Agentes de la Policía Nacional detuvieron en Barrio Obrero de Asunción a un adolescente de 15 años, quien cuenta con 4 órdenes de captura, entre ellas, por homicidio doloso; además, se encontraba prófugo luego de una fuga del Centro Educativo de Itauguá, en el departamento Central, el 28 de noviembre del año pasado.
Pese a su corta edad, cuenta con frondosos antecedentes, entre otros, por robo agravado y lesión grave. El detenido se encuentra en la Comisaría 21º de Asunción a disposición de las autoridades competentes y en las próximas horas se presentaría ante un juez para imposición de medidas. El adolescente contaba con 14 años cuando huyó del reclusorio.
“A partir de su fuga en noviembre del 2022, nos abocamos a su búsqueda; además de tener una captura por la fuga, también tiene otras cuatro órdenes en distintos juzgados, por distintas causas. Tenemos un caso por lesión grave, dos casos por robo agravado y un caso por homicidio doloso”, expresó el comisario Osvaldo Aquino, jefe de la Comisaría 21º.
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El adolescente tiene el alias Polaco y cometía hechos delictivos en distintas zonas de la capital y el área metropolitana, según el jefe policial, en contacto con el canal NPY. Advirtió que el mismo residía en Barrio Obrero hasta el momento de su detención que fue en la vía pública cuando fue sorprendido por policías; otros agentes vigilaban su vivienda, de acuerdo a Aquino.
En las próximas horas sería nuevamente trasladado hasta el Centro Educativo de Itauguá. “Cuando se fugó tenía 14 años, fue remitido por otro caso, se cumplió el oficio, por ser día feriado no podemos hacer diligencias para su traslado”, afirmó el policía.
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Manifestantes chocan con policía en Argentina por proyecto de ley a favor de propiedad privada
Miles de personas marcharon este jueves en Buenos Aires contra un proyecto de ley a favor de la propiedad privada impulsado por el presidente Javier Milei, en una protesta que derivó en choques con la policía.
La fuerza pública se dispersó con balas de goma, gases lacrimógenos y chorros de agua a los manifestantes que arrojaron piedras a los uniformados en medio de corridas frente a la sede del Congreso, según periodistas de la AFP.
Previamente, el gobierno debía retirar de la iniciativa un punto polémico que liberaba la venta de tierras a extranjeros, el cambio más rechazado.
Aun así, los manifestantes se movilizaron. “Yo quiero que caiga la ley completa”, dijo a la AFP Roxana Parapugna, una socióloga de 51 años frente a la sede del legislativo.
Para Carlos Miño, un jubilado de 67 años, “casi todo el proyecto está en la misma dirección: entregar de una u otra forma nuestros bienes, nuestras cosas”.
“La patria no se vende”
La iniciativa que comenzó a debatirse este jueves en el Senado busca dificultar expropiaciones del Estado, facilitar desalojos ‘express’ y destrabar el cambio de uso y venta de tierras rurales afectadas por incendios.
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Convocada por sindicatos, partidos de izquierda y movimientos sociales, la protesta más importante se registró frente al Congreso, en el centro de una Ciudad de Buenos Aires pese al día de intensas lluvias.
“La patria no se vende” fue la principal consigna de los manifestantes que se multiplicó en cánticos y banderas.
El denominado proyecto de “Ley de inviolabilidad de la propiedad privada” llevaba semanas sin poder tratarse por el apartado que flexibilizaba la Ley de Tierras Rurales para extranjeros.
El Gobierno de Milei sostiene que las restricciones de la ley actual, vigente desde 2011, desalienta inversiones. La norma limita al 15 % la proporción de tierras que pueden venderse a extranjeros, porcentaje que se aplica a cada provincia y cada municipio individualmente.
El gobierno quería liberarlo, luego propuso ampliarlo a 25% y sobre el total de cada provincia. Pero resolvió quitarlo del proyecto por falta de apoyos.
Según datos de un estudio de la Universidad de Buenos Aires y del Conicet, el organismo estatal de investigación científica de Argentina, más de 13 millones de hectáreas del país (superficie similar a Inglaterra), pertenecen a extranjeros.
Aunque en ninguna de las 23 provincias argentinas se supera el 15% de la ley, según el Registro de Tierras Rurales 31 departamentos ya pasan ese límite, en algunos municipios de Misiones (noreste) llega al 80%.
Tras el rechazo social generalizado, gobernadores aliados habitualmente al gobierno sumaron su rechazo y el oficialismo suprimió el cambio. La ley aún debe debatirse en la Cámara de diputados. El resto del proyecto también genera críticas.
Otros capítulos buscan reforzar las barreras para la expropiación de tierras o inmuebles o acelerar los desalojos por impagos de alquiler. También propone eliminar o flexibilizar la Ley de Manejo del Fuego, que restringe la venta de tierras incendiadas.
- Fuente: AFP
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San Pedro: descartan intento de feminicidio de parte de policía y sustentan disparo accidental
El comisario Eladio Martínez, nuevo jefe de Prevención y Seguridad de San Pedro, dio detalles del caso de un policía que habría disparado accidentalmente a la hermana de un camarada.
Aseguró hoy, en declaraciones a la 1020 AM, que el disparo se produjo de manera accidental mientras un suboficial manipulaba su arma de fuego frente a familiares. Ocurrió en la localidad de Yrybucuá, departamento de San Pedro.
“Según los intervinientes, según algunos testigos y de acuerdo con la investigación fiscal, se trató de un disparo accidental”, expresó.
