Allanan una estancia en Iruña por pelea de gallos y envenenamiento de perros
Compartir en redes
La fiscal María del Carmen Meza realizó un allanamiento en un inmueble rural ubicado en la zona de Iruña, en el departamento de Alto Paraná, donde supuestamente se realizaban riñas de gallos tras una denuncia por el hecho punible contra la Ley Nº 4.840/2013 de Protección y Bienestar Animal.
La comitiva fiscal policial encontró 45 gallos que estaban en cautiverio dentro de un galpón de la estancia y que aparentemente eran utilizados para las competencias clandestinas. Durante el operativo, la representación pública dialogó con el dueño de la finca, Douglas Muller.
Igualmente se inició una investigación por el supuesto envenenamiento de cuatro perros, de nombres Tigre, Chitao, Chula y Chita, tras una denuncia presentada por Víctor Matter Ritter contra su vecino Romeu Krieger.
Sin embargo, el propietario del local negó estar vinculado con el ilícito, aunque reconoció que en dos oportunidades alquiló su tinglado a Romeu Krieger para organizar la competición ilegal y admitió que había cobrado la suma de un millón de guaraníes por cada evento organizado en su propiedad. Así también, señaló que los animales así como las jaulas de madera y las graderías pertenecen a Romeu Krieger.
Según el dueño de la estancia, la última competencia se realizó a fines de agosto y que desconoce la ilegalidad de esta actividad, y agregó que Romeu le habría manifestado que ya tenía todo hablado con las autoridades al respecto.
Así también, señaló que le había pedido a Romeu que retire todas sus pertenencias del lugar tras enterarse a través de los medios de comunicación sobre la investigación fiscal, pero el citado le hizo caso omiso, de acuerdo a su declaración.
El colapso del edificio de ocho pisos se produjo en la noche del 2 de abril pasado, ocasionando la muerte de la abuela y su nieta de 15 años. Foto: Rocío Gómez/NM
Diputado descarta persecución contra Yd: “El único interés es aclarar el derrumbe del edificio”
Compartir en redes
El diputado Sebastián Remesowski se pronunció con respecto a las afirmaciones del intendente de Encarnación, Luis Yd, quien alega que existe una persecución política en su contra. El legislador fue contundente y enfatizó que el único interés que existe es que se aclaren los hechos relacionados al derrumbe del edificio que ocasionó el fallecimiento de una adolescente y su abuela. El hecho se había registrado en la noche del 2 de abril pasado en la ciudad de Encarnación.
“No veo que no haya otro intento de la Junta que no sea intentar expedirse y de igual manera, todos los actores políticos que tiene el departamento y que se ven afectados por la preocupación que genera una construcción que fue aprobada sin los criterios técnicos correspondientes, por eso ocurrió eso, pero de ninguna manera se puede decir que esto tiene un tinte político. Creo que es totalmente desordenada esa propuesta y hay una falta coraje para afrontar su rol”, expuso.
En contacto con “Tarde de perros”, programa emitido por Universo 970 AM/Nación Media, Remesowski indicó que sería una persecución si la Junta Municipal le diera la espalda, o si el gobierno central no le transfiriera los recursos que le corresponden para las inversiones, sin embargo, estos hechos no están sucediendo y lo que se hace es exigir esclarecimiento ante un hecho que tuvo un desenlace fatal.
“Creo que la victimización y mediatización es para esquivar responsabilidades”, aseveró y a esto añadió, “ya abre un paraguas por si los informes que puedan salir del Ministerio Público, no le sean favorables entonces por eso quiere decir que es una persecución, ‘los que no están conmigo me persiguen’ y no importa si se derrumba un edificio y se muere una familia”, cuestionó.
El diputado manifestó que está en contra de que la muerte de estas dos personas sea utilizado políticamente, no obstante, manifestó que no se puede desconocer que existe una responsabilidad de parte de la municipalidad, institución que debía fiscalizar el edificio que colapsó.
Mafia de los pagarés: convocan a autoridades de la Fiscalía como primera medida
Compartir en redes
Desde la presidencia de la comisión especial de carácter transitorio que investiga los hechos relacionados con la trama delictiva denominada mafia de pagarés, informaron que como primera medida convocarán a las autoridades del Ministerio Público, teniendo en cuenta la existencia de un total de 70 imputados.
Refieren que es fundamental el trabajo del órgano extrapoder con la finalidad de que las denuncias no queden impunes. A la vez se plantea citar a los representantes del Ministerio de la Defensa Pública, teniendo en cuenta que el Congreso Nacional no puede inmiscuirse en casos judiciales concretos.
