En los primeros días de junio, una funcionaria de la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN) denunció al coordinador de albergues por supuesta coacción y abuso sexual, y el Ministerio Público investiga el caso, según informó el asesor jurídico de la SEN, Raymond Crechi Della Loggia. La funcionaria de menor jerarquía manifestó que Rubén Cuevas habría intentado realizar actos sexuales indebidos con ella.
“Al tener conocimiento de ello, la ministra (Gladys Borja) dio instrucciones a la asesoría jurídica de realizar los trámites pertinentes. El primer paso fue separarlo del cargo al señor, quien ejercía como director, un rol de confianza. Acto seguido, se realizó la comunicación del hecho a la Fiscalía, al Ministerio de la Mujer y a la Secretaría de la Función Pública. De esa manera, evitamos que el hombre tenga relación de jerarquía con la funcionaria”, señaló el abogado en contacto con radio La Unión.
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En este sentido, mencionó que Cuevas sigue cumpliendo funciones en la SEN, aunque en un cargo menor al que ocupaba y en el cual no está en relación de dependencia con la denunciante. Igualmente, explicó que hay tres instancias a las cuales se recurrieron.
Por una parte con la Secretaría de la Función Pública, así también al Juzgado de Paz contra todo tipo de violencia contra la mujer y el Ministerio Público. Aclaró que actualmente el caso solamente está a cargo de la Fiscalía, que lo investiga por los supuestos hechos punibles de coacción sexual y abuso sexual. “Con una falta grave como esta se expone a la destitución”, apuntó.
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Roban elementos explosivos de una cantera en Itapúa
Autoridades de Seguridad informaron sobre el robo de una gran cantidad de explosivo en el departamento de Itapúa. Precisaron que serían más de 10.000 metros de cordones detonantes; que según el titular de la Dirección de Material Bélico (Dimabel), Melanio Servín, es un alto explosivo que se utiliza para conectar los pozos de las canteras.
En conferencia de prensa que se realizó desde Mburuvicha Róga, el ministro de Defensa, Oscar González, indicó que cuentan con serios indicios de que esos materiales fueron comercializados y utilizados en canteras no habilitadas, por lo que inmediatamente ya se ha comunicado al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, así como al Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades) para el control pertinente. Igualmente, descartó que estos artefactos e insumos terminaran en manos del crimen organizado.
El ministro González indicó que ni bien se tomó conocimiento del hecho, el presidente de la República, Santiago Peña, tomó una decisión rápida y contundente, suspendiendo la venta de todos estos materiales, que son de uso comercial. Desde este jueves, se ha normalizado la comercialización de vuelta.
“Atendiendo esta situación y la intervención oportuna de la Dimabel, se pudo constatar, ya que tenemos serios indicios de que esos materiales fueron comercializados y utilizados en canteras no habilitadas. Con estas evidencias tenemos la certeza de que no fueron a parar al crimen organizado, que era la mayor preocupación que teníamos”, expresó.
Mientras que la vocera de Gobierno, Paula Carro, explicó que el supuesto robo o sustracción se registró en una cantera que estaba habilitada para operar, se produjo hace unos días atrás, y reportó el robo de esos materiales explosivos en el departamento de Itapúa.
“Este hecho, por las derivaciones que pudieran tener, generó una reacción inmediata de los órganos del Gobierno, atendiendo que se trata de un negocio de alta sensibilidad, por lo que obliga a que la regulación y el control sean altos. Teniendo siempre como objetivo la seguridad del Estado y la seguridad de las personas. Está aún en curso esta investigación y se han logrado verdaderos avances para neutralizar el eventual peligro que pudiera representar”, destacó Carro.
Uso en canteras ilegales
A su turno, el director de la Dimabel explicó que gracias a la trazabilidad de estos materiales, difícilmente una cantera habilitada podrá hacer uso de esos materiales explosivos, en forma irregular y sin el control de la Dimabel. Indicó que existe la sospecha de que estos materiales están siendo utilizados en canteras irregulares, no habilitadas para la explotación.
Melanio Servín indicó que será el Ministerio Público el que finalmente deba determinar si la presunción que la Dimabel logró constatar confirma que los materiales fueron distribuidos y utilizados en esas canteras ilegales.
