Cansado de la inseguridad y de que las autoridades encargadas de velar por la seguridad no hagan nada, un ciudadano hizo justicia por mano propia y capturó a un joven, a quien acusa de haberlo asaltado. Se trata de un video que recorre las redes y en el que se puede observar al supuesto asaltante acostado, boca para abajo, frente a la Fiscalía de la ciudad de San Antonio, con las manos detrás de la espalda, siendo atajado con la rodilla por la víctima.
El mismo dijo a la representante de la Fiscalía que todo el pueblo de San Antonio le conoce a él y a otro a quien se le soltó 2 veces, por eso, harto de la inseguridad reinante y de la inacción policial, llegó hasta la sede del Ministerio Público de la citada ciudad con el delincuente.
Ante la pregunta de la representante de la Fiscalía si el hombre realizó la denuncia, indicó que no la hizo porque los policías no hacen nada. “Por eso salí yo a buscarle. Acá traigo los videos y al asaltante de una vez”, expresó el hombre.
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“Acá se te va a tomar la denuncia y vamos a ver en qué consiste, porque si él te robó ayer, tenías que hacer la denuncia y tener constancia”, respondió quien aparentemente sería la fiscal de la sede. Ante esto, el hombre increpó al supuesto delincuente para que brinde la información necesaria y que la representante del Ministerio Público escuche.
El joven tendido boca abajo respondió que el sábado robó al hombre que lo capturó y si bien señaló que el monto que había en la billetera era 750.000 guaraníes, la víctima aclaró que habían 2 millones de guaraníes y seguidamente preguntó qué hizo con el dinero, a lo que el supuesto delincuente respondió que compró una caja de crack para vender.
“Me imagino que se le va a hacer un allanamiento a esa gente”, retrucó a la fiscal, quien acertó a decir “voy a hacer mi investigación”. El afectado reaccionó sorprendido, ya que aseguró que el asaltante estaba dando toda la información necesaria para el caso.
“Me dijo que me iba a devolver mi plata, me llevó a la casa de su socio y este me salió con un arma y empezó a disparar, si querés te llevo a su casa también”, agregó la víctima de robo.
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La otra cara de la tragedia: robos y saqueos en zona devastada de Venezuela
De un pequeño abasto no quedaron ni los cables. No había terminado de temblar la tierra cuando comenzaron los robos y saqueos en la zona más devastada por el doble sismo en Venezuela. Las denuncias abundan en el estado costero de La Guaira, vecino a Caracas y convertido en una gran montaña de escombros.
En un video en redes sociales, un grupo de personas se pasa cajas de electrodomésticos desde una tienda colapsada; en otros se ven también cajas similares sobre techos de autos o en motos. También circulan en las redes acusaciones contra policías y militares que supuestamente roban en casas o incluso a los muertos.
La sucursal de una importante cadena de farmacias fue desvalijada, al igual que supermercados y otros comercios. Es una situación que algunos atribuyen al llamado “turismo de la desgracia” y otros al hambre y necesidad que se crean al perderlo todo en un país en crisis crónica.
“¿Es justo que nuestro pueblo se coma al pueblo?”, lamenta María Esther Bernal, de 71 años, que alquilaba locales a comerciantes chinos, todos saqueados. “No dejaron ni el papel de las paredes”, resume. “Se llevaron hasta los cables”.
“Allí al lado un señor se murió, era un señor chino, pasaban por encima del muerto para saquear, eso era un automercado”, lamenta.
La población no esconde su ira por la lenta y escasa ayuda de las autoridades ante el doble sismo que ya dejó 1.450 muertos y decenas de miles de desaparecidos.
Reclaman no solo en las labores de rescate en La Guaira sino en el mantenimiento de la seguridad y la atención con comida, agua, medicinas.
El gobierno militarizó el estado y restringió el acceso a un salvoconducto que hay que tramitar con los militares en Caracas.
“Nos robaron todo”
Las casas tampoco se salvaron. “Aquí no hay nada”, dice a la AFP Zulay de Carvajal, de 72 años. “Nos robaron todo, la ropa... zapatos, corotos (utensilios), ollas, tazas, vasos”.
“Encontramos un desastre”, completa su hijo, Gregory Carvajal, de 37 años. “Nosotros estábamos sacando personas que estaban muertas y en ese momento estaban saqueando, la gente estaba loca, saqueando, llevándose todo”.
En otro barrio de La Guaira, lo mismo. Un hombre encontró a un grupo tratando de desatascar un camión en una casa para llevárselo.
Hay personas que extraen combustible de los carros tapiados; otros que se hacen pasar por bomberos. Hay denuncias de todo tipo.
Un video que circula en redes sociales muestra a un hombre que expulsa de su casa a un militar y otro funcionario que encuentra esculcando.
“Siguen sacando vainas (cosas), no aguanto”, protesta la persona que graba con su teléfono.
