El presidente de la República, Santiago Peña, abordó la consolidación del sistema penitenciario en su tercer informe de gestión, presentado el miércoles pasado ante el Congreso Nacional. A través de una gestión coordinada entre el Ministerio de Justicia, el Consejo de Defensa Nacional (Codena), las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, el Estado paraguayo recuperó el control absoluto de las cárceles que, por décadas, funcionaron como oficinas de mando de las organizaciones criminales.

El mandatario inició este eje rindiendo un emotivo homenaje al suboficial Martín Mendoza, agente de la Policía Nacional caído en servicio durante el histórico operativo Veneratio; enfatizando que su sacrificio no fue en vano; hoy es el cimiento de un nuevo modelo penal fundamentado en el orden y la disciplina, diseñado para devolverle la paz a la ciudadanía.

Como un componente central de la reforma, el Gobierno impulsa la readecuación funcional de la infraestructura a nivel nacional. En este marco, el Ejecutivo destacó el inicio del Programa de Adecuación y Mejoramiento de la Infraestructura Edilicia en abril de 2026, con intervenciones simultáneas en los 19 centros del país. En el Centro Educativo de Itauguá (CEI) se ejecutó la separación física obligatoria entre jóvenes procesados y sancionados, garantizando un modelo educativo restaurativo.

El presidente Santiago Peña destacó la formación táctica de 375 nuevos agentes penitenciarios en el Comando de Artillería y enalteció la labor de Rosa Ruiz, agente del COMPLE, como el ejemplo vivo del Nuevo Modelo de Gestión: una servidora pública con la disciplina y vocación necesarias para transformar el sistema penitenciario paraguayo de manera irreversible.

En octubre de 2025, el Gobierno concretó la habilitación de la Unidad de Tratamiento y Rehabilitación de Adicciones (UTRA) en el Centro Educativo de Itauguá. Esta unidad, primera en su tipo, cuenta con protocolo aprobado por el Ministerio de Salud Pública (MSPyBS) y capacidad para 33 adolescentes. Actualmente, 13 jóvenes reciben tratamiento especializado y otros 13 ya han completado exitosamente su proceso de rehabilitación. Para asegurar la sostenibilidad de este proyecto, la Senabico aprobó una ampliación de financiamiento de G. 5.175.632.000.

Bajo el liderazgo operativo del Ministerio de Justicia, las intervenciones en el último año se ejecutaron bajo estrictos criterios de orden, trazabilidad y respeto irrestricto a los derechos humanos. Entre julio de 2025 y mayo de 2026, el Gobierno del Paraguay concretó hitos definitivos:

Operativo Umbral 1.0 (agosto de 2025): permitió la habilitación oficial del Centro de Reinserción Social de Minga Guazú, mediante el traslado de 783 internos de la Penitenciaria Regional de Ciudad del Este, iniciando la separación ordenada de PPL.

Operativo Umbral 2.0 (octubre de 2025): hito histórico con el cierre definitivo del Centro Penitenciario de Mujeres «Casa del Buen Pastor» tras más de 100 años. Se trasladó a 667 mujeres al nuevo Complejo para Mujeres Privadas de Libertad (COMPLE) en Emboscada, dotado de tecnología de punta.

Operativo Umbral 2.5 (mayo de 2026): fin definitivo de las penitenciarías mixtas en el Paraguay. Con el traslado de 361 mujeres y el cierre del centro «Juana María de Lara» en CDE, toda la población femenina (1.122 internas) se concentra ahora en espacios diseñados exclusivamente para su seguridad y dignidad.

Operativo Umbral 3.0 y 3.5: consolidó la readecuación funcional transformando la Penitenciaría Nacional de Tacumbú en el Centro Nacional de Prevenidos, y la Penitenciaria Regional de Ciudad del Este, en el Centro de Prevenidos de Ciudad del Este, clausurando el ingreso de personas con condena firme y destinándolo exclusivamente a procesados.

El ministro de Justicia, Rodrigo Nicora, realizó un informe en conferencia de prensa sobre el operativo Umbral 3.5 que se desarrolló entre la noche de ayer domingo y las primeras horas de este lunes, en el cual fueron trasladados más de 600 reos con condena firme del Centro Nacional de Prevenidos (ex Tacumbú) a otros centros penitenciarios.