“Nosotros como institución coadyuvante tenemos esa premisa, basada en las declaraciones de estos receptores, de estos materiales explosivos por parte de la Cantera La Roca, sita en San Juan del Paraná, departamento de Itapúa”, precisó.
Finalmente, indicó que la Dimabel llevó adelante un sumario administrativo que concluyó en primer lugar con la incautación total de los materiales explosivos que dispone esta cantera. Así como la aplicación de una importante y elevada multa de 180 jornales. Mencionó que existe una presunción de la violación de la Ley 4036, se derivó el caso a la Fiscalía y comunicaron el hecho al MOPC y al Mades.
“Nosotros como institución tenemos una alta presunción de que fue una autodenuncia, que quedará a cargo del Ministerio Público y los órganos investigativos determinar si es así. La presunción es que la propia empresa es la que habría vendido esos productos a canteras clandestinas y que luego realizaron la denuncia del supuesto robo. Esto fue confirmado con algunos de los usuarios que están operando de manera ilegal en canteras que se encuentran en los alrededores”, acotó.
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Villarrica: abogado denuncia que sede de la Fiscalía está en deplorable estado
La sede del Ministerio Público en Villarrica se encuentra en deplorable estado, según denunció un abogado de esta ciudad. El edificio acumula una gran cantidad de basura y algunos muebles en desuso están tirados en el patio de la oficina departamental.
El abogado José David Bogado, miembro del Colegio de Abogados de Villarrica, describió las condiciones en que opera esta filial de la Fiscalía. “Es verdaderamente vergonzoso. Es una situación donde no puede desarrollarse bajo ningún punto de vista la labor tan importante y delicada del órgano investigador”, lamentó.
Explicó que el gremio hace mucho tiempo que viene reclamando e inclusive se ha entregado la inquietud al propio fiscal general del Estado, Emiliano Rolón.
“El pedido que nos hacía él era que tengamos un poco de paciencia que las cosas se irían poniendo en orden y se irían resolviendo. Pero pasaron aproximadamente siete meses y las soluciones no se avizoran. Al contrario, el estado del edificio es cada vez peor”, afirmó el profesional.
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Aseguró que los funcionarios ni siquiera cuentan con insumos de oficina para ejercer sus labores. Tampoco cuentan con elementos de limpieza y entre ellos deben organizarse en pequeños grupos para asear las dependencias. Aparentemente, ni el sanitario funciona, según imágenes socializadas por un medio digital.
“Ellos tienen que comprar sus hojas y sus tintas para tratar de paliar un poco toda la situación para poder dar respuestas a las incesantes requisitorias que a diario recaen ante el Ministerio Público de Villarrica”, remarcó.
Según el denunciante, la información que se maneja en la zona es que el edificio se encuentra en ese estado porque el Ministerio de Economía y Finanzas supuestamente no transfiere los recursos presupuestarios a esta institución.
“Yo no sé si esa puede ser la razón de la ausencia de recursos, pero no existen cupos para combustible, no existen rubros para viáticos. Uno necesita un perito porque debe trasladarse, pero no cuentan con el rubro para el traslado”, se quejó.
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Joven denuncia intento de feminicidio y urge celeridad a la Fiscalía
Una joven denunció a su expareja por intento de feminicidio y ahora pide celeridad al Ministerio Público a fin de que se puedan disponer las medidas de protección necesarias a su integridad física. Hace dos meses que se hizo la presentación en la sede fiscal de San Lorenzo, pero hasta el momento no se tomó ninguna determinación contra el agresor.
La víctima afirmó que venía sufriendo una seguidilla de maltrato físico y psicológico, situación que la obligó a entablar las acciones judiciales pertinentes. Ella teme por su vida y además que por consecuencia del caso pierda su trabajo.
Su hijo pequeño también en algún momento presenció las peleas, por lo que ya está bajo tratamiento psicológico al igual que la madre que sufre depresión por los efectos del problema familiar.
