A instancias de la diputada nacional Rocío Abed, el plenario de la Cámara de Diputados, en el estadio de sobre tablas, aprobó un proyecto de resolución “Que pide informes al Poder Ejecutivo, Ministerio del Interior y Policía Nacional”. Por el cual, la parlamentaria solicita datos acerca de la dotación policial asignada al departamento de Alto Paraná.

La legisladora explicó que, a través de este pedido de informe, el objetivo es conocer la cantidad total de efectivos policiales, actualmente, asignada al departamento del Alto Paraná, especificando su distribución detallada por cada distrito.

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De acuerdo a la exposición de motivos, señala que se solicita este informar sobre las estrategias y medidas implementadas en la actualidad para enfrentar la inseguridad y proteger a la ciudadanía altoparanaense.

A su vez, exige conocer si se han reforzado los patrullajes, controles o presencia policial en áreas críticas, y si existe coordinación entre autoridades locales y municipales para enfrentar el problema.

La diputada Abed sostuvo que, como es de público conocimiento, la inseguridad continúa golpeando a su departamento, con un preocupante aumento de robos y asaltos que incluso han cobrado vidas.

“Ante esta situación, considero fundamental conocer qué estrategias y medidas se están implementando para enfrentar este flagelo y proteger a la ciudadanía”, expresó la parlamentaria ante el pleno de la Cámara de Diputados.

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Una delegación de especialistas del Hospital Israelita Albert Einstein (HIAE) de San Pablo (Brasil) brindó una capacitación a profesionales de la salud del Hospital Nacional de Itauguá. La doctora Claudia Laselva, directora de servicios hospitalarios, apoyo y prácticas asistenciales del HIAE, lidera esta comitiva, en el marco del vínculo entre Itaipú y el hospital brasileño para transformar el sistema de salud pública del Paraguay.

“Esta es nuestra prioridad en este momento, porque es un proyecto que puede mejorar mucho la salud de la población paraguaya”, apuntó la doctora Laselva sobre el proyecto de gestión para el Nuevo Hospital de Itauguá. Su equipo también verificó el Hospital Nacional de Coronel Oviedo y el Hospital de Trauma, donde la Binacional realiza intervenciones para su modernización.

En esta primera avanzada vino un grupo importante de expertos para iniciar una capacitación al plantel de profesionales del nosocomio itaugüeño. “Estamos poniendo toda la dedicación y nuestra voluntad para seguir adelante, con el objetivo de traer más calidad y seguridad para la salud paraguaya. Agradecemos todo el apoyo de Itaipú y del Ministerio de Salud de Paraguay. El HIAE está muy feliz y agradecido de haber sido escogido por el Gobierno paraguayo para esta alianza”, indicó la directora.

Con respecto a los profesionales de la salud locales con quienes se reunieron durante tres días para el curso de capacitación, remarcó que los encontraron con muy buena predisposición y, sobre todo, muy compenetrados con la propuesta de transformar la salud pública en el Paraguay.

“Estamos muy contentos porque observamos que todos los profesionales del Hospital Nacional de Itauguá están muy involucrados, con mucha voluntad de aprender y construir un futuro mucho mejor para el país”, señaló. Laselva explicó que pudieron observar los indicadores actuales del centro asistencial y se identificaron las mejorías que ya están aconteciendo para beneficio de toda la población que acude al sitio de referencia.

Entre los integrantes de la delegación estuvo el gerente de Proyectos de la Sociedad Israelita Brasileña Albert Einstein, Cleber Sampaio; además de los profesionales Ananda Álvarez, Rodrigo Cordesco, Frederico Napoli, Valéria de Souza, Paola Andreoli, Wesley Souza, Gabriel Herculano, Graziela Bonfim, Andrea Campos, Andrea Moreira y Gustavo Nakandakari. Todos ellos son especialistas del hospital brasileño en sus diferentes áreas.