“Hoy queremos anunciar queremos anunciar la culminación del operativo Umbral 3.5, que es la continuidad del operativo 3.0, que consistió en la reconversión de la ex Penitenciaría Nacional de Tacumbú al nuevo Centro Nacional de Prevenidos”, informó el secretario de Estado.

“En la fecha de hoy y ayer domingo fueron trasladadas en total 618 personas privadas de libertad, tanto del Centro Nacional de Prevenidos a ‘Martín Mendoza’ de Emboscada, como de Ciudad del Este a la penitenciaría Centro de Reinserción Social de Minga Guazú”, agregó.

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“Este operativo conlleva el gran trabajo articulado, desde una política del Gobierno, a través del Consejo de Defensa Nacional, y tanto la Policía Nacional, el Ministerio del Interior, las Fuerzas Armadas de la Nación con el Ministerio de Defensa, involucrados en estos operativos que ya nos tiene acostumbrados a esa coordinación entre las fuerzas y los resultados previstos”, resaltó Nicora.

En el marco de este trabajo conjunto “fueron empleados 24 ómnibus de traslado para este operativo, 420 agentes de la Policía Nacional, 182 agentes de las Fuerzas Armadas de la Nación y 137 funcionarios administrativos de seguridad del Ministerio de Justicia”, de acuerdo al informe del ministro de Justicia.

“Con este nuevo operativo podemos concluir que finalmente, tanto el Centro Nacional de Prevenidos como la Penitenciaría Regional de Ciudad del Este cuentan exclusivamente con personas procesadas y ya la penitenciaría regional de centro de reinserción Minga Guazú cuenta con casi el 90 % de su capacidad y en Martín Mendoza se encuentra ya a un 80 % de su capacidad. Con todos estos traslados que responden a un nuevo modelo de gestión penitenciaria, pero que se enmarca en los programas de seguridad del Gobierno nacional”, resaltó el ministro.

Puntualizó que el traslado de las personas privadas de libertad hace parte de la política e seguridad del Gobierno nacional, encabezado por el presidente Santiago Peña. “Este resultado tiene para la ciudadanía mayor seguridad, mayor control, y también de esta forma, al reordenar el sistema penitenciario podemos ejercer de mejor manera los programas de reinserción social y también separar aquellos altos perfiles que no quieren reinsertarse a la sociedad con toda la fuerza y toda la firmeza del Estado paraguayo”, sentenció.

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Un tribunal español ordenó que la esposa del jefe del gobierno, Pedro Sánchez, sea juzgada por corrupción y le prohibió salir del país, según un auto judicial publicado este sábado. La decisión ahonda en el abanico de escándalos judiciales en la familia y el entorno del mandatario de izquierdas, que amenazan la supervivencia de su precario gobierno en minoría. En el último mes se sumó la investigación por presunto tráfico de influencias de su antecesor socialista, José Luis Rodríguez Zapatero, una figura emblemática de la izquierda española y muy afín a Sánchez.

El caso de su esposa, Begoña Gómez, gira en torno a la creación de una cátedra en la Universidad Complutense de Madrid que codirigió ella y sobre el supuesto uso de recursos públicos y contactos personales para promover intereses privados. El juez encargado del caso, Juan Carlos Peinado, ordenó a Gómez que entregue su pasaporte y se presente ante las autoridades dos veces al mes hasta que se dicte veredicto en el caso, según la resolución divulgada este sábado.

El tribunal señala que se informará “a todos los puestos fronterizos y aeropuertos civiles y militares” para evitar que Gómez incumpla con esa resolución.

El auto judicial no fija una fecha para la celebración del juicio.

En abril, el juez había acusado formalmente a la esposa de Sánchez por malversación, tráfico de influencias, corrupción y apropiación indebida de fondos.

“La cátedra sirvió como un medio de desarrollo profesional privado para la persona investigada”, escribió el juez en esa resolución.

La investigación comenzó en abril de 2024 a raíz de una denuncia de un grupo anticorrupción con vínculos con la extrema derecha.

“Hoy es un día nefasto para los que creemos en la Justicia”, reaccionó en la red social X el ministro de Justicia, Félix Bolaños. “Pese a todo, yo sigo confiando en ella y sé que la razón y la verdad se acabarán imponiendo”, agregó.

Para justificar su decisión de prohibir a Gómez salir del país, Peinado rechaza el argumento de que los agentes de policía que habitualmente brindan protección a Gómez impedirían que huyera.

