Votá LN: ley de estabilización devolverá la competitividad y el libre mercado, opinan
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El martes pasado, la Cámara de Senadores aprobó la ley que plantea la creación de un fondo de estabilización que incluye a los emblemas privados expendedores de combustibles. De momento se aguarda que los diputados definan la sanción para que la misma sea remitida al Poder Ejecutivo para su posterior promulgación o veto.
Ya que el proyecto de ley ya cuenta con media sanción del Senado, desde La Nación lanzamos la siguiente encuesta mediante la plataforma Votá, para conocer el punto de vista de nuestros lectores: “El Senado dio media sanción a la ley de estabilización del combustible, ¿qué opina?”
El 77% de los votos fue para la respuesta: “Con esta ley se devolverá la competitividad y el libre mercado”. Los votantes por esta respuesta alegaron que esta ley beneficiará al comercio local y también a la economía.
En tanto que el 14% de las personas que participaron de la encuesta indicó que está de acuerdo con esta ley, ya que Petropar no puede cubrir las necesidades de toda la población y en varios puntos de ventas los combustibles más utilizados ya están en falta. “Estoy de acuerdo con el subsidio para abaratar el combustible”, fue la segunda respuesta más votada.
Por su parte, el 9% de nuestros lectores dijo que: “La normativa garantizará las inversiones en este sector”, resaltando además que al aprobar esta ley también se va a garantizar los puestos de trabajo de cientos de personas que llevan diariamente el pan de cada día a sus familias y cuyos puestos podrían estar en peligro.
El proyecto de ley de estabilización de precios de combustibles, que ya cuenta con media sanción de la Cámara de Senadores, estaría siendo analizado el próximo lunes 11 de abril en la sesión extraordinaria convocada para las 11:00. No obstante, un grupo de diputados solicitaron vía nota esta tarde al presidente de la Cámara Baja, Pedro Alliana, que sea convocada mañana una sesión extraordinaria para tratar el mencionado proyecto.
El proyecto es impulsado por los diputados liberales Luis Federico Franco Alfaro, Carlos Alberto Pereira Rieve y la colorada María Cristina Villalba. Foto: Archivo
Senado remite al Ejecutivo el Registro Nacional de Estudiantes “superdotados”
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La Cámara de Senadores sancionó la propuesta que dispone la “identificación, inscripción y asistencia, en la educación básica y superior, de los estudiantes con altas capacidades”, más conocidos como “superdotados”. El documento fue remitido al Poder Ejecutivo para su promulgación o veto con la aprobación inicial de Diputados.
El pleno del Senado solo logró reunir 15 de los 30 votos necesarios para ratificar su rechazo al proyecto que es impulsado por los diputados liberales Luis Federico Franco Alfaro, Carlos Alberto Pereira Rieve y la colorada María Cristina Villalba.
Los senadores argumentaban que, de promulgarse, generará una duplicidad legislativa innecesaria debido a la existencia de la ley de Educación Inclusiva. La misma estipula la creación de un Registro Nacional de Estudiantes con alta capacidad intelectual y faculta al Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) a establecer acuerdos con gobiernos departamentales y municipales para el desarrollo conjunto del proceso de identificación y seguimiento.
En el proyecto se establece la identificación temprana para la atención individualizada, oportuna y completa para la debida inscripción y asistencia, en la educación básica y media, de los estudiantes con altas capacidades.
A la vez hace referencia a su aplicación obligatoria y general para las instituciones públicas, privadas y privadas subvencionadas por el Estado de todos los niveles.
También hace referencia a la capacitación de docentes de todos los niveles educativos y detalla que el MEC, en coordinación con las municipalidades y gobernaciones, establecerá los criterios, elementos y mecanismos de evaluación psicopedagógicos que permitan identificar a los estudiantes con alta capacidad intelectual.
MIC fija entre 8 % y 10 % la mezcla obligatoria de biodiésel en el gasoil Tipo III
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La mezcla obligatoria de biocombustible apto para motores diésel en el Gasoil Tipo III deberá ubicarse entre un mínimo del 8 % y un máximo del 10 % en volumen (v/v), conforme a la Resolución n.º 472, establecida por el Ministerio de Industria y Comercio (MIC).
