“Tiene que haber una sanción para aquellos administradores que desvían su comportamiento y manejan mal los recursos del asegurado”, manifestó el asesor jurídico del Instituto de Previsión Social (IPS), José González. Se refirió de este modo al cuestionar la solicitud de desestimación de la denuncia contra el expresidente de la institución Vicente Bataglia, investigado por lesión de confianza y estafa.

También sus exconsejeros Roberto Brítez Ferreira, Gustavo Ramón Arias, Ludia Claudina Silvera López, Miguel Ángel Doldán Martínez y Ricardo Vicente Oviedo Medina fueron señalados por ocasionar un daño patrimonial de G. 1.630.414.082.023 a la previsional.

“Nos sorprende este pedido, es apresurado que hayan llegado a esta conclusión. Nosotros tenemos una auditoría pendiente de fiscalización por parte de la auditora interna del IPS y el perito de la Corte Suprema de Justicia. Yo creo que este es un elemento necesario que debe contar el Ministerio Público a fin de poder concluir su investigación y determinar si hay una conducta penal relevante”, manifestó González a la 1020 AM.

El pedido de desestimación al Juzgado Penal de Garantías Especializado en Delitos Económicos fue realizado por el equipo de agentes fiscales conformado por Jorge Luis Arce, Néstor Coronel y Luis Piñánez. “Ellos estaban en conocimiento de que hay una auditoría pendiente”, dijo González.

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Recordó que la investigación fiscal contra Bataglia y sus excolaboradores inició en setiembre del 2023, tras la presentación de 3 reportes por parte de la Contraloría General de la República al IPS y al Ministerio Público donde se hacía mención de un perjuicio patrimonial.

Sin embargo, los agentes del Ministerio Público, a través de un documento de 24 páginas, sostienen que durante la etapa investigativa se logró colectar todas las documentales e informaciones, incluso testimonios, que permiten sostener que no existen los presupuestos requeridos para la configuración de los supuestos hechos punibles denunciados.

González mencionó que de prosperar el pedido de desestimación aguardarán los resultados de la auditoría para requerir la “reapertura de la causa al existir hechos nuevos que ameritan que sean investigados”.

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El Instituto de Previsión Social (IPS), encabezada por el doctor Jorge Brítez, solicitó a la Con­traloría General de la Repú­blica que realice una audito­ría de la compra de bonos a la entidad ueno bank por valor de USD 32 millones. Según indicó el presidente, lo que se busca es dar tranquilidad a los asegura­dos sobre esta inversión.

“Sobre todo es para dar trans­parencia a la gestión, no hay nada que esconder, pero tene­mos que hacer, de lo contrario estaremos rayando la lesión de confianza. Si ese dinero que tenemos a la vista nosotros no procedemos a invertir de alguna forma, estamos incumpliendo con lo que dice la Carta Orgá­nica porque estamos al tope con las colocaciones a plazo fijo, bus­camos otra alternativa finan­ciera y en este momento es el tema bonos”, explicó Brítez.

En contacto con “Arriba hoy”, emi­tido por el canal GEN-Universo 970 AM/Nación Media, el titu­lar de la previsional indicó que vía nota se requirió a la entidad contralora que realice la audito­ría y posteriormente tuvo una reunión con el contralor Camilo Benítez, a quien solicitaron que verifique el movimiento finan­ciero de los últimos años, inclu­yendo los realizados en esta administración.

El Instituto de Previsión Social (IPS), encabezada por el doctor Jorge Brítez, solicitó a la Contraloría General de la República que realice una auditoría de la compra de bonos a la entidad ueno bank por valor de USD 32 millones. Según indicó el presidente, lo que se busca es dar tranquilidad a los asegurados sobre esta inversión.

“Sobre todo es para dar transparencia a la gestión, no hay nada que esconder, pero tenemos que hacer, de lo contrario estaremos rayando la lesión de confianza. Si ese dinero que tenemos a la vista nosotros no procedemos a invertir de alguna forma, estamos imcumpliendo con lo que dice la Carta Orgánica porque estamos al tope con las colocaciones a plazo fijo, buscamos otra alternativa financiera y en este momento es el tema bonos”, explicó Brítez.

En contacto con “Arriba hoy”, emitido por el canal GEN-Universo 970 AM/Nación Media, el titular de la previsional indicó que vía nota se requirió a la entidad contralora que realice la auditoría y posteriormente, tuvo una reunión con el contralor Camilo Benítez, a quien solicitaron que verifique el movimiento financiero de los últimos años, incluyendo los realizados en esta administración.

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“Tuvimos una conversación solicitándole que haga insistencia sobre el tema bonos, que es lo que estaba llevando la atención todo este tiempo. El contralor y me dijo que iba a hacer todo lo que fuera necesario para aclarar esta situación y que si hay algo irregular tanto en la anterior administración como en la nuestra, ahí va a saltar”, expuso el médico.

Brítez aseguró que se dijeron muchas cosas que no son ciertas alrededor de esta operación y que el Consejo de Administración realizó el análisis correspondiente sobre la viabilidad de esta compra y de invertir en bancos, para lo cual se presentaron dos entidades, Itaú y ueno bank, las que presentaron sus propuestas a la institución.

“Hoy en el Consejo vamos a tratar dos o tres ofertas más que tenemos de otros bancos y también estamos viendo para invertir en otros instrumentos financieros porque la ley nos obliga a eso”, añadió. Por otro lado, manifestó que el IPS está abocado a obtener los recursos financieros necesarios para la conclusión de la obra del hospital hemato-oncológico, una obra de gran envergadura que representará una solución no solo para los asegurados.

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Desde el Instituto de Previsión Social (IPS) manifestaron que el déficit en la Caja de Jubilados y Pensionados seguirá profundizándose si no se toman medidas cuanto antes, esto debido a que los ingresos mensuales rondan los USD 49 millones, mientras que los egresos ascienden a USD 52 millones.

“Debemos tomar las medidas administrativas y legales que nos ayuden recuperar el equilibrio y que nos permita seguir ahorrando. El ahorro que tenemos ahora es fruto de lo que sobraba mensualmente, que nos permitió ahorrar más de USD 2.000 millones”, expuso Vanessa Cubas, gerente de Prestaciones Económicas.

El pago a los casi 82.000 jubilados y pensionados demanda G. 397.000 millones de forma mensual, explicó Cubas y si bien este pago adicional que recibirá este sector en noviembre, no afectará al fondo en el corto plazo, si no se ejecutan acciones para detener el déficit, esto seguirá profundizándose, debido que este desembolso que es equivalente a un aguinaldo para los jubilados, no cuenta con fuente de financiamiento.

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“En la hipótesis de que queramos mantener este beneficio y mantener la salud del Fondo de Jubilaciones, debemos encontrar la alternativa de cómo financiar este desembolso. En el proyecto vamos a proponer algunas formas de financiar este desembolso de modo a no afectar la Caja de Jubilaciones”, refirió.

Para pagar este beneficio adicional a los jubilados y pensionados se hacen dos estudios principalmente antes de decidir si existen las condiciones necesarias para conceder este desembolso. Uno de ellos es el estudio de disponibilidad presupuestaria y financiera, es decir, para determinar si existen los recursos para pagar y el segundo es el estudio de impacto ambiental, es decir, cómo le va a afectar este desembolso al fondo de jubilaciones.

“Representa un mes más este desembolso, es ahí donde viene la dificultad de este pago y a esto se suma la circunstancia del déficit corriente, es decir, mensualmente no nos alcanzan los ingresos y por eso se recurre a la renta de las reservas, que son los ahorros de la previsional”, indicó a la 800 AM.

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