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Según manifestó tiene fecha recién para el mes de octubre para una pericia psicológica en la Fiscalía por lo que también urge acelerar este trámite que debe ser incluido en la carpeta investigativa. Aseguró que inclusive tiene pruebas de una amenaza de muerte proferida por su expareja.
De momento la victima está viviendo en la casa materna junto con su hijo por seguridad. “El me tiró al suelo varias veces, agarrándome por cuello y amenazándome que me va a matar. Yo hice la denuncia en la comisaría, también me hice el diagnóstico y llevé todas mis pruebas a la Fiscalía y hasta ahora no me dan una respuesta”, relató Bianca Cabral a los medios de prensa.
La mujer advirtió: “mi vida está en peligro” al insistir en la necesidad de que se dicten medidas urgentes contra el victimario. “Yo no puedo salir más a trabajar tranquilamente por temor. Mi hijo sufrió un trauma por todo lo que pasó. El está siguiendo un tratamiento psicológico así como yo también. Y solamente pido justicia”, manifestó. La mujer urgió que ya se libre la orden de captura al alegar que ya no puede “vivir tranquilamente”.
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Documentales requeridos por Contraloría fueron contestados “puntillosamente”
“Puntillosamente se contestaron las preguntas y las documentales que requirió la Contraloría General de la República”, sostuvo Benito Torres, asesor jurídico de la Municipalidad de Asunción, con relación a la fiscalización que impulsa el órgano extrapoder a la administración del intendente Óscar “Nenecho” Rodríguez, tras ser denunciado por una malversación de fondos al utilizar supuestamente dinero de bonos para el pago de salarios a funcionarios.
“Si la contestación no llena las expectativas para determinadas personas no es una cuestión que atañe a la administración municipal. Incluso, estamos dando algunas informaciones complementarias a los efectos de que se pueda entender bien la situación real con respecto a los bonos, pero categóricamente se contestaron todas y cada una de las preguntas”, sostuvo en una entrevista con el programa “Arriba hoy”, emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
Las afirmaciones de Torres surgieron ante los cuestionamientos provenientes de políticos de la oposición y medios de comunicación afines, quienes afirman que el jefe comunal en la presentación de una extensa documentación de 580 páginas sigue ocultando en que se utilizaron G. 500.000 millones en bonos que eran para obras.
“Toda la conducta desplegada en el manejo administrativo se encuentran apegados al principio de legalidad. Todo nuestro actuar administrativo nosotros hemos vasado a la ley de modernización denominada caja única, como así también a la ordenanza dictada en el 2018 sobre el particular y la reglamentación pertinente. Los gastos se encuentran perfectamente justificados dentro del marco de esa ley, por eso digo y sostengo que la conducta desplegada por la administración se encuentra estrictamente conteste con el principio de legalidad”, comentó.
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Días atrás, desde la administración de Rodríguez se había indicado que los bonos fueron invertidos en obras de infraestructuras que se están haciendo, que terminaron así como en la prestación de servicios. Se citó por ejemplo: el desagüe en Isabel La Católica, Rocío Cabriza, Canonicoff, Molas López, Abasto, barrio San Pablo, regularización asfáltica y reparaciones de avenidas.
“Desde ningún punto de vista existe una malversación o lesión de confianza. Cada gasto tiene su justificación. Cuando el director de gabinete de la municipalidad habla de operatividad, se refiere a gastos de inversión realizados dentro de lo que se llama la caja única. Lo que la gente no quiere escuchar es que esta herramienta financiera no se utiliza solo en la municipalidad, sino también el gobierno central, la mayoría de los gobiernos regionales y europeos. No es que nosotros inventamos la caja única”, manifestó.
Señaló que con el citado procedimiento en el 2022 la Municipalidad de Asunción evitó realizar gastos por G. 30.000 millones y en el 2023 por G. 50.000 millones. “Lo que la ley de caja única te autoriza o otorga es la posibilidad de que se pueda ejecutar ordenadamente el presupuesto y cumplir con los fines, este fue el espíritu de la norma. Lo cierto y concreto es que no falta ningún centavo, cualquier otra cuestión de que si se usó o no para salarios, esa explicación se dio a la Contraloría y se demostró todo lo realizado en gastos de inversión, en servicios, entre otros”, dijo.
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