Desde su arribo al cargo, el doctor Fretes inició un proceso de revisión de procedimientos y contratos.

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Varios asesores de la presidencia del IPS fueron destituidos por el nuevo titular, Isaías Fretes, quien en conferencia de prensa, denunció la com­pra excesiva de medicamen­tos e insumos para pacien­tes ostomizados que, según explicó, no llegarán a ser uti­lizados debido a la reducida cantidad de beneficiarios dentro del sistema.

El presidente del IPS resol­vió dar por terminadas las funciones de Dora Lilian Torres de Argüello, Fabiola Lizeth Rodríguez Álvarez, quien se desempeñaba como asesora principal, y Máximo Adonis Vargas Morales, ase­sor adjunto permanente. La decisión se enmarca en una serie de medidas orienta­das –según indicó– a reor­denar la institución y trans­parentar su funcionamiento interno.

En reemplazo, fueron desig­nados en cargos de confianza el economista Sergio Lovera Cañete como asesor princi­pal, junto con Mariano Gon­zález Parra y Miguel Ángel Rodríguez Maidana, tam­bién en funciones de aseso­ría estratégica. Asimismo, fue nombrada Claudia María Martínez Bogado como coordinadora interina de la oficina de coordinación de la gestión administrativa financiera.

Desde su arribo al cargo, el doctor Fretes inició un pro­ceso de revisión de procedi­mientos y contratos, apun­tando a lo que calificó como “cuantiosas irregularidades” dentro del ente previsional. En ese contexto, no dudó en cuestionar decisiones del propio Consejo de Adminis­tración, recordando que en su primera sesión solicitó explicaciones sobre la adjudi­cación reiterada de licitacio­nes a la oferta más costosa en al menos tres oportunidades.

Una de las situaciones más llamativas fue expuesta ayer, cuando reveló la compra de 25.000 bolsitas para ostomi­zados pediátricos, a pesar de que el IPS registra apenas 10 pacientes con esta condición. Según detalló, cada paciente requiere como máximo cua­tro unidades por semana, lo que evidencia una despro­porción significativa entre la demanda real y la canti­dad adquirida.

A esta situación se suma un elemento aún más pre­ocupante: los productos, que deberían contar con una vida útil de hasta siete años, estarían próximos a su vencimiento, lo que abre interrogantes sobre la pla­nificación, los controles y la eventual responsabilidad administrativa detrás de estas adquisiciones. Fretes adelantó que se profundiza­rán las investigaciones para determinar cómo se concre­taron estas compras y quié­nes estuvieron involucrados en las decisiones.

Con motivo de la conmemoración de los 215 años de la Independencia Nacional, el Gobierno paraguayo actualiza durante este mes de mayo sus redes sociales con un diseño unificado que expresa el espíritu de patriotismo para las Fiestas Patrias 2026, incluyendo portales de las instituciones públicas, gobernaciones y entes descentralizados.

La propuesta visual oficial fue desarrollada por la Dirección de Creatividad del Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (Mitic) y presenta una identidad gráfica de estilo moderno y ecléctico, pensada para fortalecer el sentido de pertenencia y proyectar una imagen contemporánea del país, sin perder el vínculo con su historia.

La identidad se estructura en tres bloques cromáticos, en alusión directa a la bandera nacional, que articulan tres pilares fundamentales de la identidad paraguaya. El primero, la memoria histórica, está representado a través del cuadro que retrata la gesta revolucionaria; el segundo, el símbolo patrio, se expresa mediante un detalle del escudo nacional presente en la bandera; y el tercero, el patrimonio arquitectónico, se destaca con la silueta del emblemático Palacio de López.

Con esta propuesta unificada, el Gobierno del Paraguay invita a la ciudadanía a sumarse a las celebraciones de las Fiestas Patrias, reivindicando la historia, los valores y los símbolos que construyen la nación, y renovando el compromiso colectivo con el desarrollo y el futuro del país, en el marco de los 215 años de vida independiente que se conmemoran este 14 y 15 de mayo.

Esta composición visual busca comunicar una celebración que apuesta a la descentralización, a la apropiación ciudadana de los símbolos nacionales y a la conexión entre el pasado heroico y el futuro del país, reforzando la identidad nacional en todos los territorios y plataformas.

La Secretaría Nacional de Cultura acompaña las celebraciones del Mes Patrio con una agenda rica y diversa de actividades artísticas y culturales que se desarrollan en todo el territorio nacional, con especial énfasis en el Centro Histórico de Asunción.

