El hijo del expresidente del club Cerro Porteño Raúl Zapag está hospitalizado en un sanatorio privado y está en estado crítico tras recibir una brutal golpiza. De acuerdo a los datos preliminares, al menos cinco personas lo agredieron a golpes en el interior del baño de una concurrida discoteca capitalina. El violento hecho ocurrió en la madrugada de ayer domingo.
La brutal golpiza habría sido perpetrada por jugadores de la selección de rugby, causando graves daños en la víctima, quien habría sufrido triple rotura maxilofacial y desprendimiento de retina. Debido a la complicada situación, la víctima debió entrar en quirófano por al menos cinco horas para la reconstrucción del pómulo, según informaron los allegados. Los amigos y conocidos de la familia se unieron en oración debido a la delicada situación.
El hecho ya fue denunciado a la Fiscalía y la investigación está a cargo del fiscal Juan Carlos Ruiz Díaz, quien ya inició las diligencias a fin de recabar todos los datos para esclarecer lo que había ocurrido. Al parecer ya se tienen identificados al menos a dos de los agresores y para hoy se espera que los amigos de la víctima sean convocados para dar su declaración testifical, a fin de continuar con la investigación.
El fiscal Ruiz Díaz dijo en comunicación con medios nacionales que solicitarán las imágenes del circuito cerrado de la discoteca, a fin de seguir con la investigación y lograr la identificación plena de todos los implicados en este violento y criminal hecho.
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Imputan por lesión corporal a policía que agredió a un hombre durante una revisión
El Ministerio Público presentó imputación por lesión corporal en el ejercicio de sus funciones al suboficial ayudante Juan José Martín Maqueda Leiva, denunciado por agredir a un motociclista. Pese a que el conductor del biciclo cooperó en la revisión de documentos, pero igual recibió un golpe en el rostro por parte del uniformado, además de ser amenazado.
La imputación fue formulada por la fiscal Sonia Sanguines, de la Unidad Especializada de Hechos Punibles contra los Derechos Humanos, quien solicitó la imposición de medidas alternativas a la prisión preventiva para el agente policial.
El ahora imputado presta servicio en la Comisaría 1ra de Asunción. La víctima fue identificada como Diego Armando Espínola Martínez (31). El hecho ocurrió el lunes 1 de junio sobre la avenida Stella Marys del barrio San Jerónimo en inmediaciones del Puerto de Asunción, frente a la casa de María Peralta, pareja de la víctima, quien grabó el abuso policial.
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El video se viralizó rápidamente, generando el repudio de la ciudadanía hacia el actuar del suboficial. Desde la Policía Nacional emitieron un comunicado con relación a lo ocurrido, señalando que identificaron el personal involucrado en el hecho y fue puesto a disposición de la Dirección de Asuntos Internos.
El comunicado indica que se solicitó la apertura de un sumario administrativo correspondiente a fin de esclarecer las circunstancias del procedimiento y determinar responsabilidades.
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Sumarian a policía que golpeó a un hombre durante una inspección
Un agente de la Policía Nacional fue puesto a disposición de Asuntos Internos tras la viralización de un video en el que es visto agrediendo a un motociclista, pese a que el conductor cooperó con el control de documentos y la revisión de su biciclo.
Se trata de Juan José Martí Maqueda Leiva, suboficial ayudante asignado a la Comisaría 1ra de Asunción. Al finalizar el procedimiento, el efectivo policial, le propinó un golpe en el rostro a su víctima, quien fue identificado como Diego Armando Espínola Martínez (31).
El hecho ocurrió el lunes sobre la avenida Stella Marys del barrio San Jerónimo en inmediaciones del Puerto de Asunción, frente a la casa de María Peralta, pareja de la víctima, quien grabó el abuso policial.
La mujer indicó vía redes sociales que salieron de la casa con la intención de ir a una farmacia para comprar medicamentos para su mamá, quien tenía fiebre. Pero la moto presentó desperfectos mecánicos. Como no arrancaba, se acercó una patrullera a verificar lo que estaba haciendo el hombre, manipulando la motocicleta y la mujer empujando tratando de que arranque el biciclo.
