Se inició la tercera Cumbre Internacional de Jueces por los Derechos Sociales y Doctrina Franciscana. El evento se llevó a cabo en el Gran Hotel del Paraguay y fue encabezado por el doctor Delio Vera Navarro, presidente de la Comisión Panamericana de Jueces. Igualmente, se realizó la firma del acta Constitutiva del Capítulo Paraguay del Comité Panamericano de Juezas y Jueces por los Derechos Sociales y Doctrina Franciscana (COPAJU).
Durante su discurso, el presidente de la Asociación de Jueces del Paraguay Delio Vera Navarro y ahora titular del COPAJU en su Capítulo Paraguay, manifestó que “el Comité Panamericano de Juezas y Jueces por los Derechos Sociales y la Doctrina Franciscana nace en 2019 con ese propósito y celebra hoy por doble motivo. Por un lado, nuestra Tercera Cumbre Internacional, y por el otro, la formalización del Capítulo Paraguay, integrado por Juezas, Jueces, y distinguidos colegas que sirven la función de Justicia como defensoras, defensores y fiscales”, indico.
Agregó: “Sabemos que nos motiva la plena vigencia y justiciabilidad de los llamados DESCA (Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales), la vigilancia en la observancia de los Derechos Humanos en nuestras naciones y la defensa de los buenos magistrados que se enfrentan a las estructuras que impiden la vigencia de los mencionados DESCA, como así mismo, la defensa de la independencia judicial como base indispensable para una justicia equitativa y sin privilegios”, expresó el camarista Vera Navarro.
La cumbre internacional contó con la presencia de jueces y juezas de distintas partes del mundo e inició con la conferencia magistral del Prof. Dr. Raúl Zaffaroni, ex miembro de la Corte Suprema de Argentina y ex juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Del evento participaron el presidente del Comité Panamericano, Roberto Andrés Gallardo; el cardenal y arzobispo de Asunción, Adalberto Martínez; el presidente de la Corte Suprema de Justicia, César Diesel; la vicepresidenta primera, Carolina Llanes y el ministro Luis María Benítez Riera, la senadora Lilian Samaniego. Así también, la defensora general Lorena Segovia, exministros de la Corte y grandes referentes del sistema de Justicia de nuestro país.
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Crecen reclamos sociales en la Argentina
- Por Ricardo Rivas
- Corresponsal en Argentina
- X: @RtrivasRivas
El gobierno del presidente argentino Javier Milei cumplió 4 meses a cargo de la administración sin conseguir que el Parlamento apruebe ninguno de los proyectos legislativos con los que el mandatario se propone cambiar este país. No se recuerda en 40 años desde el momento en que la Argentina dejó atrás las dictaduras que la asolaron en el siglo pasado una situación similar. Tan consciente de ello como molesto el jefe de Estado expresa que “las reformas que no podamos meter ahora las vamos a meter el 11 de diciembre de 2025″, cuando estima que dispondrá de mejores condiciones en el Congreso para que sus legisladores voten en favor de sus ideas. Para las elecciones de medio tiempo faltan no menos de 18 meses.
Los motivos por los que se arriba a este cuadro de situación son múltiples, por cierto. Algunos vinculados con situaciones propias de la dinámica de una economía en bancarrota preñada de corrupción estructural, malas prácticas, los efectos de una guerra perdida contra Inglaterra en las Islas Malvinas, reiterados incumplimientos con los organismos multilaterales de crédito, el avance de la ‘pobreza’ y de la economía informal, por solo mencionar algunas y a las que es posible añadir un notorio cambio de época y prácticas sociales ejercidas desde el más alto nivel de conducción política del país que por ello resultan llamativas. Veamos.
En ese contexto de Gobierno débil con un presidente de carácter fuerte, el señor Javier Milei en la Patagónica ciudad turística de Bariloche, en el Hotel Llao Llao, más precisamente, ante los más poderosos empresarios y hombres de negocios que operan aquí –algunos de los cuales desde muchos tiempo residen en el Uruguay– sostuvo que cuando “se ponen controles de capitales el que fuga ya no es un delincuente, es un héroe (porque) logró escaparse de las garras del Estado”. ¿Es un acto de heroísmo la evasión fiscal?
