La abogada Leticia Bóbeda lleva adelante la defensa de Marcos Gómez en el caso de violencia familiar contra su expareja, la exmodelo Graciela Núñez. La profesional, en conversación con La Nación/Nación Media, hizo algunas aclaraciones.

“Nosotros estábamos en conocimiento de que ella hizo una denuncia por violencia familiar, pero en la carpeta fiscal señala que la declaración testifical no es clara, no manifiesta específicamente tiempo, fechas de los hechos ordenados, y apunta más bien hacia una cuestión de infidelidad y supuestos hechos ocurridos hace muchos años”, mencionó.

No obstante, el Ministerio Público aplicó el protocolo respectivo, trasladando a la víctima hasta la sede de Atención a víctimas del Ministerio Público en Asunción.

Asimismo, el informe remitido por dicha dependencia establece que no se ha obtenido un relato fáctico y la profesional se ha limitado solamente a sugerir una nueva evaluación psicológica para la víctima debido a que “en este estado no se cuenta con suficientes elementos de sospecha para formular una acta de imputación”.

No obstante, la causa queda abierta, prosiguiendo la investigación. “Eso es lo que existe en la causa”, indicó la defensora. Añadió que su defendido apeló a una denuncia penal porque “ya era insostenible la situación” de violencia hacia su cliente.

Y se agravó porque “la señora andaba armada”. En su indagatoria, “ella admitió que tenía arma de fuego”, expresó.

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En se sentido, cuentan con denuncias policiales que fueron agregadas a la carpeta fiscal. “Nosotros hicimos la denuncia porque ella ahora le utiliza a los niños como instrumento para amedrentar al padre”, puntualizó. Los niños viven con su papá.

“Marcos tiene dos hijos mayores que son de un matrimonio anterior que viven con él por voluntad propia y los niños que tiene con Graciela Núñez”, precisó.

Aseguró que los episodios de violencia fueron constantes de parte de la mujer. “Ella dice que se le manipula y es mentira porque a pesar de las amenazas, incluso con armas, Marcos esperó mucho tiempo porque la violencia fue sostenida. Y se agravó en los últimos seis meses. A su hijo de 14 años le dijo que le iba a matar a su papá si le quitaba la camioneta”, aseveró.

Además, agregarán todos los mensajes y videos “Tenemos videos en donde ella le rompe una botella de vidrio. También hay otro video, donde ella le escupe, le araña. En otra ocasión, Marcos se despierta con una pistola en la cabeza, donde ella le decía “no me vas a dejar”. Sin embargo, ella se fue”.

Tampoco aceptó el divorcio. “Ella tiene muchos bienes a su nombre gracias al señor Marcos y él nunca le reclamó. Le mandamos incluso, una minuta de divorcio de mutuo consentimiento y la señora no quiso firmar”, comentó.

En relación al video donde él aparentemente golpea a la mujer, “haciendo zoom del video, se ve que ella se da vuelta y él golpea un mueble”, explicó.

Por otro lado, cuando se retiró de la residencia familiar. “Ella arrancó todo el circuito cerrado. El señor Marcos Gómez nunca tuvo acceso porque él confiaba en su señora”, subrayó.

En conclusión, dijo que “hay muchas inconsistencias en el relato de ella”.

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El gobierno de Ecuador desplegó el lunes 4.000 policías y militares en Quito para reforzar la seguridad en la capital, tras el hallazgo de un cuerpo decapitado y denuncias por la desaparición de personas en las últimas semanas. Aunque no alcanza los niveles de violencia de la costera Guayaquil (suroeste), considerada epicentro de la guerra entre bandas del narcotráfico, Quito es afectada por la criminalidad. Desde mediados de junio está bajo estado de excepción.

La situación en la capital “no es crítica, pero no voy a dejar que se haga crítica, yo no voy a esperar que crezca el problema”, dijo el ministro del Interior, John Reimberg, en una entrevista con Radio Quito. En junio, la policía desactivó bombas en una dependencia pública y en un complejo judicial.