Ante el requerimiento policial, en todo momento acató el pedido del interviniente, entregando los documentos. Sin embargo, fue agredido por el policía sin ninguna causa ni justificación. No contento, el oficial abre la puerta trasera de la patrullera y saca la escopeta en señal de prepotencia.
Tras la viralización del hecho, la Policía Nacional sacó un comunicado relacionado al incidente, señalando que una vez tomado conocimiento del hecho, el jefe de la unidad interviniente procedió a identificar al efectivo policial involucrado.
Asimismo, el personal fue puesto a disposición de la Dirección de Asuntos Internos y se solicitó la instrucción del sumario administrativo correspondiente a fin de esclarecer las circunstancias del procedimiento y determinar responsabilidades.
“Toda conducta que se aparte de los protocolos establecidos y vulnere los derechos de las personas será objeto de investigación y de las medidas administrativas y disciplinarias que correspondan conforme a la normativa vigente”, aclaró la institución. La Policía Nacional ratificó su compromiso con el respeto irrestricto de los derechos humanos, la legalidad y la transparencia institucional.
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Nueva hoja de ruta para combatir la violencia contra las mujeres fortalece la acción estatal
Desde la Corte Suprema de Justicia informaron este lunes sobre la presentación del nuevo reglamento de funcionamiento de la Mesa Interinstitucional de Prevención de la Violencia contra la Mujer (PREVIM), una actualización considerada clave para mejorar la coordinación entre organismos públicos encargados de prevenir, atender y erradicar la violencia de género en el país.
La iniciativa forma parte de los esfuerzos impulsados en el marco de la Ley N.º 5777/2016 y busca consolidar una respuesta estatal más eficiente, articulada y enfocada en la protección integral de las mujeres. Entre los principales cambios incorporados se encuentran:
- nuevas normas para el funcionamiento de la mesa
- mecanismos de seguimiento a los compromisos asumidos por las instituciones participantes
- y una mayor participación de organizaciones de la sociedad civil.
Las modificaciones también establecen reuniones ordinarias cada dos meses, regulan los procedimientos de integración y exclusión de organizaciones, institucionalizan los encuentros anuales de altas autoridades y contemplan medidas ante ausencias injustificadas de los representantes designados.
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Plan de Acción 2026
Durante la sesión técnica realizada en Asunción se presentó además el Plan de Acción 2026, documento estratégico que orientará las acciones interinstitucionales para fortalecer la prevención y la respuesta ante los casos de violencia contra las mujeres. Según se informó, la gran mayoría de las metas previstas cuenta con financiamiento asegurado mediante cooperación internacional.
Autoridades destacaron que la actualización reglamentaria permite subsanar un vacío normativo existente desde hace dos años, otorgando mayor seguridad jurídica y operativa a la Mesa PREVIM. Asimismo, se avanzó en la conformación de un comité de trabajo que tendrá a su cargo el proceso de incorporación de organizaciones de la sociedad civil, con una convocatoria pública prevista para las próximas semanas.
La Mesa PREVIM, liderada por el Ministerio de la Mujer, reúne a diversas instituciones del Estado con el propósito de coordinar políticas públicas y fortalecer las acciones destinadas a reducir la violencia contra las mujeres en todo el territorio nacional.
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Colombia: elección dividida a la sombra de la violencia contra exguerrilleros
La exguerrillera Nidia Arcila firmó la paz sin imaginar que diez años después las montañas donde combatió estarían bajo el fuego de nuevos rebeldes y narcos. La pregunta sobre cómo enfrentar el conflicto armado divide a Colombia antes de las elecciones presidenciales. Entre verdes montañas, los pobladores del municipio de Algeciras en el departamento del Huila (suroeste) sufren la violencia de tres disidencias de las FARC que se apartaron del histórico acuerdo de paz de 2016 y hoy están enfrentadas entre sí por las rentas del narcotráfico.