La programación incluye una serie de eventos conmemorativos y propuestas abiertas a la ciudadanía, que van desde visitas guiadas y actividades especiales en museos, jornadas de Palma Peatonal conmemorativa, conciertos, desfiles, intervenciones urbanas y expresiones artísticas que ponen en valor la memoria histórica, la identidad cultural y los espacios patrimoniales del país, reafirmando el carácter participativo y descentralizado de las celebraciones por los 215 años de la Independencia Nacional.

La acusación del Ministerio Público cuenta con 128 páginas donde detalla la participación de cada uno de los acusados.

Los fiscales Jorge Arce, Francisco Cabrera y Verónica Valdez pre­sentaron una acusación por lavado de dinero y solicitaron que el proceso penal contra Miguel Ángel Zaldívar, presi­dente del banco Atlas, y otros directivos de la entidad ban­caria, sea elevado a juicio oral y público. La denuncia fue impulsada por la Confe­deración Sudamericana de Fútbol (Conmebol).

Asimismo, los agentes fisca­les solicitaron el comiso espe­cial y el embargo preventivo sobre bienes del banco Atlas hasta cubrir la suma de USD 718.570. Este pedido deberá ser estudiado por el juez de Delitos Económicos, Hum­berto Otazú.

Por su parte, el abogado Clau­dio Lovera, representante legal de la Conmebol, tam­bién presentó una acusación contra Zaldívar y los demás implicados por el mismo hecho, ratificando el pedido de juicio oral. Además de Zaldívar –esposo de Natalia Zuccolillo–, están acusados por lavado de dinero: Jorge Enrique Vera Trinidad, Celio Tunholi, Eleno Concepción Martínez Duarte, Eduardo Queiroz García y José Miguel Ángel Páez Corvalán.

El 11 de febrero de 2016, se suscribieron en Asunción contratos de fideicomiso de administración de valores entre el fideicomitente, Nico­lás Leoz Almirón, y el fiducia­rio, banco Atlas SA. El monto total de dichos contratos ascendía a G. 23.014.526.050 y USD 2.160.791, integrados por certificados de depósitos de ahorro constituidos en el propio banco Atlas.

Según la investigación, estos fondos provenían de activi­dades ilícitas realizadas por Leoz durante su gestión como presidente de la Conmebol. Según la acusación fiscal, Atlas debió obtener infor­mación adicional sobre el cliente (ocupación, volumen patrimonial y datos públicos disponibles en internet), así como verificar el carácter de la relación comercial y las razones de las transacciones.

Además, la entidad debió rea­lizar una verificación in situ para corroborar la existen­cia y actividad del cliente. En caso de no realizarse, la insti­tución estaba obligada a jus­tificar por escrito los moti­vos en el legajo del cliente. El escrito del Ministerio Público refiere, igualmente, que los directivos de Atlas estaban obligados a monito­rear constantemente la rela­ción comercial. Sin embargo, no aplicaron la “debida dili­gencia ampliada” en los años 2013 y 2016, a pesar de la exis­tencia de prensa negativa y de un pedido de extradición contra Nicolás Leoz.

Finalmente, se menciona que en 2016 el propio Manual de Prevención de Lavado de Dinero del Banco Atlas esta­blecía que, ante el lanza­miento o modificación de cualquier producto, se debía realizar una evaluación de riesgos. Pese a esto, los direc­tivos acusados habrían reci­bido activos provenientes de las actividades ilícitas de Leoz, aprobando la celebra­ción de los contratos de fidei­comiso el 4 de febrero de 2016.

“Esto fue la culminación de una actividad de investigación larga, realmente es un buen ejemplo de lo que implica recopilar información”, dijo el abogado Claudio Lovera.

“Acá se trata de la Confede­ración Sudamericana de Fút­bol como víctima reclamando sus derechos. Esperamos que se aplique correctamente la ley y recuperar sus recursos”, manifestó el abogado Claudio Lovera, representante legal de la Conmebol al referirse a la acusación fiscal y el pedido de juicio oral y público con­tra el titular del banco Atlas, Miguel Ángel Zaldívar, y otros ocho procesados por lavado de dinero. “Esto fue la culminación de una acti­vidad de investigación larga, realmente es un buen ejem­plo de lo que implica recopi­lar información, no fue fácil porque tuvieron que acceder a varias fuentes. Es muy rele­vante el pronunciamiento del Ministerio Público y no hay que olvidar que es un caso de lavado de activos y está en juego la imagen del Paraguay de llevar con seriedad una investigación de este tenor, y yo creo que es lo que ocurrió”, afirmó Lovera, a la 650 AM.

