La dirigente de la Organización de Trabajadores de la Educación del Paraguay-Sindicato Nacional (OTEP-SN), Blanca Ávalos, explicó este jueves que solicitaron a la Cámara de Senadores mayor presupuesto para el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) a fin de cubrir mínimamente las necesidades.
“Lo que nosotros cuestionamos es cómo vamos a hablar de una transformación educativa si no hay mayor presupuesto para cubrir lo básico en educación y así también queremos que se respete el acuerdo del 16% (salario básico profesional) porque fue el acuerdo firmado entre el MEC y los gremios”, dijo la vocera de la OTEP-SN a los medios de prensa.
Sostuvo que el presupuesto del Ministerio de Educación fue recortado en un 10% a causa de la pandemia del COVID-19 y lo que se necesita es incrementar los recursos destinados a la cartera estatal para una mayor inversión en infraestructura y materiales básicos para los estudiantes del país.
Ávalos indicó que se necesita llegar a una inversión en educación al 7% del producto interno bruto (PIB) para mejorar las condiciones actuales y que el salario básico profesional debe aplicarse sin ninguna discriminación a los docentes, como se estableció en su momento con el gobierno anterior.
Lea más: Censistas continúan con la recolección de datos en Central y el interior
“Si solamente piensan que van a transformar la educación, sin tener en cuenta el contexto social de nuestro país, poco o nada se va a poder hacer, por eso nosotros planteamos un debate más amplio que el ministerio hasta ahora se niega a dar una participación a todos los sectores. El tema del presupuesto debe ser mayor”, agregó.
La dirigente de la OTEP-SN indicó también que los parlamentarios deben participar en cuestiones referentes a la educación del país porque hasta el momento hay un blindaje, por lo que no se puede construir el modelo de sociedad y educación que se pretende.
Puede interesarle: Reportan incendio de gran magnitud en una recicladora de Capiatá
Dejanos tu comentario
Diputados pide informes al MEC sobre rubros vacantes
En sesión extraordinaria desarrollada este martes, la Cámara de Diputados aprobó un pedido de informes al Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) sobre la cantidad total de rubros docentes disponibles a la fecha, discriminado por nivel educativo, modalidad y departamento.
Los impulsores de la iniciativa son los diputados Luis González Vaesken y Antonio Buzarquis, quienes solicitan conocer en detalle la situación actual de los cargos docentes, su administración mediante el Banco de Datos de Educadores Elegibles (BDEE) y el sistema de asignación de interinatos.
Alegan que el pedido apunta a fortalecer la transparencia en la gestión de los recursos humanos del sistema educativo, considerada clave para garantizar el acceso equitativo a los cargos docentes y mejorar la calidad educativa en todo el país.
Te puede interesar: Nuevo embajador de Taiwán visitó comisión de Diputados
En ese sentido, los congresistas buscan acceder a información precisa sobre la disponibilidad de rubros, los criterios utilizados para su asignación y los mecanismos implementados para cubrir vacancias.
En el espacio de las mociones de tratamiento sobre tablas los diputados también aprobaron una declaración “Que insta al Ministerio de Educación (MEC) a prohibir el cobro de dinero en las instituciones educativas para el acceso a los sanitarios”.
La declaración insta al Poder Ejecutivo - Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) a arbitrar de manera inmediata las medidas administrativas y normativas necesarias para prohibir de forma absoluta el cobro de aranceles o “colaboraciones” por el acceso y uso de sanitarios en todas las instituciones educativas de gestión oficial y subvencionada del país.
Leé también: Indert otorga titulación masiva en Araújo Cué, tras casi 40 años de lucha
Dejanos tu comentario
Kast apura cambio de rumbo en Chile
Con solo tres semanas en el poder, el presidente ultraderechista José Antonio Kast dio un giro a Chile, con el anuncio de recortes presupuestarios y la marcha atrás en algunas decisiones clave tomadas por su antecesor, el izquierdista Gabriel Boric.
Kast, abogado de 60 años, prometió un “gobierno de emergencia” y “mano dura” para enfrentar el crimen, la migración irregular y reactivar la economía.
