En un hecho de alta relevancia internacional para el Gobierno del presidente Santiago Peña, la delegación del país, encabezada por el ministro de Justicia, Rodrigo Nicora, presentó hoy el informe nacional ante el Grupo de Trabajo del Examen Periódico Universal (EPU) del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, durante durante la 52ª sesión del Grupo.

El ministro Nicora estuvo acompañado por la delegación conformada por el viceministro de Justicia, Rafael Caballero; el embajador Raúl Cano Ricciardi; representantes del Ministerio de Justicia; la directora general de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores, Belén Morra; el defensor público general, Javier Dejesús Esquivel; y la directora de Derechos Humanos del Ministerio de la Niñez y la Adolescencia, Leticia Ocampos.

Durante la sesión desarrollada en el Palais des Nations en Ginebra, el Estado paraguayo expuso los avances históricos y los desafíos pendientes en materia de protección y promoción de los derechos fundamentales.

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En ese marco, el ministro Nicora resaltó que la República del Paraguay se destaca por tener un alto nivel de cumplimiento de las recomendaciones anteriores, habiendo aceptado el 96 % de las sugeridas en 2021. “Este esfuerzo se ha canalizado a través del sistema SIMORE Plus, una herramienta clave para el monitoreo de políticas de derechos humanos que ha servido de modelo regional", indicó.

Señaló que el Paraguay resalta su rol activo en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU y la reciente reacreditación con Estatus “A” de la Defensoría del Pueblo, lo que garantiza que la institución cumple con los estándares internacionales de independencia y eficacia.

Asimismo, destacó que uno de los pilares de la gestión ha sido la mejora de los indicadores socioeconómicos. “Entre 2022 y 2025, Paraguay logró una reducción histórica de la pobreza monetaria, bajando del 24,5 % al 16 %, mientras que la pobreza extrema alcanzó su punto más bajo registrado (2,4%)”, indicó.

Explicó que estos resultados se atribuyen a programas estratégicos como Hambre Cero, que universalizó el almuerzo escolar para más de un millón de niños, y el fortalecimiento de redes de protección como Tekoporã y la Pensión Universal para Adultos Mayores.

Reveló también que el acceso a la vivienda se dinamizó mediante el programa Che Róga Porã, facilitando créditos hipotecarios con un fuerte enfoque en la inclusión de mujeres y migrantes.

En el ámbito jurídico y de salud, el ministro señaló que el Estado ha implementado la Ley de Salud Mental 7018/22, que prioriza un enfoque humanitario y comunitario. En cuanto al empleo, la Estrategia de Formalización 2025-2028 busca reducir la informalidad laboral, apoyada por herramientas digitales como EmpleaPy.

Por otro lado, indicó que la lucha contra el abuso de drogas se ha abordado de manera integral con el Plan SUMAR, que articula la prevención y el tratamiento, especialmente para poblaciones vulnerables y adolescentes en conflicto con la ley.

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El ministro destacó un cambio de paradigma en el sistema penitenciario bajo un nuevo modelo de gestión centrado en la dignidad humana. “Un hito fundamental fue la ejecución de los operativos Umbral 1 y 2, que permitieron, por primera vez en la historia del país, la separación efectiva entre personas condenadas y procesadas, tanto en el sector masculino como en el femenino", resaltó.

Mencionó que esta reorganización busca eliminar el hacinamiento y facilitar los programas de reinserción social, incentivando la educación y el trabajo mediante nuevas normativas de redención de penas.

En su informe, el ministro detalló los avances específicos para diversos sectores sociales; como la autonomía económica y participación política de las mujeres, junto con el alcance territorial de Ciudad Mujer Móvil.

En cuanto a la niñez, destacó el programa Abrazo con el que combate el trabajo infantil, mientras que para las personas con discapacidad, la Ley 7371/25 marcó un hito al reemplazar el modelo de interdicción por uno de capacidad jurídica plena con apoyos.

Mencionaron los esfuerzos por garantizar la seguridad territorial de los pueblos indígenas, la implementación de leyes contra el racismo para afrodescendientes y el fortalecimiento de la lucha contra la trata de personas y el cambio climático.