Un negocio gastronómico en Luque permaneció abierto solo 15 días a raíz de la inseguridad. Eduardo Gutiérrez, ciudadano mexicano, propietario de un local denominado El Arte del Taco, anunció que cerrará su local luego de dos semanas de haber habilitado debido a que fue víctima de la inseguridad.

“Voy a tener que cerrar un local que apenas abrí en Luque, porque tres tipos bandidos, delincuentes, que se hacen pasar por aficionados del Sportivo Luqueño, atacaron mi local”, relató a través de un video compartido en redes sociales.

El violento episodio quedó grabado. Los responsables serían adictos. El afectado mencionó que se encontraba en medio de una clase virtual cuando ocurrió el ataque.

“Como no les abrí para darles dinero, hasta querían prender mi moto. Primero me aventaron piedras y no alcanzaron a prender mi moto porque afortunadamente salieron algunos vecinos”, agregó.

Sin embargo, los atacantes procedieron a echar a patadas el biciclo antes de retirarse del lugar ante la alerta de los vecinos. A raíz de esta situación, se vio obligado a cerrar su local. Como consecuencia, tres personas pierden su empleo.

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El emprendedor, conocido por realizar actividades solidarias para ayudar a personas necesitadas, lamentó la decisión y señaló que ya no es seguro mantener el negocio abierto. “Puse mucho esfuerzo y dinero. Me duele, porque mis empleados pierden su trabajo. Pero, este tipo de gente no nos deja trabajar en paz”, argumentó.

Agradeció a la gente que apoyó el emprendimiento, pero obligatoriamente tendrá que cerrar. “Muchas gracias a la gente que nos apoyó estas dos semanas, pero voy a cerrar mi tienda en Luque por mi seguridad”, manifestó.

Lamentó la decisión, pero no tiene otra salida. “Es muy difícil me duele tomar esta decisión, pero ya no es seguro para nosotros mantener abierto”, remarcó Gutiérrez.

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La memoria de la que fuera líder estudiantil Yolanda González sigue viva en el barrio de Aluche, en el distrito de Latina, 46 años después de ser asesinada por un comando fascista en un oscuro episodio vivido por el país durante los primeros años tras la Transición, con huida incluida a Paraguay por parte de uno de sus asesinos que, en un auténtico giro de guion, llegó a trabajar para el Ministerio del Interior instruyendo a policías hasta que su verdadera identidad salió a la luz.

Hoy, casi cinco décadas después, hay unos Jardines Yolanda González en su barrio, Aluche, en la confluencia de las calles Escalona y Seseña, porque las balas no han conseguido acallar la memoria de quien fuera su vecina. También se puede encontrar una Plazuela Yolanda González en la ciudad de Bilbao, de donde era originaria. Tenía tan solo 19 años cuando Yolanda González, estudiante de electrónica y militante del Partido Socialista de los Trabajadores, fue secuestrada en su vivienda del número 101 de la calle Tembleque, en Aluche. Era el 1 de febrero de 1980.

El secuestro lo reivindicó el denominado Grupo 41 del Batallón Vasco Español, integrado por miembros ultraderechistas de Fuerza Nueva como Emilio Hellín Moro e Ignacio Abad Velázquez. La joven, que estaba sola en casa, les abrió la puerta del piso que compartía con otros estudiantes después de que le mostraran unas supuestas placas policiales, falsas. Fue secuestrada, interrogada, la dispararon y dejaron su cuerpo abandonado en un camino cerca de la carretera que une Alcorcón con San Martín de Valdeiglesias.

Los asesinos fueron capturados y procesados dos años después por la Audiencia Nacional. A Emilio Hellín Moro le cayeron algo más de 43 años de condena por asesinato, allanamiento de morada, detención ilegal, depósito de armas de guerra, armas de defensa, municiones, tenencia de explosivos, falsificación de DNI y uso público de nombre supuesto. Para Ignacio Abad Velázquez fueron algo más de 28 por asesinato, allanamiento de morada, detención ilegal, tenencia ilícita de armas.