El requerimiento de juicio oral y público fue realizado ayer jueves por los agentes fiscales Jorge Arce, Fran­cisco Cabrera y Verónica Valdez. Asimismo, la Fis­calía solicitó el comiso de USD 718.000, que deberá ser embargado de los bienes del banco Atlas.

El abogado dijo que Zaldí­var y los demás implicados, Jorge Vera Trinidad, Celio Tunholi, Eleno Martínez Duarte, Eduardo Queiroz, José Miguel Páez Corvalán, entre otros, se exponen a una expectativa de pena de 5 años por lavado de dinero, pero no descartó que en la discusión jurídica pueda elevarse hasta 10 años si se determinan cir­cunstancias especialmente graves durante el juicio oral.

La rufianería consiste en la explotación económica de una persona que ejerce la prostitución, un delito que se sancionado con una pena privativa de libertad de hasta 5 años, según el Código Penal Paraguayo (Ley 1.160/97), según el artículo 129, inciso a, de la ley modificatoria 3440/08. La Fiscalía realizó la caracterización de este hecho punible basándose en 35 denuncias ingresadas entre 2021 y 2025.

Un informe elaborado por el departamento de Estadísticas del Ministerio Público, orientado a analizar el perfil del hecho punible de rufianería, evidencia que una proporción significativa del vínculo entre víctima y victimario es de carácter familiar, lo que implica la participación de personas del entorno cercano de las afectadas en el ilícito.

El reporte aclara que la prostitución en sí, no constituye un hecho punible en Paraguay. No obstante, cuando una persona obliga a otra a ejercerla, se configura un delito, el cual se agrava si el autor es un familiar de la víctima. La ley 5777/16 establece en su artículo 6, inciso d, que la violencia sexual comprende toda acción que vulnere el derecho de la mujer a decidir libremente sobre su vida sexual, mediante cualquier forma de amenaza, coacción o intimidación.

Asimismo, se identifica la participación de propietarios o responsables de establecimientos que, bajo la promesa de empleo digno, captan a las víctimas para posteriormente someterlas a situaciones de explotación. Este grupo representa el 29 % de las personas denunciadas. Por su parte, los conocidos, vecinos, amigos, allegados y personas desconocidas concentran en conjunto el 16 %, según datos del Observatorio del Ministerio Público.

En relación con las condiciones de vulnerabilidad, el informe señala que el 40 % de las víctimas fue sometida a maltrato. Asimismo, el 30 % presenta adicción a sustancias y otro 30 % se encuentra en situación de pobreza. En cuanto al contexto de ocurrencia, se observa que los hechos se registran principalmente en residencias o viviendas particulares, las cuales son utilizadas como espacios de explotación.

Esta situación agrava el estado de vulnerabilidad, considerando que el entorno familiar se configura como un espacio de riesgo y no como un espacio de seguridad y protección como lo es el seno familiar. Otros ámbitos identificados incluyen: casas de citas; ofertas laborales engañosas; bares, cabarets y clubes; y situaciones de criadazgo.

El 93 % de las víctimas corresponde al sexo femenino. El análisis revela además una alta incidencia en menores de edad, quienes deberían contar con protección en el ámbito familiar, pero se encuentran expuestos a contextos de riesgo bajo el control de sus victimarios. En cuanto a la edad, el 50 % de las víctimas tiene entre 0 y 17 años, el 40 % se ubica en el rango de 18 a 29 años y el 6 % corresponde a personas de 30 años o más, señala el informe de estadística de la Fiscalía.

La totalidad de las personas sindicadas como responsables supera los 30 años de edad. En cuanto al sexo, el 68 % corresponde a mujeres, mientras que el 32 % restante a hombres. El informe identifica además la concurrencia de otros hechos punibles vinculados, entre los que se destacan la trata de personas, que representa el 54 % y la coacción sexual y violación el 46 %, según el Observatorio del Ministerio Público.

La mayor cantidad de denuncias se registra en horas de la mañana, particularmente los días lunes y jueves, lo que sugiere que los hechos se producen con mayor frecuencia durante los fines de semana. En relación con la distribución temporal, se identifican como meses de mayor incidencia febrero, abril, octubre y noviembre.

El comportamiento de este hecho punible presenta características cíclicas, con incrementos asociados a periodos de mayor interacción social y consumo. Asimismo, factores climáticos inciden en la dinámica delictiva, dado que durante las épocas cálidas se intensifican las actividades nocturnas y los desplazamientos vinculados a las vacaciones. Finalmente, Asunción y los departamentos de Caaguazú, Itapúa, Central y Canindeyú son las áreas con mayor incidencia.