• Por Aníbal Saucedo Rodas
• Periodista, docente y político

El Hospital de Clínicas fue un símbolo de la resistencia a la dictadura de Alfredo Stroessner. Al sindicato de enfermeras y trabajadores se habían sumado médicos y estudiantes de la Facultad de Medicina, de la Universidad Nacional de Asunción para una movilización popular cuya magnitud no registraba la historia de las dos últimas décadas. Exigían mayor presupuesto y la libertad de sus compañeros presos por orden superior. Corrían los meses de abril y mayo de 1986. Los vecinos –eufóricos– salían a aplaudir y pasar agua a los manifestantes. Habían derrotado a su peor enemigo: el miedo. En los días siguientes la represión recrudeció. Los organismos de seguridad habían cercado el viejo nosocomio que era refugio de los pobres.

Desde ahí, quienes habían optado por permanecer dentro de sus derruidas paredes, convocaron a una conferencia de prensa. Tuvimos que dejar el vehículo del diario a varias cuadras e ingresar caminando. Ya en el lugar, la Policía nos obliga a permanecer, con los demás periodistas, pegados a una muralla. Minutos después, con gritos desaforados y arrastrando gruesas cadenas, entraba el “pelotón” de la Chacarita comandado por Ramón Aquino, el “moderador” de la Universidad Católica. Mientras nosotros éramos “protegidos” de la furia de los atracadores, sus alcoholizados integrantes empezaron a recorrer el hospital rompiendo todo a su paso. Hasta que el doctor Jacques Balanzá sale a enfrentarlos y los increpa con la dureza de un valiente y la integridad de un caballero. Atónito, el “comandante” de la horda decide abandonar el lugar. Afuera, el oficial a cargo del operativo hacía su trabajo. Todos los fotógrafos debían entregar los rollos de sus cámaras. Los menos jóvenes sabrán de lo que hablo. No había que dejar evidencia gráfica de la barbarie. Pero Jorge Adorno no era un simple fotógrafo. Tenía alma de sagaz periodista. Igual que los demás, cumplió con la orden. Solo que ya tenía en el bolsillo las primeras tomas de un primer rollo. Y fue tapa.

Esa sensación de rara paradoja volví a sentir en estos días. De policías que protegen a las personas equivocadas. Pensé que podría tratarse de un hecho anecdótico y lo dejé pasar. Hasta que la escritora y periodista Milia Gayoso experimentó una frustración similar. Y se pregunta: “¿Quién nos protege de quienes deberían protegernos?”. Relata que un domingo, pasadas las 16:00, con su hija y sus nietos pequeños (6, 3 y 1 año), iban hasta la Biblioteca del Congreso Nacional, donde se desarrollaba una feria de libros. “Una cuadra después de la llamada Curva de la Muerte (Mariscal López y Santa Teresa) suenan sirenas y dos jóvenes con camisetas del club Olimpia, montados en motos, se adelantan y hacen la señal de que circulemos más rápido. Mi hija continuó manejando a velocidad normal, por la derecha, dando paso a quien fuera que estuviera viniendo apurado detrás nuestro. En eso, se acercan dos oficiales de Policía en una moto, nos pasan rozando, y uno de ellos golpea tan fuerte la camioneta, que todos nos asustamos pensando que chocamos. En especial los niños”.

Y la colega vuelve a preguntarse: “¿Qué estaba pasando?”. Y ella misma se responde: “No venía una ambulancia, ni el presidente de la República: pretendían que ‘volemos’, porque detrás venía el colectivo que trasportaba a los jugadores de Olimpia. Dejarles libre la vía rápida (el carril izquierdo) no era suficiente. ¿Es potestad de la Policía golpear el vehículo de un ciudadano para dar paso a un plantel de fútbol?”. Ahí quisiera realizar un subrayado especial. No creo que haya sido un bus de jugadores, sino de barrabravas, porque hace poco –repito– viví una situación similar, pero con hinchas del “Ciclón”.

Faltaba menos de media hora para que se jugara el partido en “La Nueva Olla”. Yo circulaba por la avenida Fernando de la Mora. Al llegar al cruce de Bartolomé de las Casas, dos colectivos rebosando de hinchas (algunos sentados en las ventanillas) ya venían a mi costado, de contramano. Frente a un conocido local de venta de pollos al espiedo, aguardaban dos patrulleras y dos motos con policías. A partir de ese lugar, ya con “escolta oficial”, fueron cruzando semáforos en luz roja como alma que lleva el diablo, es decir, a una imprudente velocidad. La caravana, con ayuda policial, giró en un lugar prohibido, sobre General Santos. En cada semáforo cerraban las bocacalles transversales para que los colectivos circularan libremente. Ni que fuera el presidente de la República o una ambulancia, como diría Milia. Luego continuaron por Félix Bogado hasta una estación de servicio, desde donde los hinchas fueron caminando, casi seguro, con entradas ya en manos. La interrogante se impone necesaria: ¿Se trata de un operativo que cuenta con la anuencia de los superiores o es solo una iniciativa de algunos comisarios zonales?

Soy plenamente consciente de que existen problemas más graves en nuestro país, pero también hay que evitar algunos vicios que, de tanto repetirse, vamos normalizándolos en nuestra vivencia cotidiana. Además, el nombre de los buenos policías merece ser resguardado. Algunos son amigos, ya que estamos, que honran el servicio. Buen provecho.

