El exdiputado esteño Jorge Brítez, lanzó duras críticas hacia el exintendente destituido, Miguel Prieto, recordando su extenso expediente de denuncias y acusaciones por mal manejo y corrupción durante su gestión en la Municipalidad de Ciudad del Este. Actualmente, Prieto enfrenta dos procesos judiciales, los casos “Tía Chela” y “Tajy”, y otra causa que podría elevarse también a juicio por lesión de confianza por el caso Consejo Local de Salud.

“Buses eléctricos a USD 400.000 cada uno, Tía Chela, pasto de oro, plazas de oro, empresas de maletines, Night Empedrado Hot, Clinic Chatarra Móvil, 200.000 vacunas, asfaltos de oro, salarios de oro, récord en denuncias de corrupción, un tipo agresivo, violento y sin proyecto de gestión. Nepoprimo, neponovia, nepopapá, neposuegro, nepotío”, escribió el exlegislador a través de sus redes sociales.

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Pese a todos los hechos irregulares atribuidos a su mala gestión, Miguel Prieto se aferra a un discurso anticorrupción, lo que fue criticado por Brítez. “Pero la gente está ´cansada de la corrupción´ dice él”, fueron sus expresiones.

Brítez concluyó su posteo asegurando que Prieto se convirtió en un referente, pero de corrupción, lejos de la imagen que quiere imponer ante la ciudadanía. “Podrás tener tus bots, granjas, perfiles falsos y también tus simpatizantes, pero jamás podrás tapar que te convertiste en un referente de la corrupción, engaño, mentira y traición, a un pueblo que tanta esperanza tuvo de un cambio real”, sentenció.

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“Fue una reunión muy útil y rica”, indicó el senador liberal Dionisio Amarilla, quien ejerce la presidencia de la Comisión Especial que investiga hechos de corrupción en el Ministerio de Salud Pública y el Instituto de Previsión Social (IPS), tras concretarse este jueves una mesa de trabajo con los directores de las distintas dependencias de la Contraloría General de la República (CGR).

“En el encuentro hemos podido abordar los reportes y hallazgos que ellos ya han informado oficialmente en diferentes instancias y que ahora queda en manos de nuestros técnicos hacer una primera revisión, pero de tal manera para la próxima semana voy a pedir repetir esta reunión para desglosar un poco quiénes son los grandes deudores del IPS”, comentó a los medios de comunicación.

El legislador mencionó también que en materia de deudas del Estado la cifra orilla los G. 5 billones y la deuda del sector privado, los G. 6 billones. “Nosotros pedimos que nos informen quiénes son esos actores privados que adeudan al IPS, de qué fecha datan esas deudas, cómo se acumuló entre otras cuestiones”, sostuvo.

Amarilla comentó que durante el encuentro se trajeron a colación casos referentes a sobrefacturaciones mediante procesos licitatorios. Como ejemplo colocó un llamado para el servicio de lavado de sábanas que superaba los G. 30 mil millones.

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Otro de los puntos críticos abordados fue el inventario de equipos y bienes, que totaliza unos 20.000 ítems y requiere urgentemente un acompañamiento tecnológico para un seguimiento efectivo de su ubicación y uso. A esto se suma el grave problema de la trazabilidad en la recepción y distribución de medicamentos, donde el propio IPS cuantificó cerca de G. 700.000 millones en fármacos a los que no se les puede dar seguimiento.

“La reunión fue bastante interesante, muy importante ya que es la primera vez que el Congreso pide informes de un quinquenio, buscamos ver un mapa un poco más extendido de lo que constantemente nos suelen proveer y eso trae consigo, cuanto menos anomalías y debilidades”, puntualizó.

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Estados Unidos canceló el lunes las visas del fiscal general boliviano, jueces, altos funcionarios y empresarios de ese país, así como de Colombia, Ecuador y Perú a los que acusa de corrupción, vínculos con el narcotráfico o de conspirar contra sus respectivos gobiernos. La retirada de visas a esos altos cargos y a sus familias forma parte de los compromisos asumidos en la alianza Escudo de las Américas, creada a iniciativa del presidente Donald Trump en marzo de este año, explicó el comunicado del Departamento de Estado.

“Bajo la administración Trump, los funcionarios extranjeros corruptos ya no pueden entrar libremente a Estados Unidos”, aseguró el texto. “Esta política restringe la expedición de visas para los ciudadanos extranjeros —y sus familiares directos— que socaven a un gobierno elegido democráticamente mediante actividades de corrupción o narcotráfico en nuestra región”, añadió.

“Socavar a un gobierno elegido democráticamente es una amenaza para la seguridad y el Estado de derecho en las Américas, y no será tolerado”, advirtió el comunicado. El gobierno conservador boliviano vivió semanas de protestas que paralizaron buena parte del país, hasta que el 20 de junio el presidente decretó el estado de excepción, que sigue vigente.

Colombia acaba de elegir a un presidente, Abelardo de la Espriella, que se presenta a su vez como aliado de Trump, tras una reñida campaña electoral y acusaciones contra la oposición de izquierda de haber intentado impedirle llegar al poder. Ecuador es otro de los países aliados de Washington, inmerso en una guerra contra el crimen organizado que cuenta con el apoyo de fuerzas militares estadounidenses, mientras que Perú también acaba de elegir a una presidenta conservadora tras otra reñida campaña.

