A partir de esta semana queda prohibida la venta de pirotecnia en los lugares no habilitados del Mercado 4 en Asunción ante el inicio del operativo de fin de año. El anuncio fue realizado este lunes en conferencia de prensa por parte del jefe de Gabinete de la comuna capitalina, Federico Mora.
Señalan que se confeccionó una lista de lugares y locales habilitados en el Mercado 4, específicamente serán habilitados siete comercios para la venta, entre los que se destacan la Plaza de la Amistad y la plaza Julio César Franco, ambas en cercanías del popular centro de compras, donde se podrán adquirir estos explosivos.
Por su parte, el director del Mercado 4, Juan Villalba, señaló que se controlarán los depósitos clandestinos de pirotecnia en el lugar para evitar acumulación de los artefactos y de esta manera evitar el peligro que representan, en un lugar con alto nivel de aglomeración de personas.
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Sanciones
Aseguró que se trabajará en conjunto con la Dimabel y la Fiscalía para contar con órdenes de allanamiento y requisa sobre venta de estos artefactos en depósitos. Los permisionarios que incumplan serían sancionados con un pago de entre 10 y 20 jornales, y para la venta será necesario contar con un permiso especial, indicó Villalba.
“Confeccionamos una lista de lugares y locales habilitados en el Mercado 4 y todo Asunción. Tenemos datos alarmantes. Algunos locales no tienen fecha aprobada. Si no tienen permiso de la Dimabel, serán clausurados”, expresó Villalba en conferencia de prensa.
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TSJE castigará con quita de subsidios a partidos que no rindan cuentas en las municipales
Desde el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), encabezado por Jorge Bogarín, informaron que para las elecciones municipales generales del 4 de octubre correrá la aplicación de sanciones por parte de la institución a partidos políticos que no rindan cuentas sobre los ingresos y gastos de campaña de sus candidatos a intendentes y concejales.
“Hay que tener en cuenta que las sanciones por incumplimiento en las elecciones internas municipales estuvieron a cargo de los órganos disciplinarios partidarios y ahí el TSJE no tuvo intervención en cuanto a las sanciones”, indicó a la 1140 AM el director de Financiamiento Político del TSJE, Christian Ruiz Díaz.
Señaló también que “En este proceso para las elecciones municipales generales que se está iniciando, sí el Tribunal Electoral hace un control estricto del grado de cumplimiento y sanciona con una quita al subsidio electoral que le pudiera corresponder a la organización política por el grado del incumplimiento de sus candidatos tanto para las intendencias como para las concejalías. Las sanciones son aplicadas a las organizaciones políticas y no a los candidatos conforme a lo que establece la Ley de Financiamiento Político“.
Para las municipales generales, más de 19.000 aspirantes titulares y suplentes deberán presentar sus declaraciones de ingresos y gastos de campaña. “Revisar todas las documentaciones lleva bastante tiempo y este trabajo es realizado de manera conjunta con la Contraloría General de la República”, indicó.
Ruiz Díaz acotó: “La norma establece que, finalizadas las elecciones municipales, dentro de los 60 días, tanto las organizaciones políticas como los candidatos deben rendir cuentas de lo declarado; a partir de ahí, la dirección a mi cargo evalúa de acuerdo a nuestro sistema el grado de incumplimiento. No obstante, tenemos que controlar el cumplimiento de la formalidad de los documentos de respaldo de los gastos y eso lo hacemos a través de auditorías que también lo hace la Contraloría por 90 días”.
Señaló además: “Posteriormente, la Contraloría nos remite su informe de auditoría y también nosotros hacemos una fiscalización de todos los documentos presentados por cada uno de los candidatos. Esto nos lleva aproximadamente un año y medio, porque son varios y es el tiempo que nos da para establecer las quitas que pudieran corresponder a las organizaciones políticas“.
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Paraguay avanza hacia una economía digital más segura con la nueva Ley de Datos Personales
La Ley n.º 7.593 de Protección de Datos Personales marca un cambio significativo en la forma en que empresas, instituciones y organizaciones recopilan, almacenan y utilizan información de los ciudadanos. La normativa establece nuevos derechos para las personas, crea obligaciones más estrictas para quienes administran datos y pone en marcha una autoridad especializada de control que podrá aplicar sanciones ante incumplimientos.
Según explicó a La Nación/Nación Media, Adriana Ramos, asesora jurídica del Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (Mitic), el principio central de la ley es que los ciudadanos recuperan el control sobre sus datos personales.
En la práctica, esto significa que cualquier persona podrá exigir información clara sobre qué datos se recopilan, para qué serán utilizados, cuánto tiempo serán conservados y si serán compartidos con terceros o transferidos al exterior.
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La legislación incorpora derechos como el acceso a la información almacenada por una empresa, la rectificación de datos incorrectos, la eliminación de registros cuando ya no exista una justificación para conservarlos, la oposición al uso de información para fines comerciales o publicitarios y la portabilidad de los datos entre distintos proveedores. También contempla la posibilidad de cuestionar decisiones tomadas exclusivamente por algoritmos o sistemas automatizados.
Para el sector privado, la normativa introduce nuevas exigencias operativas. Las empresas ya no podrán solicitar información sin una justificación válida y deberán contar con una base legal para hacerlo, ya sea mediante consentimiento del usuario, obligaciones contractuales o disposiciones legales.
