Pobladores de la zona de Patiño, Itauguá, denunciaron ante la Dirección General de Prevención y Seguridad de la Policía Nacional la contaminación acústica o polución sonora por parte de una organización denominada Tuning Automotive Club, que impulsa la competencia de equipos de sonido de automóviles.
De acuerdo al informe policial, el evento se realiza en el Club de Campo Polo, ubicado en la zona. Ante la queja por parte de los lugareños, en el lugar se constituyeron el comisario Emilio Carrillo y el suboficial Walter Rodríguez, quienes durante el proceso de intervención constataron la presencia de más de 200 vehículos con equipos de sonido en alto volumen.
De acuerdo al principal encargado de la actividad, César Vargas, de nacionalidad paraguaya, el evento contaba con permiso solicitado a la Municipalidad de Itauguá en fecha 29 de setiembre del presente año. Además se dialogó con la asesora de la comuna, la abogada Ramona Duré, quien confirmó que el documento de permiso fue presentado y que serían remitidos a los agentes de la Dirección General de Prevención y Seguridad en la brevedad posible. Posteriormente, los uniformados labraron acta de constitución y una filmación del lugar.
Leyes que regulan la polución
La Ley Nº 6.390/20 “Que regula la emisión de ruidos” (artículos 8 y 9), establece claramente que la Policía Nacional está facultada para actuar, de oficio o por denuncias, en conjunto con el Ministerio Público, de manera de ordenar el cese de ruidos molestos de forma inmediata en recintos privados y/o públicos.
La Ley Nº 716, que sanciona delitos contra el medio ambiente, establece en el artículo 10 que serán sancionados con penitenciaría de seis a dieciocho meses y multa de 100 a 500 jornales mínimos legales que van desde 8.434.000 a 42.170.000 guaraníes quienes realicen ruidos, vibraciones u ondas expansivas que violen los límites establecidos en la reglamentación correspondiente (Inc. A).
A nivel municipal la ordenanza Nº 183/04 “Regula los ruidos molestos” y establece sanciones que pueden llegar a ser de 1 jornal las leves a 2.700 jornales las gravísimas, es decir que impone sanciones administrativas.
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