El abogado e investigador Jorge Rolón Luna lamentó este lunes el abandono del Estado en las cárceles del país y lamentó que se haya designado como ministro de Justicia a Édgar Olmedo, a quien calificó de persona que no entiende cómo funciona el sistema penitenciario.
“Tenemos una persona improvisada (ministro de Justicia) que no entiende de sus funciones y que está más ocupado en su campaña política. El deterioro del sistema penitenciario está poniendo en peligro la seguridad de la sociedad paraguaya”, dijo el abogado en comunicación con la radio 1080 AM.
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Sostuvo que el ministro de Justicia está jugando con fuego a causa de su desconocimiento sobre el funcionamiento del sistema penitenciario del país y exigió que sea destituido del cargo por el presidente de la República, Mario Abdo Benítez.
Rolón Luna indicó que en los últimos tiempos se incrementaron considerablemente los casos de tortura a los internos en las cárceles, especialmente luego de los intentos de fuga, e insistió en que el ministro de Justicia está poniendo en riesgo la seguridad de las personas a causa de su inoperancia.
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“Aumentaron los casos de tortura; después de un intento de fuga, hay garroteadas. El Estado no controla las cárceles, esa es la verdad. Este señor (ministro de Justicia) está poniendo en peligro la seguridad ciudadana, lastimosamente es así”, agregó el investigador.
De acuerdo a los datos del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP), el 2022 cerraría con dos mil nuevos ingresos a las cárceles, siendo la cantidad histórica de mil. También cuestiona el olvido del Estado, facilitando el fortalecimiento de organizaciones criminales como el clan Rotela y el Primer Comando Capital (PCC).
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Prieto busca desvirtuar su corrupción con populismo, afirma abogado esteño
“La situación en Ciudad del Este está muy candente. Los delincuentes nunca admiten que son delincuentes”, sostuvo el abogado Samir Sánchez, miembro de la Contraloría Ciudadana de Ciudad del Este (CCDCE), ante las afirmaciones del intendente Miguel Prieto y su entorno político, quienes alegan que el proceso de intervención a su gestión se transformó en una campaña de desinformación y persecución a base a mentiras.
“Prieto, mediante el populismo quiere tratar de desvirtuar la realidad, pero esta es mucho más fuerte, se tienen muchas irregularidades, corrupción en la administración municipal que van saliendo, que nosotros habíamos denunciado como casos de planillerismo, la existencia de empresas de maletín que fueron beneficiadas para delinquir", dijo a la radio Tribuna.
De las 49 denuncias por corrupción que pesan sobre el líder del movimiento Yo Creo, la organización no gubernamental impulsó un total de 15 acusaciones ante la Fiscalía con la finalidad de resguardar el dinero de los contribuyentes esteños.
“Por más que Prieto quiera ocultar la documentación requerida para el proceso de intervención, eso no impide que se puedan demostrar los hechos punibles y las irregularidades. La falta de documentos retrasa la investigación, pero eso no significa que el interventor no pueda presentar su informe, verificando datos de otras fuentes", puntualizó.
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Principales falencias detectadas en la gestión de Prieto
1. Documentos que aparecen y desaparecen
Desde el inicio de la intervención, Ramón Ramírez y su equipo, se enfrentaron a enormes trabas para acceder a la documentación requerida. “No es desorden, es un desorden bien planificado”, afirmó el interventor.
Documentos clave que inicialmente “no existían” en los legajos, aparecen de manera repentina, evidenciando un intento deliberado de obstaculizar la investigación.
2. Dudosa asignación
La propia administración municipal reconoció ante la Contraloría General de la República haber destinado G. 42.000 millones de fondos de capital -que debían financiar obras e infraestructura- para cubrir gastos corrientes y operativos.
3. Obras retrasadas y con plata ya transferida
Se detectaron casos graves de contratos adjudicados y con anticipos millonarios pagados, pero sin ninguna ejecución real. En varios casos, transcurrieron semanas de las fechas de inicio y las obras simplemente no existen.
4. Combustibles con cifras imposibles
La intervención también descubrió un esquema de corrupción con el manejo de combustibles.
- Un vehículo declaró un kilometraje que implicaría recorrer más de 1.300 km en un solo día, algo físicamente imposible.
- Otro caso reporta 1.120 litros de combustible cargados en una semana, lo que equivale a llenar el tanque más de seis veces en apenas siete días.
