Este viernes, desde el Hospital Pediátrico “Niños de Acosta Ñu”, confirmaron que desde el mes de mayo hasta la fecha 8 pacientes fallecieron por complicaciones de infecciones respiratorias y más de 90 ingresaron a terapia. Instan a la aplicación de las vacunas contra la influenza y el covid.

Según el doctor Héctor Castro, director del hospital, en esta temporada se reportó un aumento muy importante de infecciones respiratorias y que en un mes pasaron por las salas de internación más de 500 pacientes.

“Estamos viendo un aumento de casos respiratorios desde el 4 de mayo hasta ahora, de forma sostenida. Hemos cerrado con casi 500 casos internados en el Hospital Pediátrico por cuadros respiratorios. De este número, 90 casos en terapia intensiva y 8 fallecidos niños”, apuntó Castro, en entrevista con la 650 AM.

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Afirmó que es muy importante estar alerta y que se extremen los cuidados, ya que recién ahora estamos con el clima frío. “Hasta la fecha de hoy, ya hemos superado las consultas por cuadros respiratorios con relación a mayo, en menos de 15 días”, manifestó.

Indicó que la excreción de los virus que contagian estos cuadros respiratorios, son mucho mayor y por más tiempo en los niños. “Los chicos representan también amplificadores de contagio que finalmente termina en personas vulnerables que desarrollan formas graves y terminan en los hospitales”, refirió.

Manifestó que cuando hay un aumento coincide con temperaturas bajas, humedad alta y ambiente cerrado, eso es lo que perpetúa el contagio. “Los niños en su gran mayoría, no vacunados contra influencia y Virus Sincitial Respiratorio (VSR), que son los que están ocasionando estos casos de internación”, puntualizó.

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• Bogotá, Colombia. AFP.

Pablo Escobar formó durante los 1980 un ejército de adolescente pobres dispuestos a matar a policías, políticos y magistrados. Con el dinero del narcotráfico los convenció de cometer crímenes horrorosos, una herencia que sigue viva en Colombia. Este tipo de crímenes, comunes en tiempos del capo abatido en 1993, volvieron a la memoria del país esta semana, tras el intento de asesinato del aspirante a la presidencia Miguel Uribe mientras se reunía el sábado con seguidores en un parque de Bogotá.

El martes, la fiscalía imputó a un adolescente de 15 años por presuntamente atentar a balazos contra el dirigente político de 39 años, que está en estado crítico en una clínica. El joven se declaró inocente y está detenido. Un video al que tuvo acceso la AFP muestra al presunto atacante moverse entre la multitud vistiendo una camiseta estampada y vaqueros. En un momento saca un arma y apunta. Suenan disparos, Uribe cae y la multitud se dispersa en pánico.

La fiscalía asegura que le propinó tres tiros. Esto “no es algo excepcional para Colombia”, dice a la AFP Mathew Charles, exasesor de Unicef en Colombia y director de la fundación de inclusión de jóvenes vulnerables Mi Historia. La fiscal general de Colombia, Luz Adriana Camargo, aseguró el lunes que bandas de delincuentes utilizan a menores porque el marco jurídico es diferente al de los adultos y contempla penas más leves. Solo en 2024, cerca de 5.000 adolescentes de entre 14 y 17 años ingresaron a este sistema penal en Colombia luego de cometer delitos, entre ellos homicidio, según el Ministerio de Justicia.

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Los jóvenes que empuñan armas suelen venir de barrios marginados, con escaso acceso a educación y entornos familiares frágiles, dice Charles. Ante la falta de oportunidades, la criminalidad se presenta como única salida.

“Están buscando soluciones” rápidas para obtener dinero “porque no hay comida en la mesa por las noches en su casa”, explica. El 33 % de los colombianos son pobres. Casi el 4 % de los niños y adolescentes en edad escolar abandonaron sus estudios en 2023, año del último balance oficial.

Los grupos ilegales pagan a menores entre 50 y 500 dólares por matar, según investigaciones de Charles. A menudo son “engañados” y no llegan a ver nunca el dinero prometido, asegura.

Cuando fue detenido, el menor acusado de disparar contra Uribe decía que estaba dispuesto a “colaborar” con las autoridades y que recibió órdenes de una persona de la “olla”, como se le conoce en Colombia a los puntos de expendio de drogas.

Astrid Cáceres, directora de la entidad estatal encargada de la protección de los menores (ICBF), dice que, en buena parte de los casos, las mafias “provocan” que los menores cometan delitos “a partir del consumo” de sustancias psicoactivas.

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La pena máxima para un menor por homicidio en Colombia es de ocho años. Un adulto puede enfrentar hasta 50 años tras las rejas. Usar a menores “es una vieja costumbre” en el país que “busca claramente la impunidad y aprovecharse de su situación de marginalidad”, dice el penalista Francisco Bernate a la AFP.

Bernate sugiere que el desarrollo cerebral de niños y adolescentes es un factor determinante en estos casos. Un menor de 18 años “no tiene la plena capacidad para comprender” las “consecuencias de sus actos”.

