Más de 200 adolescentes en conflicto con la ley penal viven de manera especial los días de Semana Santa con varias actividades como la elaboración de chipas y participación en misas. Actos litúrgicos grupales y jornadas de tradición folclórica marcan la agenda como parte de los programas de rehabilitación y reinserción del Servicio Nacional de Atención al Adolescente Infractor (Senaai).
Por ejemplo, en el Centro Educativo Itauguá (CEI), 82 adolescentes infractores vieron la proyección de películas alusivas a la Semana Santa, con la acostumbrada elaboración de chipas y la dulzura de las roscas de Pascua para luego disfrutar juntos.
En tanto que desde el Centro Educativo Virgen de Fátima de Asunción, la agenda previó la preparación de chipas por parte de 12 adolescentes mujeres con el apoyo de las docentes del área formativa. Allí, la misa fue un momento oportuno para que los jóvenes fieles a sus creencias cristianas reconozcan los errores y compartan la palabra de Dios.
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Por su parte, 22 adolescentes infractores del Centro Educativo Sembrador de Villarrica elaboraron la chipa tradicional y cocido para autoconsumo, bajo la supervisión de las profesoras del Centro de Educación Básica para Personas Jóvenes y Adultas Nº 4-85, dependiente del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC).
Igualmente, en el Centro Educativo de Cambyretá de Itapúa la fe se puso en práctica celebrando la misa con el padre Darío Silvero, de la iglesia Santa María. Luego hicieron chipa y otros alimentos con el propósito de compartir y amenizar entre nueve adolescentes.
Para compartir, la receta de la clásica chipa común fue la elegida a la hora de preparar la masa y hornear los alimentos por 14 adolescentes infractores del Centro Educativo Integral La Esperanza (CEILE). Finalmente, en el Centro Educativo de Pedro Juan Caballero, 15 adolescentes optaron por hornear la típica chipa apo. Idénticas jornadas se vivieron en los centros educativos de Concepción y Ciudad del Este.
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Imputan a “Pai do Santo” por abuso sexual en niños en medio de rituales macabros
- Ciudad del Este. Agencia Regional
Un hombre que se presenta como “Pai de Santo”, figura conocida como guía espiritual dentro de algunas sectas religiosas brasileñas, fue imputado por la fiscal Vivian Coronel, titular de la Unidad Especializada en Hechos Punibles contra Niños y Adolescentes de Ciudad del Este, por los hechos de abuso sexual en niños, actos sexuales de menores de edad y violación del deber de cuidado.
De acuerdo al escrito de imputación, los indicios apuntan a que, entre enero y junio de 2025, en un inmueble ubicado en el km 14 de Minga Guazú, una especie de templo, el ahora imputado habría violado gravemente su deber de padre al exponer a su hija de dos años a ritos en medio del consumo de alcohol y cigarrillos, poniendo en riesgo su desarrollo.
Asimismo, atribuye al presunto guía espiritual haber realizado actos sexuales en diversas ocasiones, entre los años 2020 y 2021, con un niño de 9 años. Otra sospecha data de 2021, cuando el encausado habría realizado actos sexuales con un adolescente que tenía entonces 15 años.
Las agresiones, que se produjeron en Minga Guazú y Hernandarias, habrían comenzado con el agresor tocando a los menores de edad hasta llegar a actos sexuales más violentos.
La Fiscalía tomó conocimiento de los hechos mediante una denuncia radicada por una persona, quien relató su participación en un culto con el supuesto “Pai de santo” y rituales con consumo de sustancias, agresiones y la exposición de menores. Los relatos realizados por la madre de una de las víctimas son terribles.
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En el marco de la investigación, las víctimas fueron asistidas por una profesional psicóloga del Centro de Atención a Víctimas del Ministerio Público, ocasión en que relataron crudamente los abusos sexuales sufridos. Asimismo, el diagnóstico del médico forense determinó que los menores fueron violentados sexualmente.
La fiscal Vivian Coronel solicitó la prisión preventiva del imputado debido al peligro de fuga y a la posible obstrucción de la investigación, considerando la gravedad de los hechos y la familiaridad del imputado con las víctimas.
