El sector vial advierte que Paraguay enfrenta un rezago estructural en infraestructura y plantea la necesidad de anticipar la discusión del Presupuesto General de la Nación (PGN) para evitar repetir escenarios de subfinanciamiento, sostuvo Paul Sarubbi, titular de la Cámara Vial Paraguaya (Cavialpa), durante una entrevista en “Fuego cruzado” del canal GEN/Nación Media.

Sarubbi insistió en que el país debe empezar a trabajar desde ahora en el presupuesto 2027 y señaló que, el año pasado, el proyecto presupuestario se elaboró sin la participación del sector, por lo que al llegar al Congreso se evidenció que los recursos asignados eran insuficientes. “No queremos volver a encontrarnos a fin de año con un presupuesto que no cubre las necesidades”, afirmó.

El dirigente empresarial puso cifras al problema. Mencionó que Paraguay arrastra un déficit de aproximadamente USD 30.000 millones en infraestructura, mientras que la inversión pública anual apenas alcanza entre USD 500 y 600 millones. “Es claramente insuficiente para cerrar la brecha”, sostuvo.

Si bien reconoció el aporte que en su momento representaron los recursos provenientes de Itaipú Binacional, advirtió que ese margen ya no está garantizado hacia adelante. Planteó la necesidad de buscar nuevas fuentes de financiamiento y de planificar con mayor anticipación.

Por su parte, el economista Sergio Sapena también habló en “Fuego cruzado” y abordó el debate desde la política macroeconómica y el rol del Banco Central del Paraguay (BCP) en el financiamiento del déficit. Explicó que es la diferencia entre ingresos y gastos del Estado, y que su financiamiento puede darse mediante emisión o endeudamiento. Propuso ampliar el nivel de deuda vinculada a la banca matriz, pasando de niveles cercanos al 1,5 % del producto interno bruto (PIB) a alrededor del 6 %.

Según su análisis, esto permitiría movilizar entre USD 2.500 y USD 3.000 millones para inversión pública, principalmente en infraestructura. Argumentó que este aumento no necesariamente generaría inflación si existe capacidad ociosa en la economía. “El Banco Central tiene dos objetivos: la inflación y el pleno empleo. Mientras haya capacidad ociosa, la economía puede absorber esa expansión sin presiones inflacionarias”, explicó.

La diputada Cristina Villalba, presidenta de la Comisión de Presupuesto de la Cámara Baja, indicó que lo primero que se debe conocer es cuánto es el monto real de estas deudas.

Desde el Poder Legisla­tivo apuntan a abrir el diálogo para bus­car posibles alternativas ante la deuda del Gobierno con empresas proveedoras del Estado, como son las firmas constructoras y las farma­céuticas, planteándose una ampliación en el Presupuesto General de la Nación (PGN). Se estima que la deuda acumu­lada superaría los USD 1.000 millones. La diputada Cris­tina Villalba, presidenta de la Comisión de Presupuesto de la Cámara Baja, indicó a La Nación/Nación Media que lo primero que se debe conocer es cuánto es el monto real de estas deudas.

“Nosotros tenemos que sen­tarnos primero a hablar con las respectivas ministras de carteras, ver realmente la deuda que existe, porque nosotros estamos entrando ahora en abril, mayo, y ya se pueden presentar las ampliaciones presupuesta­rias”, manifestó. Apuntó a un proyecto que amplíe el presu­puesto del Ministerio de Salud y el Ministerio de Obras Públi­cas y Comunicaciones (MOPC) de ser necesario. “Para hacer las ampliaciones presupuestarias podemos ir viendo con el Minis­terio de Economía cuánto tene­mos la disponibilidad y para ver cuánto todavía tenemos dispo­nible el PGN para ellos y si va faltar vemos una ampliación presupuestaria o también se puede hacer una modificación del presupuesto”, explicó.

Villalba adelantó que la comi­sión asesora también convo­cará al ministro de Economía y Finanzas, Carlos Fernán­dez Valdovinos, para anali­zar esta situación. “Ya hemos conversado en la Comisión de Presupuesto, este martes o el otro martes está previsto la ida del ministro de Econo­mía y vamos a abordar con él cuánto es lo que dispone­mos, cuánto es lo que falta y cuál sería el mecanismo para poder ver las partidas presu­puestarias para ir ajustando, no en forma completa, pero sí en forma gradual”, detalló.

Por otra parte, sostuvo que, desde la Cámara de Diputa­dos, el espíritu es de seguir apoyando la administra­ción del presidente Santiago Peña. “El Gobierno de Para­guay sabe que tenemos la muy buena predisposición para poder ayudar. Nosotros esta­mos abiertos al diálogo, noso­tros sí queremos reunirnos en forma institucional, tanto con los ministros de carteras como con las empresas afec­tadas, en este caso las vialeras y farmacéuticas”, sentenció.

El diputado Rodrigo Gamarra sostiene que este es un problema que el país viene arrastrando desde hace años.

El diputado Rodrigo Gama­rra se refirió al problema que enfrenta el gobierno con las deudas, principalmente a proveedores farmacéuticos y obras. Sostiene que este es un problema que el país viene arrastrando desde hace años y el actual gobierno heredó varias de esas deudas.

“Lo primero que hay que decir con claridad es que este no es un problema nuevo, es un pro­blema estructural que Para­guay arrastra hace años. De hecho, al inicio de este gobierno, desde el Congreso ya se había acompañado un proceso para honrar deudas acumuladas de administra­ciones anteriores por mon­tos muy importantes. Preten­der instalar que esto apareció ahora es faltar a la verdad”, señaló para La Nación.