Esos cuatro países forman parte del Escudo de las Américas, que agrupa a una quincena de países de la región. Líderes de la alianza se reunieron la semana pasada al margen de la Asamblea General de la ONU y ratificaron su disposición a tomar “medidas colectivas”, con una primera batería de sanciones contra 24 grupos criminales.

El fiscal general boliviano, Roger Mariaca, asumió su cargo a finales de 2024 tras ser nombrado por la asamblea legislativa anterior. Durante su postulación a fiscal general fue cuestionado por el retraso de varios casos judiciales cuando era fiscal de Santa Cruz, entre ellos el del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset.

“Sus acciones ponen en peligro los esfuerzos del presidente Trump para combatir el narcoterrorismo, al tiempo que socavan las mismas instituciones democráticas de Bolivia”, explicó el comunicado. Mariaca aseguró en una declaración a la prensa el lunes que la decisión es un acto de “injerencia” y “presión política” a raíz de sus investigaciones. “No podemos aceptar que el trabajo que vengo desarrollando (...) sea puesto en duda por decisiones o pronunciamientos provenientes del exterior”, dijo.

También son sancionados en Bolivia el magistrado constitucional Israel Ramiro Campero y Martín Irusta, fiscal que ejerció antes de abogado del expresidente Evo Morales. Otros sancionados son el juez instructor Rodrigo Vedia, así como los fiscales Albania Chane y Alberto Zeballos, ambos de Santa Cruz, la juez Rosario Flores (Santa Cruz), el fiscal Alvaro Nava (Chuquisaca) y el empresario José Luis Iriarte.

El sancionado coronel de Policía Frans Cabrera ha sido investigado por organismos de inteligencia de la misma policía boliviana, por supuestos nexos con el narcotráfico y por ralentizar investigaciones. Otros nueve bolivianos quedaron imposibilitados de recibir la visa en caso de solicitud.

Cuatro ciudadanos ecuatorianos que el comunicado no identifica también quedaron sancionados. El Departamento de Estado tiene la potestad de anunciar o dejar en el anonimato a las personas a las que se revoca la visa de entrada al país. De Colombia, los afectados son Euclides Torres, un empresario del sector energético, relacionado con la presunta financiación ilegal de la campaña electoral del ahora expresidente Gustavo Petro, y la senadora Martha Isabel Peralta, del movimiento indígena Mais.

“La lucha apenas empieza; pronto se ampliará no solo en número, sino también en decisiones administrativas” advirtió el presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, en la red X. En Perú, el sancionado es Juan Carlos Núñez, juez del primer circuito constitucional de Lima, conocido por una sentencia que favoreció a Cosco Shipping, una empresa china que opera el puerto de Chancay, al norte de la capital.

Fuente: AFP.

Uno de los puntos centrales de la resolución es el análisis de los sucesivos recursos, incidentes, recusaciones y acciones planteados durante la tramitación de la causa.

El Tribunal de Apela­ción en lo Penal, Pri­mera Sala de la capital, resolvió revocar la resolu­ción por la cual el juez Penal de Garantías n.º 11, Yoan Paul López Samudio, había declarado la prescripción de la causa seguida contra el exministro del Interior Rafael Filizzola, en el caso conocido como “comisarías de oro”.

La Cámara hizo lugar al recurso de apelación plan­teado por la fiscala Silvia Margarita González Vester, de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anti­corrupción n.º 3, y dejó sin efecto el A.I. n.º 371, de fecha 6 de mayo de 2026. De esta manera, el proceso por lesión de confianza contra Filizzola continúa vigente y deberá avanzar hacia la siguiente etapa procesal. Uno de los puntos centrales de la reso­lución es el análisis de los sucesivos recursos, inciden­tes, recusaciones y acciones planteados durante la tra­mitación de la causa. Según el tribunal, esta concatena­ción de actuaciones impidió la prosecución ordinaria del proceso y generó un período de “tiempo muerto” de 5 años, 5 meses y 12 días, que debe ser considerado como tiempo de suspensión de los plazos de prescripción.

La resolución señala que el expediente fue devuelto for­malmente al juzgado de ori­gen recién el 14 de diciembre de 2021. Entre las actuaciones enumeradas figuran recur­sos de reposición y apelacio­nes, incidentes de nulidad, una acción de inconstitucio­nalidad y sucesivas recusa­ciones. El tribunal también cita una resolución de 2022 que quedó firme luego de que la Sala Penal de la Corte Suprema declarara inadmisi­ble un recurso extraordinario de casación en 2025.

Además de revocar la decisión del juez López Samudio, los camaristas Paublino Esco­bar, Jesús Riera y Adriana Giagni exhortaron al magis­trado interviniente a aplicar el procedimiento previsto en la Acordada n.º 1814 de la Corte Suprema de Justicia, de modo de velar por la regula­ridad del litigio y desalentar planteamientos dilatorios o el abuso de las facultades pro­cesales.

La Cámara impuso las costas en el orden causado. Con la decisión, queda pendiente la definición de la audiencia pre­liminar, instancia en la que se deberá analizar la acusación y determinar si corresponde elevar la causa a juicio oral.

El proceso se origina en la investigación sobre la cons­trucción de baños y celdas en 24 comisarías del área metropolitana, durante la gestión de Filizzola al frente del Ministerio del Interior. Según la acusación, el caso habría ocasionado un perjui­cio patrimonial de aproxima­damente G. 1.200 millones.