En la lista de las convocatorias también figuran representantes de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), con quienes buscarán intercambiar informaciones que contribuyan al proceso de investigación.
También se citará al gremio de los abogados. Entre los indagados se encuentran jueces, actuarios y abogados, quienes aplicaron demandas ejecutorias sobre supuestas deudas promovidas mediante pagarés ya cancelados o de contenido falso para estafar a cientos de trabajadores.
Detallaron que la urgencia radica en lograr el levantamiento de los embargos e impulsar una propuesta legislativa para evitar que casos similares vuelvan a ocurrir. En los próximos días se dará a conocer los días y horarios establecidos paraconcretar los encuentros con las diversas autoridades a ser convocadas
Integrantes de la Comisión Especial
Ayer lunes, el Senado designó a los miembros de la citada comisión. El bloque está conformado por los colorados Mario Varela, Carlos Núñez, Blanca Ovelar, Juan Afara, Lizarella Valiente y Norma Aquino. Asimismo integrarán lacomisión especial los opositores Rafael Filizzola, Edgar López, Éver Villalba, Esperanza Martínez, José Oviedo e Ignacio Iramain.
Operativo Morfeo: allanan constructora en Areguá y desbaratan red de estafadores
Compartir en redes
Este lunes, la Policía Nacional desarrolló un allanamiento en la ciudad de Areguá en donde lograron detener a tres personas en el marco del “Operativo Morfeo”. De esta forma desbarataron una red de estafa que ofrecía la construcción de viviendas a precio más accesible, pero nunca terminaban la obra y en algunos caso ni iniciaban. Se tienen denuncias de más de 30 víctimas en diferentes puntos del país.
Según el comisario Diosnel Alarcón, jefe del Departamento de Cibercrimen y Delitos Informáticos de la Policía Nacional, se trató de una exhaustiva investigación por varias denuncias de estafas y otros hechos punibles. En una de las unidades fiscales se tienen 12 denuncias contra esta constructora, pero se tienen contabilizadas un total de 30 en distintos puntos del país. Durante el procedimiento detuvieron a tres personas y se recogieron varias evidencias.
“Ofrecían la construcción de la vivienda propia, especialmente para aquellos que tienen terrenos. La oferta es la más accesible dentro del mercado y ese sería el gancho principal, además, daban un contrato correspondiente, pero nunca terminaban la obra o ni siquiera iniciaban”, manifestó el jefe policial en entrevista con el programa “Tardes de Perros”, de canal Gen y Universo 970/Nación Media.
Aclaró que dentro de la investigación ya fueron individualizadas cuatro personas, de las cuales tres fueron detenidas. “Una de las personas sigue prófuga, pero habrían más personas que colaboran con este grupo. Las investigaciones del caso siguen y se espera que haya más detenidos”, apuntó.
Afirmó que las propuestas son lanzadas en redes sociales y que hay todo un esquema detrás, una personas que se encarga de publicar las propuestas con fotos y planos. Otro recibe las llamadas y luego está el que se reúne con las personas en la escribanía para firmar el contrato. “Hay una empresa constituida legalmente, pero son de maletín. Estos solicitaban una entrega para iniciar la obra”, puntualizó.
Juez devolvió a Fiscalía la imputación del repartidor que mató a defensa propia
Compartir en redes
El juez Rolando Duarte devolvió a la Fiscalía la imputación de Carlos Alberto Garcete, quien fue imputado por homicidio doloso por defenderse de unos delincuentes.
Ahora, la Fiscalía deberá seguir investigando el hecho o tendrá que evaluar si corresponde archivar el presente caso.
El sábado pasado, la Fiscalía imputó por homicidio doloso al repartidor de 60 años que disparó y mató al presunto delincuente que estaba asaltando con un arma de fuego a su compañero, en el barrio Santa Ana de la ciudad de Asunción. El hombre alegó que realizó los disparos en defensa propia y que huyó del sitio por temor a represalias de otros delincuentes de la zona.
El hecho se reportó el jueves pasado, cuando el camión repartidor llegó hasta una despensa en el citado barrio capitalino y los trabajadores estaban descargando mercaderías. En eso se acercaron dos personas y encañonaron a uno de los hombres para pedirle la recaudación del día. Cuando se dio cuenta el chófer del camión tomó su arma para realizar disparos intimidatorios.
Sin embargo, uno de los proyectiles dio contra Jonatan Ariel Franco, de 18 años, quien contaba con dos antecedentes por robo agravado y terminó falleciendo en el lugar. Tras realizar los disparos, los trabajadores subieron al camión y volvieron a su lugar de trabajo donde se enteraron que el delincuente falleció. Esa misma tarde, Carlos Garcete, de 60 años, se entregó a las autoridades.