El Sindicato de Periodistas (SPP) y la Coordinadora de Derechos Humanos (Codehupy) denunciaron “la inacción estatal que resulta hoy martes en el asesinato del periodista Humberto Coronel, trabajador de Radio Amambay de la ciudad de Pedro Juan Caballero, departamento de Amambay. Esta es una de las zonas donde más ataques mortales contra periodistas han ocurrido en las últimas décadas”, sostiene el comunicado.

En un comunicado conjunto, las organizaciones recordaron que el periodista Humberto Coronel se encontraba amenazado desde junio de este año y debió estar protegido, sin embargo, fue asesinado a plena luz del día y sin ninguna medida de protección a su favor.

El SPP convocó a una movilización este miércoles a partir de las 9:00 frente al Ministerio del Interior para repudiar el hecho. “Exigimos una investigación pronta, exhaustiva, imparcial sobre el asesinato de Humberto Coronel y de todos los periodistas asesinados desde 1989. Exigimos además que se tomen todas las medidas necesarias para garantizar la no repetición de estos hechos y las medidas de reparación correspondientes a la familia”, indicaron.

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“La Policía Nacional es responsable directa de la falta de protección a colegas que han sido víctimas de amenazas. En estos momentos otros trabajadores de prensa amenazados en Pedro Juan Caballero siguen sin contar con la custodia adecuada por parte de la Policía Nacional”, apuntaron.

“Pero la responsabilidad no termina en la Policía, dependiente del Poder Ejecutivo; la responsabilidad es también del Ministerio Público que no investiga los crímenes; del Congreso de la Nación que desde hace años retrasa el estudio y aprobación de una Ley de Protección para periodistas y defensores de derechos humanos. La responsabilidad es del Estado que, de muchas formas, permite el crecimiento e incluso, cada vez más, la injerencia de grupos del crimen organizado en las instituciones estatales”, señalaron.

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Foto: Captura de pantalla.

Expusieron entonces que “este crimen, ejecutado por sicarios al servicio de poderes fácticos, constituye un nuevo atentado contra la libertad de expresión y muestra claramente el avance del crimen organizado sobre toda la sociedad paraguaya, ante un Estado que, por incapacidad o complicidad, no cumple con su rol de garante de los derechos humanos de todas las personas”.

Agregaron también que “dicha inacción estatal deriva, además, una vez consumado el crimen, en impunidad. Si bien el departamento de Amambay es una de las zonas más inseguras para ejercer el periodismo en Paraguay, la mafia se ha extendido a todo el territorio nacional, permitiendo así que el silencio -fin último de estos atentados- se profundice en algunos territorios y se extienda en otros.

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