Una mujer fue asesinada a puñaladas en su propia vivienda en el distrito de Abaí, departamento de Caazapá. Un familiar fue quien encontró su cuerpo sin vida al costado de la cama. No se descarta que se trate de un feminicidio.
Este lunes se produjo el hallazgo del cuerpo de la mujer identificada como Elva Edith Bogado Riveros, de 38 años, en su domicilio que se encuentra ubicado en la compañía Capiitindy de la mencionada ciudad. Según el reporte policial, esta persona fue hallada por un familiar, quien al ingresar a la vivienda la vio al costado de la cama con un importante rastro de sangre alrededor.
Tras realizarse la pericia por parte del médico forense, se pudo constatar que la víctima recibió en total 11 puñaladas en diferentes partes del cuerpo, siendo estas heridas punzocortantes las que finalmente terminaron ocasionándole la muerte luego de haber quedado desangrada.
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El suboficial Carlos Baeza, jefe de la comisaría de Abaí, en entrevista con la 780 AM, indicó que, de momento, aún no se puede hablar de un feminicidio, puesto que no poseen indicios concretos que pudieran direccionarlos hacia esa hipótesis, aunque de igual manera no está descartado.
Un aspecto que llama la atención es que la puerta de la casa no fue forzada, por lo que se puede presumir que Bogado la dejó abierta antes de que se produzca el ataque o, en todo caso, el victimario podría ser alguna persona conocida y de confianza a quien recibió sin sospechar del fatal desenlace.
La mujer había montado un negocio en su domicilio, aunque los familiares no pudieron detectar ningún faltante al hacer una revisión, lo cual descarta la posibilidad de un robo como móvil del crimen. La persona con quien Elva Bogado tenía una relación sentimental ya se habría presentado ante la Policía Nacional para ponerse a disposición de las autoridades ante cualquier requerimiento que pudiera existir.
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Indert destaca mediación que destrabó conflicto por tierras en Caazapá
El presidente del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), Francisco Ruíz Díaz, destacó que gracias a la oportuna intervención de un grupo mediador extra institucional, logró destrabar un conflicto por la tenencia de la tierra, que afectaba al asentamiento de unas 500 familias de la comunidad de Santa Teresa del Manduará. Esto está ubicado en el distrito de Abaí, departamento de Caazapá, cuyas tierras, que no están tituladas, habían sido redireccionadas en parte para un grupo de “sin tierras” agremiados en el Movimiento Campesino Paraguayo.
En conversación con La Nación/Nación Media, explicó que se estableció un grupo mediador encabezado por el sacerdote de origen africano, el Pa’i Pascual Kinoti, que fue el líder espiritual del proceso de titulación de Marina Cué, y los dirigentes campesinos de Marina Cué, Darío Acosta, Martina Paredes y Rolando Antúnez.
Este grupo mediador se sentó a escuchar los reclamos que hacía el Movimiento Campesino Paraguayo, que llevaba meses montando una carpa de resistencia frente al Indert acá en Asunción, reclamando por estas tierras.
Igualmente, llegó hasta la comunidad en Aba’i, para escuchar al presidente de la comisión y conocer a los pobladores de asentamiento Santa Teresa del Manduará, indagar sobre los antecedentes de cómo se formó esta comunidad en los años 1970 y quiénes son los actuales ocupantes.
Igualmente, revisó los informes documentados que contaba el Indert y, conforme a esto, se elaboró un informe final, en el cual, en primer término, se constató que el asentamiento está ocupado por unas 500 familias, todos paraguayos nacidos en el país, descendientes de inmigrantes europeos y de América Latina, que llegaron al país en la década de 1970 y se dedicaron al obraje en aquel entonces.
Inicio del conflicto
Al respecto, Ruíz Díaz, precisó que esta comunidad “Santa Teresa del Manduará” está conformada por los descendientes de inmigrantes, pero todos ya paraguayos; están asentados en una propiedad de 2.000 hectáreas aproximadamente. Señaló que se constituye en la década de los 90.
Indicó que todo marchaba bien con esta población, hasta que se generó el conflicto en el año 2015, cuando el Indert estaba presidido por el entonces titular Justo Cárdenas.
“Lo que hizo fue introducir a unas 60 familias, que estaban ocupando otra propiedad privada en la zona cercana. Como solución, los introduce en esta comunidad, restando la cantidad de hectáreas a las familias que ya estaban asentadas en el lugar", comentó.