En su auto de 84 páginas, el juez señala que “esos agentes en un momento determinado pueden, bien por iniciativa propia o siguiendo órdenes de sus superiores jerárquicos” ser “quienes colaboren en la acción o acciones que se llevan a cabo para facilitar esa fuga”.

Tras conocerse el caso, Sánchez suspendió sus obligaciones públicas durante unos días para reflexionar si se mantenía o no en el cargo.

Tanto él como Gómez, de 55 años, rechazan las acusaciones y niegan cualquier irregularidad.

El jefe del gobierno socialista enmarca el caso en una campaña de la derecha para socavar su gobierno en minoría, que se sustenta en precarios acuerdos en un Parlamento muy fragmentado.

Los partidos de la oposición de derecha han pedido su dimisión y la convocatoria adelantada de elecciones, previstas en principio para el próximo año.

Sánchez, que tituló su biografía como “Manual de resistencia”, descarta dimitir y se muestra convencido de poder agotar su mandato.

Sin embargo, la situación es delicada para el socialista, que alcanzó el poder en 2018 tras una moción de censura presentada contra su predecesor, el conservador Mariano Rajoy, precisamente a raíz de los casos de corrupción en su partido.

La presión aumentó tras el escándalo de Zapatero, jefe del gobierno entre 2004 y 2011, investigado por tráfico de influencias relacionado con el presunto cobro de comisiones por el rescate de la pequeña aerolínea Plus Ultra en 2021.

El exdirigente ha negado también las acusaciones y Sánchez ha reiterado en repetidas ocasiones su “confianza” en la inocencia de su mentor.

Además de su esposa, el hermano del presidente del gobierno, David Sánchez, ha sido juzgado en las últimas semanas por un presunto trato de favor para obtener un cargo público. Y en abril, quien fuera mano derecha de Sánchez y ministro de Transportes, José Luis Ábalos, fue juzgado por presuntas comisiones ilegales vinculadas a contratos públicos.

Fuente: AFP.

El gobierno argentino designó este viernes un nuevo portavoz presidencial, función que hasta ahora ocupaba informalmente el jefe de Gabinete de ministros, Manuel Adorni, figura central de un escándalo por presunto enriquecimiento ilícito.

El anuncio fue hecho por el propio Adorni tras una reunión con el presidente Javier Milei. “Adrián Ravier será el nuevo Vocero Presidencial”, publicó en su cuenta de X. “Todos los éxitos en esta nueva etapa”, continuó Adorni, que seguirá al frente de la jefatura de Gabinete.

El funcionario de 46 años, una de las figuras más cercanas a Milei, lleva más de tres meses en el ojo de la tormenta por revelaciones sobre compras de inmuebles y viajes onerosos luego de su llegada a la función pública en diciembre de 2023.

En la mira de la justicia y la oposición que exigen conocer el origen del dinero, reconoció la semana pasada haber ocultado 500.000 dólares en sus declaraciones juradas.

“Por supuesto que cometí un error. Voy a pagar hasta el último impuesto que me corresponda pagar”, dijo el funcionario al intentar justificar la omisión de ese patrimonio, que atribuyó a inversiones en criptomonedas entre 2014 y 2018.

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Sin embargo, rápidamente comenzaron a circular videos con viejas declaraciones sobre criptomonedas que contradicen sus dichos recientes.

También se contradijo con sus propias declaraciones ante el Poder Legislativo en abril, cuando afirmó que “nunca existió ocultación alguna” de su patrimonio.

El caso es investigado por la justicia federal junto con denuncias sobre compra y renovación de inmuebles por cientos de miles de dólares, y cada semana tiene un capítulo nuevo. El último fue un presunto recibo de compra de blanquería por unos 5.600 dólares.

Contador de profesión, Adorni se hizo conocido a partir de 2023 como tuitero y columnista económico.

Al asumir la presidencia en diciembre de ese año, Milei lo nombró vocero presidencial. Desde ese rol construyó un perfil de alto impacto por su estilo directo y sarcástica en las conferencias de prensa. Respaldado por Karina Milei, hermana y mano derecha del mandatario, pasó a la jefatura de gabinete en noviembre pasado.

De su lado, Ravier es economista por la Universidad de Buenos Aires, fue electo diputado nacional por la provincia de La Pampa (centro) en 2025 y es parte de la dirección académica de la Fundación Faro, un think thank cercano al presidente Javier Milei. Suele conducir disertaciones académicas que brinda Milei junto a otros economistas.

• Fuente: AFP

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