La semana pasada, un cuerpo embalado y decapitado apareció colgado en un puente de la ciudad, donde viven casi tres millones de personas. A eso se suman denuncias de personas desaparecidas, ataques armados y homicidios en sectores populares. Reimberg aseguró que la violencia “es el resultado del ataque que hemos hecho a los grupos criminales”.

Los uniformados estarán en la capital “el tiempo que sea necesario”, dijo el ministro al precisar que se ubicarán especialmente en las afueras de escuelas, colegios, universidades, centros comerciales y estaciones de metro, donde hay gran afluencia de personas.

La noche de ayer lunes policías motorizados se desplegaron por el centro financiero de la ciudad y en los alrededores de una universidad.

La semana pasada el alcalde de Quito, el opositor Pabel Muñoz, dijo a periodistas: “El momento en que en un combate, una guerra contra el narcotráfico, contra la delincuencia organizada se pierde la capital de la república, cualquiera que sea este país, ese seguramente es un paso de no vuelta atrás”.

Ecuador encara hechos de violencia sin precedentes producto del enfrentamiento de organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico, la minería ilegal, el secuestro y la extorsión. En 2025, fue uno de los países más violentos de Latinoamérica. Ese año se reportaron 51 asesinatos por cada 100.000 habitantes, equivalentes a uno cada hora, según Insight Crime.

Fuente: AFP.

• Sofía Céspedes
• sofia.cespedes@nacionmedia.com

En una nueva edición de Hacedores LN, Eduardo Barros, presidente de la Comisión Nacional de la Competencia (Conacom), conversó con La Nación/Nación Media sobre el rol que desempeña la institución en el mercado paraguayo, los desafíos de promover una cultura de libre competencia y los mecanismos que existen para prevenir y sancionar prácticas anticompetitivas.

Durante la entrevista, Barros explicó cómo funciona internamente la Conacom, cuáles son las herramientas que utiliza para proteger el mercado, el trabajo de prevención que realiza con empresas y gremios, además de referirse a algunos de los casos de mayor impacto que actualmente se encuentran bajo análisis.

La Conacom nació en 2013 y fue la última autoridad de competencia en conformarse en América Latina. Si bien eso significó empezar más tarde que otros países, también permitió adoptar una legislación moderna, incorporando experiencias internacionales.

Nuestra misión tiene dos ejes. El primero es promover la libre competencia, es decir, que las empresas conozcan la ley, sepan qué prácticas están permitidas y cuáles no. El segundo es defender esa competencia cuando existen conductas que afectan el funcionamiento del mercado. Queremos que las empresas sepan que la Conacom existe tanto para prevenir infracciones como para proteger sus derechos cuando consideran que la competencia está siendo vulnerada.

La institución comenzó enfocándose en el análisis de fusiones y adquisiciones, pero en los últimos años fortaleció el trabajo en la investigación de prácticas anticompetitivas.

Uno de los casos más relevantes fue la investigación a Bancard. Además de la sanción aplicada por abuso de posición dominante, la Conacom emitió recomendaciones al Banco Central del Paraguay (BCP) que luego fueron consideradas en el desarrollo del Sistema Nacional de Pagos. Ese trabajo recibió reconocimiento de la Red Internacional de Competencia y del Banco Mundial, distinción que Paraguay obtuvo por tercer año consecutivo.

Otro avance importante fue demostrar que la defensa de la competencia también alcanza a instituciones públicas cuando actúan como agentes económicos, marcando un precedente con una resolución inédita para el país, por la sanción realizada a la Municipalidad de Asunción por abuso de posición dominante.

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La Conacom cuenta con 33 funcionarios y dos órganos técnicos que trabajan de forma independiente: la Dirección de Investigación y el Directorio.

La Dirección de Investigación recibe las denuncias o puede iniciar actuaciones de oficio. Analiza las pruebas y decide si existen méritos suficientes para formular una acusación. Recién en ese momento interviene el Directorio, que actúa como órgano resolutivo, recibe los descargos de las empresas involucradas, evalúa todas las pruebas y finalmente determina si corresponde aplicar una sanción o desestimar el caso.

