, señaló Ruiz Díaz, tras la visita que realizaron a la zona el ministro Marco Riquelme, junto al diputado Arturo Urbieta y la gobernadora Liz Meza.

Ruiz Díaz mantuvo una reunión virtual con las citadas autoridades, en la que mencionó que una sola calera de San Lázaro lleva invertidos más de 2 millones de dólares en infraestructura y personal. Con la titulación de las tierras, su inversión se duplicará.

“El objetivo del Gobierno es impulsar la nueva ruralidad no solo en San Lázaro, sino en cada una de las más de mil colonias, propiciando el arraigo de los jóvenes en sus propias comunidades. En el caso de la formalización de las caleras norteñas se fortalecerá ostensiblemente la producción de cal agrícola que abastece a gran parte de los grandes productores del país”, remarcó.

Asimismo, señaló que la cadena logística se verá grandemente fortalecida con el aumento de la demanda. Ruiz Díaz realizó una visita de trabajo en setiembre del año pasado a las caleras, ocasión en que presentó a los industriales el plan de regularización de las tierras del ente para potenciar la economía.

El plan de la Nueva Ruralidad promovido por el Gobierno a través del Indert fue lanzado por el presidente de la República, Santiago Peña, el martes último en Mburuvicha Róga con el Sistema MAG y productores de la agricultura familiar campesina.

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Productores del distrito de Yasy Cañy piden que la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) realice incursiones en la zona, en busca de campesinos armados que se habrían asociado con el EPP para perpetrar el atentado contra un puesto policial en Canindeyú. Propietarios de tres establecimientos agroganaderos de la zona emitieron un comunicado el fin de semana expresando su preocupación, a raíz de la situación que afecta al departamento.

Pidieron de manera puntual que la FTC pueda impulsar incursiones en la zona, a fin de dar con el paradero de los responsables del atentado al Puesto Policial n.º 4 de Ybyrarobana, ocurrido hace una semana. Cuestionan además las limitaciones en la legislación actual, razón por la que solicitan que la FTC pueda contar con todas las atribuciones legales para incursionar en sectores que también son ocupados por campesinos armados.

Asimismo, que se pueda catalogar a estos campesinos radicalizados como “criminales”, a fin de proceder a su captura lo antes posible, informó este lunes Juan Alcaraz, periodista de SdG Noticias, en diálogo con el programa Arriba Hoy de canal GEN y Radio Universo 970AM.

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“Refieren que hoy día la ley es un poco limitante en las tareas de la FTC, teniendo en cuenta que los campesinos armados no son considerados terroristas y que esa modificación de la ley les podría permitir operar en la zona con tranquilidad para poder detener y poder poner a disposición de la justicia a estos hombres”, explicó el corresponsal.

En tal sentido, instan a que se efectúen los cambios necesarios a la ley para otorgar la autorización necesaria a la FTC, de modo a poder detener a estas personas que tienen en zozobra a los productores de Canindeyú.

“Tras los hechos acaecidos en la Colonia Naranjito, resurgió la preocupación de estos productores, quienes, por un lado, refieren que sí hay una presencia del CODI en la zona y que ha permitido de una u otra manera replegar a estos grupos. Sin embargo, siguen en la zona. Y lo que solicitan es que la FTC tenga la herramienta legal jurídica para poder ingresar a estos lugares en busca de los criminales”, puntualizó Alcaraz.

Mencionó que existen aproximadamente 30 integrantes de grupos armados campesinos que han sido identificados y tienen orden de captura.

En conclusión, “solicitan que la presencia militar sea más fuerte que la presencia policial, porque recae mayor confianza en los militares de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC)“.

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