En sus primeros días en el cargo, inició la construcción de zanjas en las fronteras, frenó los trámites de regularización de más de 180.000 migrantes, rebajó el 3 % los gastos corrientes de sus ministerios y suspendió la entrada en vigor de más de 40 decretos ambientales para priorizar la creación de empleos.
“Están quitando todo lo que hizo la izquierda y no creo que sepan lo que siente la gente común y corriente”, dice a la AFP Rodrigo Araya, un cocinero de 27 años de Santiago.
El politólogo Rodrigo Espinoza, de la Universidad Diego Portales, señala que los cambios de Kast son esperables porque “fue algo que prometió en campaña”.
El nuevo gobierno además anunció que detendrá la expropiación de Colonia Dignidad, un enclave alemán que funcionó como un antiguo campo de represión durante la dictadura de Pinochet (1973-1990), por motivos de ahorro.
Pero la decisión que más golpea la economía de los chilenos es su ajuste severo al mecanismo que amortiguaba las alzas bruscas de los combustibles. La semana pasada el precio de la gasolina se disparó en 30 % y el diésel en 60 %.
Estas fueron ejecutadas a través de decretos y órdenes presidenciales, sin pasar por el parlamento, donde el Partido Republicano de Kast no tiene una mayoría propia de medidas.
El poder ejecutivo espera un ahorro de 6.000 millones de dólares para reducir el déficit fiscal, que en 2025 cerró en 3,6 % del PIB. Sus detractores dudan que pueda hacerlo sin afectar beneficios sociales.
“Mala señal”
La semana pasada Kast enfrentó sus dos primeras protestas lideradas por ambientalistas y estudiantes que temen cambios al sistema educativo universitario, en el que también anunció que evalúa recortes.
En opinión de Gonzalo Müller, director del centro de políticas públicas de la Universidad del Desarrollo, Kast no busca “desmantelar un supuesto legado” de Boric.
“Lo que hay son muchos puntos de fricción entre decisiones tomadas en el gobierno anterior que no eran compartidas por el entrante”, comenta.
Una reciente encuesta de la consultora Cadem advierte un primer golpe a la popularidad de Kast: cayó de 57 % a 43 % desde que ganó la presidencia.
“No vamos a tomar decisiones en base a la popularidad, sino en torno a la gestión, al buen trabajo, y en el tiempo las cosas se estabilizan”, dijo el mandatario este martes en entrevista con medios locales.
La contadora Wanda Alarcón, de 55 años, apoya los recortes de Kast. “Hay que adaptarse al presupuesto. Si no tienes mucho en tu billetera, hay que apretarse”, dice en el centro de Santiago.
El nuevo gobierno ha anunciado que flexibilizará las normas ambientales para impulsar la economía. “No nos vamos a equivocar si tenemos que priorizar tres arbolitos a 100.000 empleos”, aseguró Daniel Mas, ministro de Economía, en una entrevista con el diario El Mercurio.
Entre las normas que Kast frenó es una para emisiones regulares de contaminantes; otra para la creación de nueve parques nacionales protegidos y un registro de sanciones a infractores ambientales.
También un decreto que ampliaba la protección del pingüino de Humboldt, una especie endémica en peligro de extinción.
La norma declaraba “monumento natural” a esta ave, lo que podría afectar intereses económicos en áreas circundantes a su hábitat.
“Es una mala señal”, dice Alejandro Simeone, científico que estudia al pingüino de Humboldt desde hace tres décadas. “Estamos en un escenario en el que todo es tan negativo, tan complejo, que es probable” que se extinga esta especie en las próximas décadas, sostiene.
De acuerdo con un estudio que lideró el experto, su población cayó 63 % entre 2022 y 2025 debido a la gripe aviar, el fenómeno de El Niño y la competencia por alimentos con la industria pesquera.
“Es un error llevar esto a una antítesis, en que proteger la naturaleza signifique no hacer actividades económicas”, dice la ecóloga Cristina Dorador, investigadora en la conservación de salares.
