Vecinos del barrio Universo de Mariano Roque Alonso denunciaron que una comunidad nativa habría violentado la casa de una de las familias residentes en la zona. Según lo comentó el presidente del Instituto Paraguayo del Indígena (Indi), Omar Pico, la reacción de los mismos habría sido porque se les pidió “hacer menos ruido”.
El supuesto ataque fue perpetrado por 50 indígenas de la comunidad Maká y según indicó el titular del Indi, son personas que fueron expulsadas del grupo étnico. “Estuvimos en la zona en dos oportunidades y atacaron casas en Mariano Roque Alonso. Son personas que fueron expulsadas de su comunidad y tomaron una plaza”, explicó en contacto con la 650 AM.
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Asimismo, expuso que dentro del entorno de este grupo hay varios problemas que los lleva a actuar de esa manera. “Hablamos de probable microtráfico, probable prostitución, alcoholismo y violencia”, manifestó. “Hace 15 días hicimos una reunión interinstitucional para buscar una solución. El domingo gente del Indi estuvo en la plaza y corrieron a los funcionarios que intentaron mediar”, recordó.
En ese sentido, anunció que ya solicitaron la intervención de las autoridades a fin de encontrar una solución para la comunidad y vecinos del lugar. “Vamos a solicitar la presencia de la Policía y la Fiscalía. Pediremos el desalojo de la plaza. Hablaremos con el cacique para que recojan en su comunidad, que por cierto, está bastante hacinada. Si no los quiere aceptar, veremos para que sean trasladados a otras comunidades”, precisó.
Además detalló que muchos integrantes de la comunidad asisten a actividades que se realizan en Asunción para delinquir, ya que es una población conformada por casi 700 familias. “El cacique se siente sobrepasado. La población está hacinada”, reiteró.
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Dionisio Amarilla denuncia millonario cobro para internas del PLRA trasladados a movimientos
El senador liberal Dionisio Amarilla denunció públicamente una supuesta exigencia económica relacionada con la organización de las internas partidarias, señalando directamente a autoridades vinculadas al proceso electoral. En su denuncia señala que supuestamente el titular saliente del PLRA, Hugo Fleitas, estaría pretendiendo que los movimientos internos asuman un gasto promedio de G. 6.000.000 por cada institución educativa utilizada como local de votación.
El legislador presentó el memorándum remitido por la coordinadora de local y delegado electoral del TSJE, dirigido al Comité Liberal y representantes apoderados de los diferentes movimientos del PLRA, en el cual se presenta el Presupuesto de los gastos previstos para la jornada de las elecciones internas partidarias previstas para el 7 de junio próximo,
El líder político del movimiento Diálogo Azul, Lista 100, cuestionó que bajo el concepto de limpieza de colegios, provisión de prolongadores eléctricos, alquiler de mesas, sillas y toldos, además de materiales como papel, bolígrafos, papeles higiénicos entre otros elementos, se estaría requiriendo una suma que totaliza G. 7.217.000, según detalla el documento.
Ante este requerimiento, Amarilla cuestionó además, que el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) no contemple ciertos elementos logísticos básicos dentro de la provisión de las máquinas de votación. “Si el TSJE pone las máquinas, mínimamente debe incluir los prolongadores. Además, si se trata de una elección prevista por ley, constituye una carga pública para las instituciones donde el TEI dispuso la realización de los comicios”, expresó.
El senador Amarilla también pidió una aclaración urgente a los ministros del TSJE sobre los montos que, según denunció, estarían siendo solicitados por funcionarios electorales asignados como coordinadores. “Estamos hablando de aproximadamente G. 1.500 millones que se estarían pidiendo en total”, afirmó.
Finalmente, Amarilla sostuvo que estos supuestos gastos incluso superan el apoyo económico que muchos movimientos brindan a sus candidatos distritales.
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Fretes escuchó reclamos de trabajadoras de limpieza del IPS Caaguazú
Este viernes, el director del Instituto de Previsión Social (IPS), realizó un recorrido sorpresivo por el hospital en el departamento de Caaguazú y recibió denuncias de las trabajadoras de limpieza. La empresa tercerizada desvinculó a la mujer que confesó cuánto gana y el monto por el que firma sus recibos de pagos.