Los funcionarios le dicen que solo comprobaban si había gente. “Fuera, fuera, que me han saqueado todo”. La Guaira ya había sido devastada en 1999 por lluvias y deslaves que dejaron más de 10.000 muertos. Y esa época “también hubo el fenómeno de la delincuencia”, explica Marino Alvarado, excoordinador de la ONG de derechos humanos Provea.
“No es extraño que nos podamos conseguir con tres situaciones que también se vivieron en el deslave”, añade. “La delincuencia; dos, el abuso policial que ya empieza a ser denunciado; y tres, funcionarios policiales o militares participando también del saqueo”. Después de que una de las sucursales de la cadena farmacéutica Farmatodo fue saqueada en La Guaira, la empresa limpió el local con ayuda de la comunidad. Ahora funciona ahí una clínica de atención primaria.
Fuente: AFP.
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En escándalo de títulos falsos, el MEC interviene tres instituciones y cierra dos facultades
El Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) dispuso la intervención de tres instituciones de educación superior y el cierre de dos facultas, por presuntas irregularidades en la emisión de títulos.
El ministro Luis Ramírez confirmó la medida, aunque evitó dar a conocer los nombres de estas instituciones y facultades, durante su comparecencia ante la Comisión Especial de Investigación sobre títulos falsos.
Esta comisión especial pertenece al Senado y fue instalada en junio de 2026 para investigar un esquema de emisión, comercialización y uso de diplomas y certificados universitarios presuntamente irregulares.
Esta dos facultades fueron cerradas por el Consejo Nacional de Educación Superior (Cones) debido a una red de falsificación de títulos, considerando que la Fiscalía ya investiga más de 250 diplomas fraudulentos detectados en el sistema educativo.
La causa penal por los títulos falsos del MEC está a cargo de un equipo de fiscales conformado por Teresa Sosa (de la Unidad Penal N° 20) y Juan Leonardi Guerrero (de la Unidad Penal N° 17), bajo la dirección de la fiscala Sosa y la supervisión del fiscal adjunto Augusto Salas.
Tras destaparse el esquema de corrupción incluyen las acciones principales incluyeron allanamientos, cierres y auditorías.
Dentro de estas instituciones de educación superior se encuentra un instituto ubicado en la ciudad de Horqueta (Concepción) vinculado a la verificación de unos 1.800 documentos irregulares.
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De acuerdo a las investigaciones preliminares, las pesquisas apuntan a que los títulos fraudulentos se habrían comercializado por montos que oscilaban entre los G. 6.000.000 y G. 25.000.000, dependiendo de la carrera.
En cuanto a imputaciones, hasta la fecha, más de una docena de docentes y funcionarios públicos han sido imputados por el Ministerio Público por uso de documentos no auténticos y producción de contenido falso.
Modus operandi y casos
El esquema incluía desde diplomas completamente falsificados hasta cartones auténticos de universidades cuyos supuestos egresados jamás cursaron la carrera, según las investigaciones.
Igualmente, los antecedentes muestran firmas irregulares, validación de carreras que no estaban habilitadas al momento del supuesto egreso y la presunta complicidad de funcionarios para inscribir los títulos en el Viceministerio de Educación Superior.
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OEA: Paraguay impulsa mayor cooperación regional frente al crimen organizado
En el cierre del quincuagésimo sexto período ordinario de sesiones de la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos, celebrado del 22 al 24 de junio del 2026 en la Ciudad de Panamá, el Estado paraguayo planteó que la lucha contra el crimen organizado debe convertirse en una prioridad regional basada en la cooperación internacional, el fortalecimiento institucional y la coordinación entre Estados.
El gobierno de Paraguay estuvo representado por el vicecanciller Víctor Verdun y el primer secretario, Luis Jerónimo Sann Irún, quienes coincidieron en el planteamiento de dejar de lado las diferencias ideológicas para enfrentar amenazas transnacionales que afectan la seguridad, la democracia y el desarrollo de las naciones.
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Este encuentro multilateral se desarrolla bajo el lema "América unida en el bicentenario del Congreso Anfictiónico de Panamá“, y con el tema ”Multilateralismo firme en defensa de la democracia, la seguridad hemisférica y la estabilidad en los Estados miembros“.
Al respecto, Vedun señaló que la inseguridad es el principal problema de la región; si bien, indicó que América Latina suele considerarse una zona de paz por la ausencia de guerras, recordó que solo el año pasado hubo unas 100.000 víctimas de crímenes violentos, de los cuales el 30 % fueron víctimas vinculadas al crimen organizado.
“Estamos ante un problema endémico que es la falta de seguridad. Escuchamos a uno de los panelistas decir cómo las generaciones jóvenes se están desencantando del sistema democrático, por la falta de respuesta y una que usualmente se nos achaca es la falta de respuesta efectiva contra la ola de inseguridad. No podemos olvidar que sin seguridad no hay inversión y sin inversión no hay crecimiento”, remarcó Verdún.
Desideologizar el crimen organizado
Uno de los conceptos más fuertes que planteó el vicecanciller paraguayo es que el crimen organizado afecta a todos los países sin distinción ideológica y que la cooperación debe estar por encima de diferencias políticas. Sostuvo que ante esto, el principal desafío es construir confianza entre los jóvenes, independientemente a las ideologías políticas.
