Una red narco de Asunción extendió el mercado de venta de cocaína para el microtráfico en Misiones a través de la alianza con el principal objetivo, identificado como José Domingo Riveros, quien fue detenido. Foto: Gentileza
Caen traficantes de cocaína tras 13 allanamientos en Misiones
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Luego de realizar 13 allanamientos simultáneos entre Misiones y Asunción contra traficantes de cocaína, la Policía Nacional detuvo a unas 7 personas ayer en horas de la tarde, mientras que esta mañana la Fiscalía les tomó declaración indagatoria. Se calcula que la estructura movilizaba más de G. 400 millones al mes.
Se trató de una investigación contra el narcomenudeo en el interior del país para desmantelar un esquema de distribución de cocaína en Misiones con redes en Central, que impulsó el ilícito del narcomenudeo en el sur mediante una red de proveedores ubicados en su mayoría en San Juan Bautista y otros en Asunción.
Distribuidores de cocaína asuncenos extendieron el mercado de venta de cocaína para el microtráfico en Misiones a través de la alianza con el principal objetivo, identificado como José Domingo Riveros, oriundo de San Juan Bautista, departamento de Misiones.
“Fueron 11 allanamientos en Misiones y 2 en Asunción desde donde se realizaba la provisión de droga. Se detuvo al proveedor y se desbarató la organización. Lo que hicimos fue ejecutar las detenciones, encontramos cocaína, estamos hablando de seis meses de tarea investigativa”, afirmó la fiscal Fabiola Molas en rueda de prensa.
El detenido ordenaba la distribución de la droga a través de una red de al menos 6 colaboradores a quienes exigía metas de venta, las cuales estarían ubicándose entre los 300 gramos al mes. Se estima que todos lograron ingresar al mercado de consumo más de 4.000 dosis de droga al mes.
El proveedor asunceno fue identificado como Sady Gabriel Camaraza, con antecedentes por tráfico de drogas mediante el servicio de encomiendas a través de empresas de transporte, mecanismo utilizado para enviar los paquetes de cocaína desde la capital hacia Misiones, donde eran recibidos para la redistribución.
Durante un procedimiento realizado en San Lorenzo, la Policía Nacional incautó una camioneta Toyota Fortuner de color negro con documentos clonados, que había sido robada en junio del 2024 en Brasil. El vehículo tenía los datos de otro rodado de similares características perteneciente al coronel retirado Heriberto Galeano, excomandante del Regimiento Escolta Presidencial (REP).
La intervención se dio en el marco de un control aleatorio hecho por personal del Departamento de Automotores, confirmó el comisario Juan Pereira. “Esta incautación se da porque encontraron irregularidades al momento de la verificación, es trasladada hasta la base de Automotores con el conductor que en un primer momento quedó en carácter de aprehendido”, señaló a la 1020 AM.
Explicó que ante la inspección ocular y la intervención del perito especializado se pudo constatar que el vehículo presentaba adulteración en la numeración de chasis, las placas apócrifas y la documentación falsa.
“También se realizó la consulta pertinente con la Policía Federal del Brasil en donde se constató que el vehículo en mención fue robado el año pasado en el mes de junio en el estado de Santa Catarina. Ante la verificación de todos estos datos nos pusimos en comunicación con el coronel retirado Heriberto Galeano excomandante del Regimiento Escolta Presidencial. Es así que el día de ayer él se presentó acá con su camioneta original, con toda la documentación”, expresó.
Los intervinientes comprobaron que el titular de la camioneta es víctima de un hecho de clonación de su vehículo con todos sus datos. “Fue robado en Brasil el vehículo, se le generó una documentación apócrifa, estaba circulando de esa manera. Pero ante el control del personal especializado de este departamento se puede dar ya la incautación. Y también el propietario de la camioneta original, ya tiene la tranquilidad de que ese vehículo clonado ya se encuentra incautado a cargo del Ministerio Público”, puntualizó.
Mafia de los pagarés: convocan a autoridades de la Fiscalía como primera medida
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Desde la presidencia de la comisión especial de carácter transitorio que investiga los hechos relacionados con la trama delictiva denominada mafia de pagarés, informaron que como primera medida convocarán a las autoridades del Ministerio Público, teniendo en cuenta la existencia de un total de 70 imputados.
Refieren que es fundamental el trabajo del órgano extrapoder con la finalidad de que las denuncias no queden impunes. A la vez se plantea citar a los representantes del Ministerio de la Defensa Pública, teniendo en cuenta que el Congreso Nacional no puede inmiscuirse en casos judiciales concretos.
En la lista de las convocatorias también figuran representantes de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), con quienes buscarán intercambiar informaciones que contribuyan al proceso de investigación.
