Un hombre mató a su hermano de un balazo en la ciudad de Pirapó, departamento de Itapúa, durante la noche del domingo tras una discusión en una ronda de tragos, que se habría iniciado por la disputa de una herencia familiar. El caso fue comunicado al Ministerio Público.
El jefe de la subcomisaría de la colonia Santa Clara, Hernán Benítez, explicó que la Policía Nacional fue alertada a través de una llamada telefónica al sistema 911. Los uniformados acudieron al lugar y encontraron a la víctima con una herida por disparo de arma de fuego.
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“A las 20:00 horas del domingo recibimos una llamada en el 911 sobre un hecho de herida con arma de fuego. Aparentemente se encontraban ingiriendo bebidas alcohólicas y terminó en un desenlace fatal”, dijo el subcomisario este lunes en comunicación con la radio 1020 AM.
Sostuvo que el sospechoso, identificado como Darío García Benítez, de 55 años de edad, se encuentra en el Departamento de Investigación de Hechos Punibles de la oficina regional de la ciudad de Colonia Unidas, a disposición del Ministerio Público para las investigaciones correspondientes.
“Este hecho fue con una escopeta calibre 12. La víctima fatal estaba en Argentina y el domingo a la mañana llegó a la casa de su hermano. Según cuentan los vecinos, la familia tiene una propiedad y parece que la víctima fatal vino a reclamar su parte”, agregó el subcomisario.
La víctima fatal fue identificada como Alcides Gustavo García Benítez, de 54 años de edad. El cuerpo fue entregado a los familiares tras los procedimientos de rigor. El hecho se registró en el barrio 8 de Diciembre de la ciudad de Pirapó, departamento de Itapúa.
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Presidente entrega el bastón de mando al comandante de la Policía César Silguero
El presidente de la República, Santiago Peña, encabezó este miércoles la ceremonia de imposición de presillas, entrega de bastón de mando y condecoración al comisario general César Silguero Lobos, comandante de la Policía Nacional. El mandatario destacó que el jefe policial asume la comandancia de la fuerza de seguridad interna en un momento clave, con exigencia de la ciudadanía y objetivos claros del Gobierno.
“Al imponer las presillas y entregar el bastón de mando al nuevo comisario general comandante, el Gobierno de la República y la ciudadanía le entregamos la custodia de la paz pública, la protección de los derechos de cada habitante de nuestro suelo y la sagrada misión de honrar el uniforme institucional. Este bastón conlleva un peso que debe tomarse con responsabilidad y a la vez con mucha valentía”, indicó el jefe de Estado durante el acto.
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El presidente Peña recalcó al comandante de las fuerzas policiales que la ciudadanía exige respuestas en la seguridad y una institución transparente. “Asume usted el liderazgo de la Policía Nacional en un momento clave de la historia de nuestro país, la ciudadanía legítimamente nos exige resultados, nos exige calles seguras, nos exige instituciones trasparentes y una policía que sea el escudo del ciudadano honesto y azote implacable del criminal”, apuntó.
Peña expuso que el comandante de la Policía Nacional debe trabajar sobre tres pilares fundamentales, el primero: “La firme y absoluta determinación de luchar contra el crimen, en cualquiera de sus formas, desde el delito urbano que afecta el día a día de nuestras familias hasta el crimen organizado transnacional que pretende desafiar al Estado mismo”, agregando que “el Paraguay no habrá tregua ni zona de exclusión para quienes pretendan vivir al margen de la ley, el estado de derecho prevalecerá en todas sus formas sin ninguna excepción”.
En segundo punto citó: la “transparencia y depuración institucional, la confianza de la gente se gana día a día con integridad, el Paraguay gigante se construye desde la ejemplaridad de quienes juraron salvaguardar los derechos de sus compatriotas, ser policía, es una vocación de honor y quien no lo entienda así no tiene lugar en esta institución, debemos ser inflexibles con aquellos pocos que olvidaron su juramento y manchan el uniforme”.