Explicó que esto generó un fuerte conflicto por la tenencia de la tierra, al punto que casi llega a un estallido social, como el caso de Marina Cue, que llevó a un enfrentamiento armado dejando incluso víctimas fatales.
Pero resaltó que, en este caso, gracias a la oportuna decisión de la actual administración del Indert, se evitó el enfrentamiento social; ya que se constató que, de las 500 familias que actualmente viven en el lugar, son paraguayos hijos y nietos de los pioneros extranjeros que llegaron en la década del 70.
Ruíz Díaz mencionó de ese grupo de 60 familias, que el extitular del Indert Justo Cárdenas introdujo a la comunidad; solamente ya quedan unas 10 familias en el lugar y que el resto se retiró o negoció el lote urbano y vivienda que había recibido, al no cumplirse el compromiso que había hecho en su momento Cárdenas.
“El informe del grupo de mediación no fue el informe institucional, no fue el informe de los campesinos, fue el informe de estas 4 personas de Marina Cue, liderado por el padre Kinoti; resalta que el 100% de la ocupación, era correcta. Son familias paraguayas, descendientes de los migrantes que vinieron en la década de los 70. Y estaban ocupando pacíficamente los lotes desde hacía décadas. Y lo que querían era la titulación de sus tierras", precisó Ruíz Díaz.
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Indignante: condenado evita nombrar a Fernando Báez porque le “hace mal” e insiste que “no fue un asesinato”
A seis años del brutal asesinato de Fernando Báez Sosa en Villa Gesell, Argentina, uno de los condenados por los hechos volvió a generar conmoción con su declaración. Lucas Pertossi, sentenciado a 15 años de prisión, aseguró que su condena es “injusta”, criticó su defensa y reiteró que no considera que lo ocurrido haya sido un asesinato, pese a que su víctima murió a golpes frente a un grupo de agresores.
En la entrevista publicada por Resumidoinfo, Pertossi relató que su rol durante la madrugada del 18 de enero de 2020 fue grabar parte de lo ocurrido: “Tuvimos involucrados en algunas peleas. Yo no me peleaba. ¿Qué hacía? Lamentablemente, cosa que también me arrepiento, grababa”, dijo.
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Cuando el periodista le preguntó por qué le cuesta nombrar a Fernando, respondió: “Porque me hace mal. Un chico de nuestra edad, donde por circunstancias que se fueron de las manos, terminó muerto”. Además, insistió en que “ninguno tuvo intención de matarlo” y calificó el hecho como una tragedia derivada de una pelea que se descontroló.
Pertossi también cuestionó la estrategia de defensa aplicada en el juicio. “Me siento muy mal defendido. La estrategia fue todo juntos en bloque y no todos hicimos lo mismo ni tuvimos la misma participación. Yo nunca lo toqué, pero nadie lo dijo. Nadie salió a defenderme”, aseguró, intentando diferenciar su responsabilidad de la de los demás condenados.
El testimonio provocó una nueva ola de indignación, dado que ni reconoce la magnitud del hecho ni nombra a la víctima, lo que reaviva el dolor de la familia y de la sociedad que siguió el caso.
Fernando Báez Sosa, asesinado a la salida de una discoteca, tenía apenas 18 años cuando fue atacado por un grupo de jóvenes. Su muerte generó conmoción en Argentina y en Paraguay, de donde sus padres son oriundos. El juicio de 2023 concluyó con penas de prisión perpetua para cinco de los agresores y 15 años para Pertossi y otros dos acusados por participación secundaria.
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La defensa de Pertossi ya presentó ante la Corte Suprema de Justicia un pedido de nulidad de la sentencia, argumentando que la estrategia de defensa conjunta no reflejó las diferencias en la participación de cada acusado. Sin embargo, la declaración del condenado evidencia la dificultad de asumir plenamente la gravedad de su acto y subraya la persistente indignación social frente a un crimen que marcó un antes y un después en la opinión pública.
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Ruta de la Integración entra en fase clave y proyecta impacto económico
El proyecto, liderado por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), se encuentra actualmente en etapa de diseño y estudios técnicos, donde se definen aspectos como el trazado, las intervenciones urbanas y la planificación de las obras. Esta fase resulta determinante para asegurar la viabilidad técnica y el impacto económico de la iniciativa.