Mientras, el jefe de Gabinete de ministros, Nicolás Posse, junto con el ministro de Economía, Luis Caputo, en Washington trajinaron numerosas oficinas de altos funcionarios de la administración que lidera el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, y del Fondo Monetario Internacional (FMI). Como ya es habitual los mensajes públicos de esos funcionarios desde la capital estadounidense son de optimismo. Kristalina Gueorguieva, la directora gerente de ese organismo, elogió al Gobierno argentino. El Departamento del Tesoro, al arecer, también lo hizo. Sin embargo, Gita Gopinath –quien secunda a la anterior– les informó a ambos que deberán aguardar hasta el venidero mes de junio para saber si acaso la Argentina habrá de recibir un desembolso extra de unos 15 mil millones de dólares, según trascendió, para reforzar las reservas del Banco Central (BCRA) con el objetivo de poner fin al llamado cepo al dólar, relevante compromiso de Javier Milei durante la campaña que lo llevó a la Casa Rosada.
Casi simultáneamente con esa respuesta del FMI, en Buenos Aires, el dos veces exministro de Economía Domingo Felipe Cavallo adelantó que en este mes de abril el Índice de Precios al Consumidor (IPC) –la inflación– podrá estar cerca del 10 % e, incluso, ser de un digito, pero advirtió que considera probable que durante “un largo período” se estacione entre 8 y 9 % mensual. Ese dato y sus efectos permitirá sostener en el tiempo las múltiples demandas de la sociedad civil con sus posibilidades económicas disminuidas. La clase media comienza a molestarse. El ajuste impuesto por la política económica es muy duro.
Tal vez por esa razón el Gobierno intervino con inusual dinámica para impedir que las empresas de medicina prepaga que atienden en el sector privado a más de 7 millones de personas dejaran de aumentar sus precios que los incrementaron sustentándose en las disposiciones del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) con el que se inició la gestión dl presidente Milei. Esas prestaciones aumentaron desde el último mes de 2023 hasta este mes 165 %. Pero no es el único sector que ha incrementado sus tarifas en esa magnitud. Los servicios de transporte (colectivos) aumentaron casi 200 %. Combustibles, cerca de 170 %. Otros servicios esenciales como lo son el agua, la provisión de luz y de gas, se elevarán desde este mes. El Gobierno proyecta que hasta julio alcanzarán un valor de equilibrio. Mañana los estudiantes que cursan educación superior en las universidades públicas de todo el país marcharán en procura de “terminar con el ajuste” al presupuesto educativo. Al menos una universidad privada –la UADE– apoya y participa del reclamo. ¿Será sustentable en el tiempo el ajuste de las cuentas públicas sin que aumenten el mal clima social?
“Hay muchas situaciones que atentan contra la dignidad infinita de la persona humana, como, por ejemplo: avanza la pandemia silenciosa del narcotráfico, que utiliza a los pobres como material de descarte, que promueve el sicariato, que seduce con dinero manchado de sangre a miembros del ámbito político, de la justicia y del mundo empresarial; a muchos abuelos y abuelas se les presenta el drama de elegir entre comer o comprar los medicamentos porque la jubilación no alcanza; cierran comedores comunitarios por falta de asistencia y muchos vecinos se quedan sin la posibilidad de esa comida en el día”, sostiene la Conferencia Episcopal Argentina (CEA), que preside el obispo de San Isidro Óscar Ojea.
“Se ataca la vida inocente que no ha nacido, y, a la vez, la igualmente sagrada vida de millones de niños y niñas ya nacidos que se debaten entre la miseria y la marginación; asistimos a la discontinuidad de políticas públicas de integración de barrios populares, logradas con el consenso de gobiernos de distintos signos políticos y representantes legislativos; también familias despojadas de su tierra natal en beneficio de intereses económicos; hermanos que pierden su trabajo, que sienten que su vida está de sobra, y que no pueden poner el hombro en la construcción de la Patria”, agrega el texto eclesial católico.
