En el marco de la evaluación de los 32 días de intervención municipal en Ciudad del Este, el interventor Ramón Ramírez, señaló lo se observa y es que la Junta Municipal ha comenzado a ejercer su rol de contralor, desde el pasado 23 de junio cuando inició la intervención, solicitando informes, preocupándose de la administración de los recursos de la Municipalidad.

El economista mantuvo una larga entrevista en Radio Concierto de la capital de Alto Paraná y aclaró que la intervención se da para todo el municipio, es decir tanto para la intendencia como para la Junta Municipal, donde hay una evidente mayoría coyuntural a favor del intendente Prieto. Aclaró que, quien tiene la facultad de solicitar informes es el interventor.

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Insistió que es la Municipalidad está intervenida y el reporte que estará brindando serán sobre los hallazgos que tengan sobre la administración de la intendencia; pero también sobre el rol de contralor de la Junta Municipal.

“El interventor es quien tiene la facultad de solicitar informes a las autoridades electas, esto está claramente establecido en la disposición de la intervención. Hay responsabilidades compartidas en algunos temas. El intendente tiene facultades, pero también hay responsabilidades compartidas con la Junta Municipal; y esa mayoría coyuntural le otorgó carta abierta al intendente”, precisó.

Explicó que la responsabilidad del interventor es reportar esa corresponsabilidad de la intendencia y la junta; ya será en otra instancia la que pondrá la calificación o nivel de responsabilidad.

Ramírez explicó que lo que ha observado, es un mecanismo de acompañamiento incondicional por parte de esa mayoría oficialista en la Junta, a la gestión del intendente Prieto, y eso se pudo constatar cuando aprueban minutas en un día y el intendente lo aprueba en el mismo día.

“Sin embargo, no existe la misma velocidad, en otros temas. La Contraloría General también habló de las inconsistencias de los estados financieros, y eso la Junta lo debía haber identificado, en eso no escapa la responsabilidad de los concejales, porque esos estados contables deben ser aprobados por la Junta Municipal”, explicó.

Remarcó que lo que ha encontrado es que, en todo este periodo municipal, la mayoría coyuntural oficialista, no ha hecho su trabajo de contralor y es por eso que este tema fue observado por la Contraloría.

“Es una suma de todo, yo llamaría más bien, complicidad que ignorancia, porque si bien, el concejal no tiene la obligación de saber todo, ni ser un especialista en materia financiera o contable; pero si tienen la posibilidad, y de hecho tienen un equipo de asesores que les ayuda a tomar la decisión. Pero lo que se pudo observar, es que a velocidad extraordinaria se aprobaron y acompañaron todas las peticiones de la intendencia”, indicó.

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Durante la sesión ordi­naria de la Cámara de Diputados, el legisla­dor Néstor Castellano expuso una serie de presuntas irre­gularidades detectadas en la Municipalidad de Ciudad del Este bajo la administración del intendente Miguel Prieto, actualmente intervenida.

El diputado denunció que se montó un esquema para des­viar fondos públicos utilizando comisiones vecinales como fachada, empresas de maletín y pagos anticipados por obras no adjudicadas ni ejecutadas, lo cual ya fue advertido por la Contraloría y constatado por la intervención a cargo del econo­mista Ramón Ramírez.

“Lo que estamos viendo en el caso de Miguel Prieto no es solamente un episodio de corrupción, es el intento des­carado de intentar cubrir un robo a plena luz del día con el silencio cómplice de muchos actores políticos. Dios nos libre si este es el as bajo la manga de la oposición, es preocupante”, afirmó en el espacio de orado­res.

Castellano señaló que, según el informe del interventor, existieron múltiples casos en los que las empresas cobra­ron incluso antes de que los procesos licitatorios fueran culminados. “Una empresa llegó a cobrar un cheque dos días antes de que se firmara el dictamen. Esto demuestra que todo era un montaje”, sos­tuvo. También reveló que los proyectos de inversión eran elaborados dentro de la pro­pia municipalidad y presenta­dos como si fueran iniciativas ciudadanas.

El parlamentario hizo énfasis en que el Ministerio Público ya tiene en sus manos la causa de Prieto, además cuenta con elementos probatorios sobre los mismos. “Lo que ahora hace falta es aplicar un poco de celeridad, que se avance, que se investigue y que se juzgue si corresponde”, enfatizó.

De acuerdo a lo expuesto por el diputado, las comisiones vecinales eran utilizadas como intermediarias que en muchos casos ni siquiera administraban los fondos, sino que endosaban che­ques a terceros. Señaló que las adjudicaciones eran solo una formalidad, con oferen­tes que “acertaban los mon­tos exactos” e incluso pre­sentaban cifras idénticas a las previstas por la adminis­tración, lo que a su juicio evi­dencia una falta total de com­petencia real.

Uno de los casos emblemáti­cos citados fue el de Tajy Ser­vicios Generales, que recibió al menos seis transferencias por un total de G. 106 millones. La firma presentó ofertas con precios exactamente iguales a los establecidos por la munici­palidad, algo que, según Caste­llano, “refleja una adivinanza perfecta”, lo cual pone en duda la legalidad del proceso.