Este jueves, la fiscal Mirna Isabel Rodríguez impartió la búsqueda y localización de tres menores que se encuentran desaparecidas en la localidad de Yhú, departamento de Caaguazú. La denuncia fue presenta por la madre de dos de las niñas y se presume que fueron llevadas a una comunidad indígena.

Según datos proveídos por la Unidad Penal N.º 1 de la Fiscalía Zonal de Yhú, el hecho fue comunicado al Ministerio Público mediante una nota policial tras la denuncia que fue formulada por la madre de dos de las menores. La mujer acudió ante la subcomisaria de la Colonia Juan S. Bogarín.

A partir de esta denuncia, la fiscal Rodríguez pidió a la comisaría interviniente un informe detallado sobre las diligencias investigativas realizadas en el marco de la denuncia sobre la desaparición de tres menores de edad. Se presume que la mujer estuvo por la zona con sus hijas y que luego perdió contacto con ellas.

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Existen sospechas de que las desaparecidas podrían encontrarse en la comunidad indígena Yaguary, ubicada en la ciudad de Campo 9. Ante estos indicios se ha dispuesto formalmente la búsqueda y localización de las desaparecidas. Además, se solicitó verificar y aplicar los protocolos vigentes ante casos de personas desaparecidas.

Rodríguez destacó que la investigación está abierta a los efectos de esclarecer el hecho y determinar el paradero de los tres menores. Ante cualquier información que pueda aportar la ciudadanía se ruega comunicarse al número (0971) 449-993 o a la comisaría más cercana.

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En un documento de 84 páginas, este viernes, desde el Ministerio Público informaron que los agentes fiscales Silvio Corbeta Dinamarca, Yeimy Adle Monges y María Verónica Valdez de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción, formularon acta de imputación en contra del exintendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto Vallejos por la supuesta comisión del hecho punible de lesión de confianza en calidad de autor. También fueron imputados:

1. Sebastián Martínez Insfrán
2. Sonia Barrios Ramírez
3. Walter Hugo García Méndez
4. Salem Esgaib Zugaib
5. Lucía Elizabeth Lisboa de Torales
6. Valeria Fabiana Romero
7. Hugo Benítez Vázque
8. Karen González Vergara
9. Fredy Guzmán Martínez
10. y Cinthia Noelia Alen Guerrero

Todos ellos por la supuesta comisión del hecho punible de lesión de confianza en calidad de cómplices.

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Según breve relato, se le atribuye a Prieto Vallejos un supuesto perjuicio económico a las arcas de la Municipalidad de Ciudad del Este por un valor aproximado de G. 757.166.276, resultantes de diferencias entre lo pagado por el Consejo Local de Salud y lo efectivamente construido o ejecutado por las empresas constructoras SERVMAQ, de Fredy Guzmán Martínez, y M&M Constructora de la Lic. Cinthia Noelia Alen, por obras realizadas dentro del Hospital Regional de Ciudad del Este.

Luego de los trámites de rigor, la Fiscalía requiere la aplicación de medidas alternativas a la prisión preventiva sobre los imputados, indicaron.

“En ese contexto, nos encontramos ante la presencia de suficientes elementos de convicción que nos indican la existencia de un hecho punible y nos hallamos ante la suficiente sospecha de la participación de los imputados en su perpetración quienes habrían colaborado con el jefe comunal en la disminución patrimonial de la comuna”, explicaron los agentes fiscales.

Por tanto, a continuación indicaron que se aplican las siguientes medidas cautelares:

• Fianza personal o caución real adecuada sobre los imputados por la suma que el Juzgado estime conveniente de acuerdo a la naturaleza de los hechos que se investigan.
• Prohibición de salida del país.
• Fijación de un domicilio procesal y teléfonos para las notificaciones personales a los imputados.
• La obligación de presentarse periódicamente ante el juez.
• y cualquier otra medida que sea compatible con la naturaleza del caso.

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El derrumbe de una residencia de ancianos en la ciudad de Belo Horizonte, en el sureste de Brasil, dejó este jueves al menos seis muertos, mientras los bomberos trabajan en la búsqueda entre los escombros de seis desaparecidos, según el último balance.

En el momento del colapso, ocurrido en la madrugada, 29 personas se encontraban en el edificio de cuatro pisos, que también alojaba algunas viviendas y una clínica estética, según el Cuerpo de Bomberos de Minas Gerais, cuya capital es Belo Horizonte.

Se desconoce el estado de las ocho víctimas que estarían sepultadas entre los restos de la estructura, una montaña de trozos de paredes y vigas de hierro y tierra.

Imágenes divulgadas por el organismo muestran una edificación completamente derrumbada y decenas de efectivos sacando a una persona con vida en una camilla, mientras vecinos aplauden.

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Hasta el momento, los bomberos lograron rescatar con vida a ocho personas, que fueron trasladadas a hospitales de la zona.

Nueve personas lograron salir más temprano tras el derrumbe con ayuda de vecinos, entre ellas dos cuidadores y siete ancianos que estaban en una zona no afectada directamente.

Las causas del colapso están siendo investigadas. El portavoz de los bomberos, Henrique Barcellos, señaló a periodistas en el lugar que el edificio tenía todos los permisos en regla.

Más de 40 bomberos, con apoyo de perros, trabajan en las labores de rescate, entre ellos equipos que venían del operativo en Juiz de Fora, en el mismo estado, y donde deslizamientos por lluvias torrenciales dejaron la semana pasada 65 muertos en la ciudad.

Entre los rescatados con vida figura un niño de dos años, sacado consciente y con signos vitales estables, informaron los bomberos.

• Fuente: AFP

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