Agregó que en la actualidad “este gobierno hizo algo dis­tinto: reconocer el problema y poner sobre la mesa un plan concreto de solución. Hoy hay un compromiso claro de ordenar las cuentas, establecer un cronograma de pagos y dar previsibilidad a los provee­dores”. Aseguró además que existe una decisión política de fondo: “pagar las deudas sin subir impuestos y sin trasla­dar este problema al próximo gobierno, eso es responsabi­lidad, no improvisación”, expresó.

Mientras tanto, aseguró que su postura no es defensa a los retrasos de las deudas, ya que esta no es la situación ideal, pero también hay que entender el contexto real: “el Estado no puede detenerse mientras ordena sus compro­misos”, y “el desafío no es ele­gir a quién pagar, sino soste­ner el funcionamiento de los servicios y al mismo tiempo normalizar gradualmente la deuda”.

Por otra parte, cuestionó a los que solo atacan sin pro­poner soluciones concretas. “Gobernar no es teoría (como dictan muchos que nunca ganaron nada y no adminis­traron ni un almacén). Es administrar realidades com­plejas, ingresos que dependen de variables externas, como el comercio o el tipo de cambio, y gastos rígidos en guaraníes que no pueden detenerse de un día para otro”, refirió

Finalmente, aseguró que desde el Congreso Nacional la intención es seguir apo­yando al Gobierno. “Desde el Parlamento, nuestro rol no es agravar la situación con dis­cursos alarmistas o simplifi­caciones oportunistas, sino acompañar soluciones: gene­rar herramientas financieras, facilitar acuerdos y garanti­zar que este proceso de nor­malización se cumpla porque al final, es fácil hablar y hacer ruido, lo difícil es sentarse y solucionar el problema”, pun­tualizó.

Padres de un alumno del tercer grado de una escuela de Obligado, departamento de Itapúa, denunciaron a una maestra luego de que se viralizara un video en el que se escucha cuando maltrata a un menor. Desde el Ministerio de Educación (MEC) ordenaron que la docente sea apartada del cargo en tanto dure la investigación.

Según el reporte, el hecho se registró el lunes 16 de marzo y el miércoles la Supervisión Departamental intervino la institución para poder activar el protocolo correspondiente y apartaron del cargo a la profesional. La misma era docente del tercer grado y encargada de despacho de la institución.

“Aparentemente fue un llamado de atención por parte de la docente. Como Ministerio estamos llamados a aplicar las medidas cautelares y a comunicar a la Consejería Municipal por los Derechos del Niño, Niña y Adolescente (Codeni). Nuestra normativa penal establece como un hecho punible el maltrato a menores“, dijo Liz Barboza, asesora de la Dirección Departamental de Educación, en “Dos en la Ciudad” de canal Gen y Universo 970/Nación Media.

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Agregó que será el Ministerio Público el que determinará si existió o no un hecho punible por parte de la docente. “No podemos permitir que la profesional tenga contacto con niños durante el proceso y la apartamos del cargo en tanto dure la investigación en cumplimiento de la resolución 203 y en concordancia de la resolución 784 que nos autoriza a aplicar medidas cautelares”, refirió.

Afirmó que hasta este evento no habían recibido quejas u otro tipo de denuncias de maltrato por parte de las maestras. “La primera vez que tomamos conocimiento fue con el vídeo. En el que la docente hizo un llamado de atención constante al estudiante y fue muy cuestionable el tono de voz y la forma”, puntualizó.

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La secretaria general de la Organización de Trabajadores de la Educación del Paraguay (OTEP), Blanca Ávalos, indicó que la movilización que impulsan los docentes este martes 10 y miércoles 11 de marzo, en el marco del tratamiento de la reforma de la caja fiscal, tiene como objetivo principal que la Cámara de Senadores eleve el aporte estatal a un 12,9 %.

“En algunos puntos creemos que hay un avance, pero queremos que el aporte se acerque a por lo menos a lo que ahora contribuye el Ministerio de Economía y Finanzas, que es el 12,9 %. Sería blanquear lo que ahora está subsidiando el Estado“, sostuvo la dirigente gremial, este martes, al programa “Así son las cosas” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

El proyecto de reforma aprobado el 5 de febrero por la Cámara de Diputados, que es fuertemente rechazado por los sectores afectados, establece que el aporte patronal o estatal será el 5 %, el cual será aplicado de forma gradual, iniciando desde un 2 % en el 2027 hasta llegar al 5 % en el cuarto periodo, es decir en el 2030.

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Mientras que la contrapropuesta de los docentes presentada al Legislativo y el Poder Ejecutivo estipula un aporte estatal del 14 % de manera gradual, que comenzará con un 7 % en el primer año, sumando el 7 % restante en el segundo periodo.

Sin embargo, en un encuentro desarrollado ayer lunes entre senadores de las diferentes bancadas, representantes de los docentes, el vicepresidente de la República, Pedro Alliana, y el ministro de Economía y Finanzas (MEF), Carlos Fernández Valdovinos, se llegó a un preacuerdo de elevar el aporte estatal al 10 %, que podría aplicarse desde el primer año de su entrada en vigencia, es decir, desde el 2027. Se aguarda que mañana miércoles los senadores analicen la propuesta.

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