En paralelo, el gobierno avanza en un enfoque participativo. El pasado 25 de marzo se realizó una jornada de socialización en la Gobernación de Caazapá, con la presencia de autoridades locales y representantes de comunidades. El objetivo fue presentar los avances del proyecto y recoger aportes para ajustar su ejecución a las necesidades del territorio.
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Los gobernadores Christian Acosta, Cesarito Sosa y César Torres coincidieron en la importancia de la coordinación entre instituciones y ciudadanía, como base para garantizar que la obra responda a la realidad local y genere beneficios concretos.
La ruta PY10 contempla más de 60 kilómetros de extensión, incluyendo travesías urbanas que impactarán directamente en varias localidades. La ejecución estará a cargo de dos consorcios, y se prevé que las obras en pista comiencen hacia finales del segundo trimestre del año, con un plazo estimado de 24 meses.
La pavimentación de esta vía apunta a reducir costos logísticos, mejorar el transporte de producción y facilitar el acceso a mercados, factores clave para dinamizar las economías regionales. Además, la obra tendrá impacto en el empleo durante su ejecución y en la actividad comercial una vez finalizada.
La “Ruta de la Integración” se perfila así como un proyecto estratégico que no solo mejora la infraestructura, sino que también fortalece la integración territorial y abre oportunidades de desarrollo sostenido en el interior del país.
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Feminicidio: ratifican prisión de 30 años para hombre que mató a puñaladas a su esposa
Ciudad del Este. Agencia Regional.
Fue ratificada la condena de 30 años de prisión para el brasileño Osvaldo Querino Dalpra, hallado culpable del feminicidio de su esposa, Rosangela Deckmann, ocurrido hace cinco años en Naranjal. La mujer falleció tras recibir varias heridas de puñal y el autor intentó hacer pasar como un asalto domiciliario y robo.
El Tribunal de Apelación en lo Penal, segunda sala de Alto Paraná, integrado por los magistrados Efrén Giménez Vázquez, Lilian Lorena Benítez y Miryam Meza de López, confirmó la Sentencia Definitiva N° 155 del 25 de noviembre de 2025. La resolución de alzada desestimó los recursos de la defensa y validó la totalidad de las pruebas presentadas por la fiscal por María del Carmen Meza, de Iruña, durante el juicio.
El crimen ocurrió entre la noche del 26 y la madrugada del 27 de octubre de 2021, en el domicilio de la víctima ubicado en el barrio Santa Catalina del distrito de Naranjal. En esa oportunidad, el ahora condenado llegó a la vivienda de madrugada, trasladó a su hijo de 9 años a otra habitación y lo dejó encerrado.
Luego, regresó al dormitorio de la pareja y tras una discusión atacó a su esposa con un arma blanca, causándole heridas mortales, según lo expuesto durante el juicio. Tras el ataque, el autor alteró la escena del crimen con el fin de simular un hecho de asalto y robo mientras él supuestamente no se encontraba en la casa.
Para eso generó desorden en el interior de la vivienda, arrojó objetos al suelo, escondió teléfonos celulares para señalar que fueron robados y violentó una puerta de blindex desde el interior para aparentar un acceso forzado.
Según el informe forense del doctor Fernando Moreira, la causa de muerte fue un shock hipovolémico producido por seis heridas de arma blanca, cinco de ellas localizadas en la región mamaria derecha y una en el epigastrio.
Entre los elementos probatorios que sustentaron la condena se tomaron en cuenta los informes de geolocalización de telefonía que ubicaron al acusado en la zona del crimen en el horario crítico, así como la declaración de la expareja extramatrimonial del condenado y testigo de circunstancias relevantes, considerada coherente y corroborada por medios técnicos.
Asimismo, se sumaron evidencias científicas que incluyeron análisis de ADN e informes de criminalística que documentaron la inspección técnica ocular de la escena del crimen.
Al inicio de la investigación, Osvaldo Querino Dalpra declaró en carácter de testigo, pero conforme avanzó el proceso, la Fiscalía pudo determinar su responsabilidad penal mediante un conjunto de evidencias concordantes, lo que motivó su imputación y posterior juzgamiento.
El Tribunal de Sentencia presidido por el juez Milciades Ovelar e integrado por sus pares Flavia Lorena Recalde y Emilia Santos fue el que dictó la pena máxima de 30 años de prisión, el 31 de octubre de 2023. El distrito de Naranjal es uno de los municipios de Alto Paraná con mayor cantidad de casos de feminicidio en los últimos 5 años.