Además, deberán aplicar el principio de minimización, limitándose a pedir únicamente los datos necesarios para la prestación de un servicio o la ejecución de una actividad determinada.
La ley tendrá impacto directo en sectores como el comercio electrónico, las aplicaciones móviles, los programas de fidelización, los servicios financieros, las aseguradoras, las telecomunicaciones y cualquier organización que maneje bases de datos de clientes.
También obliga a reforzar los mecanismos de ciberseguridad y establece que, en caso de filtraciones o incidentes que comprometan información personal, las empresas deberán informar a la autoridad competente en un plazo máximo de 72 horas.
Uno de los aspectos más relevantes es la creación de la Agencia Nacional de Protección de Datos Personales, que funcionará dentro de la estructura del Mitic con autonomía funcional. Este organismo tendrá facultades para recibir denuncias, realizar auditorías, emitir reglamentaciones, supervisar transferencias internacionales de datos y aplicar sanciones cuando se detecten incumplimientos.
Para los ciudadanos, el procedimiento será gratuito. En caso de considerar que una empresa utilizó indebidamente sus datos, primero deberá presentar un reclamo ante la propia organización. Si no obtiene respuesta o esta resulta insuficiente, podrá acudir a la Agencia o recurrir a la garantía constitucional del hábeas data.
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MEF reglamenta rendiciones de ONG y avanza en un mayor control sobre el manejo de recursos
El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) oficializó la implementación del marco regulatorio para las Organizaciones Sin Fines de Lucro (OSFL) con la emisión de la Resolución N.º 337, que establece los procedimientos, requisitos y plazos que deberán cumplir estas entidades para presentar sus informes de transparencia y rendición de cuentas.
La medida forma parte del proceso de reglamentación de las leyes N.º 6446/2019 y N.º 7363/2024, normas que buscan fortalecer los mecanismos de supervisión, trazabilidad y acceso a la información sobre el funcionamiento de fundaciones, asociaciones y otras organizaciones que operan en el país.
El objetivo principal de esto es contar con información más precisa y estandarizada sobre el origen, destino y utilización de los recursos que administran estas entidades, además de consolidar una base de datos unificada que facilite el control por parte del Estado.
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La resolución dispone que todos los trámites y reportes deberán realizarse exclusivamente a través del Sistema Integrado de Administración de los Registros Administrativos (SIARA), una plataforma digital creada para centralizar la gestión de información y reducir los procesos presenciales.
Para ello, el MEF habilitó formularios específicos dentro del módulo de Transparencia y Rendición de Cuentas del sistema, junto con manuales e instructivos destinados a facilitar la adaptación de las organizaciones al nuevo esquema de presentación electrónica.
La reglamentación también establece criterios uniformes para la remisión de información financiera, balances, actualización de datos institucionales y reportes de actividades. Asimismo, incorpora disposiciones específicas para las organizaciones constituidas en el extranjero que desarrollan actividades en Paraguay.
Uno de los aspectos centrales de la resolución es la definición de un calendario de implementación gradual. La primera rendición obligatoria comprenderá las actividades y recursos administrados entre el 1 de julio y el 31 de diciembre de 2026. Las organizaciones tendrán plazo hasta el 30 de junio de 2027 para presentar la documentación correspondiente, mientras que el primer informe de transparencia deberá publicarse antes del 31 de enero de ese mismo año.
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Migraciones reporta más de 1.300 casos de impedimentos de salida del país en controles
Un total de 2.425 operativos de seguridad fueron desplegados en los puestos fronterizos y aeropuertos del país en el primer semestre del año por la Dirección Nacional de Migraciones. Estas acciones forman parte de los controles que lleva a cabo la institución con el objetivo de fortalecer la seguridad en los puntos de acceso a las fronteras.
A través de los procedimientos fueron detectados casos de fraude documental, suplantación de identidad, personas requeridas por la justicia nacional e internacional, así como intentos de salida irregular del país y extranjeros que no cumplían con los requisitos legales de ingreso, según el reporte de la institución.
El desglose de las intervenciones realizadas de enero a junio de 2026 detalla un total de 1.338 casos de impedimentos de salida del país, principalmente por falta de documentación de viaje, ausencia de autorizaciones para menores de edad y órdenes judiciales.
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El informe indica 867 inadmisiones de extranjeros, al no cumplir con las condiciones legales de ingreso. Así también, 122 expulsiones conforme a la Ley n.º 6984/22 de Migraciones, 73 procedimientos de entrega y cierra la lista con 25 extradiciones coordinadas con organismos nacionales e internacionales.
Entre los procedimientos se destaca un caso de un ciudadano afgano que intentó entrar a Paraguay utilizando un pasaporte canadiense perteneciente a otra persona. Se identificaron además personas requeridas por la justicia internacional, incluyendo un ciudadano peruano con notificación roja de Interpol por un presunto caso de tráfico internacional de drogas.
Con respecto a las denegaciones de entrada al país, la lista encabeza Venezuela con 299 casos, le sigue Brasil con 201 y Argentina con 149 casos. El reporte de la institución señala que los procedimientos de control con motivo de encuentros deportivos internacionales arrojaron como resultado la inadmisión de hinchas por incumplir las normas establecidas. En ese punto, menciona que fueron rechazados 25 argentinos en Puerto Falcón-Clorinda y 11 hinchas colombianos del club Junior de Barranquilla.