Las autoridades de un colegio de Asunción recibieron a una comi­tiva policial tras realizarse una denuncia por parte de la madre de un alumno que habría sido atacado el pasado viernes por un grupo de exalumnos de la misma ins­titución.

En conferencia de prensa, el comisario Juan Agüero explicó que la pelea se habría dado a unas 10 cuadras de la institución, en una plaza donde los alumnos se reúnen. Asimismo, remarcó que tras recibir la denuncia por parte de la madre del adolescente, que habría sido agredido, se activó todo el protocolo para dar con los autores.

Según el reporte, el adoles­cente continuó recibiendo amenazas por redes socia­les, en las cuales inclusive sus atacantes amenazan con realizar un tiroteo en la institución educativa y que advierta a todos sus compa­ñeros.

“Por temas de investigación, aún no podemos revelar el nombre de la persona identi­ficada como el agresor; él esta­ría acompañado por otras 8 personas, las cuales también están siendo investigadas. Esta persona sindicada es un mayor de edad, quien habría sido alumno de la institución”, comentó el comisario Agüero.

La directora del colegio remarcó que con frecuencia se encuentran en contacto con los padres para preve­nir hechos de violencia o adicción, pero que necesitan también un mayor acompa­ñamiento desde los hogares.

“Yo tengo muchos alumnos huérfanos con padres vivos; esa es lamentablemente la realidad de muchos. No se puede dejar toda la respon­sabilidad en manos de la ins­titución y los educadores, ya que muchas cosas pasan afuera de la casa de estudios, como se dio en este caso. Nosotros, cuando tomamos conocimiento, ya actuamos y todo el tiempo se dio acom­pañamiento a los alumnos”, comentó la directora Alonso.

Tanto la docente como el comisario recordaron que, como parte del operativo de seguridad a instituciones y el Plan Sumar, existen patrulla­jes activos en las zonas educa­tivas, al igual que acompaña­miento policial en horarios de entrada y salida.

El abogado Pedro Ovelar, defensor del expresidente Horacio Cartes, y actual titular de la Asociación Nacional Republicana, explicó que la reciente decisión del Ministerio Público de desestimar la causa contra su cliente confirma que “no hubo contrabando, ni enriquecimiento ilícito, ni lavado de dinero”.

Durante una entrevista en la radio ANR 89.9 FM y OnLine, el representante legal señaló que las acusaciones fueron parte de un montaje político liderado por el exministro Arnaldo Giuzzio, con el respaldo del gobierno anterior, para destruir políticamente a su defendido.

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Mencionó que la Fiscalía archivó la causa contra Horacio Cartes, luego de confirmarse que no hay hechos, no hay pruebas, no hay delito, “solo persecución política disfrazada de investigación”. Indicó que se han presentado 26 pruebas, con cero delitos, y que aquellas denuncias de supuestos contrabando, lavado, o enriquecimiento ilícito, todas esas causas fueron desmentidas por la propia Fiscalía.

“El informe de la SENAD fue un montaje. Utilizaron al Estado como un arma contra su principal adversario político. La causa, iniciada por un informe de la SENAD basado en publicaciones de prensa y sin evidencia directa, fue archivada por la Fiscalía, que concluyó que no existe hecho punible", explicó.

El abogado también señaló que las sanciones de EE.UU. podrían ser revisadas tras declaraciones del senador Marco Rubio, quien criticó que decisiones diplomáticas tan delicadas hayan quedado en manos de embajadores sin coordinación con la política exterior norteamericana.

Por otra parte, Ovelar explicó que los reportes de operaciones sospechosas contra Cartes no se basaban en irregularidades reales, sino en publicaciones negativas: “no hay hechos, solo relatos”, remarcó.

Igualmente, se refirió al caso del fiscal colombiano que investigó el asesinado del fiscal paraguayo Marcelo Pecci, señaló que el asunto también fue abordado. “Crimen en Colombia, otra mentira. No hay ningún vínculo entre Cartes y el asesinato del fiscal Pecci. Fue una operación política que ya se desmorona", afirmó Ovelar.

Finalmente, el abogado del exmandatario, señaló que posterior al cierre del caso ameritará un análisis profundo para poder pedir algún tipo de resarcimiento a los responsables. Aunque reconoció que será difícil cuantificar el daño y perjuicio causado, no solo a la persona del señor Cartes y su familia.

“No se puede reparar el daño moral, político y económico causado, pero los responsables deben rendir cuentas. Porque sus acciones afectaron a mucha gente que estaba detrás de la estructura empresarial”, acotó.

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El exministro de la Seprelad (Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero y Bienes), Óscar Boidanich, refutó la acusación de los fiscales Alma Zayas, Diego Arzamendia, Deny Yoon Pak, Jorge Arce y Francisco Cabrera, quienes alegan que se habría ocultado información al Ministerio Público sobre las operaciones sospechosas de personas y empresas ligadas a Darío Messer, las cuales habían sido reportadas por tres entidades bancarias; entre junio de 2017 hasta el 16 de abril de 2018.

El 12 de junio de 2024, el juez Rodrigo Estigarribia decretó el sobreseimiento provisional del exministro, quien fue imputado por supuesto lavado de dinero y frustración de la persecución y ejecución penal, junto con los exfuncionarios de Seprelad, Raquel Cuevas, exdirectora general de Análisis Financiero, y Melissa Parodi, exjefa del Departamento de Análisis y Procesamiento de Datos.

