El Ministerio de Relaciones Exteriores informó este jueves que actualmente se encuentra realizando todos los trámites y acompañamiento del proceso final para la repatriación de los restos de la compatriota que fue asesinada en los Estados Unidos. El crimen ocurrió el pasado 12 de junio, pero las autoridades norteamericanas recién comunicaron el viernes 20.

Desde el ministerio manifestaron que están trabajando en coordinación con la Policía del Estado de Arkansas y la Secretaría Nacional de Repatriados para viabilizar el proceso de repatriación. Como resultado de las gestiones se logró agilizar el procedimiento de traslado, cuya etapa final ya se encuentra en curso.

“La Secretaría de Repatriados actualmente se aboca al proceso final de repatriación, a fin de que los restos mortales de la compatriota puedan llegar a suelo paraguayo para recibir el debido acompañamiento de sus seres queridos”, detallaron en el comunicado.

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El pasado 12 de junio, falleció la compatriota Lourdes Núñez Burgos, de 42 años, en el Estado de Arkansas, EE. UU. El viernes 20 de junio, la representación consular vía telefónica recibió la trágica noticia por parte del oficial Michael Watson. Tras el contacto se comunicó a la Cancillería Nacional e iniciaron la localización de familiares en Paraguay.

Resaltaron que por razones de confidencialidad y conforme al protocolo policial del Estado de Arkansas, las autoridades locales aún no proporcionaron más detalles sobre las circunstancias del fallecimiento de Lourdes.

Lourdes, quien era abogada y estaba trabajando en inteligencia artificial, habría sido asesinada por Stephen Keith Gantz, de 54 años, de nacionalidad estadounidense, con quien estaba casada hace 8 meses. Tras cometer el crimen, el hombre huyó de la vivienda.

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El Ministerio Público realizó el pedido de desestimación de la denuncia contra Horacio Cartes, luego de no encontrar méritos a la denuncia formulada por Arnaldo Giuzzio y otros exfuncionarios del gobierno de Mario Abdo. Sobre esto, el abogado Pedro Ovelar realizó un recuento de cómo se dio esta trama que tenía como fin acabar con la figura política del expresidente y para esto, utilizaron a las instituciones del Estado, a la Justicia e incluso a entidades extranjeras.

“La hipótesis de Giuzzio es totalmente derribada por la Fiscalía porque realiza diligencias para aclarar los hechos”, afirmó Ovelar durante el programa Fuego Cruzado, emitido por GEN/Nación Media, donde expuso que la Fiscalía echó por tierra todas las acusaciones en contra de Cartes y sin que haya elementos para procesarlo por ningún hecho punible.

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El abogado señaló que esta causa tuvo como único objetivo “afectar al movimiento Honor Colorado, dañar la imagen de Cartes y entorpecer la candidatura de Santiago Peña”. Según Ovelar, todo comenzó en diciembre de 2021, tras las elecciones municipales, cuando se iniciaron reuniones secretas en las oficinas de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad).

En estos encuentros participaron Giuzzio, Daniel Farías, Verioska Velasco, la encargada de comunicación de Abdo, cuyas funciones nunca fueron muy claras. El resultado de esos encuentros, según su relato, fue la elaboración de un informe “sin relevancia penal”, filtrado luego a medios de comunicación para generar impacto político y mediático.

“El informe fue enviado de forma espontánea por Seprelad a la Unidad de Inteligencia Financiera de EE.UU. en abril de 2022, pidiendo que la jurisdicción norteamericana interviniera sobre Horacio Cartes y mintiendo sobre supuestas operaciones en paraísos fiscales”, denunció Ovelar.

Aseguró que este informe sirvió como base para posteriores publicaciones en medios de comunicación aliados al abdismo, que fue utilizado por referentes como Mario Abdo, Mauricio Espínola y Desirée Masi antes de su difusión oficial.

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El abogado enfatizó que la Fiscalía, tras varios años de diligencias, concluyó que no existen hechos punibles ni participación de Cartes en actividades criminales, por lo que solicitó al juez el archivo definitivo del caso. Indicó que esta resolución “desmonta por completo la hipótesis de Giuzzio”, quien había acusado al expresidente de enriquecimiento ilícito, contrabando, evasión y actividades financieras irregulares.

“La Contraloría verificó que el crecimiento patrimonial de Cartes es lícito y justificado, que genere una actividad industrial que produzca algo, no le hace responsable de lo que hacen terceras o cuartos compradores. Tampoco se configura intermediación financiera ilegal por préstamos entre empresas propias o por percibir dividendos no retirados”, explicó.

Ovelar también responsabilizó al exembajador de EE.UU., Marc Ostfield, de haber sido el “ejecutor extranjero” del esquema que derivó en la sanción de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (Ofac) contra Cartes. Relató que el caso del avión iraní, fue manipulado para alimentar la narrativa de presuntos vínculos con el terrorismo.

Finalmente, el abogado aseguró que el expresidente fue “condenado mediáticamente” y sancionado por organismos extranjeros, sin derecho a la defensa, a diferencia de los hoy denunciados por Cartes, quienes “tienen todas las garantías procesales para probar su inocencia”. A su vez, criticó los recursos y recusaciones presentados por la defensa de los denunciados, que a su criterio demuestran que “no quieren discutir el fondo de la cuestión”.