Esa separación garantiza imparcialidad durante todo el proceso.

La ley contempla principalmente dos tipos de conductas: el abuso de posición dominante y los acuerdos restrictivos de la competencia, conocidos también como carteles o colusión.

Tener una posición dominante no constituye una infracción. Lo que la ley sanciona es el abuso de esa posición para excluir competidores o limitar injustificadamente la competencia.

En cambio, los acuerdos entre empresas para fijar precios, repartirse mercados o restringir la oferta son considerados una de las infracciones más graves porque eliminan directamente la competencia entre los actores económicos.

La institución cuenta con un procedimiento formal para presentar denuncias, cuyos requisitos están disponibles en su página web.

Sin embargo, las puertas de la Conacom también están abiertas para que cualquier empresa, gremio o ciudadano pueda acercarse a plantear una preocupación. Muchas veces esas consultas derivan en reuniones técnicas, estudios de mercado o trabajos de promoción antes de iniciar un proceso sancionador.

La idea es resolver problemas de competencia no solo mediante sanciones, sino también a través de la prevención y el diálogo con los distintos sectores económicos.

No existen sectores que sean investigados permanentemente, aunque sí hay mercados considerados prioritarios debido a su nivel de concentración o su impacto económico.

Entre ellos se encuentran el sistema financiero, el supermercadismo, el sector cárnico, el farmacéutico y las compras públicas. En estos casos, la institución realiza estudios de mercado y monitorea su evolución para detectar posibles riesgos antes de que se produzcan conductas anticompetitivas.

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La promoción ocupa un lugar tan importante como la defensa de la competencia. La institución desarrolla capacitaciones para empresas, gremios y organismos públicos, realiza estudios de mercado y emite opiniones técnicas sobre regulaciones que podrían restringir la competencia.

También lleva adelante lo que denomina “abogacía de la competencia”, mediante la cual analiza situaciones planteadas por distintos sectores y propone soluciones sin necesidad de iniciar un sumario. El objetivo es prevenir conflictos y mejorar el funcionamiento de los mercados antes de llegar a una sanción.

El mercado de la carne venía generando inquietudes desde hacía varios años por parte de distintos actores del sector.

Ante esa situación, la Conacom realizó primero un estudio de mercado para analizar el funcionamiento de toda la cadena cárnica. Paralelamente, la Dirección de Investigación desarrolló una investigación preliminar y, tras reunir los elementos necesarios, decidió abrir un sumario.

Actualmente el expediente se encuentra en la etapa investigativa, dentro de los plazos establecidos por la ley. Al finalizar ese proceso, la Dirección de Investigación determinará si existen méritos para formular una acusación o si corresponde archivar el caso.

La investigación analiza posibles conductas contempladas en la Ley de Defensa de la Competencia.

Eso no significa que exista una responsabilidad determinada ni que todos los actores investigados vayan a ser eventualmente acusados. El objetivo del proceso es precisamente reunir las pruebas necesarias para establecer si hubo o no una infracción y, en caso de existir, determinar quiénes serían responsables.

Ese expediente se vincula con una operación de concentración económica que había sido aprobada por la Conacom con determinados condicionamientos.

Posteriormente, la Dirección de Investigación inició un proceso para verificar el eventual cumplimiento de esas condiciones. Actualmente, el caso se encuentra dentro del procedimiento previsto por la ley, en el que las partes ejercen su derecho a presentar descargos y pruebas antes de que el Directorio adopte una decisión.

• Administrador de Empresas y contador público, egresado de la Universidad Católica.
• Especializado en derecho comercial europeo y libre competencia.
• Integró el sector privado y fue director ejecutivo de Desarrollo y Crecimiento de Junior Chamber International (JCI), con sede en Estados Unidos.
• Es miembro titular del Directorio de la Comisión Nacional de la Competencia (Conacom) desde abril de 2022.
• Fue electo presidente del Directorio de la Conacom en agosto de 2025, cargo que ejerce por un período de dos años.
• En la Conacom, la presidencia rota automáticamente cada dos años entre los tres miembros del Directorio.