Todos los sectores sociales sienten la presión de los precios en alza. En las estructuras más altas del Estado los aumentos salariales se disimulan con ascensos de categoría a numerosos funcionarios. En la Cámara de Senadores –como lo permite la ley– sus integrantes no sólo acomodaron sus dietas (como se denominan sus remuneraciones que no son salarios) sino que desde ahora cobrarán 13 cuotas anuales. Una más que desde siempre. Mientras ello sucedía en el Congreso, ninguno de los 7 integrantes del bloque oficialista de La Libertad Avanza (LLA) se expresó en alta voz para manifestarse en contra de lo que finalmente sucedió. La vicepresidenta Victoria Villarroel, que preside el cuerpo, se justificó en que la decisión “es legal” y repitió ante quien quisiera escucharla que “no puedo impedirlo”.
Pese al ajuste y a las carencias que hacen que el presidente Milei repita una y otra vez que “no hay plata”, el ministro de Defensa Luis Petri junto con su homólogo danés ministro danés Troels Lund Poulsen, en Dinamarca, concretó la compra de 24 aviones de combate F-16 A/B MLU Fighting Falcon con 4 décadas de antigüedad pero que “han sido modernizados y equipados con la mejor tecnología” según la comunicación oficial argentina.
La operación mencionada asciende a un costo de USD 650 millones que incluye a los cazabombarderos, sistemas de armas (misiles aire-superficie y aire-aire misiles aire-aire y armamento guiado aire-superficie, ocho motores, cuatro simuladores de vuelo, entrenamiento y capacitación de los pilotos.
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Reglamento UE 1115: el Ejecutivo debe decidirse por el comercio internacional sin intervencionismo estatal
- Por Víctor Pavón
Cuando todo parecía encauzarse para bien en relación a las exportaciones de nuestros productos como la soja, la carne, el cuero y la madera, para el comercio con la Unión Europea (UE) y por el cual el Ejecutivo nacional tenía una posición correcta de no ceder ante exigencias de otros países, días atrás sin embargo el Gobierno emite el Decreto 1541 que muestra otra tendencia.
El presidente Santiago Peña dijo el año pasado en las Naciones Unidas: “Los países en vías de desarrollo no podemos postergar nuestro desarrollo por exigencias unilaterales que rayan la arbitrariedad”, afirmación certera sobre lo que había que hacer en relación a exigencias que podrían perjudicar al país.
Con referencia concreta al Reg. 1115 de la UE dijo: “Paraguay hará valer su soberanía”.
Del mismo modo, la Cancillería junto como el Ministerio de Agricultura y Ganadería afirmaban que las exigencias de la UE son de cumplimiento imposible para Paraguay, más tomando en cuenta que nuestra producción se hace de modo sostenible protegiendo el medioambiente.
Luego el Gobierno se presenta ante la Organización Mundial del Comercio (OMC) en la que junto con 60 países sostienen acerca de la necesidad imperiosa de reducir las “distorsiones al comercio agrícola” así como medidas exigidas de “modo unilateral”.
Al respecto, alguien que sabe y mucho sobre todo esto, el Ing. Santiago Bertoni, exministro de Agricultura y Ganadería, afirmó que “la norma n.° 1115 de la UE se trata de una barrera comercial a los productos agrícolas, con condiciones exageradas sobre el sector privado”.
De igual modo los verdaderos protagonistas, los que saben lo que pasa en el campo, se hacían escuchar. Los sectores gremiales mediante sus representantes refieren que el Reglamento 1115 no puede ser una imposición ni menos aún convertirse en una normativa internalizada en nuestro territorio perjudicando al campo y que forme parte de nuestro ordenamiento jurídico.
Mientras tanto, la UE venía diciendo que el Reglamento 1115 se aplicaría con o sin acuerdo del Mercosur. Matteo Sartori, quien estuvo por nuestro país, dispuso en carácter de donación de euros 10 millones para el Gobierno, como una forma de ayuda para ir cumpliendo los requisitos ambientales del Reglamento 1115.
Y ¿ahora? El Decreto presidencial 1541 del 16 de abril pasado, viene a cambiar la tendencia correcta del Gobierno con relación al Reglamento 1115. Dice que se deben iniciar las tareas para implementar sistemas de trazabilildad socioambiental para la competitividad de nuestros productos en los mercados internacionales.