En 1987, aprovechándose de un permiso penitenciario de seis días, Hellín Moro consiguió escapar de su país y refugiarse en Paraguay, donde se ocultó tres años hasta que la revista Interviú descubrió su paradero. “Allí recibió protección del régimen militar de Alfredo Stroessner, para el que trabajó en la adecuación de su sistema policial a las nuevas tecnologías de entonces. La Interpol le arrestó y fue deportado a España en 1990”, recuerda elPeriódico.com. Salió de prisión en 1996, tras cumplir la condena que le quedaba.

El nombre de Emilio Hellín Moro volvió a saltar a los titulares de prensa cuando se conoció que estaba, bajo otro nombre, dando cursos en materia de seguridad como profesor externo en el Centro Integral de Formación de Seguridad y Emergencias (Cifse), dependiente del Ayuntamiento de Madrid.

Desde el equipo de Gobierno encabezado por Ana Botella alegaron que los antecedentes del ultraderechista condenado pasaron “inadvertidos”, a lo que el entonces portavoz de IU de Seguridad Ángel Lara replicó que es un “apellido inolvidable” para cualquier persona que sufriera los momentos más duros de la Transición.

Hellín Moro cambió su nombre --de Emilio pasó a Luis Enrique-- y empezó a dar clases sobre seguridad en distintas administraciones. Llegó como profesor externo al Cifse municipal en 2011, cuando fue contratado para dar un total de 25 horas de clases en dos años. Tenía como aval su formación como ingeniero superior de Telecomunicaciones y su experiencia demostrada al haber impartido cursos a la Guardia Civil sobre delitos telemáticos.

El que fuera delegado de Seguridad Enrique Núñez (PP) alegó que cuando se le contrató “se desconocía su anterior identidad y su pasado”, para recordar que resulta inconstitucional preguntar por la ideología de nadie. Tras conocerse el pasado de Hellín Moro el Ayuntamiento nunca volvió a contar con él.

También dio explicaciones a la familia el Ministerio del Interior, entonces con Jorge Fernández Díaz (PP) al frente, después de la investigación interna realizada en la Guardia Civil y Policía. Para Asier González, hermano de Yolanda, la contratación era “una anomalía inaceptable en democracia”.

“Nos resulta totalmente inaceptable en un Estado democrático y de Derecho que Emilio Hellín, que secuestró y asesinó a Yolanda por motivos políticos y convicciones fascistas, mantenga una relación privilegiada con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, aunque nunca haya pedido perdón ni se haya arrepentido”, declaraba a la prensa poco antes de la reunión. Fernández Díaz admitió en su momento que Hellín había firmado contratos con la Administración, pero matizó que todos ellos se realizaron antes de que el PP ganase las elecciones.

Ya desde 2013 se venía gestando que el distrito en el que residió recordase a Yolanda González. La primera petición vino del Pleno de Latina. Hubo que esperar dos años más para que el callejero madrileño incluyese los Jardines Yolanda González, a la altura del 90 de la calle Escalona.

Desde entonces ha pasado una década en la que la huella de Yolanda González sigue imborrable a pesar de algunos intentos de acallar su memoria en forma de vandalismo. En estos diez años han sido constantes las pintadas de corte extremista e incluso que se hayan arrancado las placas con la denominación, siempre repuestas por el Ayuntamiento de Madrid.

También se instaló en 2018 una placa en la que se recordaba quién fue Yolanda González Martín: ‘una líder estudiantil, trabajadora y militante del Partido Socialista de los Trabajadores. Luchó por la democracia real, la justicia y los derechos sociales y laborales. En febrero de 1980 fue secuestrada en su casa, en Aluche, y asesinada por un comando fascista. Tenía 19 años. Estos jardines están dedicados a su recuerdo, que sigue vivo. 1961-1980’.

Fuente: Europa Press.