- Fuente: AFP
Lea más: Índice de pobreza en Argentina cerró 2025 con un nivel bajo
Dejanos tu comentario
Inteligencia artificial y educación: avanzar con criterio nacional
- Dr. José Duarte Penayo
- Filósofo. Presidente de la Aneaes
Pocas discusiones condensan hoy el problema del desarrollo como la relación entre inteligencia artificial y educación. Allí convergen la disputa por el capital humano del futuro, la capacidad de los Estados para gobernar la aceleración tecnológica, la defensa de la soberanía cultural y la posibilidad de que nuestros sistemas educativos dejen de correr detrás de los cambios vertiginosos de la época.
Para países como el nuestro, esta cuestión es un tema que exige un debate nacional de forma urgente, porque de la forma en que ingresemos en esta transformación dependerá la calidad de nuestra formación, así como el tipo de inserción productiva y cultural que el país logre construir.
Como señalan Reimers, Azim, Palomo y Thony en su libro Artificial Intelligence and Education in the Global South: A Systems Perspective, publicado por Springer Nature en 2026, la inteligencia artificial puede ampliar capacidades pedagógicas, aliviar cargas docentes, producir materiales contextualizados, personalizar apoyos y hacer más eficiente la gestión del sistema en el denominado “Sur Global”.
Sin embargo, sus potencialidades positivas se pueden materializar si y solo si su adopción se articula con estrategias públicas de conducción, formación docente, evaluación y adaptación a contextos concretos.
Por citar algunos ejemplos del trabajo mencionado, en el Uruguay, el centro de innovación educativa con tecnología Ceibal contribuyó a ordenar la discusión regional con marcos para enseñar inteligencia artificial y para enseñar con inteligencia artificial, subrayando que el punto no es el dispositivo aislado, sino su integración pedagógica y ética.
En Brasil, Nova Escola desarrolló una herramienta accesible por WhatsApp que permitió a más de 15.000 docentes generar más de 63.000 planificaciones, reduciendo tiempos de preparación y ampliando apoyos para la práctica docente.
En Mali, la iniciativa RobotsMali utilizó IA para producir más de 180 libros infantiles en lengua bambara en menos de un año, mostrando que la innovación también puede servir para fortalecer lenguas y contextos locales, no solo para importar contenidos ajenos.
A las experiencias anteriores debemos sumar un aporte fundamental para nuestra realidad. Se han documentado casos en los que la baja conectividad y otras carencias de infraestructura tecnológica no bloquean la posibilidad de innovar.
Iniciativas como Kolibri, que utiliza un modelo diseñado para funcionar sin internet, junto con Artificial Intelligence in Education Unplugged en Brasil, han logrado resultados comparables en escuelas rurales y urbanas. Estos ejemplos demuestran que los contextos de conectividad restringida ofrecen vías legítimas para integrar estas herramientas con un criterio de inteligencia y equidad.
Los autores sostienen que la integración de estas estrategias debe estar anclada en los contextos locales. En el caso del Paraguay, el desafío trasciende la mera adaptación a las tendencias globales. Nuestra realidad nacional exige una incorporación soberana de la inteligencia artificial fundamentada en el criterio propio y en el resguardo de la identidad cultural.
Resulta indispensable atender a los sesgos algorítmicos y promover la alfabetización digital para asegurar que el proceso responda a las necesidades del entorno. Estas condiciones evitarán que la adopción de soluciones externas imponga modelos extraños a nuestras lenguas y a nuestro proyecto de país.
Abordar con seriedad la inteligencia artificial en el ámbito educativo requiere distanciarse tanto de las posturas apocalípticas como de los entusiasmos eufóricos. No alcanza con repetir advertencias terminales sobre el dominio tecnológico, como plantea Éric Sadin en L’intelligence artificielle ou l’enjeu du siècle, donde observa en la IA una forma de desplazamiento progresivo de lo humano por la racionalidad técnico-industrial.
Asimismo, conviene evitar la celebración acrítica de cada innovación como una promesa automática de emancipación, como ocurre en el Techno-Optimist Manifesto de Marc Andreessen, que presenta el avance tecnológico como fuente casi intrínseca de crecimiento, bienestar y expansión de la vida.