5. Fondos rotatorios usados para compras injustificadas.
Se detectó la asignación indiscriminada de fondos rotatorios a dependencias municipales que los utilizaban para gastos fuera de norma, como la compra de bocaditos, en lugar de destinarlos a urgencias reales.
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Diputados evaluará penas más severas para funcionarios públicos por corrupción
La Cámara de Diputados tiene previsto analizar en su sesión ordinaria de este martes un proyecto de ley que busca modificar las penas por corrupción en el Código Penal Paraguayo, estableciendo castigos de hasta 25 años de prisión para funcionarios públicos que incurran en determinados delitos.
La exposición de motivos argumenta que la iniciativa responde a la necesidad de “disuasión legal para el combate frontal a la corrupción pública y privada”, señalando que “el crimen organizado nacional se nutre con el apoyo de funcionarios públicos, desangrando al Estado en su patrimonio”.
Asimismo, señala que la corrupción pública “atenta directamente contra los derechos humanos” y que “sus consecuencias son equiparables a crímenes de lesa humanidad”, al afectar servicios básicos como salud, educación y seguridad.
El proyecto que se encuentra en su primer trámite constitucional plantea la modificación de varios artículos del Código Penal, que previene, tipifica y sanciona el enriquecimiento ilícito, el tráfico de influencias, lesión de confianza y otros delitos conexos.
El proyecto también incorpora medidas como el comiso especial de bienes obtenidos ilegítimamente y prohibiciones posteriores al ejercicio del cargo, estableciendo multas de mil días para funcionarios que se vinculen laboralmente con empresas beneficiadas por contratos administrativos dentro del año siguiente a su celebración. La iniciativa busca reforzar “la confianza de la ciudadanía y de la opinión pública en las Instituciones Republicanas”, según expresó el diputado en su fundamentación.
Principales modificaciones
Lesión de confianza (Art. 192)
Pena actual: Hasta 5 años o multa
Pena propuesta: hasta 25 años para funcionarios públicos (casos graves).
Exacción (Art. 312)
Pena actual: 10 años o con multa
Pena propuesta: 10 a 20 años
El artículo 2 del proyecto de ley presentado también establece modificaciones al Código penal en los artículos 239, 298, 300, 301, 302, 303 y 305, que quedan redactados de la siguiente manera:
Asociación criminal (Art. 239)
Pena actual: Hasta 5 años
Pena propuesta: 10 a 15 años para funcionarios públicos
Quebrantamiento del depósito (Art. 298)
Pena actual: Hasta 2 años o multa
Pena propuesta: 10 a 15 años para funcionarios públicos
Cohecho pasivo (Art. 300)
Pena actual: Hasta 3 años o multa para funcionarios / hasta 5 años o multa para jueces
Pena propuesta: 5 a 8 años para funcionarios / 5 a 10 años para jueces
Cohecho pasivo agravado (Art. 301)
Pena actual: Hasta 5 años para funcionarios / hasta 10 años para jueces
Pena propuesta: 5 a 10 años para funcionarios / 10 a 15 años para jueces
Prevaricato (Art. 305)
Pena actual: 2 a 5 años
Pena propuesta: 5 a 8 años (hasta 15 años en casos graves)
En el artículo 3 del proyecto presentado, se propone la modificación de los artículos 3, 4, 6, 7 y 8 de la ley n.º 2523/04, “Que previene, tipifica y sanciona el enriquecimiento ilícito en la función pública y el tráfico de influencias”, que quedan redactados de la siguiente manera:
Enriquecimiento ilícito (Art. 3)
Pena actual: 1 a 10 años
Pena propuesta: 10 a 15 años
Tráfico de influencias (Art. 7)
Pena actual: hasta 3 años
Pena propuesta: 10 años (15 años si la influencia es ejercida ante magistrados o fiscales / 20 años si el autor es funcionario público).
Administración en provecho propio (Art. 8)
Pena actual: hasta 10 años
Pena propuesta: 15 a 25 años.
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“Por fin va a haber un poco de Justicia en Ciudad del Este”, dice la Contraloría Ciudadana
La representante de la Contraloría Ciudadana de Ciudad del Este, Magdalena Montiel, celebró que todas las denuncias impulsadas por su organización contra la gestión del intendente Miguel Prieto fueron confirmadas tanto por la Contraloría General de la República como por el interventor Ramón Ramírez, quien recientemente ratificó la existencia de múltiples irregularidades en la administración municipal.