El nombre del imputado se mantiene en reserva para preservar la identidad de las víctimas menores de edad, una de ellas incluso es su hija pequeña de dos años, en cumplimiento de lo establecido por el artículo 29 del Código de la Niñez y Adolescencia.
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Plantear dictar emergencia educativa y social ante violencia en las relaciones adolescentes
Diputados de diferentes signos políticos plantean que, más allá de acciones punitivas, se deben buscar alternativas que sean preventivas, educativas y restaurativas ante episodios de violencia en vínculos afectivos entre adolescentes y jóvenes.
Por ello se presentó el proyecto de ley “que establece emergencia educativa y social ante la violencia en las relaciones adolescentes; y establece mecanismos urgentes de prevención a través de talleres educativos y campañas formativas con enfoque de igualdad y salud mental”.
La iniciativa que fue enviada a consideración de las comisiones asesoras, que, de acuerdo a la exposición de motivos, la idea es declarar una emergencia educativa y social, en todo el territorio nacional, ante el incremento de casos de violencia en las relaciones afectivas entre adolescentes y jóvenes, sería por el término de doce meses.
La iniciativa pretende que todas las instituciones educativas, públicas y privadas, de nivel inicial, escolar básica y educación media, implementen talleres y espacios educativos obligatorios, con una frecuencia mínima de una hora semanal.
Menciona que tiene como objetivo la identificación temprana de señales de violencia; la promoción de relaciones afectivas sanas; el fortalecimiento de la autoestima; y la deconstrucción de prácticas machistas y conductas de control, según dice el documento.
La normativa establece que la dirección institucional, en coordinación con los equipos técnicos del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), sea responsable de garantizar la realización efectiva de estos talleres, y de mantener registros actualizados sobre los temas desarrollados, la participación estudiantil y las necesidades detectadas.
Entorno familiar
“La violencia en relaciones tempranas, a menudo invisibilizada por el entorno familiar y social, se presenta cada vez con mayor intensidad y frecuencia, con patrones que replican el machismo, el control, la posesividad, la dependencia emocional y la normalización del maltrato físico, psicológico o sexual", explica parte del documento.
Asimismo, señala que esta problemática se ve amplificada por la influencia de las redes sociales, la falta de educación afectiva y la ausencia de referentes institucionales preparados para identificar y acompañar situaciones de riesgo.
Argumenta que, en la actualidad, niñas y adolescentes son víctimas de múltiples formas de violencia; celos obsesivos disfrazados de afecto; aislamiento de su círculo de apoyo; vigilancia digital; amenazas; chantajes emocionales; y abusos que van progresivamente hasta llegar a desenlaces fatales, lamentablemente.
Sostiene que esos hechos no solo afectan la integridad física de las víctimas, sino que deterioran gravemente la salud mental; la autoestima; el rendimiento académico; y el futuro desarrollo personal de los jóvenes.
Abordaje preventivo
Los legisladores lamentan que si bien existen marcos normativos como la Ley “De Protección Integral a las Mujeres”; el “Código de la Niñez y la Adolescencia”; y la propia Carta Magna, que en su artículo 48 garantiza la igualdad entre hombres y mujeres, “no haya sido suficiente”.
Finalmente, manifiestan que se hace imprescindible un abordaje preventivo, educativo y transversal desde los primeros años de formación escolar, donde se forjan los primeros vínculos afectivos.
“La intervención debe ser temprana, constante y coordinada entre las instituciones responsables: MEC; Salud Pública; Niñez y la Adolescencia; y el Ministerio de la Mujer, para garantizar que la educación, la igualdad, el respeto mutuo, el reconocimiento de las señales de alerta y el autocuidado afectivo, se conviertan en parte esencial del desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes”, refiere el texto.
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Ecuador: legisladores elevan penas hasta 15 años para adolescentes
- Quito, Ecuador. AFP.
El Congreso de Ecuador aprobó ayer martes endurecer las penas para adolescentes vinculados con el crimen organizado y expulsar inmediatamente a extranjeros que cometan delitos dentro del país, que vive una violencia sin precedentes por cuenta del narcotráfico.
