Un hombre mató de un disparo a su pareja y luego del hecho se autoeliminó con la misma arma de fuego en el interior de un minimercado ubicado en el distrito de Ybyrarovana, departamento de Canindeyú. El hecho se registró el último domingo en horas de la madrugada, ambos dejaron huérfano a un bebé de tan solo meses.
“Un comerciante acabó con la vida de su pareja con un revólver calibre 38. La víctima tiene 21 años. Tenemos entendido que actuó por celos. El personal interviniente me dio esa información. Él le llamó a su primo para que se haga cargo del menor”, expresó el fiscal Lucrecio Cabrera, esta mañana.
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El feminicida fue identificado como Willian Darío Franco, quien mató a su esposa identificada como Tamara Vargas. Un familiar del autor del hecho señaló que el hombre le encargó el cuidado de su hijo, lo que indica que fue totalmente premeditado el feminicidio por parte de Franco.
El agente del Ministerio Público señaló que la acción se extingue con la muerte del autor. De acuerdo con datos de la Fiscalía, suman más de 26 los casos de feminicidio ocurridos en el país en lo que va del año, lo que preocupa de sobremanera a organizaciones sociales y autoridades. Los casos ocurridos dejaron ya más de 55 huérfanos.
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Fiscalía pide 10, 4 y 3 años a acusados en caso María Fernanda
Se dictaron las penas para personas involucradas directamente al crimen de la joven.
En una decisiva jornada judicial dentro del juicio oral y público que se realiza por el feminicidio de la joven María Fernanda Benítez Martínez, el fiscal de la causa, Fermín Segovia, presentó de manera formal los alegatos finales de la representación fiscal. Durante su exposición, el agente del Ministerio Público solicitó una pena privativa de libertad de 10 años para Mikhaela Chiara Yasy Rolón Melgarejo, a quien sindica como una pieza clave en la ejecución del crimen ocurrido en la ciudad de Coronel Oviedo.
De acuerdo con los argumentos esgrimidos por el fiscal Segovia, el rol de Rolón Melgarejo no fue secundario, sino que tuvo una participación fundamental en calidad de instigadora. Las investigaciones y los elementos probatorios producidos en el debate oral indicarían que la acusada ejerció una fuerte y directa influencia psicológica sobre el adolescente de iniciales B. S., determinándolo y alentándolo a avanzar con las acciones materiales que finalmente terminaron de forma violenta con la vida de María Fernanda.
Por otra parte, la Fiscalía extendió el pedido de reprochabilidad hacia los demás procesados en la causa, quienes habrían colaborado activamente en la impunidad del hecho. En ese sentido, se requirió la pena de 4 años de cárcel para Franco Antonio Acosta, bajo los cargos de frustración de la persecución penal y ocultamiento de evidencias.
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Canindeyú: indígenas realizan cortes de rutas por supuestos reclamos, pero cobran peajes
Pobladores de Canindeyú están cansados de los cortes de ruta con fines extorsivos que llevan adelante indígenas de la zona. Líderes nativos argumentan que recurren a bloqueo porque supuestamente, sin presión, no obtienen respuesta de parte de las autoridades.
“Es una práctica que hace años se vive en el departamento y en ocasiones ha generado crispación en la ciudadanía, camioneros, automovilistas, motociclistas y transeúntes”, informó Juan Alcaraz, corresponsal de canal GEN y Radio Universo 970AM.
Explicó que varias comunidades indígenas utilizan puntos estratégicos de conexión e interconexión interdepartamental para instalar retenes en la ruta y sacar un beneficio económico. “Cobran entre 5 mil y 20 mil guaraníes de peaje para dejar pasar”, precisó en el programa Arriba Hoy.
Recurren a esta medida, supuestamente dentro del marco de reclamos y reivindicaciones que “en casos son valederas y otras veces son meras excusas para cobrar dichos peajes en rutas”, indicó el comunicador.
El hecho ya fue denunciado; sin embargo, los pueblos originarios siguen apelando a esta práctica, afectando el libre tránsito de la población en general.
“La ciudadanía está cansada porque ya se generaron varios inconvenientes. Uno de los conductores fue víctima de una brutal agresión cuando bajó a reclamar la no apertura de una ruta en la zona de Curuguaty”, refirió Alcaraz.
Los líderes indígenas alegan que la necesidad les obliga a salir a la calle. “No venimos a pedir limosna, solo la necesidad nos saca a la ruta, para tener peso nuestro reclamo”, había manifestado Eliodoro Martínez, en diálogo con SdG Noticias.