La normativa también deja sin efecto la Resolución n.º 1276, emitida en octubre de 2023, y dispone que las nuevas disposiciones entren en vigencia 30 días después de su suscripción. La resolución se sustenta en la legislación vigente sobre promoción de biocombustibles y otorga al MIC la facultad de definir los porcentajes de mezcla obligatoria, en función de criterios técnicos y de las necesidades del mercado.
Entre los fundamentos, la cartera de Estado destaca que la sustitución parcial de combustibles fósiles importados por biodiésel de producción nacional genera beneficios económicos y ambientales, al tiempo de fortalecer la seguridad energética del país y contribuir a la mitigación del cambio climático.
Asimismo, señala que la medida busca brindar previsibilidad al sector de los biocombustibles para incentivar inversiones, promover el desarrollo de nuevas industrias y consolidar cadenas productivas vinculadas a esta actividad.
El MIC también argumenta que el ajuste permitirá mantener un equilibrio entre los aspectos económicos, la calidad de los combustibles y la protección ambiental, en línea con los compromisos asumidos por Paraguay para impulsar un desarrollo sostenible y reducir las emisiones contaminantes.
Con la entrada en vigencia de la resolución, el porcentaje de biodiésel incorporado al Gasoil Tipo III deberá mantenerse dentro del rango establecido por la autoridad de aplicación, que podrá realizar futuras adecuaciones conforme a la normativa vigente.
Diputados prevé el estudio de 14 puntos en sesión del martes 23
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La Cámara de Diputados estudiará 14 puntos en la sesión ordinaria convocada para este martes 23 de junio.
Como primer tema figura el tratamiento del proyecto de ley “que autoriza el pagode intereses por certificados de obras y autoriza la emisión de títulos de deuda pública”, que ya cuenta con media sanción del Senado.
Se analizará también el proyecto de ley “que aprueba el acuerdo sobre el mecanismo de cooperación consular entre los Estados partes del Mercosur y Estados Asociados”, con aprobación de los senadores.
Por otro lado, figura para ser estudiado en plenaria el proyecto de ley que aprueba el acuerdo entre la República del Paraguay y Japón para la promoción y proyección de inversiones, con media sanción de la Cámara Alta.
Entre otros puntos, se prevé la consideración de la terna de postulantes para formar parte del Consejo Directivo del Fondo Nacional de la Cultura y las Artes (Fondec) y el proyecto de ley que establece el 15 de marzo de cada año como día nacional del epidemiólogo paraguayo.
Diputados piden informes sobre dos obras paradas en Guairá
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La Cámara de Diputados aprobó un pedido de informe sobre la construcción de una unidad de salud de la familia en el distrito de Paso Yobai y el motivo por el cual no se pudo concluir la refacción de un centro de salud de San Salvador, en el departamento del Guairá.
El proyectista, diputado Edgar Chávez, fundamentó la necesidad de contar con información oficial sobre el estado de ejecución de estas dos obras de infraestructura sanitaria. Dijo que los pobladores reclaman la prolongada paralización de los trabajos y la falta de datos sobre las causas.
Según expone el legislador colorado en Paso Yobai, la construcción de la Unidad de Salud de la Familia se encuentra en aparente etapa de culminación desde hace varios meses, pero aún no ha sido habilitada sin que existan explicaciones oficiales sobre la demora.
Del mismo modo, en la ciudad de San Salvador, las obras de refacción del Centro de Salud fueron interrumpidas luego de intervenciones significativas en la infraestructura existente, lo que ha generado limitaciones operativas y afectó la prestación normal de servicios.
Ambas situaciones inciden directamente en el acceso a la atención sanitaria de los habitantes de la zona, por lo que se considera necesario que la cartera estatal informe de manera detallada sobre el estado de las obras, las causas de la paralización y las acciones previstas para la finalización de los trabajos, conforme argumentó el parlamentario.
Las autoridades sanitarias tienen un plazo de 15 días para fundamentar los motivos sobre ambos proyectos que se encuentran parados.