El legislador también hizo referencia al entorno cercano al intendente, afirmando que familiares y allegados fueron beneficiados con contratos y adjudicaciones. Mencionó a Robert Florentín, primo de Vanessa Florentín (expa­reja sentimental de Prieto), ambos vinculados al esquema de compras simuladas de ali­mentos durante la pandemia.

Robert habría sido el encar­gado de cobrar cheques y presentar proyectos, mien­tras que Vanessa figuraba como subproveedora sin contar con los productos que debía entregar a la afamada despensa “Tía Chela”.

“Lo que vimos debería escandalizarnos a todos, pero al parecer algunos actores políticos prefie­ren mirar hacia otro lado”, lamentó Castellano.

• Ciudad del Este. Agencia regional

Agentes policiales de la Comisaría 24.ª, del barrio Puerta del Sol de Hernandarias, acudieron de urgencia a una vivienda desde donde una mujer realizó una terrible denuncia: amenazada con cuchillo por su concubino, se encerró en el baño con sus dos hijos menores, para pedir socorro al Sistema 911.

Pero, el hombre, de 27 años, tiró la puerta a golpes e intentó estrangularla frente a los niños. Según el informe policial el varón estaba ebrio al momento de ser detenido.

La víctima tiene 26 años y es madre de dos niños. La misma, luego de la intervención policial ratificó su denuncia.

Personal de la comisaría a cargo del subcomisario Édgar Valenzuela acudió a la casa, ante el pedido de la mujer y la misma relató lo sucedido. Dijo que, poco antes del hecho, se encontraban en la casa de sus suegros, ubicada en el mismo barrio, donde su concubino estaba ingiriendo bebidas alcohólicas con sus familiares.

Siguió contando que mantuvo una discusión con él y, por ese motivo, la mujer se retiró del lugar llevando con ella a sus dos hijos menores, con destino a su domicilio. Acto seguido, el hombre llegó a la casa y se dirigió a la cocina, donde tomó un cuchillo y empezó a proferir palabras irreproducibles contra su concubina, además de amenazarla de muerte.

La mujer, temerosa, se encerró con sus dos hijos en el baño para solicitar ayuda vía telefónica, al Sistema de Emergencia 911. La Policía ingresó a la vivienda en el momento en que el hombre estaba estrangulando a su pareja y lo detuvo.

El interventor de la Municipalidad de Ciudad del Este, Ramón Ramírez, expuso en conferencia de prensa el hallazgo de graves irregula­ridades en la gestión del apar­tado intendente Miguel Prieto Vallejos que confirman pun­tos consignados en el informe de la Contraloría General de la República, según la expli­cación. Lo encontrado repre­senta el 30 % de las causales de intervención indicadas por la CGR, según lo informado esta mañana. Son 31 días de audi­toría.

“Las pruebas documentales a las que accedimos nos permi­ten constatar graves irregula­ridades en la administración de Miguel Prieto al frente de la Municipalidad. Hay un meca­nismo institucionalizado para violar la ley y para evitar con­troles de manera sistemática”, sostuvo el licenciado Ramírez.

Una de las conclusiones tiene que ver con la “transferencia de más de 3 mil millones de guaraníes (G. 3.042.645.716), que ya la propia Contraloría había señalado y esta inter­vención comprueba”.

Entre las principales causa­les identificadas por la CGR y corroboradas por el equipo interventor, según lo infor­mado hoy, están las “inconsis­tencias y falta de justificación en la asignación de transferen­cias y el incumplimiento de los procesos de contratación, en el uso de dichos fondos para eje­cutar obras”.

También “irregularidades en los procesos legales de asig­nación de fondos a oenegés y comisiones vecinales; y trans­ferencias sin el cumplimiento de los requisitos legales y docu­mentales exigidos”, explicó el interventor Ramírez.

“Las disposiciones exigen que, quienes reciben aportes deben tener cuentas bancarias, eso no fue observado en varios de los documentos a los que accedimos, hay regulaciones en materia de lavado de dinero, en materia de cumplimiento impositivo que no se cum­plieron”, agregó el interven­tor, como ejemplo de las irre­gularidades.

Otro punto expuesto es que las entidades beneficiarias de los aportes no administraban los fondos recibidos.

Según la exposición, la inter­vención detectó también pagos a proveedores realizados antes de las adjudicaciones, donde la empresa ganadora cobró cheques antes de conocerse la firma ganadora. En este punto mencionó un caso en que la adjudicación tiene fecha 31 de diciembre de 2020, pero el cobro ya fue efectuado el 29 de diciembre.

“Los supuestos procesos de selección estaban montados, se crearon empresas para cap­tar fondos, se hizo una ins­trumentación de comisiones vecinales que fueron simples intermediarios, simples endo­santes, fueron utilizados como pantalla para eludir la ley. Las causales de intervención están plenamente confirmadas”, resumió el interventor.

La intervención resaltó que estos hallazgos no configu­ran errores administrativos, sino un sistema cuidadosa­mente planificado para bur­lar las leyes, para desviar fon­dos públicos, según indicó.