Finalmente, señaló que el gobierno de Paraguay reconoce que aún persisten desafíos en la reducción de desigualdades, la formalización del empleo y la mejora de los servicios públicos. Por ello, el Estado mantiene su firme decisión de impulsar políticas basadas en evidencia, con enfoque de derechos humanos y coordinación internacional.

“Con esta presentación, Paraguay consolida su posición en el ámbito multilateral como un país comprometido en la implementación de las observaciones, comentarios y recomendaciones que surjan de este examen, los cuales serán una hoja de ruta fundamental para consolidar una institucionalidad inclusiva, transparente y centrada en la dignidad de todas las personas”, concluyó.

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Un alto tribunal de justicia de Argentina anuló ayer miércoles el procesamiento contra el expresidente Alberto Fernández en la causa por presunta corrupción en la contratación irregular de seguros para organismos públicos durante su gestión (2019-2023). La Cámara Federal de Casación, el máximo tribunal penal de Argentina después de la Corte Suprema, revocó por motivos procesales la resolución de un tribunal de apelaciones dictada en noviembre de 2025.

En el fallo al que tuvo acceso la AFP, el alto tribunal sustentó su decisión en que la cámara de apelaciones confirmó el procesamiento de Fernández pese a que el fiscal en la instancia había pedido que se “dictara la falta de mérito” por considerar “que no existían elementos de prueba suficientes”. Esto implica que no había una base acusatoria suficiente para avanzar penalmente.

La Cámara Federal de Casación también canceló dos medidas contra Fernández: un embargo por más de 14.600 millones de pesos (unos 10,3 millones de dólares al cambio oficial), y la prohibición de salir del país. Además de esta causa, el expresidente de 67 años aguarda su juicio por supuesta violencia de género contra su expareja, la periodista Fabiola Yáñez.

En la causa por los seguros, Fernández era investigado por el “delito de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública”. El caso involucra supuestas contrataciones de seguros para distintas oficinas del Estado a través de un intermediario que cobraba comisiones por la gestión, pese a que podían hacerse de forma directa.

Según un decreto firmado por el propio Fernández, los seguros del Estado los cubría la aseguradora del estatal Banco Nación. Además de Fernández, fueron procesados un amigo suyo y corredor de seguros, y su exsecretaria privada, María Cantero, entre otros. Con la decisión de la Cámara Federal Penal del miércoles, la causa sigue abierta y podría revisarse la situación del resto de los imputados, e incluso podría volver a incriminarse a Fernández, según medios locales.

Durante el peritaje del teléfono de Cantero se conocieron testimonios e imágenes que derivaron en una denuncia por violencia de género que le hizo Yáñez. Por esta otra causa, Fernández enfrentará un juicio oral por los delitos de “lesiones graves” y “amenazas coactivas”. El expresidente ha negado cualquier violencia contra Yáñez, con quien mantuvo una relación de aproximadamente diez años y con quien tuvo un hijo nacido en 2022.

Fuente: AFP.

El dicho popular de que “las brujas no existen, pero de que las hay, las hay”, expresa la idea de que aunque un hecho no esté comprobado no signafica que no se haya producido oficialmente. Este caso también se aplica en cuanto a la corrupción, cuando se cita un desvío o mal uso de insumos médicos.

Podría ser el caso de un funcionario encargado de un depósito del que desaparecen medicamentos, equipos o insumos y milagrosamente aparecen en locales para uso privado o venta ilegal, lo que afecta directamente a los pacientes y genera escasez en hospitales públicos.

Otros ejemplos podrían ser cuando se observan cobros indebidos o pedidos de coimas. No es raro que un personal de salud o administrativo exija dinero a pacientes para acceder a servicios que son gratuitos, especialmente para cirugías, turnos prioritarios o provisión de medicamentos. También es frecuente que los funcionarios se dediquen a cuesiones de índole personal y no presten prioridad a los pacientes que llegan con necesidades.

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Entonces desde el Ministerio de Salud Pública se pregunta ¿cómo denunciar hechos de corrupción en hospitales públicos? Es la respuesta que la cartera ahora ofrece.

