Pedro Juan Caballero. Emerson Dutra, corresponsal.
El crimen ocurrió en la comunidad nativa Mba`e Marangatu de la ciudad de Capitán Bado, departamento de Amambay. Datos revelan que ambos menores mantuvieron una violenta discusión que terminó en una lucha con machete.
Durante la pelea, el menor de 14 años fue herido mortalmente por su agresor de tan solo 13 años de edad. Tras consumar el crimen, el presunto autor fue a su casa donde fue detenido por los líderes indígenas de esa comunidad.
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“Recibió heridas cortantes en la cabeza que le ocasionaron la muerte”, señalaron agentes de la comisaría jurisdiccional que intervinieron en el sangriento suceso.
Por disposición del Ministerio Público y por tratarse de una persona que está exenta de responsabilidad penal por ser menor de 14 años de edad, el supuesto homicida quedó a cargo de su madre y líderes de la comunidad aborigen.
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Fiscalía de Bolivia investiga a expresidente Morales por asesinato en operación policial de 2009
La Fiscalía de Bolivia anunció el lunes el inicio de una nueva investigación contra el expresidente izquierdista Evo Morales por los presuntos delitos de asesinato y tortura relacionados con un operativo policial que dejó tres europeos muertos en 2009.
Hace 17 años, un comando policial intervino un hotel en la ciudad de Santa Cruz (este) y abatió a tiros al boliviano-croata Eduardo Rózsa Flores, al irlandés Michael Dwyer y al húngaro-rumano Arpad Magyarosi.
Salieron con vida Mario Tadic (boliviano-croata) y Elöd Tóásó (húngaro), que denunciaron torturas tras ser detenidos.
El gobierno de Morales sostuvo entonces que un grupo liderado por Rózsa Flores buscaba impulsar un movimiento separatista, con el financiamiento de la elite económica de derecha de Santa Cruz.
El fiscal general interino, José Armando Urioste, anunció esta nueva investigación preliminar contra el exgobernante indígena, una semana después de haber sido nombrado por el Congreso tras el arresto de su antecesor, Roger Mariaca, acusado de narcotráfico y lavado de activos.
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En un oficio dirigido al Tribunal Supremo de Justicia, Urioste notifica “el inicio de la fase de acumulación de antecedentes” contra Morales y su exvicepresidente Alvaro García Linera “por la presunta comisión de los delitos de asesinato, vejaciones y torturas y privación de libertad”.
La medida responde a una denuncia interpuesta por los congresistas derechistas Tomasa Yarhui y Rodrigo Antonio. El legislador confirmó a la AFP que se trata del caso denominado “Hotel Las Américas”.
Familiares y víctimas llevaron el caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que en 2021 concluyó que el Estado boliviano había cometido violaciones a los derechos humanos y lo remitió a la Corte Interamericana.
El parlamentario Antonio señaló que “no hubo un enfrentamiento entre las fuerzas del orden con estas personas”, sino que “fueron ejecutados extrajudicialmente”.
Ese día, durante una visita oficial a Venezuela, Morales dijo a la prensa haber ordenado el operativo para detener a los extranjeros, a quienes acusó de “mercenarios”, una declaración que para Antonio significa que el exmandatario “había dejado instrucciones precisas para que esto sea ejecutado”.
Ni Morales ni su exvicepresidente se han pronunicado de momento.
Refugiado en su feudo cocalero del Chapare (centro), Morales ya tiene dos órdenes de captura activas por investigaciones sobre su rol en las protestas que este año paralizaron al país por 53 días y por una acusación de presunta trata de una menor con la que el expresidente habría tenido una hija. Él niega los cargos.
- Fuente: AFP
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El Gobierno nacional entrega 216 viviendas en Amambay
Gobierno nacional continúa fortaleciendo su política habitacional con la entrega de 216 viviendas en los distritos de Capitán Bado y Karapaí, en el departamento de Amambay. Las soluciones habitacionales benefician a familias organizadas y a comunidades indígenas, ampliando el acceso a una vivienda digna en el decimotercer departamento.
El ministro de Urbanismo, Vivienda y Hábitat, Juan Carlos Baruja, compartió con las familias beneficiadas durante los actos de entrega, acompañado por el gobernador Juan Silvino Acosta, los intendentes Rodney Villalba y Ezequiel Ayala, y concejales municipales.