Con 84 votos a favor de 148 legisladores presentes en la sesión de la Asamblea Nacional, de mayoría oficialista, la Ley de Integridad Pública incluye reformas a una veintena de normas vigentes como de movilidad humana, tránsito, función judicial, el código de la niñez y adolescencia, entre otras.
Este es el segundo proyecto de ley del presidente Daniel Noboa que el Congreso aprueba en menos de un mes y que busca dar fuerza a su guerra contra el crimen organizado. Ecuador está envuelto en un sangriento conflicto territorial entre narcos y mafias internacionales rivales. La tasa de homicidios creció de 6 por cada 100.000 personas en 2018 a 38 en 2024, con el récord histórico de 47 en 2023.
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Esta ley plantea que los menores que cometan delitos relacionados con el crimen organizado, como homicidios, “van a tener un endurecimiento de la sanción de hasta 15 años, es decir van a ser juzgados como adultos”, dijo la asambleísta oficialista Valentina Centeno durante la sesión.
Agregó que los adolescentes que delaten a los reclutadores podrán rebajar su pena “hasta un 50 %”. La Unicef en Ecuador expresó su “preocupación por la incorporación de reformas regresivas”. Estas medidas “no han demostrado ser efectivas” y “podrían empeorar la situación del sistema penitenciario”, señaló el organismo en un comunicado, al recordar que la norma contraviene la Constitución ecuatoriana y la Convención sobre los Derechos del Niño.
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Centeno defendió que “esta ley no es contra los adolescentes, es contra las mafias que los usan, es contra la impunidad”. Esto “va a resultar es un masivo encarcelamiento de adolescentes que se van a perfeccionar en los delitos y que van a salir a tempranas edades a seguir delinquiendo porque no van a conocer otra realidad”, dijo a la AFP la abogada Consuelo Bowen, de la organización Cepam, que acompaña a mujeres y familias víctimas de violencia.
Agregó que “al final lo que se busca es únicamente la punición. (Esta medida) hace que la sociedad no asuma su responsabilidad con respecto a la niñez y adolescencia en el Ecuador”. La normativa también plantea la posibilidad de declarar en emergencia al sistema judicial. El gobierno ha denunciado que el crimen organizado se ha infiltrado en la justicia para conseguir impunidad.
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Elevar sanciones a menores: “Se deben considerar las disposiciones internacionales”, señala juez
Para llevar adelante cambios legislativos para el aumento de penas para menores de edad y adolescentes, se deben tener en cuenta las disposiciones internacionales, como los tratados firmados y ratificados por el Estado paraguayo, refirió el juez especializado en el fuero penal adolescente, Matías Garcete.
El magistrado sostuvo que no se trata de una interpretación particular, sino de interpretaciones técnicas para este tipo de cambios legislativos. El mismo se refiere al proyecto de ley que ya cuenta con media sanción del Senado que eleva de 8 a 15 años las sanciones privativas de libertad a menores que comenten crímenes, tras el caso que conmocionó a todo el país, de María Fernanda Benítez.
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“Hago un análisis puramente técnico, que no se comprenda esto, que no se interprete como un mero pronunciamiento personal mío, es una comprensión del derecho. El sentido está en que tenemos que considerar las disposiciones internacionales para promover las modificaciones legislativas”, explicó en entrevista a la 780 AM.
Agregó que existen “varios vértices que analizar, es esa cuestión la que hemos nosotros reflexionado a través del dictamen que hemos expuesto a conocimiento del Legislativo”. En este contexto, indicó que se deben tener en cuenta y controlar el margen de la legalidad de los estándares internacionales.
“No tiene nada que ver con el contexto que podamos consolidar disposiciones normativas, la interpretación que quiero mencionar es que tenemos que igual forma valorar esas fuentes normativas, son fuentes de normas expresas. En ese razonamiento, lo que puede surgir de ello es que tenemos que controlar el sentido de margen de legalidad que nos propone la fuente expresa internacional para que nuestra fuente expresa positiva nacional sea coherente en el tramo de lo ratificado, de lo pactado”, sentenció.