Ya como tercer punto, el mandatario habló de la modernización y el bienestar policial. “Así como exigimos, también nos comprometemos, como presidente de esta nación seguiré impulsando la mejora del sistema de trabajo, el equipamiento tecnológico, el entrenamiento táctico y la dignificación del policía y de su familia”, remarcó.
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Agujero de G. 126.000 millones reaviva polémica por millonario fideicomiso IPS-Atlas
El cuestionado contrato de fideicomiso firmado entre el Instituto de Previsión Social (IPS) y el banco Atlas (empresa perteneciente al Grupo Zuccolillo que conforman otras empresas en diversos ramos incluidos medios de comunicación) vuelve al centro del debate luego de que el presidente del Instituto de Previsión Social (IPS), doctor Isaías Fretes, confirmara que la deuda por los hospitales Hemato-Oncológico y Buongermini asciende a G. 126.000 millones, pese a que la previsional otorgó al banco Atlas SA G. 828.800 millones para terminar estos y otros dos hospitales.
El caso es investigado por parte del Ministerio Público, por presunto daño patrimonial con el citado contrato; teniendo en cuenta que el acuerdo, presentado originalmente como una herramienta para financiar infraestructura sanitaria, terminó generando fuertes cuestionamientos por el manejo de los fondos provenientes de los aportes de trabajadores y empleadores.
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Si bien el Banco Atlas realizó recientemente la devolución de un millonario monto a la previsional, en concepto de intereses no acreditados en el marco de un contrato de fideicomiso que data del año 2017. Son más de G. 800 millones devueltos a la previsional, que significan el reconocimiento de irregularidades por parte de la entidad bancaria de la familia Zuccolillo con el manejo de los fondos fiduciarios.
Este fideicomiso comprometió G. 828.800 millones del IPS para la construcción y terminación de establecimientos de salud. El objetivo principal del fideicomiso era mejorar la capacidad hospitalaria de la previsional mediante obras estratégicas como el Hospital Ingavi, la Policlínica, el Hospital Día/Buongermini y el Hospital Hemato-Oncológico.
Obligaciones pendientes
A casi una década de la firma del contrato en el 2017, a la fecha, las obras no se concretaron e incluso permanecen obligaciones pendientes por aproximadamente G. 126.000 millones. De ese monto, unos G. 98.000 millones corresponden al Hospital Hemato-Oncológico y otros G. 28.000 millones al Hospital Buongermini, según manifestó el propio presidente del IPS, doctor Isaías Fretes, en una reciente entrevista.
Este caso es investigado por el fiscal de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción, Néstor Coronel, quien en su momento había señalado que están avanzando con la investigación sobre la ejecución del contrato de fideicomiso por valor de G. 828 mil millones entre el banco Atlas y el IPS, que debía ser utilizado para la construcción de cuatro hospitales.
Confirmando que el contrato establecía que el banco Atlas actuara como fiduciario, administrando los recursos del IPS para ejecutar los pagos vinculados a las obras. La figura del fideicomiso buscaba, justamente, garantizar transparencia, control y una administración eficiente del dinero. Pero las auditorías y cuestionamientos posteriores apuntaron a presuntas irregularidades en la utilización de los fondos.
Uno de los puntos más controvertidos fue la incorporación del denominado “Punto 5: Otros centros de salud”, una modificación que, según informes mencionados públicamente, habría permitido desviar recursos hacia destinos distintos a los cuatro proyectos originalmente previstos. Las auditorías citadas en el caso señalan que una parte mayoritaria del dinero terminó vinculada a otros usos diferentes al objetivo inicial del fideicomiso.
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Fiscalía pide juicio para un hombre por abuso sexual de tres sobrinos menores de edad
Ciudad del Este. Agencia Regional.