En ese sentido, reclaman al Indi solución a los problemas de agua y de educación, principalmente. “No venimos a crear problemas con la gente, sino porque mucho ya nos vamos hasta las instituciones, pero sin resultados”, aseguró el vocero.
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Feminicidio de María Fernanda: Fiscalía pidió 10, 4 y 3 años de cárcel para acusados
En una decisiva jornada judicial dentro del juicio oral y público que se realiza por el feminicidio de la joven María Fernanda Benítez Martínez, el fiscal de la causa, Fermín Segovia, presentó de manera formal los alegatos finales de la representación fiscal. Durante su exposición, el agente del Ministerio Público solicitó una pena privativa de libertad de 10 años para Mikhaela Chiara Yasy Rolón Melgarejo, a quien sindica como una pieza clave en la ejecución del crimen ocurrido en la ciudad de Coronel Oviedo.
De acuerdo con los argumentos esgrimidos por el fiscal Segovia, el rol de Rolón Melgarejo no fue secundario, sino que tuvo una participación fundamental en calidad de instigadora. Las investigaciones y los elementos probatorios producidos en el debate oral indicarían que la acusada ejerció una fuerte y directa influencia psicológica sobre el adolescente de iniciales B. S., determinándolo y alentándolo a avanzar con las acciones materiales que finalmente terminaron de forma violenta con la vida de María Fernanda.
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Por otra parte, la Fiscalía extendió el pedido de reprochabilidad hacia los demás procesados en la causa, quienes habrían colaborado activamente en la impunidad del hecho. En ese sentido, se requirió la pena de 4 años de cárcel para Franco Antonio Acosta, bajo los cargos de frustración de la persecución penal y ocultamiento de evidencias.
El fiscal fundamentó este pedido revelando que Acosta mantuvo conversaciones con el adolescente B. S. orientadas a la obtención de medicamentos utilizados habitualmente para la interrupción de embarazos, lo cual conecta directamente el trasfondo del caso con el posterior desenlace fatal.
Finalmente, para el tercer involucrado, Ricardo Villamayor, el Ministerio Público solicitó una condena de 3 años de pena privativa de libertad. Según lo acreditado por la Fiscalía durante el juicio, Villamayor tuvo un contacto fluido y directo con el entorno familiar del adolescente involucrado.
A pesar de que el acusado manejaba información precisa y de alto valor sobre la desaparición y la situación real de la víctima, optó de manera deliberada por guardar silencio y omitió comunicar dichos datos relevantes a los investigadores y a las autoridades policiales o judiciales, configurándose así el ocultamiento de evidencias que retrasó el esclarecimiento del caso.
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Inicia juicio contra adolescente por el brutal crimen de una niña de 11 años en Caazapá
Este jueves está previsto el inicio del juicio oral y público para el adolescente acusado por el brutal asesinato de una niña de 11 años, un crimen que conmocionó profundamente al departamento de Caazapá. Los agentes fiscales Laury Vázquez y Carlos Ramírez, encargados de llevar adelante la investigación, intervienen en la causa y representarán al Ministerio Público durante el debate judicial.
En el marco de este proceso penal, el imputado —un adolescente cuya identidad se omite en cumplimiento de las normativas legales vigentes— se encuentra procesado por la presunta comisión de los hechos punibles de abuso sexual en niños y feminicidio. Debido a su condición de menor de edad al momento del hecho, el marco penal aplicable difiere del de los adultos, por lo que el acusado se expone a una pena máxima de 8 años de privación de libertad en caso de ser encontrado culpable por los delitos citados.
De acuerdo con el relato fáctico plasmado en la investigación fiscal, el trágico suceso ocurrió el 21 de julio de 2025. Alrededor de las 11:30, el adolescente sindicado se dirigió hasta la vivienda familiar de los abuelos maternos de la víctima. En dicho lugar, el joven compartió el almuerzo tras haber sido invitado de buena fe por los miembros de la familia.
Sin embargo, la reconstrucción de los hechos señala que la situación dio un giro fatal cerca de las 13:00. Supuestamente, el sospechoso siguió a la niña de 11 años tras retirarse de la casa y la interceptó en un matorral ubicado dentro de un inmueble cercano a la propiedad familiar. En ese sitio, el agresor habría vulnerado la integridad de la menor para posteriormente cometer el crimen y acabar con su vida.
El Ministerio Público presentará un sólido caudal probatorio ante el Tribunal de Sentencia, incluyendo pericias técnicas, testimonios y evidencias forenses, con el objetivo de demostrar la autoría del procesado y exigir la pena máxima establecida para la Justicia penal juvenil.