• Sofía Céspedes
• sofia.cespedes@nacionmedia.com

Afirmó que quieren que las empresas sepan que la Conacom existe tanto para prevenir infracciones como para proteger sus derechos.

En una nueva edición de Hacedores LN, Eduardo Barros, presidente de la Comisión Nacional de la Competencia (Conacom), conversó con La Nación/Nación Media sobre el rol que desempeña la institución en el mercado paraguayo, los desafíos de promover una cultura de libre competencia y los mecanismos que existen para prevenir y sancionar prácticas anticompetitivas.

Durante la entrevista, Barros explicó cómo funciona internamente la Conacom, cuáles son las herramientas que utiliza para proteger el mercado, el trabajo de prevención que realiza con empresas y gremios, además de referirse a algunos de los casos de mayor impacto que actualmente se encuentran bajo análisis.

–La Conacom es una institución relativamente joven y todavía poco conocida por muchos empresarios. ¿Cuál es hoy su principal misión y qué rol cumple dentro de la economía paraguaya?

–La Conacom nació en 2013 y fue la última autoridad de competencia en conformarse en América Latina. Si bien eso significó empezar más tarde que otros países, también permitió adoptar una legislación moderna, incorporando experiencias internacionales.

Nuestra misión tiene dos ejes. El primero es promover la libre competencia, es decir, que las empresas conozcan la ley, sepan qué prácticas están permitidas y cuáles no. El segundo es defender esa competencia cuando existen conductas que afectan el funcionamiento del mercado. Queremos que las empresas sepan que la Conacom existe tanto para prevenir infracciones como para proteger sus derechos cuando consideran que la competencia está siendo vulnerada.

–¿Cuáles considera que fueron los principales logros alcanzados por la Conacom en los últimos años?

–La institución comenzó enfocándose en el análisis de fusiones y adquisiciones, pero en los últimos años fortaleció el trabajo en la investigación de prácticas anticompetitivas.

Uno de los casos más relevantes fue la investigación a Bancard. Además de la sanción aplicada por abuso de posición dominante, la Conacom emitió recomendaciones al Banco Central del Paraguay (BCP) que luego fueron consideradas en el desarrollo del Sistema Nacional de Pagos. Ese trabajo recibió reconocimiento de la Red Internacional de Competencia y del Banco Mundial, distinción que Paraguay obtuvo por tercer año consecutivo.

Otro avance importante fue demostrar que la defensa de la competencia también alcanza a instituciones públicas cuando actúan como agentes económicos, marcando un precedente con una resolución inédita para el país.

–¿Cómo está conformada la Conacom y cómo se desarrollan las investigaciones antes de llegar a una eventual sanción?

–La Conacom cuenta con 33 funcionarios y dos órganos técnicos que trabajan de forma independiente: la Dirección de Investigación y el Directorio.

La Dirección de Investigación recibe las denuncias o puede iniciar actuaciones de oficio. Analiza las pruebas y decide si existen méritos suficientes para formular una acusación. Recién en ese momento interviene el Directorio, que actúa como órgano resolutivo, recibe los descargos de las empresas involucradas, evalúa todas las pruebas y finalmente determina si corresponde aplicar una sanción o desestimar el caso.

Esa separación garantiza imparcialidad durante todo el proceso.

–¿Qué tipos de conductas busca prevenir y sancionar la institución?

–La ley contempla principalmente dos tipos de conductas: el abuso de posición dominante y los acuerdos restrictivos de la competencia, conocidos también como carteles o colusión (coima).

Tener una posición dominante no constituye una infracción. Lo que la ley sanciona es el abuso de esa posición para excluir competidores o limitar injustificadamente la competencia.

En cambio, los acuerdos entre empresas para fijar precios, repartirse mercados o restringir la oferta son considerados una de las infracciones más graves porque eliminan directamente la competencia entre los actores económicos.