Entre la desconfianza absoluta y la fe ciega en la tecnología, hay un espacio más difícil, pero fecundo. Se trata del lugar de la conducción pública, del discernimiento pedagógico y de la deliberación nacional sobre qué usos deben promoverse, cuáles deben regularse y qué límites son necesarios para alcanzar un objetivo de bien común.
Ese punto obliga, además, a romper con cierto “pedagogismo dominante” que durante años degradó la discusión educativa, sustituyendo contenidos por consignas metodológicas vacías.
La inteligencia artificial puede ayudar a personalizar la enseñanza, pero no puede convertirse en un nuevo pretexto para licuar la exigencia intelectual. El Paraguay requiere una modernización ambiciosa que sea fuerte en ciencias, historia, lengua y formación del juicio crítico.
La inteligencia artificial abre la posibilidad de superar la estructura lancasteriana de la enseñanza, en la que una misma secuencia, el mismo ritmo y la misma explicación se implementan para grupos heterogéneos. Es posible trascender esa uniformidad sin renunciar a la escuela como institución pública fundamental. Las nuevas herramientas favorecen la existencia de apoyos diferenciados, materiales con distintos niveles de complejidad, retroalimentación más frecuente y un seguimiento más fino de trayectorias.
Además, pueden reposicionar la autoridad del docente y redefinir su centralidad, ya que el educador deja de ser un mero facilitador de contenidos homogéneos, para convertirse en un mediador intelectual, curador de materiales, intérprete del contexto, corrector de errores y orientador cívico del aprendizaje.
La incorporación de la inteligencia artificial a la educación paraguaya ya es un hecho, su uso ha sido introducido de la mano de estudiantes y docentes, pero sin mayores guías ni reflexiones institucionales sobre su implementación. Por ello, es urgente establecer un criterio nacional que permita fortalecer la alfabetización crítica y la revisión de los perfiles curriculares en función de un proyecto de desarrollo del país. La cuestión de fondo ya no es si Paraguay debe o no ingresar a esta agenda; el dilema central radica en la forma en que se integrará a ella. El país debe decidir entre actuar como un consumidor de soluciones ajenas o consolidarse como una nación capaz de conducir la tecnología según sus propias necesidades históricas, fortaleciendo con ello su identidad, su democracia y su proyecto común de desarrollo.
Dejanos tu comentario
El programa “Fiscalía en escuelas y colegios” llegó a Concepción
En el marco del programa educativo “Fiscalía en escuelas y colegios”, el Ministerio Público desarrolló una charla de dos horas dirigida a 55 alumnos de la Educación Media de la Escuela Agrícola de Belén, en el departamento de Concepción. La abogada Auxiliadora Bidondo abordó temas vinculados a la seguridad en redes sociales, el ciberacoso y el microtráfico.
Por otra parte, en el colegio República Dominicana de la ciudad de Fernando de la Mora, los facilitadores Joel Estigarribia, Andrea Duarte y Aracelly Rojas llevaron adelante una serie de charlas dirigidas a estudiantes del 5.° al 9.° grado, en los turnos mañana y tarde, alcanzando a aproximadamente 400 alumnos. Las exposiciones se centraron en delitos informáticos, seguridad en redes sociales y ciberbullying, con un enfoque preventivo y orientado a la realidad cotidiana de los jóvenes.
Durante la jornada, se brindaron herramientas para la identificación de conductas de riesgo y se promovió el uso responsable de las plataformas digitales. Estas jornadas de concienciación están dirigidas a estudiantes de distintos puntos del país, con el objetivo de promover el conocimiento sobre temáticas de alto impacto social y fortalecer la prevención desde el ámbito educativo.
Estas actividades se enmarcan en la política de comunicación institucional del Ministerio Público, específicamente en el eje estratégico de transparencia y participación ciudadana, consolidando espacios de diálogo directo con la comunidad educativa. A través de estas iniciativas, la institución reafirma su compromiso con la formación de ciudadanos informados y conscientes, promoviendo la denuncia responsable y el acceso efectivo a la justicia.