El doctor Isaías Fretes, llegó hasta el quinto departamento y recorrió las instalaciones de la previsional donde recibió reportes de las trabajadoras, quienes denunciaron explotación laboral. Rechazó totalmente el pago menor al salario mínimo de las mujeres que son jefas de hogar.
Las trabajadoras de limpieza se acercaron al director y denunciaron que perciben un salario de G. 1.600.000 monto que no alcanza el salario mínimo de G. 3.150.000. “¿Por qué tiene que ocurrir esta irregularidad? El Paraguay hay que cambiar. Cómo una empresa va a lucrar a costa del prójimo", fueron las palabras de Fretes, tras la denuncia presentada por las mujeres.
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Al finalizar el recorrido, detalló que encontraron una irregularidad enorme que atenta contra las trabajadoras de limpieza de una empresa tercerizada. “Una mujer tuvo la valentía de denunciar inducida por mí. No pasaron 10 minutos y la señora estaba llorando en una esquina porque le echaron, pero eso ya se resolvió, le devolvieron el trabajo”, expresó.
Dijo además que repudia totalmente la injusticia y no acepta al empresario que crece a costa del sacrificio del pobre. Se constató que las limpiadoras recibían transferencia de G. 1.700.000 y que firmaban sus recibos por sueldo mínimo. “No acepto al empresario que crece a costa del sacrificio del pobre”, señaló.
Finalmente, resaltó que ya inició una auditoría interna contra esta firma y que buscarán esclarecer este sistema de injusto que se está teniendo contra estas mujeres trabajadoras. Aseguró también que ya encontraron ciertas inconsistencia en cuanto al pago de las mujeres y que seguirán con los trabajos para corregir el sistema.
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Criadores de Dorper realizarán nuevo remate con más de 200 animales
De la mano de la Asociación Paraguaya de Criadores de Dorper (APCD) este sábado 30 de mayo, a las 19:00, se llevará a cabo el segundo Remate Dorper Premier en el salón Enrique Riera de la Asociación Rural del Paraguay (ARP), en Mariano Roque Alonso, con altas expectativas comerciales y un fuerte interés previo de productores nacionales.
La presidenta del gremio, Carmen Ortigoza, señaló a La Nación/Nación Media, que el evento llega tras el éxito alcanzado el año pasado en la primera edición del remate, cuando la raza logró una venta récord superior a G. 100 millones por un ejemplar.
Para esta nueva edición, la organización pondrá en pista 75 lotes que reúnen cerca de 200 animales entre hembras comerciales, carneros y ejemplares élite de pedigree.
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Según explicó, el movimiento comercial comenzó incluso antes del remate presencial. Las preofertas fueron habilitadas el miércoles y, en menos de un día, cerca del 90 % de los lotes ya registraban interés de compradores mediante la plataforma web de Ferusa Negocios, que ofrece financiación de hasta 12 cuotas.
Ortigoza destacó que el remate estará orientado principalmente al mercado paraguayo, debido al crecimiento de la demanda local por genética ovina de calidad. “Hoy faltan carneros y hembras. El productor paraguayo está invirtiendo más en genética”, sostuvo.
Entre los animales disponibles figuran hembras Dorper preñadas para productores que desean iniciar o ampliar su producción de carne ovina, además de reproductores para mejoramiento genético. También saldrán a la venta corderas puro pedigree provenientes de transferencias embrionarias, consideradas ejemplares premium para exposición y programas de genética avanzada.
Si bien tradicionalmente compradores de Uruguay y Argentina participan en operaciones con cabañas paraguayas, la dirigente aclaró que esta edición apunta especialmente al mercado interno, impulsado por el dinamismo actual del rubro.
Además del remate, el evento ofrecerá una experiencia gastronómica enfocada en la carne ovina, con un chef invitado que preparará en vivo paella y empanadas de cordero.
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Colombia: elección dividida a la sombra de la violencia contra exguerrilleros
La exguerrillera Nidia Arcila firmó la paz sin imaginar que diez años después las montañas donde combatió estarían bajo el fuego de nuevos rebeldes y narcos. La pregunta sobre cómo enfrentar el conflicto armado divide a Colombia antes de las elecciones presidenciales. Entre verdes montañas, los pobladores del municipio de Algeciras en el departamento del Huila (suroeste) sufren la violencia de tres disidencias de las FARC que se apartaron del histórico acuerdo de paz de 2016 y hoy están enfrentadas entre sí por las rentas del narcotráfico.
