El senador y líder de la bancada oficialista, Natalicio Chase, sostuvo que el combate al crimen organizado requiere fortalecer el presupuesto destinado a la Policía Nacional y a las Fuerzas Militares.

No obstante, advirtió que se trata de una lucha permanente que demanda recursos y un esfuerzo sostenido por parte del Estado.

Respecto a la recuperación de fuerzas del grupo criminal EPP (Ejército del Pueblo Paraguayo), indicó que sigue activo y pidió dejar que concluyan las investigaciones antes de convocar a autoridades del Ejecutivo al Congreso.

En conversación con varios medios de prensa, Chase afirmó que la lucha contra el crimen organizado es un desafío vigente en toda Sudamérica.

En ese contexto, recordó que el mayor gasto destinado a combatir a estas organizaciones en la historia se registró en Colombia, con el respaldo de la principal potencia mundial, en referencia a Estados Unidos.

Pero que, hasta ahora, no está corregido este flagelo en ese país. Remarcó que es una lucha permanente, es una contención permanente y espera que en Paraguay se pueda disminuir la fuerza de estos grupos criminales.

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“Claro que se le tiene que dar a las fuerzas de seguridad todos los recursos que sean necesarios, para que nosotros acá estemos tranquilos. El Paraguay es un país en crecimiento y tiene recursos finitos. No podemos nosotros en muy corto tiempo volvernos la primera potencia mundial en fuerza de seguridad. Yo creo que se ha trabajado, se ha mejorado y hay condiciones ya de hacer frente al crimen organizado”, remarcó.

El senador Chase indicó que aparentemente estos grupos delictivos no tienen otra forma de vivir; teniendo en cuenta que de acuerdo a las informaciones que se manejan, son los parientes de aquellos que en su momento ya han sido abatidos.

“Por lo visto siguen en el mismo camino delincuencial, y bueno, esperemos que la fuerza de seguridad puedan hacer esa conclusión. Hasta que termine la evaluación no tiene sentido convocarle a ninguna autoridad porque vamos a adelantarnos al análisis profesional que están haciendo las instituciones de seguridad”, expresó.

Señaló que las Fuerzas de Tarea Conjunta (FTC), ni el Comando de Operaciones de Defensa Interna (CODI), son instituciones omnipresentes. Explicó que cuando se realizan atentados de este tipo en ninguna parte del mundo pueden las instituciones tener una cobertura del 100 %.

“Ahora vendrán las medidas de contención y de acuerdo a lo que dijo el ministro del Interior en su última declaración, esto no va a quedar así y va a tener sus consecuencias y el esfuerzo del Estado para corregir esta situación”, remarcó.

Finalizó señalando que Paraguay es un país que tiene muchas ventajas, muchos privilegios debido a la calidad de la gente misma.

“Por eso, creo que no han crecido estos grupos a niveles extraordinarios; y bueno, que la Fuerza de Seguridad haga su trabajo y contengan este nuevo surgimiento de este grupo delictivo”, acotó.

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El comandante del Comando de Operaciones de Defensa Interna (CODI), Alberto Gaona, no descarta que el ataque contra el puesto policial n.° 4 de Naranjito, en el distrito de Ybyrarobaná, departamento de Canindeyú, haya sido cometido por el crimen organizado o campesinos armados, además de la hipótesis de que podría tratarse de una nueva generación del Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), que refirió el ministro Enrique Riera basado en un informe de balística.

“Nosotros respetamos la opinión del ministro del Interior, Enrique Riera, pero estamos todavía manejando algunos datos de inteligencia para confirmar o desestimar eso. Son varias las hipótesis que manejamos, hay informaciones que nos llevan a pensar que este acto fue realizado por personas que están dentro del crimen organizado, también que podrían ser parte de grupos campesinos invasores de la zona, en base a los antecedentes de la zona que tiene estas características”, indicó el jefe militar, este jueves, al programa “Arriba hoy” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

Riera sostuvo este jueves que el ataque registrado en la noche del pasado 21 julio fue perpetrado por el EPP, atendiendo a que el peritaje de los casquillos que dejó el ataque serían de las mismas armas utilizadas en el ataque a la Subcomisaría 10.ª de Ybyrarobaná, el 3 de mayo de 2025, sin víctimas fatales.