La AFP visitó este poblado en plena campaña para las elecciones del 31 de mayo, donde los defensores de derechos humanos y excombatientes son constantemente hostigados. “La paz no nos puede seguir costando la vida”, escribe en una cartelera Arcila, de 41 años, durante un evento en el estadio del pueblo.
Desde la firma del pacto, 492 exguerrilleros han sido asesinados, según el jefe de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, Miroslav Jenča. Entre ellos la pareja de Arcila, Ronald Rojas. Ambos se conocieron a inicios de los 2000 en las filas de las FARC. “Él dice que tomó agua del (río) Putumayo y por eso fue que se enamoró de una india”, recuerda sonriente la excombatiente amazónica reclutada desde niña.
Cuatro años después de adherirse al tratado, como lo hicieron otros 13.000 exguerrilleros, la pareja escuchó disparos mientras conversaba en su casa en una zona rural del Huila. Tres proyectiles impactaron en el pecho de Rojas, que murió poco después en una clínica.
La justicia no ha dado con los responsables, pero esta madre de dos hijos sospecha que pudo deberse a que Rojas “estuvo muy comprometido con la implementación del acuerdo”. “Me siento como más débil. Me siento sola”, relata a la AFP desde Neiva, capital del departamento. Allí administra una tienda, decorada por coloridos murales, donde vende café y otros productos elaborados por excombatientes y víctimas del conflicto.
Dos caminos
Colombia vive la peor ola de violencia en la última década y esa es una de las principales preocupaciones en la campaña electoral. La pregunta sobre cómo enfrentar a los grupos armados divide al país en dos visiones irreconciliables. El líder de las encuestas, el senador izquierdista Iván Cepeda, apuesta por continuar la estrategia de negociaciones de paz con las organizaciones ilegales, en línea con el presidente Gustavo Petro.
De segundo en los sondeos figura el abogado derechista Abelardo de la Espriella, quien propone una guerra frontal. La violencia contra quienes creyeron en la paz fractura aún más la discusión. En Algeciras 12 personas entre excombatientes y familiares directos han sido asesinados. En el último ataque armado, en enero, un antiguo guerrillero quedó gravemente herido y su esposa murió.
Funcionarios, la iglesia católica y la Misión de Verificación de la ONU, que examina las garantías de seguridad del tratado, llegaron al poblado de 22.000 habitantes para escuchar el clamor de las víctimas. La violencia es “el principal obstáculo para consolidar el proceso de reincorporación” de quienes firmaron la paz, dice Jenča.
Johnesmith Rincón, excombatiente de 39 años que hoy dirige una fundación juvenil en el municipio, se moviliza acompañado por un escolta estatal tras recibir amenazas, según él, relacionadas con actividades vinculadas al acuerdo. “El camino es la reconciliación”, dice, y guarda la esperanza de que algún día “Algeciras pueda vivir en paz”.
“Ingresar o morir”
Colombia ha visto un “crecimiento de la presencia de grupos armados”, motivado por el “fracaso de la paz total”, dice Alejandro Chala, investigador del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz. A menos de tres meses de dejar el poder, Petro no logra desactivar el conflicto con ninguna de las organizaciones con las que intentó negociar.
De su lado la derecha aboga por una “ofensiva total del Estado”, dice Chala, y apela a la nostalgia del gobierno de Álvaro Uribe (2002-2010), que acorraló a las guerrillas, pero también acumuló miles de denuncias por crímenes de las fuerzas de seguridad en alianza con paramilitares. Mientras tanto los grupos criminales buscan reclutar a los excombatientes por su experiencia, “los presionan a ingresar o morir”, dice Chala.
“Ellos dicen que yo sé manejar los números (...) y que necesitan trabajar conmigo”, asegura un antiguo miliciano logístico en las FARC que pide anonimato por las amenazas que recibe ante su negativa de retomar las armas. En el poblado donde vive, nadie conoce su pasado. “Mis mejores años se los dediqué a la guerrilla y no quiero volver a ponerme esas botas”.
Fuente: AFP.