“El crimen organizado nos afecta a todos, afecta a todas nuestras sociedades en sus diversas gamas de delitos. Así que tenemos que eliminar el componente ideológico de la lucha contra el crimen organizado. Construir confianza entre los actores gubernamentales, particularmente entre nuestros organismos de seguridad y entre nuestros organismos de inteligencia”, acotó.
Acción conjunta
En tanto que, el primer secretario Sann Irún, destacó el papel de los países observadores y de la cooperación internacional para dotar a los Estados de mayores capacidades institucionales frente a amenazas complejas y transnacionales.
Remarcó que Paraguay agradece y valora el respaldo técnico y financiero que los observadores aportan a los proyectos de la OEA. Teniendo en cuenta que su cooperación impacta directamente en el fortalecimiento de las capacidades institucionales de los Estados para enfrentar amenazas complejas y transnacionales, como la lucha contra el crimen organizado, la trata de personas, los desafíos emergentes de la ciberseguridad, entre otros.
“Frente a un panorama global marcado por múltiples retos e incertidumbres, Paraguay reafirma que el éxito de nuestra acción colectiva radica en el respeto mutuo a las realidades nacionales, las prioridades de cada Gobierno y fundamentalmente el bienestar directo de nuestras comunidades”, acotó.
Asimismo, destacó que el Estado paraguayo renueva el reconocimiento por el constante apoyo a las misiones de observación electoral de la OEA. “El Paraguay las ha defendido siempre como una herramienta insustituible para el perfeccionamiento, blindaje y transparencia de nuestros sistemas democráticos”, remarcó.
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Agujero de G. 126.000 millones reaviva polémica por millonario fideicomiso IPS-Atlas
El cuestionado contrato de fideicomiso firmado entre el Instituto de Previsión Social (IPS) y el banco Atlas (empresa perteneciente al Grupo Zuccolillo que conforman otras empresas en diversos ramos incluidos medios de comunicación) vuelve al centro del debate luego de que el presidente del Instituto de Previsión Social (IPS), doctor Isaías Fretes, confirmara que la deuda por los hospitales Hemato-Oncológico y Buongermini asciende a G. 126.000 millones, pese a que la previsional otorgó al banco Atlas SA G. 828.800 millones para terminar estos y otros dos hospitales.
El caso es investigado por parte del Ministerio Público, por presunto daño patrimonial con el citado contrato; teniendo en cuenta que el acuerdo, presentado originalmente como una herramienta para financiar infraestructura sanitaria, terminó generando fuertes cuestionamientos por el manejo de los fondos provenientes de los aportes de trabajadores y empleadores.
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Si bien el Banco Atlas realizó recientemente la devolución de un millonario monto a la previsional, en concepto de intereses no acreditados en el marco de un contrato de fideicomiso que data del año 2017. Son más de G. 800 millones devueltos a la previsional, que significan el reconocimiento de irregularidades por parte de la entidad bancaria de la familia Zuccolillo con el manejo de los fondos fiduciarios.
Este fideicomiso comprometió G. 828.800 millones del IPS para la construcción y terminación de establecimientos de salud. El objetivo principal del fideicomiso era mejorar la capacidad hospitalaria de la previsional mediante obras estratégicas como el Hospital Ingavi, la Policlínica, el Hospital Día/Buongermini y el Hospital Hemato-Oncológico.
Obligaciones pendientes
A casi una década de la firma del contrato en el 2017, a la fecha, las obras no se concretaron e incluso permanecen obligaciones pendientes por aproximadamente G. 126.000 millones. De ese monto, unos G. 98.000 millones corresponden al Hospital Hemato-Oncológico y otros G. 28.000 millones al Hospital Buongermini, según manifestó el propio presidente del IPS, doctor Isaías Fretes, en una reciente entrevista.
Este caso es investigado por el fiscal de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción, Néstor Coronel, quien en su momento había señalado que están avanzando con la investigación sobre la ejecución del contrato de fideicomiso por valor de G. 828 mil millones entre el banco Atlas y el IPS, que debía ser utilizado para la construcción de cuatro hospitales.
Confirmando que el contrato establecía que el banco Atlas actuara como fiduciario, administrando los recursos del IPS para ejecutar los pagos vinculados a las obras. La figura del fideicomiso buscaba, justamente, garantizar transparencia, control y una administración eficiente del dinero. Pero las auditorías y cuestionamientos posteriores apuntaron a presuntas irregularidades en la utilización de los fondos.
Uno de los puntos más controvertidos fue la incorporación del denominado “Punto 5: Otros centros de salud”, una modificación que, según informes mencionados públicamente, habría permitido desviar recursos hacia destinos distintos a los cuatro proyectos originalmente previstos. Las auditorías citadas en el caso señalan que una parte mayoritaria del dinero terminó vinculada a otros usos diferentes al objetivo inicial del fideicomiso.
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