El hecho del martes 21 de julio dejó como saldo el fallecimiento de dos efectivos policiales, el suboficial mayor Atilio Martínez Barrios y el suboficial inspector Herminio Ojeda González, así como del funcionario civil Josemar Escobar Piris, y un sobreviviente herido, suboficial mayor Víctor Raúl Gavilán.

“Si esto fuese una acción realizada por el grupo terrorista Ejército del Pueblo Paraguayo, ellos sí o sí dejarán un mensaje y darán la confirmación de que fueron ellos los actores de este hecho criminal. Hasta el momento no existen esos instrumentos”, refirió el comandante del CODI.

Gaona dijo también que “seamos conscientes de que el Ejército del Pueblo Paraguayo tiene el entrenamiento para realizar este tipo de actos, pero yo considero que se tiene que seguir evaluando, lo que sucedió no es parte de su modus operandi, el hecho de que actúen entre 20 o 30 personas”.

Añadió que “ahora mismo el personal del CODI está cubriendo las vías de acceso y estableciendo puntos de control en zonas estratégicas dentro de los que son las redes viales del departamento de Canindeyú, específicamente en las zonas de influencia de la comunidad Naranjito. Esto se concreta en base al pedido de apoyo que recibimos por parte de la Policía Nacional".

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La Asociación Rural del Paraguay (ARP) expresó su preocupación tras el ataque armado registrado en el puesto policial de Naranjito, departamento de Canindeyú, hecho que dejó como saldo tres personas fallecidas, entre ellas dos agentes de la Policía Nacional.

A través de un comunicado, el gremio sostuvo que este tipo de hechos no solo afecta a las fuerzas de seguridad, sino que también genera incertidumbre en las comunidades rurales y repercute sobre la actividad productiva.

Calificaron el episodio como un ataque directo contra las instituciones de la República y alertó sobre el impacto que la violencia puede tener en zonas donde se concentra una parte importante de la producción agropecuaria nacional.

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Desde la ARP señalaron que la seguridad constituye un factor fundamental para el desarrollo económico del interior del país, considerando que miles de familias dependen de actividades vinculadas a la agricultura, la ganadería y otros sectores productivos que requieren estabilidad para operar e invertir.

El gremio recordó que departamentos como Canindeyú forman parte de los principales polos productivos del Paraguay y que la presencia de hechos delictivos o grupos criminales genera preocupación tanto entre productores como entre inversionistas.

En ese sentido, enfatizó que la previsibilidad y la seguridad son elementos esenciales para sostener la generación de empleo y la actividad económica en las zonas rurales.

Además de expresar sus condolencias a los familiares de las víctimas y a la comunidad de Naranjito, la ARP manifestó su respaldo a la Policía Nacional, al Ministerio del Interior, al Ministerio Público y al Comando de Operaciones de Defensa Interna (CODI), instituciones encargadas de la investigación y esclarecimiento del caso.

La organización también destacó la necesidad de fortalecer las acciones de combate contra el crimen organizado en áreas rurales, argumentando que el desarrollo productivo depende en gran medida de la capacidad del Estado para garantizar condiciones de seguridad a quienes trabajan e invierten en el campo.

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Agentes especiales de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) y del Comando de Operaciones de Defensa Interna (CODI) lograron, este viernes, sacar de circulación cerca de 53 toneladas de marihuana en el departamento de Amambay. Se trata de un golpe por valor de más de USD 8 millones al al crimen organizado.

Según el reporte dado por los intervinientes, el trabajo forma parte de una operación interinstitucional en el que desmantelaron la infraestructura que era destinada al procesamiento y acopio de marihuana que se encontraban instalada en la Colonia Estrella, distrito de Pedro Juan Caballero.

El procedimiento se llevó a cabo mediante informaciones del Batallón de Inteligencia Militar (BIMI) y el empleo de Equipos de Fuerzas Especiales de la Sub Área de Pacificación N° 8, en el que se incautaron de un total de 53.750 kilos de marihuana. Estos constataron la existencia de una importante infraestructura.

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“Lo incautado fue 35.000 kilos de marihuana prensada lista para su distribución, 18.750 kilos de marihuana picada que estaba distribuido distribuidos en 750 bolsas, generando así un perjuicio económico de aproximadamente USD 8.062.500. Toda la droga fue destruida″, detallaron desde la Senad.

Afirmaron que así también se desmantelaron 16 campamentos precarios y 28 prensas empleadas para la compactación de la marihuana. Además, decomisaron una camioneta marca Toyota modelo Hilux con matrícula brasileña que se encontraba en el predio que fue allanado.

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