“La dirección Anticorrupción, dependiente de la Dirección General de Anticorrupción y Transparencia del Ministerio de Salud Pública recuerda a la ciudadanía y a los funcionarios de la institución que se encuentran habilitados diversos mecanismos para la recepción, registro, investigación y tratamiento de denuncias relacionadas con faltas administrativas y posibles hechos de corrupción dentro de los servicios dependientes del sistema de salud pública”, inicia.

Explica que esta dependencia tiene como misión promover la transparencia institucional, garantizar la correcta gestión pública y brindar protección a denunciantes, asegurando que cada caso sea tratado con la debida seriedad, confidencialidad y conforme a la normativa vigente.

Aclara que “todos los ciudadanos, usuarios del sistema de salud y funcionarios del MSPBS pueden presentar denuncias” sobre posibles irregularidades, hechos de corrupción o faltas administrativas.

El horario de atención para estos casos es de lunes a viernes, de 07:00 a 15:00 con atención presencial en las oficinas del Ministerio (Brasil esquina Silvio Pettirossi) o a través del correo electrónico institucional: anticorrupcion@mspbs.gov.py

Para realizar una comunicación directa con un área específica, se puede llamar al número (021) 2374 y seguido los últimos 3 dígitos del interno 447.

También destacaron que existen dos canales para realizar las denuncias:

Para funcionarios:

• Plataforma web oficial a través del sistema interno de intranet institucional (incluye opción de denuncias anónimas).

Para funcionarios y ciudadanía en general:

• Nota dirigida a la Dirección General de Anticorrupción y Transparencia.
• Presentación de nota por Mesa de Entrada o Secretaría General del Ministerio.
• Atención presencial en oficinas, donde además se brinda orientación, derivación y reencauzamiento de denuncias.

Finalmente, la titular del MSPBS, María Teresa Barán, reiteró su responsabilidad y compromiso con una gestión ética, transparente y participativa, para promover “la denuncia responsable como una herramienta fundamental para prevenir, detectar y sancionar actos que afecten la integridad institucional y el derecho ciudadano a servicios de salud de calidad”.

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• Juan Marcelo Pereira
• juan.pereira@nacionmedia.com.

“El despilfarro del dinero público que inauguró Miguel Prieto en su gestión al frente de la Municipalidad de Ciudad del Este sigue tan campante”, sostuvo Magdalena Montiel, coordinadora de la Contraloría Ciudadana de Ciudad del Este, tras repudiar la serie de millonarias y dudosas licitaciones realizadas por su heredero Daniel Pereira Mujica, en pleno año electoral.

“Pereira Mujica es el cerebro de toda la administración corrupta de Prieto, él fue quien armó todo el esquema y fue por eso que heredó la popularidad y el poder en la municipalidad”, indicó al diario La Nación/Nación Media.

Las afirmaciones de Montiel surgieron tras la licitación lanzada por el intendente esteño para la adquisición de agua mineral por G. 1.000 millones que, según justifican, es para el consumo de las visitas y funcionarios. Este llamado se realiza en medio de los problemas que agobian a la ciudad como los baches, el tránsito caótico y la inseguridad.

“Todo lo que se hacía en la administración de Prieto pasaba por Pereira Mujica, quien al principio era director de Administración y Finanzas de la municipalidad y posteriormente fue su asesor principal. Era él quien establecía el esquema de corrupción, es por eso que todo esto no nos sorprende”, lamentó.

De acuerdo a la publicación periodística realizada por la Unidad de Investigación de Nación Media, en base a informaciones del portal de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP),

Pereira Mujica prevé la compra de botellones de 20 litros y botellitas de 500 ml de agua mineral con un cupo de hasta G. 1.000 millones. Raramente, este monto subió exponencialmente ya que, históricamente el monto para la adquisición de agua rondaba aproximadamente los G. 176 millones hasta G. 200 millones.

Según se puede visualizar en la página de la DNCP, el Plan Anual de Contrataciones (PAC) del año 2026 establecía un tope de G. 500 millones para la compra de agua mineral al incluir la adquisición de las botellitas de 500 ml.