“No solo en Colombia, (sino) en la mayoría de países del mundo, y así lo obligan los tratados internacionales, reciben un tratamiento diferenciado al de los adultos”, dice. La fiscal Camargo explicó que, a diferencia del código penal, con un enfoque punitivo, el marco legal de los menores contempla sanciones educativas y restaurativas. No van a la cárcel sino a centros especializados.

El 22 de marzo de 1990, el candidato presidencial del Partido Comunista Bernardo Jaramillo iba a tomar un vuelo. Pese a estar acompañado por escoltas, le dispararon a quemarropa y lo mataron en el aeropuerto. El joven que empuñaba el arma tenía 16 años. “Ese muchacho duró un poco más de un año detenido (...) y en 1992 apareció muerto a tiros junto a su padre en el baúl de un carro en Medellín”, cuenta a la AFP el periodista y académico Jorge Cardona.

El autor del libro “Días de Memoria”, que hace un recuento de los sucesos violentos que marcaron a Colombia entre 1986 y 1991, cuenta dos casos más. El ministro de Justicia, Rodrigo Lara Bonilla, fue asesinado por un menor de 16 años en 1984 y Carlos Pizarro, exguerrillero del M-19 y candidato presidencial, cayó baleado por otro joven, de 20 años, dentro de un avión en 1990. Esos casos no han sido totalmente resueltos.

• México. AFP.

Doce personas murieron y cinco resultaron lesionadas por un incendio en una clínica de rehabilitación contra las drogas en el violento estado mexicano de Guanajuato (centro), informó este domingo la fiscalía estatal. Los ataques a centros de atención de personas con adicciones en México suelen ser perpetrados por cárteles del narcotráfico que buscan reclutar a los pacientes que, en caso de resistirse, son ejecutados por los sicarios.

El incendio en la clínica, localizada en el municipio de San José Iturbide, ocurrió la madrugada de este domingo, según información de medios mexicanos. Agentes de investigación criminal y peritos de la fiscalía estatal determinaron que el incendio se inició al interior de un dormitorio que estaba cerrado por fuera, indicó la dependencia en un comunicado.

Señaló asimismo que 23 personas se encontraban en la clínica al momento del incendio, de los cuales tres internos que resultaron ilesos se reportan como “no localizados”. “La identidad del responsable aún no ha sido determinada. Se investiga si se encuentra entre los fallecidos, lesionados o personas ilesas”, señaló la fiscalía.

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En abril, un ataque armado contra una clínica de rehabilitación en el estado de Sinaloa (noroeste) dejó nueve personas fallecidas y cinco heridas. Otro incendio en un establecimiento similar en Ciudad de México en febrero provocó la muerte de cinco internos y forzó la evacuación de decenas de pacientes. El estado de Guanajuato es un importante centro industrial, con plantas de ensamblaje de autos como Mazda y Toyota, y alberga además populares destinos turísticos.

La región, sin embargo, es sacudida por la violencia debido a cruentos enfrentamientos entre el Cártel Jalisco Nueva Generación, uno de los más poderosos de México, y el grupo Santa Rosa de Lima. En 2024 fue el estado con mayor número de homicidios (3.151), según cifras oficiales, poco más del 10 % de los registrados el año pasado en todo México.

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La Fundación Florencia, que brinda atención y apoyo a niños con hipoacusia en Paraguay, realizó una actividad en la que reafirmaron sus compromiso para mejorar la calidad de vida de los pacientes. Durante el encuentro se reunieron padres, profesionales y los niños que padecen de esta condición que afecta a la audición, pero que puede ser revertida.

Se trata del quinto “Día Florencia”, que es desarrollada por la Fundación Florencia Gómez, que impulsa la concientización sobre la importancia de la detección temprana y la rehabilitación auditiva.

“Fue una jornada llena de emotividad, alegría y esperanza que reunió a un gran número de familias, amigos y profesionales que acompañan el desarrollo y el apoyo de niños con pérdida auditiva y sus familias. Los chicos disfrutaron de una jornada llena de juegos y actividades”, expresaron los organizadores.

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Afirmaron que todos los presentes tuvieron la oportunidad de fortalecer el sentido de comunidad y reafirmar el compromiso de la institución con la promoción de la inclusión. Durante el encuentro también estuvieron presentes jóvenes con implante coclear, donantes, amigos y directivos de empresas que apoyan a la fundación.

“Este evento reafirmó el compromiso de la institución con mejorar la calidad de vida de niños con hipoacusia en Paraguay, brindándoles las herramientas necesarias para desarrollar su máximo potencial y construir un futuro más inclusivo”, aclararon.

Para estar al tanto de las acciones que va realizando la fundación en apoyo a niños y niñas con pérdida auditiva y sus familias, puede visitar las redes sociales en Instagram y Facebook como @fundacionflorencia. El quinto Día Florencia, se desarrolló el pasado 25 de mayo en el predio de la Sede Social de la Caja de Jubilados Bancarios.

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