DISTRIBUCIÓN DE LAS VIVIENDAS
La distribución de las viviendas se dio de la siguiente manera: en Capitán Bado, 65 viviendas para la Comisión de Viviendas Populares San José; Karapaí, 35 viviendas para el Comité Provivienda, y 35 para el Comité Vecinal San Andrés.
Mientras que para comunidades indígenas de ambos distritos 81 viviendas fueron para las comunidades Itaju, Mbarakay Ka’a Poty e Itapoty.
En el caso de las comunidades indígenas, las viviendas fueron construidas mediante un convenio con el Parque Tecnológico Itaipú (PTI). Estas soluciones habitacionales contribuyen a mejorar la calidad de vida de las familias, con respeto a sus costumbres y particularidades culturales.
Con estas entregas, el Gobierno reafirma su compromiso de ampliar el acceso a la vivienda en todo el país. La política habitacional registra 46.140 viviendas gestionadas y 34.850 entregadas a familias paraguayas, un alcance sin precedentes que refleja el impulso del presidente Santiago Peña y del vicepresidente Pedro Alliana en el mejoramiento de la calidad de vida de los paraguayos.
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MUVH entrega más de 200 viviendas a familias de Capitán Bado y Karapaí
El ministro de Urbanismo, Vivienda y Hábitat, Juan Carlos Baruja, desarrolló este viernes una jornada de gobierno en el departamento del Amambay, entregando un total de 216 viviendas a familias de los distritos de Capitán Bado y Karapaí.
El secretario de Estado resaltó que estas nuevas viviendas fueron entregadas en el marco de los programas habitacionales impulsados por el Gobierno de Santiago Peña y el vicepresidente Pedro Alliana. El ministro Baruja estuvo acompañado por el gobernador de Amambay, Juan Silvino Acosta; los respectivos intendentes Rodney Villalba y Ezequiel Ayala, además de concejales municipales.
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Distribución de las viviendas
Desde el MUVH informaron que en el distrito de Capitán Bado fueron entregadas 65 viviendas a integrantes de la Comisión de Viviendas Populares San José. En Karapaí, otras 35 corresponden al Comité Pro Vivienda y 35 al Comité Vecinal de Producción Agrícola San Andrés.
Asimismo, 81 viviendas fueron destinadas a las comunidades indígenas Itaju, Mbarakay Ka’a Poty e Itapoty, de ambos distritos. Estas soluciones habitacionales fueron construidas a través del Parque Tecnológico Itaipú (PTI).
Según los datos oficiales, bajo la administración del presidente Santiago Peña y el vicepresidente Pedro Alliana, se registran 34.850 viviendas entregadas y 46.140 gestionadas en todo el país, como parte de las acciones orientadas a ampliar el acceso a una vivienda digna.
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Corte suspende a juez de Capitán Bado, imputado por caso vinculado a “Cabeza Branca”
El Pleno de la Corte Suprema de Justicia decidió suspender preventivamente en el ejercicio de sus funciones, y sin goce de sueldo, al juez de Primera Instancia en lo Civil, Comercial y Laboral de la ciudad de Capitán Bado (Circunscripción Judicial de Amambay), Cristian Ariel Sánchez Zaracho, imputado por el supuesto hecho de lavado de activos en la modalidad de frustración de comiso. Asimismo, el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) inició un proceso de enjuiciamiento en su contra.
De acuerdo con el acta de imputación, el magistrado habría ordenado la subasta pública de dos inmuebles que contaban con medidas cautelares vigentes y expectativa de comiso, en el marco de una causa vinculada al narcotraficante brasileño Luiz Carlos Da Rocha, alias “Cabeza Branca”.
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Según el escrito fiscal, en agosto de 2023 la Senabico informó al juez que los inmuebles poseían medidas cautelares vigentes dictadas en dicha causa. Pese a ello, el magistrado dispuso la subasta de ambas propiedades. Posteriormente, informes de la Dirección General de los Registros Públicos emitidos en octubre y noviembre de 2023 —a pedido del propio juez— confirmaron la vigencia de una prohibición de innovar dictada por la jueza Penal de Garantías, Lici Sánchez.
A pesar de estos informes, la subasta se realizó el 8 de noviembre de 2023 y los inmuebles fueron adjudicados a la firma Grupo Paraná S.A. El 28 de noviembre, el juez aprobó el remate y ordenó la inscripción preventiva de los bienes a favor de la empresa adjudicada. Finalmente, la Dirección General de los Registros Públicos emitió una nota negativa y rechazó la inscripción debido a la vigencia de las medidas cautelares dictadas en el proceso penal relacionado con el caso “Cabeza Branca”.
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