El pedido de sobreseimiento provisional fue firmado por la fiscal adjunta Matilde Moreno, tras un trámite de oposición. Sin embargo, el pasado 11 de junio, los fiscales Jorge Arce, Francisco Cabrera, Fernando Meyer y Verónica Mayor acusaron y pidieron juicio oral contra Boidanich por lavado de dinero, frustración de la persecución y ejecución penal. Ayer martes, el juez Estigarribia resolvió la reapertura de la causa y fijó fecha de audiencia preliminar para el próximo 7 de julio

En entrevista con el programa “La caja negra”, Boidanich detalló cuáles fueron los procesos y los trabajos realizados por la Seprelad en su gestión, y refutó las acusaciones en su contra que habría retenido la información en torno al financista brasileño Messer.

Boidanich indicó que, el 20 de octubre del 2016, la Unidad Financiera de Paraguay solicitó información el Consejo de Control de Actividades Financieras (COAF) de Brasil, que fue la primera información que envió la Seprelad sobre Darío Messer, alertando sobre las actividades del mismo.

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“Tiene un peso muy significativo en la investigación que está haciendo la fiscalía puesto que en un principio se sostuvo que cuando la COAF, nuestros pares de Brasil, recién nos alertaron, nosotros iniciamos todo este proceso, sin embargo, ya en el 2016, nosotros como cooperación, como unidad de inteligencia financiera, enviamos a nuestro par de Brasil, significando que estábamos haciendo una investigación al señor Darío Messer porque tenía nacionalidad brasilera”, explicó.

Agregó que, los pares de Brasil agradecieron este informe y dijeron que “ellos tenían reportes que iban a utilizar también eso. Posterior a eso, nos pide autorización para que esas informaciones remitidas puedan utilizar ellos en su investigación, de doble utilidad realmente fue”.

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El Ministerio Público habla de una demora injustificada en la entrega de los informes de la Seprelad, entonces a cargo de Boidanich, quien explicó que desde la institución se realizaron todos los procesos en tiempo y forma. Así también, señaló que en esta investigación primaron dos pilares fundamentales: evitar filtraciones y consolidar las pruebas.

“Siempre en el área de análisis llegan los reportes, se hacen los análisis pertinentes y empieza un proceso de análisis que lleva mucho tiempo porque muchos de esos datos se requieren y se realizan en forma manual”, describió.

Boidanich indicó que existe un problema en este proceso porque no se cuenta con una forma efectiva de recopilar datos, por lo que normalmente se realizan en forma manual o en forma telefónica. Explicó que se realizaron visitas a sus pares, ya sea el Banco Central del Paraguay (BCP), Secretaría de Tributación (SET, hoy DNIT), Ministerio de Relaciones Exteriores, para la realización de todas las consultas pertinentes.

“Recopilar todos esos datos lleva su tiempo y hacer un buen análisis. Hay dos pilares fundamentales dentro del proceso de análisis, uno que no se filtre la información, entonces se requiere mucha cautela hacer la investigación porque al requerir algunos de los sujetos obligados, algún dato puede filtrarse”, apuntó.

Por otro lado, señaló que el informe tiene que estar bien elaborado con el marco de sospecha que de alguna manera que le indique o le lleve de la mano ya a la fiscalía para que pueda realizar una imputación. “¿Qué pasa si enviamos un informe medio, que no tiene elementos necesarios? El Ministerio Público te devuelve con una resolución diciendo, no tiene suficientes méritos, sigan investigando”, refirió.

Concluyó que, para evitar eso, se debe elaborar un informe completo, concreto, por lo que estos dos pilares, el secreto, que no se tiene que filtrar se realizó y se cuidó. “El Ministerio Público dice que nosotros retuvimos o tratamos de sostener eso para que el señor Messer siga realizando cosas”, cuestionó.

Este martes trascendió que la Fiscalía ahora apunta al celular de la adolescente María Fernanda para hallar indicios de su feminicidio, ocurrido en la ciudad de Coronel Oviedo. Esto, tras informar que no se hallaron rastros vinculantes con el crimen en la carretilla, pala ni en la ropa incautadas en el marco de la investigación.

Con ello, el foco gira hacia el celular de María Fernanda como principal fuente de información para esclarecer el crimen. Los análisis forenses realizados a la pala y la carretilla decomisadas en la casa del principal sospechoso no detectaron sangre ni otros indicios relacionados al hecho.

De igual modo, las prendas halladas en las cercanías del cuerpo fueron descartadas como de la víctima, al no presentar rastros hemáticos. Recordemos que días después de encontrado el cuerpo sin vida de María Fernanda en un baldío, aparecieron en un patio contiguo su celular y una bolsa con ropas varias.

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El nuevo eje investigativo apunta ahora al celular, que se confirmó es de María Fernanda y a pesar de que estaba destruido por fuera, el chip se mantuvo intacto, a decir de la Fiscalía.

Este dispositivo móvil es ahora la pieza clave del feminicidio y se aguarda la desgrabación completa de datos con miras a hallar registros que despejen dudas sobre comunicaciones o ubicaciones previas al asesinato.

Actualmente hay seis imputados en la causa, incluyendo al principal sospechoso y personas cercanas a él, entre ellas sus padres, su supuesto suegro, una amiga íntima y un farmaceútico.

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