Funcionarios de Copaco nuevamente denunciaron que pese a que ya se les descontó el monto mensual por prestación alimentaria (a varios enjuiciados), la institución sigue sin hacer los depósitos a los beneficiarios.
La denuncia realizada ante nuestro medio por un grupo de funcionarios especifica que la empresa estatal Copaco realizó el descuento salarial a los empleados con sentencias a pagos de prestaciones alimentarias, pero ese dinero no llegó hasta la fecha al destinatario final.
Los montos retenidos deben ser depositados en las cuentas de los beneficiarios entre el 1 al 5 de cada mes, según establece la ley. Sin embargo, hasta la fecha, el Banco Nacional de Fomento (BNF) no recibió ningún depósito.
Esto se da pese a que el mandato judicial ordena que los pagos se realicen de manera puntual, pues el rubro en cuestión es de alta sensibilidad social, ya que se trata de compromisos para menores de edad.
En ocasiones anteriores, tras el mismo problema, el caso incluso ya llegó a ser reportado a la Secretaría de la Niñez con el fin de acelerar el pago en concepto del importante ítem que afecta a menores.
El episodio se enmarca dentro de lo que esta secretaría de Estado menciona como un problema que hay que abordarlo con seriedad. Y es el de la creciente cifra de padres que, tras separarse de sus parejas con hijos, se desentienden de la manutención de menores.
Según los registros que se tienen en juzgados de la niñez, más del 50% de las demandas que se realizan en este ámbito tienen relación con prestación alimentaria.
En la gran mayoría de los casos, mencionan, las sentencias son favorables a los menores. Sin embargo, existen también muchos episodios en los que los demandados realizan todo tipo de maniobras para evitar el cumplimiento de la ley. Esta contempla incluso penas carcelarias para los que incumplen sus obligaciones.
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“Mi hija pidió auxilio”: madre cuestiona que el colegio no activó el protocolo antes del ataque
La madre de la alumna de un colegio de San Lorenzo que fue atacada con un arma blanca en inmediaciones de la Peatonal Bicentenario de la ciudad denunció que su hija había pedido ayuda en la institución horas antes del hecho. Según su relato, la estudiante alertó a una de sus profesoras guías sobre la situación a las 09:02, pero cuestionó que la institución no haya activado ningún protocolo de seguridad ni informado a la familia.
La mujer sostuvo que su hija incluso mantuvo una conversación con la docente, a quien habría enviado una imagen relacionada con la situación que atravesaba. Según indicó, la adolescente manifestó además su temor a ser vista conversando con la profesora, por miedo a que su situación empeorara. “Mi hija hizo la denuncia a las 9:02 de la mañana con su profesora guía. Están dos profesoras guías, una de ellas es psicóloga, tengo entendido. Es corroborable”, afirmó la madre en contacto con Dos en la ciudad de GEN/Universo.
De acuerdo con su denuncia, la docente le pidió a la adolescente que le enviara la imagen y, posteriormente, le indicó que se retirara por un pasillo mientras ella se dirigía a hablar con la directora. “Mi hija le dijo a la profesora: ‘Yo no quiero que me vean contigo porque me va a ir peor’. Entonces, la profesora sale y le dice: ‘No, no está nadie. Vos te vas por este pasillo, yo me voy por este y ahora me voy a hablar con la directora’”, relató.
“Jamás se activó ningún protocolo”, cuestiona
La madre cuestionó que, pese a la advertencia realizada por su hija, no se haya comunicado de inmediato con la familia ni se hayan adoptado medidas para resguardar a la adolescente. Los estudiantes debían permanecer en clases hasta las 12:00. Sin embargo, según relató, a las 10:39 la directora habría enviado un mensaje al grupo de WhatsApp de delegados de curso, sin que existiera una comunicación formal a los padres sobre la salida anticipada de los alumnos.
“Salieron todos antes del horario de clases y tuvieron dos horas para avisarme a mí o activar el protocolo de seguridad. Jamás se activó ningún protocolo”, sostuvo.