También se citará al gremio de los abogados. Entre los indagados se encuentran jueces, actuarios y abogados, quienes aplicaron demandas ejecutorias sobre supuestas deudas promovidas mediante pagarés ya cancelados o de contenido falso para estafar a cientos de trabajadores.
Detallaron que la urgencia radica en lograr el levantamiento de los embargos e impulsar una propuesta legislativa para evitar que casos similares vuelvan a ocurrir. En los próximos días se dará a conocer los días y horarios establecidos paraconcretar los encuentros con las diversas autoridades a ser convocadas
Integrantes de la Comisión Especial
Ayer lunes, el Senado designó a los miembros de la citada comisión. El bloque está conformado por los colorados Mario Varela, Carlos Núñez, Blanca Ovelar, Juan Afara, Lizarella Valiente y Norma Aquino. Asimismo integrarán lacomisión especial los opositores Rafael Filizzola, Edgar López, Éver Villalba, Esperanza Martínez, José Oviedo e Ignacio Iramain.
Juez devolvió a Fiscalía la imputación del repartidor que mató a defensa propia
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El juez Rolando Duarte devolvió a la Fiscalía la imputación de Carlos Alberto Garcete, quien fue imputado por homicidio doloso por defenderse de unos delincuentes.
Ahora, la Fiscalía deberá seguir investigando el hecho o tendrá que evaluar si corresponde archivar el presente caso.
El sábado pasado, la Fiscalía imputó por homicidio doloso al repartidor de 60 años que disparó y mató al presunto delincuente que estaba asaltando con un arma de fuego a su compañero, en el barrio Santa Ana de la ciudad de Asunción. El hombre alegó que realizó los disparos en defensa propia y que huyó del sitio por temor a represalias de otros delincuentes de la zona.
El hecho se reportó el jueves pasado, cuando el camión repartidor llegó hasta una despensa en el citado barrio capitalino y los trabajadores estaban descargando mercaderías. En eso se acercaron dos personas y encañonaron a uno de los hombres para pedirle la recaudación del día. Cuando se dio cuenta el chófer del camión tomó su arma para realizar disparos intimidatorios.
Sin embargo, uno de los proyectiles dio contra Jonatan Ariel Franco, de 18 años, quien contaba con dos antecedentes por robo agravado y terminó falleciendo en el lugar. Tras realizar los disparos, los trabajadores subieron al camión y volvieron a su lugar de trabajo donde se enteraron que el delincuente falleció. Esa misma tarde, Carlos Garcete, de 60 años, se entregó a las autoridades.
Las víctimas solicitaron al representante del Ministerio Público, agente fiscal Oscar Delfino que pueda iniciar las diligencias necesarias para el avance de la presente causa penal para que estos directivos, que ocuparon cargo en los últimos años en Fipsa, sean juzgados. Foto: NM/Archivo
Funcionarios y jubilados de IPS amplían denuncia contra autoridades de Fipsa
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En la mañana de este viernes, un grupo de 40 personas, entre funcionarios y jubilados del Instituto de Previsión Social (IPS) amplió la denuncia en contra de los representantes de la Asociación de Funcionarios y Asociados del ente previsional (Fipsa).
Los representantes de esta asociación están acusados de haber estafado supuestamente bajo un esquema de duplicación de deuda y descuento compulsivo de salarios, tanto por la vía administrativa como por la vía judicial.
Las víctimas solicitaron al representante del Ministerio Público, agente fiscal Oscar Delfino que pueda iniciar las diligencias necesarias para el avance de la presente causa penal a fin de que estos directivos, que ocuparon cargo en los últimos años en Fipsa, sean juzgados.
La denuncia es sumamente grave, teniendo en cuenta que las víctimas del esquema de estafa son trabajadores y jubilados que ya han abonado la totalidad de sus deudas con la asociación, inclusive las deudas duplicadas, y aun así tienen que seguir soportando procesos judiciales con embargos de salario que le impiden cobrar la totalidad de sus salarios. Igualmente, le imposibilitan el acceso al sistema financiero para nuevos préstamos por encontrarse con demandas activas.
Semanas atrás, cuatro personas habían presentado una denuncia contra Fipsa, por la evasión de los aportes a la seguridad social, lo que compromete a los asociados aportantes como a sus familias. Los afectados habían pedido a las autoridades que investiguen el caso y puedan regularizar la situación, además, que se dé un castigo ejemplar para el presidente del gremio, Gustavo Aurelio Paredes Rodríguez.
El titular del gremio fue denunciado por presunta evasión de aportes a la seguridad social de estos cuatro asociados. En este caso, ya se presentaron las evidencias en la sede 1 de la previsional en la ciudad de Asunción.