Montiel refirió que la Contraloría General es la máxima autoridad en materia de control de las instituciones públicas y consideró que las conclusiones del interventor no hacen más que reafirmar las denuncias presentadas desde el inicio de la gestión de Prieto. “Por fin va a haber un poco de Justicia con Ciudad del Este, porque son los contribuyentes los que están perdiendo en este momento”, concluyó.
Montiel apuntó directamente a la gestión de Prieto, a quien acusó de haber montado un esquema en la comuna esteña para evadir los sistemas de Contrataciones Públicas y el control ciudadano. Según denunció, la municipalidad publica solo los montos de las obras, pero omite datos clave como la ubicación geográfica y otros detalles que permitirían una fiscalización efectiva.
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“Estamos tranquilos, todas las denuncias que hemos hecho se han confirmado, desde un principio estaba segura de que iba a ser así”, expresó Montiel en contacto con La Nación/Nación Media, quien destacó el trabajo que viene realizando el interventor y quien trajo consigo a técnicos que validaron los cuestionamientos realizados previamente por el ente contralor.
A su vez, aseguró que existe un desmoronamiento en la popularidad de Prieto, de lo cual ya hubo indicios en las últimas elecciones generales, cuando el candidato respaldado por el jefe comunal perdió la contienda por la gobernación del Alto Paraná. “Muchos de los que le defendían hoy nos dan la razón, él tiene muchos aduladores y chupasangres que también se benefician de su administración y son ellos los que le dan la falsa expectativa de que sigue siendo querido”, manifestó.
“El intendente es un mentiroso compulsivo, mostró su verdadera cara cuando asumió la intendencia y cometió todas estas irregularidades y actos de corrupción”, arremetió Montiel, señalando además que las críticas de Prieto hacia la Contraloría Ciudadana siempre buscaron desprestigiar al equipo que ella representa.
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Intervención CDE: comprueban graves irregularidades en transferencia de fondos
El interventor de la Municipalidad de Ciudad del Este, Ramón Ramírez, expuso en conferencia de prensa el hallazgo de graves irregularidades en la gestión del apartado intendente Miguel Prieto Vallejos que, confirman puntos consignados en el informe de la Contraloría General de la República, según la explicación. Lo encontrado representa el 30% de las causales de intervención indicadas por la CGR, según lo informado esta mañana. Son 31 días de auditoría.
“Las pruebas documentales a las que accedimos, nos permiten constatar graves irregularidades en la administración de Miguel Prieto al frente de la Municipalidad. Hay un mecanismo institucionalizado para violar la ley y para evitar controles de manera sistemática”, sostuvo el licenciado Ramírez.
Una de las conclusiones tiene que ver con la “transferencia de más de 3 mil millones de guaraníes (G. 3.042.645.716), que ya la propia Contraloría había señalado y esta intervención comprueba”.
Entre las principales causales identificadas por la CGR y corroboradas por el equipo interventor, según lo informado hoy, están las “inconsistencias y falta de justificación en la asignación de transferencias y el incumplimiento de los procesos de contratación, en el uso de dichos fondos para ejecutar obras”.
También “irregularidades en los procesos legales de asignación de fondos a ONGs y comisiones vecinales; y transferencias sin el cumplimiento de los requisitos legales y documentales exigidos”, explicó el interventor Ramírez.
“Las disposiciones exigen que, quienes reciben aportes deben tener cuentas bancarias, eso no fue observado en varios de los documentos a los que accedimos, hay regulaciones en materia de lavado de dinero, en materia de cumplimiento impositivo que no se cumplieron”, agregó el interventor, como ejemplo de las irregularidades.
Otro punto expuesto es que las entidades beneficiarias de los aportes no administraban los fondos recibidos.
Contrataciones fraguadas
Según la exposición, la intervención detectó también pagos a proveedores realizados antes de las adjudicaciones, donde la empresa ganadora cobró cheques antes de conocerse la firma ganadora. En este punto mencionó un caso en que la adjudicación tiene fecha 31 de diciembre de 2020, pero el cobro ya fue efectuado el 29 de diciembre.
“Los supuestos procesos de selección estaban montados, se crearon empresas para captar fondos, se hizo una instrumentación de comisiones vecinales que fueron simples intermediarios, simples endosantes, fueron utilizados como pantalla para eludir la ley. Las causales de intervención están plenamente confirmadas”, resumió el interventor.
La intervención resaltó que estos hallazgos no configuran errores administrativos, sino un sistema cuidadosamente planificado para burlar las leyes, para desviar fondos públicos, según indicó.