La AFP visitó este poblado en plena campaña para las elecciones del 31 de mayo, donde los defensores de derechos humanos y excombatientes son constantemente hostigados. “La paz no nos puede seguir costando la vida”, escribe en una cartelera Arcila, de 41 años, durante un evento en el estadio del pueblo.
Desde la firma del pacto, 492 exguerrilleros han sido asesinados, según el jefe de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, Miroslav Jenča. Entre ellos la pareja de Arcila, Ronald Rojas. Ambos se conocieron a inicios de los 2000 en las filas de las FARC. “Él dice que tomó agua del (río) Putumayo y por eso fue que se enamoró de una india”, recuerda sonriente la excombatiente amazónica reclutada desde niña.
Cuatro años después de adherirse al tratado, como lo hicieron otros 13.000 exguerrilleros, la pareja escuchó disparos mientras conversaba en su casa en una zona rural del Huila. Tres proyectiles impactaron en el pecho de Rojas, que murió poco después en una clínica.
La justicia no ha dado con los responsables, pero esta madre de dos hijos sospecha que pudo deberse a que Rojas “estuvo muy comprometido con la implementación del acuerdo”. “Me siento como más débil. Me siento sola”, relata a la AFP desde Neiva, capital del departamento. Allí administra una tienda, decorada por coloridos murales, donde vende café y otros productos elaborados por excombatientes y víctimas del conflicto.
Dos caminos
Colombia vive la peor ola de violencia en la última década y esa es una de las principales preocupaciones en la campaña electoral. La pregunta sobre cómo enfrentar a los grupos armados divide al país en dos visiones irreconciliables. El líder de las encuestas, el senador izquierdista Iván Cepeda, apuesta por continuar la estrategia de negociaciones de paz con las organizaciones ilegales, en línea con el presidente Gustavo Petro.
De segundo en los sondeos figura el abogado derechista Abelardo de la Espriella, quien propone una guerra frontal. La violencia contra quienes creyeron en la paz fractura aún más la discusión. En Algeciras 12 personas entre excombatientes y familiares directos han sido asesinados. En el último ataque armado, en enero, un antiguo guerrillero quedó gravemente herido y su esposa murió.
Funcionarios, la iglesia católica y la Misión de Verificación de la ONU, que examina las garantías de seguridad del tratado, llegaron al poblado de 22.000 habitantes para escuchar el clamor de las víctimas. La violencia es “el principal obstáculo para consolidar el proceso de reincorporación” de quienes firmaron la paz, dice Jenča.
Johnesmith Rincón, excombatiente de 39 años que hoy dirige una fundación juvenil en el municipio, se moviliza acompañado por un escolta estatal tras recibir amenazas, según él, relacionadas con actividades vinculadas al acuerdo. “El camino es la reconciliación”, dice, y guarda la esperanza de que algún día “Algeciras pueda vivir en paz”.
“Ingresar o morir”
Colombia ha visto un “crecimiento de la presencia de grupos armados”, motivado por el “fracaso de la paz total”, dice Alejandro Chala, investigador del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz. A menos de tres meses de dejar el poder, Petro no logra desactivar el conflicto con ninguna de las organizaciones con las que intentó negociar.
De su lado la derecha aboga por una “ofensiva total del Estado”, dice Chala, y apela a la nostalgia del gobierno de Álvaro Uribe (2002-2010), que acorraló a las guerrillas, pero también acumuló miles de denuncias por crímenes de las fuerzas de seguridad en alianza con paramilitares. Mientras tanto los grupos criminales buscan reclutar a los excombatientes por su experiencia, “los presionan a ingresar o morir”, dice Chala.
“Ellos dicen que yo sé manejar los números (...) y que necesitan trabajar conmigo”, asegura un antiguo miliciano logístico en las FARC que pide anonimato por las amenazas que recibe ante su negativa de retomar las armas. En el poblado donde vive, nadie conoce su pasado. “Mis mejores años se los dediqué a la guerrilla y no quiero volver a ponerme esas botas”.
Fuente: AFP.