“La persecución no terminó con el gobierno anterior. Los daños siguen vigentes, afectando no solo a Horacio Cartes, sino también a miles de trabajadores paraguayos que dependen de su grupo empresarial”, sostuvo. Queda en manos del Poder Judicial resolver si se desestima o no la causa, y en este sentido, Ovelar pidió paciencia ya que el caso contiene muchas complejidades.

El presidente de Ucrania Volodimir Zelenski acusó a Rusia de haber entregado voluntariamente a Kiev los cuerpos de 20 miembros de las tropas rusas, incluido un ciudadano israelí, en lugar de los restos de soldados ucranianos como se había acordado durante un reciente intercambio de militares muertos.

“Creemos que hacen esto deliberadamente para mostrar cuántos cuerpos de ucranianos supuestamente tienen” y minimizar el número de militares rusos muertos, afirmó el viernes el presidente ucraniano durante una conferencia de prensa bajo embargo hasta el sábado.

Entre los 20 cuerpos “figura por ejemplo el de un mercenario israelí que combatía con ellos y el de un ciudadano israelí con papeles israelíes”, detalló Zelenski.

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“Hay incluso cuerpos con pasaportes rusos”, apuntó el presidente de Ucrania, que acusó a Rusia de “mentir” al afirmar que entregaba únicamente restos de ucranianos.

Ambas partes, en conflicto desde la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022, acordaron realizar un importante canje de cuerpos de soldados durante una ronda de negociaciones a inicios de junio en Estambul.

Según indicó el lunes el centro ucraniano de coordinación sobre los prisioneros de guerra, Kiev ha recibido 6.057 cuerpos, pero se espera su identificación para determinar su nacionalidad y si se trata o no de militares.

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El conflicto entre Rusia y Ucrania ha dejado decenas de miles de muertos en ambos bandos, tanto militares como civiles. Las autoridades de ambos países no han publicado recientemente balances de los soldados heridos o muertos en el frente.

La repatriación de cuerpos y el intercambio de prisioneros de guerra son uno de los pocos ámbitos en los que Kiev y Moscú cooperan.

Alrededor del 20% del territorio ucraniano está actualmente ocupado por el ejército ruso, que tiene desplegado unos 695.000 soldados en el país vecino, indicó el viernes Zelenski.

Desde el inicio de su operación en Ucrania, Rusia es blanco de fuertes sanciones de países occidentales destinadas, en particular, a impedir el suministro de equipos y tecnologías utilizados por su industria militar.

Pero Moscú ha conseguido eludir estas sanciones en parte organizando importaciones a través de terceros países o aliados.

Zelenski afirmó el viernes que empresas occidentales, entre ellas alemanas y checas, seguían suministrando a la industria militar rusa, y pidió que se impusieran sanciones a estas empresas.

Fuente: AFP.

El representante legal de Óscar Boidanich, exministro de la Seprelad (Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes), el abogado Claudio Lovera, señaló que el Ministerio Púbico no cuenta con los argumentos necesarios para sostener la denuncia en contra de su defendido. El letrado citó que en junio del 2024 se sobreseyó de manera provisional al exfuncionario, y un año después se reabre la causa sin los elementos que prueben la supuesta retención de informes.

“La fiscalía solicitó el sobreseimiento provisional y afirmó en ese momento que no contaba con elementos que cumplan con el estándar que autoriza una acusación, y señaló el sobreseimiento provisional porque indicó al juzgado que esperaba en el plazo de un año pueda reunirse determinados elementos que puedan, en su caso, sería complementar la información analizada y que pueda eventualmente cambiar esta primera apreciación”, explicó Lovera, este jueves, en entrevista al programa “Así son las cosas” de GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

Con la reapertura de la causa, el profesional cuestiona que la fiscalía, un año después aún no cuenta con los argumentos. “Lo que ocurrió en el plazo de un año es que el Ministerio Público realizó las diligencias que indicó y todos los resultados justificaron, o en su caso particular, ratificaron que realmente desde la Seprelad no se realizó ningún tipo de conducta tendiente a beneficiar a ninguna persona en concreto, ni en específico, ni en general”, apuntó.

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La acusación de los fiscales Alma Zayas, Diego Arzamendia, Deny Yoon Pak, Jorge Arce y Francisco Cabrera, alega que se habría ocultado información al Ministerio Público sobre las operaciones sospechosas de personas y empresas ligadas a Darío Messer, las cuales habían sido reportadas por tres entidades bancarias; entre junio de 2017 hasta el 16 de abril de 2018.

El abogado refirió que todas las diligencias realizadas por el Ministerio Público favorecían la postura de que no había méritos para acusar. “No obstante, contrariando al resultado de estas diligencias, el Ministerio Público presentó una acusación y manejando el provisional como si fuera nada más una prórroga de tiempo para tomar una postura, y no es una figura prevista en ese sentido”, cuestionó.

Así también, detalló que cuando la fiscalía imputó y llamó a indagatoria a Boidanich se sostuvo la sospecha que denominan como demora injustificada, en el envío de un informe de inteligencia que fue realizado con una motivación en particular y, según la sospecha que la fiscalía tenía o afirmaba en ese momento, esa motivación era evitar el inicio de una investigación penal.

“Hoy en día, cuando ellos presentan su acusación, claramente sostienen que no acreditaron la existencia de ese motivo, es más, sostienen que ese motivo no existía, pero de todas formas acusan”, sentenció el abogado.

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