Resultó víctima Liz Salinas Rojas (25), quien sufrió una herida de arma de fuego en la zona púbica y llegó inconsciente al hospital, donde fue sometida a cirugía y permanecía con pronóstico reservado, según el reporte médico.
Añadió que el disparo se produjo cuando manipulaba el arma. “Por su inexperiencia y su impericia, se le escapó un tiro”, agregó el entrevistado.
Inmediatamente, junto a familiares trasladaron a la víctima hasta el Hospital Distrital de Santaní. “Es vecina y amiga, porque es hermana de otro camarada de él y se descarta completamente un posible intento de feminicidio, como se dijo al principio”, aclaró el jefe policial.
En ese sentido, Martínez mencionó que el sindicado estaba mostrando el arma a la familia, cuando ocurrió el incidente. Se trata de Wilson Agustín González (23), suboficial ayudante de Prevención y Seguridad con destino en la Comisaría 32° de Yrybucuá.
“Es un joven recientemente egresado, perteneciente a la última promoción, había cambiado recientemente su arma de fuego, y según los datos recabados, él estaba mostrando el arma a la familia”, señaló el jefe policial.
Intervino en el caso, la Comisaría 8va de San Estanislao. La fiscal Lilian Ruiz ordenó su libertad, pero no la desvinculación. Es decir, la investigación sigue su curso.
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Policía de Brasil investiga plan de atentados contra poderes públicos en las elecciones
La Policía de Brasil informó el martes que realizó una operación contra ocho hombres sospechosos de planear en Telegram atentados contra los poderes públicos en Brasilia durante las elecciones de octubre, en las que el presidente Lula busca un cuarto obligatorio.
Autoridades informaron que se incautaron celulares y computadoras de los investigados en cinco estados, pero no se hallaron armas ni explosivos ni hubo detenciones.
Los sospechosos integraban “dos grupos públicos en la plataforma Telegram que compartían información sobre planificación de atentados en Brasilia” en el período electoral, detalló en una rueda de prensa el secretario de Derechos Digitales del Ministerio de Justicia, Victor Fernandes.
“Lo que se investiga no se refiere meramente a opiniones, sino (...) a la planificación de actos graves de violencia”, precisó.
Los sospechosos, de entre 19 y 31 años, no se conocen personalmente ni tienen antecedentes delictivos. Trabajan en empleos diversos. Uno de ellos es seminarista de un monasterio de Pernambuco (noreste).
Según un comunicado de la Policía Civil, en Telegram compartieron “manuales para la fabricación de artefactos explosivos” y discutieron la “invasión de edificios, selección de objetivos, formación táctica, reclutamiento interestatal, análisis de mapas y (...) modelos tridimensionales de edificios”.
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La investigación busca “aclarar el grado de organización y el nivel de desarrollo de las acciones” bajo la hipótesis de asociación criminal y apología del crimen, entre otros posibles delitos, sin que los hechos se encuadren “por ahora” como terrorismo, agregó el texto.
Fernandes indicó que se solicitó a la Agencia Nacional de Protección de Datos, un órgano público independiente, que investigue si Telegram incumplió su deber de “impedir la circulación masiva de contenidos delictivos”.
Brasil aprobó en abril una ley que endureció las reglas sobre la responsabilidad de las plataformas digitales y redes sociales sobre los contenidos divulgados por sus usuarios.
Los investigados conspiraban contra “el sistema político en su conjunto, sin determinar izquierda o derecha” y sin barajar nombres de autoridades, dijo el jefe de inteligencia de la Policía Civil de Brasilia, Maurílio Coelho.
En sus conversaciones mencionaron como posibles objetivos “todos los ministerios, el Congreso, el Supremo Tribunal Federal (...) y la planta baja de Planalto”, el palacio presidencial.
El izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva se enfrentará en octubre al candidato derechista Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro (2019-2022).
El exmandatario está condenado a 27 años de prisión por un intento de golpe de Estado tras perder las elecciones contra Lula en 2022.
El 8 de enero de 2023, días después de la asunción de Lula, simpatizantes bolsonaristas invadieron y destruyeron las sedes de los poderes públicos en Brasilia, un episodio considerado por la corte suprema como parte de la misma trama golpista que llevó a Bolsonaro a la cárcel.
- Fuente: AFP
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Fiscalía imputa y pide prisión preventiva para expresidentes del IPS
El Ministerio Público ordenó la imputación y pidió la prisión preventiva de los expresidentes del Instituto de Previsión Social (IPS), Vicente Bataglia, y Jorge Brítez, por supuesta lesión de confianza (daño patrimonial). Además imputó a otras siete personas.
Según la Fiscalía, existen elementos de sospecha seria sobre el caso. Los otros funcionarios imputados son: Hugo Enrique Aranda, José Raúl Coronel Acosta, Juan Villar López, Rosa Colmán, Jaime Joel Caballero Ruiz Díaz, Marcelo Bordón y Verónica Blanco Bogado.
Los investigados habrían firmado adendas irregulares a un contrato para instalar quirófanos en el Hospital Central, generando un perjuicio de G. 61.000 millones.
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El Ministerio Público también solicitó el embargo de bienes por G. 61.000 millones y la inhibición general de vender y gravar bienes de todos los procesados.
Vicente Bataglia fue expresidente del IPS, cuya gestión entre 2022 y 2023 afronta procesos judiciales por supuestos daños patrimoniales e irregularidades administrativas, con un daño patrimonial cercano a los 1,5 billones de guaraníes, según informe de la Contraloría.
Brítez estuvo al frente del IPS entre agosto de 2023 y abril de 2026.
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