–¿Cómo puede una empresa acudir a la Conacom cuando considera que existe una práctica anticompetitiva?

–La institución cuenta con un procedimiento formal para presentar denuncias, cuyos requisitos están disponibles en su página web.

Sin embargo, las puertas de la Conacom también están abiertas para que cualquier empresa, gremio o ciudadano pueda acercarse a plantear una preocupación. Muchas veces esas consultas derivan en reuniones técnicas, estudios de mercado o trabajos de promoción antes de iniciar un proceso sancionador. La idea es resolver problemas de competencia no solo mediante sanciones, sino también a través de la prevención y el diálogo con los distintos sectores económicos.

–¿Existen sectores que concentran una mayor atención por parte de la Conacom?

–No existen sectores que sean investigados permanentemente, aunque sí hay mercados considerados prioritarios debido a su nivel de concentración o su impacto económico. Entre ellos se encuentran el sistema financiero, el supermercadismo, el sector cárnico, el farmacéutico y las compras públicas. En estos casos, la institución realiza estudios de mercado y monitorea su evolución para detectar posibles riesgos antes de que se produzcan conductas anticompetitivas.

–Además de investigar y sancionar, ¿qué otras herramientas utiliza la Conacom para promover la competencia?

–La promoción ocupa un lugar tan importante como la defensa de la competencia. La institución desarrolla capacitaciones para empresas, gremios y organismos públicos, realiza estudios de mercado y emite opiniones técnicas sobre regulaciones que podrían restringir la competencia.

También lleva adelante lo que denomina “abogacía de la competencia”, mediante la cual analiza situaciones planteadas por distintos sectores y propone soluciones sin necesidad de iniciar un sumario. El objetivo es prevenir conflictos y mejorar el funcionamiento de los mercados antes de llegar a una sanción.

–La Conacom abrió un sumario a frigoríficos por presuntas prácticas anticompetitivas. ¿Cómo se originó el caso y en qué etapa se encuentra?

–El mercado de la carne venía generando inquietudes desde hacía varios años por parte de distintos actores del sector. Ante esa situación, la Conacom realizó primero un estudio de mercado para analizar el funcionamiento de toda la cadena cárnica. Paralelamente, la Dirección de Investigación desarrolló una investigación preliminar y, tras reunir los elementos necesarios, decidió abrir un sumario.

Actualmente el expediente se encuentra en la etapa investigativa, dentro de los plazos establecidos por la ley. Al finalizar ese proceso, la Dirección de Investigación determinará si existen méritos para formular una acusación o si corresponde archivar el caso.

–¿Qué es lo que está analizando específicamente la Conacom dentro de esa investigación?

–La investigación analiza posibles conductas contempladas en la Ley de Defensa de la Competencia.

Eso no significa que exista una responsabilidad determinada ni que todos los actores investigados vayan a ser eventualmente acusados. El objetivo del proceso es precisamente reunir las pruebas necesarias para establecer si hubo o no una infracción y, en caso de existir, determinar quiénes serían responsables.

–También existe un proceso relacionado con Retail SA. ¿En qué consiste ese caso?

–Ese expediente se vincula con una operación de concentración económica que había sido aprobada por la Conacom con determinados condicionamientos. Posteriormente, la Dirección de Investigación inició un proceso para verificar el eventual cumplimiento de esas condiciones. Actualmente, el caso se encuentra dentro del procedimiento previsto por la ley, donde las partes ejercen su derecho a presentar descargos y pruebas antes de que el Directorio adopte una decisión.

- Administrador de Empresas y contador público, egresado de la Universidad Católica.

- Especializado en derecho comercial europeo y libre competencia.

- Integró el sector privado y fue director ejecutivo de Desarrollo y Crecimiento de Junior Chamber International (JCI), con sede en Estados Unidos.

- Es miembro titular del Directorio de la Comisión Nacional de la Competencia (Conacom) desde abril de 2022.

- Fue electo presidente del Directorio de la Conacom en agosto de 2025, cargo que ejerce por un período de dos años.