La mujer expresó su indignación al señalar que el colegio, según dijo, suele comunicarse con ella por cuestiones administrativas o académicas de menor gravedad, pero no lo hizo cuando su hija pidió auxilio. “A mí me llaman para cualquier tarea que se presentó tarde o un justificativo médico que mi hija no presentó. Para eso sí, rápido me llaman, me envían por WhatsApp, me hacen una llamada. En esta ocasión, que mi hija de verdad pidió auxilio, pidió ayuda, no tuvo respuesta de la autoridad del colegio”, lamentó.
Se enteró por una compañera
El ataque ocurrió el viernes pasado en inmediaciones de la sede de la Municipalidad de San Lorenzo, en la zona de la Peatonal Bicentenario. La adolescente resultó herida y tuvo que ser trasladada para recibir atención médica.
La madre aseguró que ni siquiera fue alertada por las autoridades de la institución sobre lo ocurrido y que se enteró de la agresión a través de una compañera de su hija. “Cuando la estaban trasladando en patrullera, una compañera de ella me llama desesperada y me dice que le están llevando a mi hija en patrullera porque la atacaron acá en la peatonal de San Lorenzo”, relató.
La mujer cuestionó que el colegio, que cuenta con sus datos de contacto, no se haya comunicado directamente con ella ante una situación de semejante gravedad. “Tiene mi número. Te digo que me llama para cualquier cosa, menos para estas situaciones”, reclamó.
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Vecinos denuncian contaminación ambiental de capa asfáltica en barrio Reducto de San Lorenzo
Vecinos del barrio Reducto de San Lorenzo realizaron una denuncia ambiental y solicitan el cierre definitivo de una planta asfáltica perteneciente al consorcio Victoria. La denuncia fue firmada por 180 vecinos.
En la Municipalidad sanlorenzana les dijeron que irían a verificar el lunes o martes de la próxima semana con el argumento de que tienen que ser inspectores especializados en el rubro.
A fines de julio y principios de agosto se instalaron en un amplio predio que se encuentra en pleno vecindario, generando inconvenientes a los pobladores, refirió Catalina Concepción Insfrán Paredes al diario La Nación de Nación/Media.
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“Son los que trabajan por la Ruta PY01. Primeramente, se instalaron con sus tubos de cemento prefabricado y luego instalaron la planta asfáltica. Empezaron a trabajar y es bastante perjudicial para el barrio”, precisó la vocera de los afectados.
En ese sentido, mencionó que el establecimiento industrial emite partículas y olores tóxicos afectando la salud de las personas, además de generar ruidos molestos y daños materiales a las viviendas. Entonces, recurrieron a la comuna local.
“Ingresamos una denuncia ambiental en el departamento de Planificación de la Municipalidad y supuestamente tienen que enviar sus fiscalizadores para ver cómo está la planta”, expresó la vecina.
Reclaman la clausura definitiva, atendiendo el daño ambiental, sanitario y material que causan a la población de la zona, afirmó.
“Pedimos el cierre, porque está en medio de un barrio, tenemos muchos niños y adultos mayores. No podemos salir al patio por todo lo que implica: ruido, vibración, olores, reseca la nariz, los labios, es imposible de respirar, se llena de hollín la casa”, manifestó.
También se acercaron hasta la empresa constructora para hacer llegar sus inquietudes. “Hablamos con los ingenieros, dijeron que iban a hacer sus mitigaciones, pusieron una chimenea para la emisión de humo, pero es peor porque agarra todo el barrio”, relató.
En caso de no encontrar respuestas a sus reclamos, planean la realización de manifestaciones.
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Comisión del Senado analizó situación laboral de funcionarios de Essap y Copaco
La Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Senadores analizó este martes la situación laboral de funcionarios de la Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay S. A. (Essap) y de la Compañía Paraguaya de Comunicaciones S. A. (Copaco). Se busca apelar a mecanismos de mediación institucional que permitan avanzar en la atención de los reclamos planteados por los afectados.
Participaron de la reunión las autoridades de la Essap, Copaco y de la Dirección General de Empresas Públicas del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), a quienes los legisladores consultaron sobre el estado de las demandas judiciales y las obligaciones pendientes con trabajadores y jubilados de ambas instituciones.
El senador Mario Varela, titular de la citada comisión asesora, destacó que el rol de la instancia legislativa es intermediar entre las partes y articular acciones concretas que permitan alcanzar respuestas claras y soluciones para los afectados.