En el Considerando del Decreto se lee: “...las recientes normativas de trazabilidad socioambiental adoptadas por mercados extranjeros...” “...que el Estado debe adoptar”... para contar con “una plataforma de trazabilidad ambiental”.
Esta decisión del Gobierno es estatista, contraria a los intereses del sector privado rural que serán convidados de piedra de aprobarse la “nueva trazabilidad”, documento de cumplimiento obligatorio hecho por burócratas que, sentados en cómodos sillones, se dedican a estorbar a los emprendedores.
Es de esperarse que el Ejecutivo tome en cuenta que el comercio y la producción son tareas del sector privado y que el Estado debe garantizar la propiedad y la seguridad para que la gente coopere para intercambiar más y mejores bienes y servicios, tanto dentro como fuera del país. Y esta es la mejor forma de defender la soberanía y la producción del Paraguay.
(*) Presidente del Centro de Estudios Sociales (CES). Miembro del Foro de Madrid. Autor de los libros “Gobierno, justicia y libre mercado”: “Cartas sobre el liberalismo”; “La acreditación universitaria en Paraguay, sus defectos y virtudes” y otros como el recientemente publicado “Ensayos sobre la Libertad y la República”.
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Reiteran captura internacional contra Rodrigo Granda por secuestro de Cecilia Cubas
El juez Mirko Valinotti dispuso reiterar la orden de captura internacional con fines de extradición de Rodrigo Granda, considerado como el canciller del grupo guerrillero FARC y quien brindó apoyo a integrantes del Partido Patria Libre para el plagio y asesinato de Cecilia Cubas, hija del expresidente Raúl Cubas hecho ocurrido en el 2004-2005.
El oficio a la Comandancia de la Policía Nacional, como también a la OCN (Oficinas Centrales Nacionales) Interpol Asunción, con el correspondiente código rojo. Con la remisión del oficio a la dependencia policial se da retorno a lo planteado por los abogados querellantes Andrés Casati y Gessy Ruiz Díaz.
Granda, quien maneja varios alias a fin de eludir a los investigadores, soporta proceso en nuestro país por secuestro, homicidio doloso y asociación criminal. En caso de ser detenido en otro país que no sea Colombia, el excanciller de las FARC tendrá que ser extraditado a nuestro país para enfrentar los delitos que el Ministerio Público imputó en su momento.
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La orden de captura internacional con fines de extradición se firmó el 27 de marzo del 2008 y desde aquel entonces se viene reiterando en numerosas oportunidades pero hasta la fecha no se ha podido ejecutar dicha orden judicial de nuestro país.
De acuerdo a la investigación del Ministerio Público, Osmar Martínez, uno de los fundadores del Partido Patria Libre, con Juan Arrom y Anuncio Martí realizaron una visita a Venezuela donde se reunieron con Granda y otros miembros de las FARC, lugar desde donde se inició a la estrategia para secuestrar y asesinar a Cecilia Cubas.
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Buscan a 12 jueces para el caso Trump
- Nueva York, Estados Unidos. AFP.
Más de ocho millones de personas viven en Nueva York, pero solo 12 podrán juzgar al hombre más controvertido del país, y no es un trabajo que todos puedan o se sientan capaces de hacer.
Trump creció en Nueva York, se hizo famoso allí y durante décadas ha formado parte del paisaje de la ciudad. Y, por supuesto, también ha sido presidente y se presenta de nuevo en las elecciones de noviembre para regresar a la Casa Blanca.
En la Gran Manzana es difícil no tener una opinión sobre el republicano, o sobre los múltiples cargos penales que pesan sobre él.
Así que será un reto enorme para el jurado que sea seleccionado pasarse las próximas semanas juzgando a Trump por supuestamente haber pagado para comprar el silencio de una exactriz del cine porno con la que habría mantenido una relación hace casi 20 años.
Los abogados de ambas partes están barajando decenas de posibles candidatos en una búsqueda de neoyorquinos que puedan ser imparciales - y físicamente capaces de asistir al maratón legal.
Los seleccionados deberán decidir por unanimidad si el candidato a la Casa Blanca, de 77 años, es culpable de 34 delitos graves por falsificación de registros comerciales.