Hace seis meses fue denunciado el abuso sexual de tres niños, cometidos supuestamente por el tío de las víctimas, en el distrito de Presidente Franco. El jueves, el fiscal Alberto Torres acusó y pidió juicio oral de un hombre de 50 años por los hechos punibles de abuso sexual en niños, coacción sexual y violación.
Los actos violentos se habrían desarrollado de forma sistemática desde principios del año 2025 hasta diciembre de ese mismo año, en un inmueble ubicado en la Colonia San Isidro de Domingo Martínez de Irala. De acuerdo al escrito fiscal, el hoy acusado comenzó a perseguir y manosear las partes íntimas de su sobrina, quien en ese momento tenía 13 años de edad.
En fecha 13 de mayo de 2025, el acusado fue a la casa de la menor, la persiguió, la acosó sexualmente y a la fuerza le tocó sus partes íntimas, para luego someterla sexualmente. Posteriormente, la amenazó diciéndole que si contaba a alguien lo sucedido, iba a acabar con la vida de sus hermanitos y de su madre.
Las agresiones siguieron y el tío tomaba fotografías de las partes íntimas de la víctima, la amenazaba con publicarlas en las redes sociales y le entregó como regalo un aparato celular.
Posteriormente, el 23 de noviembre del año 2025, el sospechoso atacó a una segunda sobrina, de apenas 11 años de edad, hermana de la primera víctima, quien trabajaba como ayudante de limpieza en la vivienda del acusado.
Cuando la empezó a tocar a la fuerza a la niña, ella reaccionó forcejeando y logró zafarse, pero su tío la amenazó con asesinar a sus hermanos y a su madre si contaba lo ocurrido, hechos que se repitieron en varias oportunidades.
El acusado llegó a violentar a un tercer sobrino, un niño de 8 años de edad, a quien le prometió comprar una bicicleta si no contaba a nadie lo sucedido. Sin embargo, finalmente, las víctimas confesaron las agresiones y la familia formalizó la denuncia.
Como elementos probatorios, la Fiscalía presentó las testimoniales, la entrevista en la cámara Gesell como anticipo jurisdiccional de pruebas, informes de contención psicológica practicada a las víctimas, así como los dictámenes médicos y la evaluación socioambiental.
Asimismo, se incorporó el informe de extracción de datos del aparato celular obsequiado y un CD con registros fotográficos y notas de audio del procesado con una de las víctimas. En estos elementos están sustentados la acusación y el pedido de juicio.
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Sistema 911 registra 80 % de llamadas de no emergencia
Este sábado, la Policía Nacional informó que el Sistema 911 recibió más de 4.800 llamadas en la jornada anterior y que el 80 % fue de no emergencia, retrasando la ayuda a las personas que realmente necesitan. Un total de 2.933 personas llamaron, pero no contestaron a las operadoras.
Según el reporte de la institución, el sistema policial recibió ayer viernes un total de 4.856 llamadas, aunque de este número 3.829 fueron de no emergencias. Situación que retrasa la asistencia a las personas que necesitan como los casos de violencias familiar.
El desglose de llamadas muestra que 2.933 contactos fueron de personas que ingresan al sistema de emergencia y no contestan; de este número, 2.055 llaman y cortan de inmediato; 481 contactan, pero seguidamente quedan en silencio y 397 ingresan al sistema involuntariamente.
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En tanto que 221 personas llamaron para pedir información, 205 fueron ciudadanos en aparente estado de inestabilidad metal, 205 llamadas equivocadas, 181 contactos fueron de niños jugando, 42 juzgamiento inadecuado, 32 operativas, 5 mensajerías, insultos fueron 4 llamadas y uno fue por dispositivo automático.
El informe también señala que 1.021 contactos fueron por personas que realmente requirieron asistencia: 152 por violencia familiar, 147 por polución sonora, 126 perturbación a la paz pública, 91 accidentes de tránsitos, 75 fueron pedidos de auxilio y 437 por otros códigos.