Recordó que ambas entidades, debido a su naturaleza jurídica y a la composición de su capital público, enfrentan situaciones particulares, por lo que, los trabajadores y jubilados solicitaron la intervención de la comisión para avanzar en el cumplimiento de sus derechos.
En su intervención, el presidente de Essap, Luis Fernando Bernal, explicó que la empresa se encuentra sujeta a las disposiciones del derecho público y que, al tratarse de una sociedad anónima de capital público, sus bienes tienen carácter inembargable.
Aseguró que existe predisposición para cumplir las sentencias judiciales y honrar las obligaciones pendientes en el menor tiempo posible.
Según informó, el monto total de las obligaciones asciende aproximadamente a G. 2.900.000.000, entre capital e intereses, por lo que planteó la necesidad de contar con la correspondiente cobertura presupuestaria.
En cuanto a la situación de Copaco, la doctora Johana Mongelós informó que actualmente existen alrededor de 680 demandas promovidas por jubilados en reclamo de sus haberes.
Dijo además que la deuda asciende aproximadamente G. 114.000.000.000, incluidos los intereses moratorios. Señaló que las obligaciones reclamadas corresponden a administraciones anteriores; no obstante, aseguró que la empresa presupuestará los recursos necesarios para dar cumplimiento a las sentencias judiciales.
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Juez emite amparo para protección de ayoreos en aislamiento voluntario
Tras las acusaciones en contra de un influencer por supuesta explotación a integrantes de los pueblos originarios, el Instituto Paraguayo del Indígena (Indi) promovió una acción de amparo para salvaguardar a miembros del pueblo Ayoreo en aislamiento voluntario en el Chaco paraguayo. El juez penal de Garantías de capital, Marcelo Saldívar, dio trámite a esta acción para proteger y salvaguardar a los miembros de esta comunidad.
El Indi promovió esta acción en contra de Nathan Pratt Seastrand y/o la firma Deep Jungle Studios, disponiendo una serie de medidas cautelares urgentes destinadas a proteger a los integrantes de todo el pueblo ayoreo, especialmente a los Totobiegosode en situación de aislamiento voluntario en el Chaco paraguayo, como así también, resguardar los derechos fundamentales de los grupos indígenas aislados, además de prevenir situaciones que puedan poner en riesgo su integridad física, cultural y territorial.
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Entre las medidas ordenadas por el juez, se encuentran: “la prohibición de realizar actividades de ingreso, búsqueda, localización, seguimiento, sobrevuelos, instalación de dispositivos o cualquier otra acción que pueda propiciar un contacto no deseado con personas en aislamiento voluntario”. Igualmente, se dispuso el retiro de cámaras trampa y otros equipos que se encuentren instalados en el área protegida sin autorización compatible con el régimen especial de protección vigente.
También se establece la prohibición de publicar, difundir, transmitir, ceder o comercializar material audiovisual que permita identificar, localizar o exponer a personas en situación de aislamiento voluntario. Igualmente, se dispuso la preservación del material digital y audiovisual relacionado con los hechos, sin perjuicio de las actuaciones que pudieran realizarse en el ámbito penal.
El juzgado ordenó la notificación por edictos al demandado y la realización de diligencias para la identificación de su domicilio, requiriendo información a la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT). Mientras tanto, quedaron suspendidos los plazos procesales para el traslado de la acción de amparo hasta la recepción de los datos solicitados.
Esta acción se llevó adelante luego denuncias realizadas por representantes del pueblo Ayoreo Totobiegosode y del Indi sobre presuntas actividades impulsadas por el ciudadano estadounidense Nathan Seastrand, conocido en redes sociales como “Yankiguayo”, vinculadas a la búsqueda y eventual registro audiovisual de grupos de ayoreos en situación de aislamiento voluntario en el Chaco paraguayo.
De acuerdo con la denuncia, esta persona habría instalado cámaras trampa en zonas del Chaco y buscado obtener información que permitiera localizar a integrantes de estos grupos indígenas aislados. Asimismo, líderes ayoreos manifestaron preocupación por un eventual contacto no autorizado y por la posible difusión de imágenes o registros audiovisuales relacionados con estas comunidades.